Geroges Bechara Al Feghali

Expediente 1568/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 22 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1568/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
22/12/2023

Partes del expediente

  • Geroges Bechara Al Feghali

Actuaciones

  1. Principal

    Recepción de la demanda de amparo. Se tiene por recibida la demanda promovida por *******, a través de su mandatario judicial ******, personalidad que acredita con las constancias que adjunta, contra actos del Juez Sexagésimo Quinto de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Radicación. Fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el numeral 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 1568/2023-III. Ahora, del análisis de la demanda de amparo se desprende que el promovente de amparo reclama: Los autos de veintitrés y veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, dictados en el juicio ordinario civil, promovido por *******, en contra de ****** ***, expediente ******, del Juzgado Sexagésimo Quinto de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en los que 1) y 2) no se acordó de conformidad notificar a la demandada por medio de boletín judicial el proveído en el que se le requirió le permitiera el acceso al perito en materia de ingeniería y valuación al inmueble litigioso y, 3) no se admitió el recurso de revocación interpuesto en contra del acuerdo de veintitrés pasado. Desechamiento. De acuerdo con el artículo 113 del ordenamiento legal invocado, el juez de distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si se toma como punto de partida que lo manifiesto se da cuando dicha causa se advierte en forma patente y clara de la lectura del escrito relativo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable a lo señalado la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448, Tomo XVI, julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 186605, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". En esas condiciones, la suscrita juzgadora advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el 107, fracción V, interpretado a contrario sensu de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)". De la interpretación de las porciones normativas reproducidas, se concluye que el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos en el juicio que tengan efectos de imposible reparación, es decir, aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados o convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuyos efectos ya no pueden repararse en el curso del procedimiento del que derivan, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera. Luego, conforme a los artículos transcritos, un acto con efectos de imposible reparación es aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la constitución y en los tratados; en oposición a los actos intraprocesales que no reúnen estas características para por sí mismos dañar a los gobernados, puesto que sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia respectiva, en cuyo caso podrán interponerse recursos e incluso combatirlos en la vía de amparo que corresponda. Así, los actos procesales que sobre las cosas o las personas, no tienen el carácter de irreparables mientras la afectación no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal. De acuerdo con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ahora ya se define con precisión lo que se debe entender por actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, pues son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que ahora, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación determinar cuándo se produce una afectación irreparable, como sucedió antaño, sino que fue taxativo al señalar qué debe entenderse por dicha cuestión jurídica. Conforme a lo expuesto, los actos aquí combatidos, por su naturaleza, carecen de tales efectos, pues se tratan de actuaciones procesales que no tienen efectos materiales sobre los derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en las convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, al existir la posibilidad legal de que la resolución que ponga fin a la controversia de origen sea favorable al quejoso, ya que en este caso los efectos intraprocesales que ha generado el acto reclamado desaparecerían, pues sólo produce efectos de carácter formal o adjetivo que inciden en la conducta que ha tomado en el procedimiento de primera instancia con vista a obtener un fallo favorable. Por tanto, si el acto reclamado en el presente asunto se hizo consistir en los autos en los que el juez de origen no acordó de conformidad notificar a la demandada por medio de boletín judicial el proveído en el que se le requirió le permitiera el acceso al perito en materia de ingeniería y valuación al inmueble litigioso y no admitió el recurso de revocación interpuesto en contra de esa actuación. Es inconcuso que dichas determinaciones no constituyen actos dentro del juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte, porque sólo ocasionan consecuencias de carácter adjetivo que no necesariamente llegarán a trascender al resultado del fallo, amén de que esas determinaciones no privan del derecho de defensa a las partes, ni altera las cuestiones debatidas. Esto es, dicha determinación no cumple con el requisito de procedibilidad de la acción constitucional a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Por tanto, es evidente que tales determinaciones no pueden considerarse como un acto en la controversia de origen que tenga efectos de imposible reparación, pues no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho sustantivo fundamental constitucional o convencionalmente tutelado, sino que, en todo caso, esa violación produce únicamente una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, no obstante que, como acontece en el presente caso, se aleguen violaciones a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violación de carácter adjetivo, pues no se trata de alguna determinación autónoma al procedimiento de primera instancia, sino que se presentan justamente dentro de éste. En efecto, los actos reclamados no pueden considerarse que tengan efectos de imposible reparación, pues no se cumple con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo, dado que no se trata de actuaciones autónomas al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se dan en dicho contexto, por lo que tienen el carácter de adjetivo. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a esos derechos de forma directa; sin embargo, ello por sí solo es insuficiente para considerar procedente el amparo, ya que dicha afectación no puede verse de forma autónoma, sino que debe tenerse presente la naturaleza jurisdiccional del procedimiento del cual derivan los actos reclamados. En ese tenor, cuando en el juicio de amparo se aduce violación a los derechos sustantivos previstos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debe considerarse la naturaleza jurisdiccional del acto combatido, emitido conforme a la regulación procesal y sustantiva correspondientes, por lo que tales derechos no se ven materialmente afectados, como se deduce de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Al establecerse en dicha norma que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, y que por éstos debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Ley Fundamental o tratados y convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ello implica que no cualquier afectación a estos derechos es apta o suficiente para justificar la procedencia del amparo, pues debe tratarse de una afectación material o directa. Los derechos fundamentales de audiencia o debido proceso, y de autoridad competente, tratándose de actos materialmente jurisdiccionales, incluso, el de acceso efectivo a la jurisdicción, no son de aplicación y eficacia material inmediata, sino que ello se logra a través de la regulación normativa secundaria, pues es en las codificaciones procesales en las que se detallan y determinan los procedimientos que deben cumplirse para la tutela de los derechos sustantivos de los gobernados, ya que en ellas se contienen la forma y términos en que aquéllos pueden ejercerse. En los actos jurisdiccionales, que derivan de procedimientos legalmente regulados, es posible que la inobservancia de las normas procesales pueda trascender a una afectación de los derechos fundamentales reglamentados en las leyes secundarias; casos en los que se está ante una vulneración al principio de seguridad jurídica y al derecho del gobernado a la legalidad de todo acto autoritario que pueda trascender a su esfera jurídica, en forma de molestia o de privación. La afectación a los derechos humanos previstos en preceptos constitucionales o convencionales, que son la base de la regulación secundaria que los reglamenta o detalla, cuando se trata de actos jurisdiccionales en cuya emisión deban acatarse las normas secundarias, adjetivas o sustantivas correspondientes, no puede darse de manera directa o material, sino cuando se vulnera la legalidad esperada de todo acto de autoridad, de modo que esa violación a derechos humanos previstos en la constitución o en convenciones internacionales, se da en forma indirecta o formal al infringirse las normas que de manera inmediata regulan el quehacer de las autoridades jurisdiccionales. Además, el Alto Tribunal ha puntualizado que acorde a la ley de la materia, sólo la violación de derechos sustantivos o de afectación material al gobernado son considerados de imposible reparación; y, en el caso, la determinación que aquí se combate no afecta materialmente tales prerrogativas, puesto que no se restringe o suprime algún derecho de esta naturaleza o priva de ellos. En efecto, el juicio de amparo indirecto solamente procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, y que por éstos debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Ley Fundamental o tratados de los que el Estado Mexicano sea parte; ello implica que no cualquier afectación a estos derechos es apta o suficiente para justificar la procedencia del amparo, pues debe tratarse de una afectación material o directa; lo que en el caso no sucede, como se ha visto. Ilustra lo anterior, la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1947, Libro 19, junio de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2009302, que establece: "AMPARO CONTRA ACTOS DENTRO DE JUICIO. SÓLO PROCEDE CUANDO EXISTE UNA AFECTACIÓN MATERIAL A DERECHOS SUSTANTIVOS TUTELADOS EN LA CONSTITUCIÓN O EN LOS TRATADOS, Y NO CUANDO SE TRATE DE UNA EVENTUAL VIOLACIÓN FORMAL O INDIRECTA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE)". En consecuencia, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al resultar incuestionable que en el presente juicio se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, del ordenamiento legal invocado, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA en estudio. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Con fundamento en el dispositivo 27, fracción I, de la normativa de la materia, se tiene como tal el ubicado en ********************. Autorizados. Se faculta en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que designa, al no contar con sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la tesis 2a. VIII/2020, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 4456, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital 2021840, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO". Acceso al expediente electrónico. Se le permite a la parte quejosa el acceso al expediente electrónico mediante el usuario "******", lo anterior de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo. Proporciona correo electrónico y números telefónicos. No ha lugar a tener el correo electrónico y números telefónicos que proporciona como medio oficial para recibir notificación, en virtud de que el artículo 26 de la Ley de Amparo, únicamente contempla que las notificaciones se llevarán a cabo de manera personal, por oficio, por lista y por vía electrónica a las partes que así lo soliciten expresamente, pero para que sean realizadas en la última vía mencionada es necesario que previamente proporcionen el nombre de usuario y que expresamente soliciten dicha notificación electrónica; por lo que las notificaciones vía telefónica, o bien, vía correo electrónico, no son medios de comunicación procesal contemplados en la referida ley. Habilitación de horas y días inhábiles. Con apoyo en el dispositivo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza para que las notificaciones que se ordenen en forma personal en este expediente así se practiquen. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la divulgación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo atendiendo a lo previsto en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí´ señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. Digitalización. Con fundamento en los artículos 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, y 3º, fracción XII del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformados mediante el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena digitalizar cualquier documento que se reciba de manera física, para ser integrado al expediente electrónico con Firma Electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad y que cuente con los permisos necesarios; de igual forma, se ordena integrar el expediente físico, en el cual únicamente deberán constar los documentos que se reciba de manera física, y aquellos que genere el personal del órgano jurisdiccional, para practicar las notificaciones que se ordenen a cabo en este procedimiento. Transición al expediente electrónico. Se informa a las partes que a partir de este proveído se integrará únicamente el expediente electrónico, de conformidad con en el artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. De conformidad con el Acuerdo General citado, se ordena digitalizar cualquier documento que se reciba de manera física, para ser integrado al expediente electrónico con Firma Electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad y que cuente con los permisos necesarios; en el entendido que al expediente físico únicamente se deberán integrar los documentos que se reciban de manera física, y aquellos que genere el personal del órgano jurisdiccional, para practicar las notificaciones que se ordenen llevar a cabo en este procedimiento. De igual manera, conforme al acuerdo citado, hágase del conocimiento de las partes que únicamente las promociones que se reciban de manera física, serán digitalizadas e integradas al expediente electrónico con firma electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad, no así las que se reciban de manera electrónica, las cuales ya se encuentran digitalizadas y firmadas por ese medio, debido a su naturaleza. Notifíquese electrónicamente al promovente. MESA* III

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