Germes Tinoco Zuleim

Expediente 1045/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1045/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
13/12/2023

Partes del expediente

  • Germes Tinoco Zuleim

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Por recibido el oficio proveniente del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por el cual informa que se avoca al conocimiento y admite a trámite el medio de impugnación que menciona; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Por recibido el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por el cual acusa recibo de las constancias que refiere e informa que remitió por conocimiento previo el medio de impugnación que menciona al homologo Décimo Segundo; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que se fijaron las nueve horas con diez minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional; sin embargo, no fue posible celebrarla debido a que se suspendieron labores y términos judiciales de los órganos jurisdiccionales del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro los días dieciséis al veinticuatro de este mes y año, conforme los avisos correspondientes. En tales condiciones, ante la imposibilidad para celebrar la audiencia referida, se reprograma su desahogo para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. En apoyo a lo anterior, se cita por sus consideraciones la tesis VII.2o.A.T.10 K, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, de enero de 2000, novena época, en materia común, cuyo rubro es: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA EN DÍA INHÁBIL. VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO." Considerando que esta determinación no contiene requerimiento con apercibimiento o petición para las autoridades responsables, ni actualiza algún supuesto del artículo 26 de la Ley de Amparo, no es necesario enviarles oficio, y con fundamento en la fracción III del citado numeral, se ordena notificarles por lista este auto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, Décima Época, Materias(s): Común, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    (AVISO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LO REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL LOCAL DE ESTE JUZGADO, AL AVISO QUE SE DEJÓ EL 2 DE OCTUBRE DE 2023, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023, QUE EN SÍNTESIS DICE: Agréguese el escrito de ..., por propio derecho y en representación de su hija con iniciales ..., por el que da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de prevención y entre otras cuestiones, precisa que insta la presente demanda por sí y en representación de la adolescente citada, contra actos del Juez, Secretaria de Acuerdos y Ministerio Público, estos adscritos al Juzgado Trigésimo Primero de lo Familiar de la Ciudad de México y Representante del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, al efecto de acuerda: SE DESECHA LA DEMANDA. I. El ordinal 113 de la Ley de Amparo1 establece que el Juzgador Federal tiene la obligación de analizar la demanda y si encontrare un motivo de improcedencia, la desechará de plano, pues de conformidad con el diverso 62 de la ley referida2, las causales de improcedencia deben estudiarse de oficio. II. De la lectura integral de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, se advierte que la quejosa reclama la audiencia de diez de agosto de la presente anualidad emitida en el incidente de disminución de pensión alimenticia y modificación al régimen de visitas y convivencias, derivado del juicio de divorcio ..., del índice del Juez Trigésimo Primero Familiar de la Ciudad de México, donde tuvo lugar la plática con la infante y se ordenó la práctica de terapias psicológicas y estudios socioeconómicos a las partes. Asimismo, impuso a la promovente una medida, consistente en una multa por $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), por desacato a la autoridad judicial. La fijación del acto reclamado en los términos anteriores, encuentra justificación en los principios de congruencia y exhaustividad que rigen en el juicio constitucional, pues los juzgadores de amparo deben examinar en su totalidad los ocursos iniciales y sus aclaraciones para desentrañar la verdadera lesión y, de esa manera, emitir un pronunciamiento congruente e integral. Al respecto se invoca por analogía, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con registro: 181810. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, en Materia(s): Común, Página: 255, que dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." III. El presente juicio de amparo es improcedente, por no agotarse el principio de definitividad previsto en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando, contra el acto reclamado, las leyes ordinarias conceden algún recurso o medio de defensa, que pueda tener por objeto su modificación, revocación o nulificación. Lo anterior entraña el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual no es exigible en los supuestos que prevén los incisos a), b) c) y d) del numeral transcrito; hipótesis que en la especie no se actualizan, pues la parte quejosa no es tercera extraña, incluso aduce ha comparecido a defender sus derechos al procedimiento primigenio, aspecto que le permite impugnar en la vía ordinaria. Por lo anterior se concluye que la accionante está obligada a agotar, previo a la instauración del juicio, el recurso de apelación en términos de los artículos 688, 689, 691, 696, 701, y 702 todos del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad3. De los numerales citados, deviene que el recurso de apelación es el medio de impugnación idóneo para combatir el proveído que constituye el reclamo, pues por medio de éste se puede obtener una sentencia en donde se determine su confirmación, revocación o modificación; por lo que, al no haberse agotado, es dable concluir que no se satisface el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, y que se contempla en la causal de improcedencia referida. Lo anterior es así, puesto que de acuerdo a dichos numerales, el recurso de apelación de tramitación inmediata, regulado por el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, es un recurso ordinario idóneo y eficaz para examinar las actuaciones que versen sobre visitas y convivencias, lo que incluye las terapias preparatorias previas a su fijación; así como lo relativo al estudio socioeconómico y a la imposición de la medida, lo que ocurre en la especie, ya que admite la suspensión del acto recurrido. Por esta razón, en términos de la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación4, no se actualiza una excepción al principio de definitividad y, por ende, las personas que pretendan promover demanda constitucional están obligadas a interponer dicho recurso de manera previa a acudir a aquél, so pena de que el juicio de amparo sea improcedente. Al respecto, se cita por mayoría de razón, la jurisprudencia PC.I.C. J/2 C (11a.) sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, Undécima Época; Materias(s): Común, Civil, que establece: "RÉGIMEN PROVISIONAL DE VISITAS Y CONVIVENCIAS FAMILIARES. CUANDO SE RECLAME SU INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES NECESARIO AGOTAR, PREVIAMENTE, EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 688 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones diferentes al analizar si cuando se reclama en amparo indirecto la resolución que decreta un régimen provisional de visitas y convivencias entre un menor de edad y su progenitor es necesario agotar, previamente, el recurso de apelación, o si se actualiza una excepción al principio de definitividad a partir de la no idoneidad y eficacia de ese medio ordinario de defensa, pues mientras uno consideró que no se actualiza la excepción a dicho principio, en virtud de que el medio ordinario de defensa sí admite el efecto suspensivo, el otro determinó lo contrario. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito establece que el recurso de apelación de tramitación inmediata, en ambos efectos, regulado por el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, es un recurso ordinario idóneo y eficaz, ya que admite la suspensión del acto recurrido; razón por la cual, en términos de la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se actualiza una excepción al principio de definitividad y, por ende, las personas que pretendan promover el juicio de amparo están obligadas a interponer dicho recurso de manera previa a acudir a aquél, so pena de que el juicio de amparo sea improcedente. Justificación: La Primera Sala, al fallar la contradicción de tesis 139/2013, resolvió que en los casos en que esté involucrado un menor de edad, la regla de definitividad encuentra una excepción si el recurso ordinario no admite la suspensión del acto, ya que ello torna que el recurso no sea idóneo ni eficaz. Luego, contra la determinación que decreta un régimen de visitas y convivencias entre un menor de edad y su progenitor procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo; sin embargo, el artículo 696 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, prevé la posibilidad de que contra los autos y las interlocutorias de los que derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación, la apelación se admitirá en ambos efectos, siempre que el apelante así lo solicite al interponer el recurso, señale los motivos por los que se considera el daño irreparable o de difícil reparación y, finalmente, la apelación proceda en el efecto devolutivo de tramitación inmediata. De esa forma, las apelaciones que se interpongan contra las resoluciones que decreten de forma provisional un régimen de visitas y convivencias son susceptibles de colmar dichos requisitos y, en consecuencia, de tramitarse de forma inmediata en ambos efectos. Ello, dado que, en las controversias del orden familiar, las apelaciones son de tramitación inmediata en efecto devolutivo por mandato del artículo 950 del código mencionado, por lo que bastará que la parte inconforme solicite que la apelación sea tramitada en ambos efectos para que el medio de defensa se tramite en efecto suspensivo, por así permitirlo el artículo 696 citado. Lo anterior es así ya que, por cuanto hace a que se señalen los motivos por los que se considera que el daño es irreparable o de compleja reparación, éste es susceptible de colmarse porque bastará con que el apelante formule un ejercicio mínimo de argumentación por el cual demuestre que el acto recurrido causa afectaciones graves en su esfera jurídica y, aun cuando no lo hiciera, se estima que dicha omisión quedaría subsanada, ya que al tratarse de una controversia del orden familiar procede aplicar la suplencia de la queja en términos del artículo 941 del código procesal citado, por lo que aun cuando el apelante no expresara los argumentos de referencia, el juzgador estaría obligado a suplirlos en atención a la naturaleza del juicio, sin que en este tipo de controversias el juzgador pueda exigir al apelante que exhiba la garantía a que hace referencia el artículo 696 de la legislación procesal, ya que ésta sólo es exigible en contiendas judiciales de orden económico cuya resolución, eventualmente, pudiera causar afectaciones patrimoniales y no así en controversias del orden familiar, ya que en éstas sólo se deducen derechos de orden público e interés social. Consecuentemente, el recurso de apelación de tramitación inmediata, en ambos efectos, es un recurso idóneo y eficaz para los justiciables, ya que admite la suspensión del acto recurrido y, por ello, no se actualiza la excepción al principio de definitividad prevista en la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.) de la Primera Sala." Así, este recurso debe agotarse aun considerando el acto como uno de imposible reparación, pues dicha calificación, que apunta a una afectación sustantiva, no es una excepción para satisfacer el postulado que rige al juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), de la Décima Época, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en Materia Común, que dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." No impide desechar la demanda, que la parte impetrante alegue representar una infante, pues aún y cuando la Constitución Federal y el marco jurídico internacional aplicable obliga a los juzgadores a velar por el interés superior de los niños, ello no implica de ninguna manera que la suplencia que opera a su favor haga viable lo improcedente; pues sostener esta afirmación, implicaría materialmente una modificación al sistema de causales de improcedencia establecido en la propia Ley de Amparo, mismas que son de estudio preferente y oficioso. Al efecto se invoca por analogía, la tesis 1a. XVII/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, página 486, novena época, enero de 2007, en materia común, con número de registro 173440, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. NO OPERA EN LOS CASOS EN QUE ES IMPROCEDENTE UN RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, AUN TRATÁNDOSE DE MENORES DE EDAD. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la suplencia de la queja deficiente opera invariablemente tratándose de la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz. Ahora bien, aun cuando dicha suplencia tiene como finalidad resolver sobre la cuestión efectivamente planteada y sobre la legalidad o constitucionalidad del acto impugnado, siendo procedente, inclusive, en algunas materias, ante la omisión de expresión de conceptos de violación o agravios; sin embargo, ello no implica que tal suplencia posibilite analizar la procedencia de un recurso de revisión en amparo directo en un caso no permitido, ya que ello sería tanto como actuar al margen de la ley declarándose procedente lo improcedente, lo que significaría modificar el régimen establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, respecto de la procedencia del mencionado recurso." Cabe destacar que en similares condiciones se pronunció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en su resolución de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, emitida en la queja civil 3/2018, donde determinó: "[.] En ese contexto, y conforme a las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, específicamente los Títulos Decimosegundo y Decimosexto que contienen respectivamente, las reglas para los recursos y para las controversias del orden familiar tenemos que contra las resoluciones que se dicten en las controversias del orden familiar en relación con la custodia provisional, procede la apelación en el efecto devolutivo de tramitación inmediata; recurso que también podrá ser admitido en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, y señala los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación. [.] Asimismo, el hecho de que el acto reclamado esté resolviendo sobre la situación de una menor de edad, respecto de la cual debe prevalecer su interés, ello tampoco constituye un caso de excepción a la regla contenido en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dicha disposición es clara al establecer que contra actos de imposible reparación dictados dentro de un juicio, procede el juicio de amparo indirecto, siempre y cuando se hayan agotado los recursos previstos en la ley ordinaria, sin que establezca que la participación de un menor de edad constituya un caso de excepción. [.] Por lo tanto, la figura del interés superior del menor, es insuficiente para estimar que no se actualiza la obligación de agotar los recursos que la ley ordinaria prevé; pues lo trascendente es analizar, desde la perspectiva del interés superior de la niñez, si el recurso ordinario previsto en la ley es existente, idóneo, efectivo, oportuno, adecuado y eficaz para prevenir y reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a los derechos sustantivos cometidas en el acto o resolución impugnada en perjuicio de la persona menor de edad. Lo mismo sucede con la suplencia de la queja, pues al respecto cabe señalar que si bien es cierto que la misma opera invariablemente cuando está de por medio directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia, o el carácter de quien o quienes promuevan el juicio de amparo; esta suplencia exclusivamente tiene como fin resolver sobre la cuestión efectivamente planteada y sobre la legalidad o inconstitucionalidad del acto impugnado, no obstante las imperfecciones o ausencia de conceptos de violación, para evitar que por una defensa inadecuada o insuficiente, se prive a un menor de edad de los derechos que le asisten, pero de ninguna manera llega al extremo de permitir que se dejen de observar las reglas ya establecidas para cada procedimiento específico; ya que ello sería tanto como actuar al margen de la ley, declarándose procedente lo improcedente y viceversa, lo que significaría modificar el régimen establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan. [.]" No obsta a lo anterior, que la quejosa en su demanda refiera a sendas omisiones respecto a la plática sostenida entre el Juez con la adolescente, porque el recurso descrito procede incluso en tales casos, acorde a lo previsto en el código adjetivo. Consecuentemente, al quedar demostrada la actualización de la causal de improcedencia citada, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA, de conformidad con el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario de la adscripción lleve a cabo la notificación del presente proveído. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por ser notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que promueve ..., por propio derecho y en representación de su hija con iniciales ..., contra actos del Juez, Secretaria de Acuerdos y Ministerio Público, estos adscritos al Juzgado Trigésimo Primero de lo Familiar de la Ciudad de México y Representante del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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