Germán Vargas González

Expediente 332/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 13 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
332/2020
Año
2020
Actuaciones
1
Última actuación
13/10/2020

Partes del expediente

  • Germán Vargas González

Actuaciones

  1. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA: GABRIELA VIVIANA BRAVO CÁZARES, el siguiente acuerdo: Vista la certificación de cuenta y atento al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha trascurrido el plazo de tres días concedido a las partes en el proveído de diez de agosto de dos mil veinte, para que manifestara lo que a su interés conviniera, respecto del cumplimiento dado al fallo protector por parte del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de La Piedad, Michoacán, por lo que procede proveer oficiosamente al respecto, tomando en consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. Antecedentes A fin de determinar si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo resulta necesario hacer la relación de antecedentes siguientes: I. El veinte de mayo de dos mil diecinueve, se dictó la sentencia en la que se sobreseyó el amparo solicitado por Gabriela Viviana Bravo Cazares, por sí y en cuanto representante legal de su menor hija de iniciales G.R.B.. II. En auto de diez de junio de dos mil diecinueve, se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia. III. Dicho recurso fue conocido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil, el que en sesión de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve modificó la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional y concedió el amparo y protección de la justicia de la unión al quejoso, en los términos siguientes: IV. Por once de noviembre de dos mil diecinueve, se tuvo por recibida la ejecutoria del Tribunal Colegiado ya precisado y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. V. El Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de La Piedad, Michoacán remitió lo siguiente: 1. Auto de veinte de noviembre de dos mil diecinueve. 2. Auto de veintisiete de febrero de dos mil veinte, y, 3. Audiencia preliminar de trece de marzo de dos mil veinte Conviene precisar que las documentales relacionadas cuentan con valor probatorio pleno, por tratarse de un documento público, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fue expedida por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 , cuyo rubro es: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." VI. Luego, por acuerdo de diez de agosto de dos mil veinte, se dio vista a las partes para que manifestaran, dentro del plazo de tres días, lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento informado por la autoridad responsable, la cual fue desahogada por el tercero interesado. Valoración Con los antecedentes detallados procede valorar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, bajo los términos siguientes: El análisis medular de la constitucionalidad del acto reclamado, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil concedió el amparo, revela que se vulneró en perjuicio de la parte quejosa el derecho fundamental previsto en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ya que la acción de investigación de paternidad constituye una de las vías para hacer valer el derecho humano de los menores a la identidad Por lo anterior, derivó la protección de la Justicia Federal solicitada, siendo que el efecto de la concesión determinada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil fue, en esencia, para que la autoridad responsable: 1) Dejara insubsistente la audiencia preliminar verificada en el juicio ordinario oral familiar 574/2016, que sobre investigación de paternidad de la menor de iniciales G.R.B., promovió Carlos Ulises Puente Castellanos en contra de Gabriela Viviana Bravo Cázarez y Ezequiel Reyes Coronel, que continuó el diecinueve de septiembre siguiente y ordenó que la prueba pericial en genética molecular Ácido Desoxirribonucleico (ADN) se verifique en La Piedad, Michoacán; 2) Recabara de manera oficiosa pruebas, informes, practicara diligencias, para estar en condiciones de determinar el lugar donde radica la menor y tendrá verificativo dicha probanza; ponderando, ante todo, el interés superior de la infanta; y, 3) Seguido el juicio por su trámite resuelva conforme a sus legales atribuciones Ahora, las constancias aportadas en vía de cumplimiento revelan que el veinte de noviembre de dos mil diecinueve, la Juez responsable determinó lo siguiente: En auto de veintisiete de febrero de dos mil veinte, después de recabar diversa información se determinó que el domicilio de la menor se encontraba en Estado Unidos de Norteamérica, por lo cual se señaló fecha y hora para la audiencia preliminar: Así, en la audiencia preliminar de trece de marzo de dos mil veinte, se determinó lo siguiente: Así pues, las imágenes precedentes revelan que la autoridad responsable el veinte de noviembre de diecinueve dejó insubsistente la audiencia preliminar verificada en el juicio ordinario oral familiar 574/2016, que sobre investigación de paternidad de la menor de iniciales G.R.B., promovió Carlos Ulises Puente Castellanos en contra de Gabriela Viviana Bravo Cázarez y Ezequiel Reyes Coronel, que continuó el diecinueve de septiembre siguiente y ordenó que la prueba pericial en genética molecular Ácido Desoxirribonucleico (ADN) se verifique en La Piedad, Michoacán, después de recabar diversa información el veintisiete de febrero de dos mil veinte, determinó que la menor de edad de iniciales G.R.B., tiene su domicilio en 18791 Aldebury Dr en la ciudad de Rouwland Heights, California, perteneciente al Condado de Orange, en los Estados Unidos de Norteamérica. Así, en audiencia preliminar de trece de marzo de dos mil veinte, admitió la prueba pericial en ADN y ordenó remitir exhorto internacional a efecto de desahogar la diligencia de toma de muestras, en el que solicita a la autoridad exhortada comunicara a dicho juzgado, los actos tendientes a cumplimentar el exhorto, así como la fecha que señale para la toma de muestras a efecto de hacerlo del conocimiento de las partes. Decisión En virtud de lo expuesto en el apartado precedente, las constancias que obran en el sumario permiten advertir que la autoridad responsable, el veinte de noviembre de dos mil diecinueve dejó insubsistente la audiencia preliminar de treinta y uno de agosto y su continuación de diecinueve de septiembre, ambos de dos mil dieciocho, no obstante que la resolución del Segundo Tribunal Colegiado en la resolución de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, precisó en el efecto que únicamente debía dejar insubsistente la continuación de la audiencia preliminar de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. Esto es, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, modificó la sentencia sujeta a revisión únicamente en la parte relativa que tuvo por actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII de artículo 61 en concordancia con la fracción V del numeral 107, este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo2 , en términos de la fracción V del artículo 93 de la citada legislación, pues el sobreseimiento por el acto consistente en la admisión de la prueba de ADN dictada en la audiencia preliminar de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho quedó intocado. Sin embargo, del auto de veinte de noviembre de dos mil diecinueve, se advierte que la autoridad responsable no sólo dejó insubsistente la parte de la audiencia preliminar de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho en donde se ordenó el desahogo de la multicitada prueba, sino que dejó insubsistente el inicio de la audiencia preliminar de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, en donde se había admitido la prueba de ADN, pues en auto de veintisiete de febrero de dos mil veinte, la autoridad responsable precisó que en virtud al cumplimiento de la ejecutora de amparo se había dejado sin efectos la audiencia preliminar de dicho juicio y, por tanto, señalaba hora y fecha para el desahogo de la misma, tal como se advierte de la transcripción siguiente: Con motivo de lo anterior, y tomando en consideración que en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 874/2018-VI promovido por Gabriela Viviana Bravo Cazares, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, se dejó sin efectos la audiencia preliminar celebrada en autos, para continuar con el procedimiento una vez que se conociera el domicilio de la menor de edad, lo que aconteció, en consecuencia, esta juzgadora en funciones de tribunal de oralidad señala las 10:00 diez horas del día 13 trece de marzo del año en curso, para el verificativo de la audiencia preliminar, De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable incurrió en exceso en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues el efecto precisado en la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, fue únicamente para dejar insubsistente la audiencia preliminar en lo relativo a lo previsto respecto al desahogo de la prueba de ADN, lo cual fue en la continuación de la audiencia el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se declara que el fallo protector no se encuentra cumplido. Requerimiento Previo a efectuar la solicitud ante la Superioridad para que actúe contra la autoridad responsable, en términos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de este órgano jurisdiccional velar por el efectivo y cabal cumplimiento de la sentencia de amparo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente y por última ocasión al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de La Piedad, Michoacán, para que, dentro del plazo de tres días, siguiente al en que reciba el oficio que contenga la transcripción del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo sin excesos, es decir, deberá: 1) "Dejar insubsistente la audiencia preliminar verificada en el juicio ordinario oral familiar 574/2016, que sobre investigación de paternidad de la menor de iniciales G.R.B., promovió Carlos Ulises Puente Castellanos en contra de Gabriela Viviana Bravo Cázarez y Ezequiel Reyes Coronel, que continuó el diecinueve de septiembre siguiente y ordenó que la prueba pericial en genética molecular Ácido Desoxirribonucleico (ADN) se verifique en La Piedad, Michoacán; 2) Recabar de manera oficiosa pruebas, informes, practicar diligencias, para estar en condiciones de determinar el lugar donde radica la menor y tendrá verificativo dicha probanza; ponderando, ante todo, el interés superior de la infanta; y, 3) . Seguido el juicio por su trámite resuelva conforme a sus legales atribuciones." Pues como se ha precisado en párrafos precedentes el efecto precisado en el punto 1 de la ejecutoria dictada por el segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, únicamente fue para que se dejara insubsistente la audiencia preliminar de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, en la cual se proveyó sobre el desahogo de la prueba de ADN. Se apercibe a la autoridad responsable que, de no cumplir con la sentencia concesoria o no informar las gestiones encaminadas para ello, sin causa justificada, se le impondrá una multa que se determinará de acuerdo con los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, equivalente a cien unidades de medida y actualización y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil, en turno, para seguir el trámite de inejecución correspondiente, que puede culminar, incluso, con la separación del puesto y su consignación ante un Juez de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Posibilidad de ampliar plazo para cumplir sentencia de amparo De acuerdo con el artículo 193, segundo y tercer párrafo, de la legislación en consulta, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo, así como si la autoridad responsable demuestra y hace del conocimiento de este Juzgado, con la debida oportunidad, que la ejecutoria concesoria de amparo está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, este órgano de control constitucional podrá ampliar el plazo por una sola ocasión, subsistiendo desde luego, los apercibimientos decretados con antelación y a que se contraen los citados artículos 192 y 258, ambos de la ley de la materia. Aparte, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria concesoria de amparo, si es injustificado, no la exime de responsabilidad, se tomará en consideración como atenuante al imponerse la sanción penal respectiva, de conformidad con lo establecido por el numeral 195 de la legislación en consulta. Manifestaciones del tercero interesado Mediante escrito presentado el doce de agosto de dos mil veinte, el tercero interesado manifestó que había exceso en el cumplimiento de la sentencia de amparo, pues la autoridad se extralimitó en dejar insubsistente la audiencia preliminar iniciada el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. Empero, como se precisó en párrafos anteriores, este órgano de control constitucional declaró como no cumplida la sentencia de amparo porque la autoridad responsable, dejó insubsistente la totalidad de la audiencia preliminar y no solamente la correspondiente a la continuación llevada a cabo el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho; de ahí que deberá estarse a lo acordado en el presente proveído, en el que se requirió nuevamente a la referida autoridad responsable el cumplimiento del defecto destacado en esta resolución Integración del expediente electrónico Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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