German Toledo Sánchez

Expediente 1687/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1687/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
30/12/2019

Partes del expediente

  • German Toledo Sánchez y Otros.
  • German Toledo Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe previo rendido por la autoridad responsable 1. Fiscalía General del Estado de Chiapas, por conducto del Subdirector Jurídico, con sede en esta ciudad. De conformidad con el numeral 140 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados de la responsable a las personas que indica. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Fiscalía General del Estado de Chiapas, por conducto del Subdirector Jurídico, con sede en esta ciudad. De conformidad con el numeral 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados de la responsable a las personas que indica. Notifíquese.

  3. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe previo rendido por la autoridad responsable 7. Fiscalía General de la República en el Estado de Chiapas, por conducto del Delegado, con sede en esta ciudad. De conformidad con el numeral 140 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el término otorgado a la parte quejosa para desahogar la prevención realizada en proveído de once de diciembre del año en curso (fojas 10 a 13), transcurrió del dieciséis al veinte de diciembre de dos mil diecinueve, sin que ésta realizara manifestación alguna; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y se provee únicamente por cuanto hace a las autoridades responsables señaladas como: 1. Fiscalía General del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. 2. Comandante o Jefe de Grupo de la Policía Investigadora del Estado, con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas. 3. Comandante o Jefe de Grupo de la Policía Investigadora del Estado, con sede en Ocozocuatla de Espinosa, Chiapas. 4. Juzgados Penales del Canelo de Delitos No Graves, con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas. 5. Juzgados Penales de Delitos Graves del Amate, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. 7. Fiscalía General de la República. DESECHAMIENTO PARCIAL Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refieren los artículos 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a.LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página 448, Materia Común, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." En el caso particular, del análisis del escrito demanda se colige que respecto del acto destacado consistente en la integración de la carpeta de investigación, el juicio de amparo intentado, resulta improcedente, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". La hipótesis legal transcrita encuentra su origen en lo establecido por la fracción I del artículo 107 constitucional, de conformidad con la cual el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades que se sigue siempre a instancia de parte agraviada, principio que reglamenta el artículo 6, en relación con el 5 de la Ley de Amparo, al disponer, en lo conducente, que el juicio únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en sus derechos subjetivos o interés legítimo o colectivo. Para que un gobernado se encuentre legitimado para solicitar el amparo de la justicia federal, en caso de que reclame afectación a un derecho subjetivo, es presupuesto indispensable que cuente con un derecho que haya sido infringido por actos de la autoridad. De tal afirmación se desprende que son dos los supuestos que generan el interés jurídico, siendo el primero la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado y, el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. Esto es, el interés jurídico para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legalmente reconocidos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio. Apoya lo expuesto la tesis I.1o.A.18 K , sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SUPUESTOS QUE LO GENERAN." Expuesto lo anterior, tocante al acto reclamado impugnado consistente en la integración de la carpeta de investigación, no constituye un acto que irrogue perjuicio a las personas contra quienes se instruye ésta, a menos que se emita una determinación que vulnere directamente algún derecho subjetivo público o produzca una afectación de imposible reparación. En efecto, la integración de un registro de atención o carpeta de investigación no produce algún agravio, ofensa o menoscabo a la esfera de derechos de la parte que solicita el amparo, pues impera el interés de la sociedad, sobre el del indiciado o indiciados, de que se indaguen los hechos posiblemente delictuosos que le dieron origen; además de que los actos verificados durante esta etapa, no trascienden irreparablemente en la esfera jurídica del inconforme, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Sirve de apoyo, por analogía, la tesis sustentada por Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, de rubro siguiente: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO." Así, respecto del acto destacado consistente en la integración de la carpeta de investigación, se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues el mismo no produce una afectación real y actual a la esfera de derechos del quejoso, ya que como se adujo con anterioridad la persecución de los delitos es facultad exclusiva de la representación social, que prevé el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la cual es de orden público y ningún agravio le irroga en su esfera jurídica al aquí quejoso. Luego, se reitera, la carpeta de investigación, pudiera concluir con el no ejercicio de la acción penal sin necesidad de que el quejoso comparezca ya sea por voluntad propia o por conducto de la fuerza pública; además de que no en todos los casos el fiscal emite órdenes privativas de libertad con motivo de una investigación. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis 1a./J. 78/2018 (10a.) , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]". En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, y 113, de la citada ley, SE DESECHA PARCIALMENTE LA DE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA, respecto del acto destacado consistente en la integración de la carpeta de investigación. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en Sistema Integral de Seguimiento de Expediente. ADMISIÓN Contrario a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, 108 y 112, de la ley de la materia se admite la presente demanda de amparo por lo que hace a los diversos actos reclamados, consistentes en la orden de aprehensión o detención librada en contra del quejoso, así como su ejecución. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que sea el caso conceder la suspensión solicitada por la parte quejosa en términos del artículo 126 de la Ley de la materia, dado que el quejoso no se encuentra detenido, ni incomunicado, promueve la presente demanda por propio derecho y además, los actos reclamados no se encuentran en ninguna de las hipótesis a que se refieren los artículo 22 Constitucional o 15 de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, se da la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las nueve horas con dos minutos del veintitrés de enero de dos mil veinte. Notifíquese.

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