Germán Santillán Ugarte
Expediente 624/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 624/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 26/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Germán Santillán Ugarte
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
PRLA.624/2020-1A*Sentencia. Visto para resolver el juicio de amparo número 624/2020; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado a las dieciocho horas con cincuenta y seis minutos del veintiuno de octubre de dos mil veinte en el buzón judicial de la Oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, remitido el veintidós de octubre siguiente, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, Germán Santillán Ugarte, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las reformas y adiciones de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, en su artículo 20 Bis, atribuido al Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. La parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 4, 73 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Registro de la demanda de amparo y prevención. Por auto de fecha veintitrés de octubre de dos mil veinte se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 624/2020 y se previno a la parte quejosa la aclarara. Tercero. Cumplimiento de prevención. El quejoso aclaró la demanda de amparo y señaló que: 1º Promovía la promoción inicial constitucional por propio derecho. 2º Únicamente reclamaba el artículo 20 Bis, en sus tres fracciones, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 3º Por el establecimiento con el que cuenta, dedicado a la comercialización de alimentos envasados con alto contenido calórico (variedades de chocolate), y derivado de la modificación al artículo tildado de inconstitucional, no puede continuar con la venta de alimentos, entendiéndose éstos como alimentos envasados con alto contenido calórico a niñas, niños y adolescentes. Cuarto. Admisión de demanda de amparo. Por lo que mediante diverso proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veinte se admitió la demanda de amparo se solicitó informe justificado de la responsable, se dio intervención al agente del Ministerio Público Federal de su adscripción y se señaló fecha y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o : Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, 49 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, y la ley tildada de inconstitucional se emitió por una autoridad residente en San Raymundo Jalpan, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que de la demanda de amparo y constancias de autos se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa y por el que se realizará el análisis relativo, es: El artículo 20 Bis, fracciones I, II y III, de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, atribuido al Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Tercero. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca y en representación de la misma, al rendir su informe justificado, convino en la existencia del acto reclamado relativo a la emisión del decreto 1609, de cinco de agosto de dos mil veinte y publicado el cuatro de septiembre de ese año, en el que se adicionó el artículo 20 bis, a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca. Y, como justificación de su informe, remitió la copia certificada del a) dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 20 Bis, a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Oaxaca, b) decreto 1609, de cinco de agosto de dos mil veinte y c) Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, de fecha cuatro de septiembre de ese mismo año. Cuarto. Causa de improcedencia. Previo al estudio de la cuestión planteada, procede analizar si, en la especie, existe alguna causal de improcedencia, pues su estudio es preferente y de orden público, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, la autoridad responsable invoca la hipótesis de improcedencia relativa a la falta de interés jurídico. Análisis. El numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Fracción XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". En su relación, los artículos 107, fracción I, 6o., 5o. y 17 de la ley invocada establecen: "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio, análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agravios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días" De la interpretación a dichos preceptos, el juicio de amparo procede contra normas generales que, por su sola vigencia o con motivo del primer acto de aplicación, causen un agravio al quejoso; además, se establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas) o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). Así, todos los gobernados cuentan con dos momentos fundamentales para ordenamientos generales 1o con motivo de su sola vigencia o 2º contra el primer acto de aplicación. En el primer caso, basta con que el gobernado se ubique en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que, por su sola expedición, le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad, para que esté en aptitud de ejercer la acción constitucional dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley de Amparo. En la segunda hipótesis, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales, para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo será de quince días, según la regla establecida en el artículo 21 de la ley citada. Ante lo cual, para la impugnación de las normas generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afecten la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus supuestos. Se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento". De ahí que, tratándose de normas generales, el ejercicio de la acción constitucional está reservado a quien resiente un perjuicio con motivo de la Ley, por su sola entrada en vigor o por el acto de aplicación. La noción perjuicio, para que proceda la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la Ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando el cese de esa trasgresión. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés legítimo que se toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo, esto es, que el acto reclamado viola los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Federal, con lo que se afecta su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Falta de interés legítimo y jurídico. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con los elementos constitutivos del interés legítimo e interés jurídico, como requisitos para promover el juicio de amparo indirecto, se pronunció en el sentido de que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. Así, el gobernado en el juicio de amparo debe demostrar fehacientemente el interés jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Los elementos constitutivos del interés jurídico a demostrar son: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. En tanto que, para probar el interés legítimo, deberá justificarse que: a) Existe una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) El acto reclamado transgrede ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) Que el gobernado pertenezca a esa colectividad. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que para reclamar una vulneración a un derecho, requiere de la existencia de cierta afectación en la esfera jurídica de la persona, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no como una simple posibilidad. Y que el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ello, protegidos. Artículo tildado de inconstitucional. El artículo 20 Bis, fracciones I, II y III, de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, que el quejoso reclama, vía juicio de amparo indirecto, establece: "Artículo 20 Bis. Para la eliminación de formas de malnutrición de niñas, niños y adolescentes, se prohíben las siguientes actividades: I. La distribución, venta, regalo y suministro a menores de edad, de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico en el Estado; II. La distribución, venta, regalo y suministro de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico en instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y media superior, y III. La venta, distribución o exhibición de cualquiera de esos productos a través de distribuidores automáticos o máquinas expendedoras en instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y media superior. Las bebidas y alimentos de alto contenido calórico señalados en las fracciones anteriores, serán aquellos que excedan los límites máximos de azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio añadidos, conforme a la Norma Oficial Mexicana correspondiente. La aplicación, vigilancia y cumplimiento de esta disposición estará a cargo de la Secretaría de Salud del Estado, quien podrá coordinarse con las autoridades e instancias correspondientes. Quedan exentas de estas prohibiciones madres, padres o tutores legales, quedando bajo su responsabilidad el consumo de estos productos por los menores de edad. La infracción a lo establecido en el presente artículo será sancionado en términos de la presente Ley, y en lo no previsto, conforme a la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca. Los propietarios o encargados de los establecimientos en donde se vendan o suministren bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico, en ningún caso y de ninguna forma los venderán o suministrarán a menores de edad, ya que de hacerlo, se harán acreedores a las sanciones administrativas previstas en la presente Ley, y en lo no previsto, conforme a la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca". Al respecto, la parte quejosa refiere que esa disposición es de carácter autoaplicativo y que, de manera condicionada, se coloca en esos supuestos normativos, sin necesidad de verificar condición alguna, porque con su entrada en vigor se le atribuyen las cargas que impone cada cuerpo normativo para el efecto del cumplimiento de las disposiciones, ocasionando una merma en su esfera jurídica. Además, menciona, no puede continuar con la venta de alimentos envasados con algo contenido calórico a niñas, niños y adolescentes, por la normatividad aplicable, comercio al que se dedica, como aparece de la licencia municipal exhibida. Atendiendo entonces a que ese precepto tildado de inconstitucional es reclamado por el quejoso como norma autoaplicativa, es indispensable que la parte quejosa acredite fehacientemente que es sujeta de ellas, a fin de justificar su interés jurídico que le asiste para acudir a este juicio de amparo, atento a lo sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 206527 Instancia: Segunda Sala Octava Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, página 267 Tipo: Jurisprudencia LEY AUTOAPLICATIVA, INTERES JURIDICO EN AMPARO CONTRA. Cuando se promueve amparo en contra de una ley alegando que su sola expedición causa perjuicio al quejoso, es necesario que éste pruebe, en la audiencia constitucional, que es sujeto de la norma y que sus disposiciones afectan su interés jurídico; pues no basta, para tenerlo por demostrado, el que en la demanda de amparo se hubiere declarado, bajo protesta de decir verdad, que se está dentro de los preceptos de la norma". Esto es, que la prohibición de a) la distribución, venta, regalo y suministro a menores de edad, de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico en el Estado, entendiéndose los que excedan los límites máximos de azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio añadidos, conforme a la Norma Oficial Mexicana correspondiente; b) la distribución, venta, regalo y suministro de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico en instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y media superior, y c) la venta, distribución o exhibición de cualquiera de esos productos a través de distribuidores automáticos o máquinas expendedoras en instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y media superior, le causa perjuicio, porque se dedica las actividades que contempla tal precepto, como lo sostuvo en la demanda de amparo. Ahora, para demostrar que el precepto tildado de inconstitucional le causa perjuicio por su entrada en vigor, el quejoso ofreció la prueba documental consistente en: a) Copia de la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, a nombre del quejoso. b) Copia certificada notarialmente de la licencia municipal otorgada al quejoso, el cuatro de febrero de dos mil veinte, por el presidente municipal y regidor de Hacienda del Ayuntamiento Constitucional de Villa de Tamazulapam del Progreso, Oaxaca, por el giro de "fabricación y venta de chocolate" denominada "Oaxacanita", en un horario variable y durante las festividades, por concepto de "comercio y fabricación al por menor de variedades de chocolate". Dichos documentos tienen valor probatorio indiciario y pleno, respectivamente, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de los que se aprecia que: Primer documento. Comprueba la identidad del quejoso y, en su caso, un domicilio, atento a la tesis siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 194372 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: XIV.3o.3 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Marzo de 1999, página 1392 Tipo: Aislada DOMICILIO, LA CREDENCIAL DE ELECTOR NO HACE PRUEBA PLENA DEL. SÓLO SE LE DEBE OTORGAR VALOR INDICIARIO. La credencial de elector con fotografía no es un documento público idóneo para acreditar el domicilio de una persona; debe ser adminiculada con otras pruebas de las permitidas por la ley, que demuestren que la oferente realiza sus actividades cotidianas en el mismo domicilio que indica la documental, debido a que los registros del Instituto Federal Electoral se forman con los datos proporcionados por los ciudadanos que acuden al mismo a pedir su anotación; sin embargo, la verificación que practica la autoridad electoral de los datos que se le proporcionan sólo puede entenderse para efectos del propio registro, no así para hacer prueba plena ante autoridad diversa como serían los órganos jurisdiccionales respecto de los domicilios de los electores, ya que ningún precepto legal apoya tal eficacia, que no debe entenderse comprendida en la naturaleza pública de dicho documento, pues ello a lo sumo acreditaría que ante dicho registro determinada persona manifestó tener el domicilio que se indica en su credencial de elector y, en su caso, que ante el mismo presentó determinada constancia tendiente a acreditarlo, mas ese registro no sustituye la potestad jurisdiccional de examinar el alcance y valor probatorio de tales elementos justificativos, cuya eficacia sólo a ésta corresponde establecer dentro del procedimiento en el que se cumplan sus formalidades esenciales; razón por la cual la credencial mencionada no hace prueba plena del domicilio de la persona, según lo pretende la oferente y es correcto que el juzgador únicamente le otorgara el valor de indicio". Segundo documento. Queda justificado que al quejoso se le otorgó licencia municipal el cuatro de febrero de dos mil veinte, por parte del presidente municipal y regidor de Hacienda del Ayuntamiento Constitucional de Villa de Tamazulapam del Progreso, Oaxaca, para dedicarse a la "fabricación y venta de chocolate" con la denominación "Oaxacanita", en un horario variable y durante las festividades, por concepto de "comercio y fabricación al por menor de variedades de chocolate". De esa justipreciación a las documentales aportadas por el quejoso, se advierte que no queda demostrado el interés jurídico para promover este juicio de amparo, pues aunque la norma es reclamada como autoaplicativa, porque consigna una prohibición, también lo es que la afectación quedó sujeta a comprobar que el quejoso se dedica materialmente a las actividades a que se refiere el artículo 20 Bis de la Ley de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, esto es, a la distribución, venta, regalo y suministro de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico en el Estado, a fin de que la afectación sea actual y real, no hipotética ni incierta. Sin embargo, el quejoso únicamente justificó que obtuvo la licencia municipal para dedicarse a la fabricación y venta de chocolates, pero no que se dedique materialmente a dichas actividades, ni a las demás a que se refiere el precepto tildado de inconstitucional. Se invoca en apoyo la tesis jurisprudencial de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 170500 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 168/2007 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Enero de 2008, página 225 Tipo: Jurisprudencia. INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". En esas condiciones, como no demostró que la sola entrada en vigor del precepto que tilda de inconstitucional le cause perjuicio, se actualiza la causal de improcedencia invocada por la responsable y, por tanto, se sobresee en este juicio de amparo, de conformidad, además, con el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Dado el sobreseimiento decretado en este juicio constitucional, existe imposibilidad jurídica para estudiar el fondo del asunto, atento a la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del Tomo 24, tercera parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Sin que en el caso se estime necesario analizar la diversa causa de improcedencia que hizo valer la responsable, Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, toda vez que se actualice o no, de manera alguna cambiaría el sentido de la sentencia. Quinto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, 37, 74, 77 y demás de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Germán Santillán Ugarte, contra el artículo 20 Bis, fracciones I, II y III, de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca; atribuido al Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en términos de los considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. Dése cumplimiento al considerando último de este fallo y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hoy, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en que se estuvo en condiciones de dictar sentencia. Conste.
- Principal
PRAL.624/2020-1A*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Reanudación de trámite. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha fenecido la vigencia del Acuerdo General 13/2020, establecida en la circular CAP/3/2020, del coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se determinó adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte hasta el once de enero de dos mil veintiuno para aquellos casos en los se evidenciara la urgencia del asunto o se transitara al juicio en línea; por tanto, con fundamento en los artículos 2º, fracción I, y 20, del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, reformado en su vigencia por el diverso acuerdo 25/2020, se reanuda el trámite de este asunto, levantando la suspensión de plazos y términos procesales, lo que implica su reanudación en la fase en la que se suspendió y no su reinicio. Estado procesal. Por ello, vistos los autos, advirtiéndose que mediante proveído de veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, se reservó proveer sobre la razón actuarial de veintiuno de diciembre último, hasta en tanto concluyera el período a que se refiere la circular de que se trata, lo que ya aconteció; en esas condiciones, se provee: Notificación por lista de acuerdos a la parte quejosa. Vista la razón actuarial de veintiuno de diciembre del año próximo pasado, de la que se aprecia la imposibilidad que tuvo el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional para notificar a la parte quejosa en el domicilio que señaló, para tal efecto, en la demanda de amparo del acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en el que se tuvo a la autoridad responsable, presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, rindiendo su informe justificado. Ante ello, se actualiza el supuesto previsto en el inciso a) de la fracción III del artículo 27 de la Ley de Amparo, por lo que se ordena realizar la notificación del acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veinte a la parte quejosa, por lista de acuerdos, que se publica en este órgano jurisdiccional, así como los subsecuentes que sean de carácter personal, hasta en tanto se señale nuevo domicilio. Diferimiento de la audiencia constitucional. Ahora, como en esta fecha se está proveyendo respecto la notificación del acuerdo por el que se ordenó dar vista a la parte quejosa con el informe justificado y la documental rendido por la responsable, por lo que aún no empieza a transcurrir el término de ocho días para que dicha parte procesal se imponga de su contenido, como lo dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, a fin de no dejarla en estado de indefensión, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere y se fijan las nueve horas con treinta y un minutos del dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo. Notificación a las responsables. Se precisa que la notificación de este proveído a las autoridades responsables se realizará por medio de lista, tanto electrónica como la que se fije en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación, en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 21 del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19; sin necesidad de que se envíen oficios a las autoridades responsables, tomando en consideración que es una determinación de mero trámite. Sin que ello implique dejar en estado de indefensión a las autoridades responsables, dado que la fecha inicial señalada para la audiencia constitucional se ordenó llevarla a cabo mediante oficio, por lo cual están en aptitud de consultar la nueva fecha a través de la lista electrónica que se publica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Apoya lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Notifíquese y cúmplase respecto a lo ordenado. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Número de expediente: 624/2020 Acuerdo: pral. 624/2020 1-a [] San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio de la presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, y en representación de la misma, residente en San Raymundo Jalpan, Centro, Oaxaca, mediante el que rinde informe justificado; con el mismo dése vista a las demás partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. Delegados y domicilio. Téngase a dicha responsable designando como delegado de su parte a las personas que menciona, en términos del numeral 9º, párrafo primero, de la invocada ley y señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica. Pruebas. Con fundamento en el precepto 119 de la Ley de Amparo se tiene como prueba de la responsable, la documental consistente en copia certificada del a) dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 20 Bis, a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Oaxaca, b) decreto 1609, de cinco de agosto del año en curso y c) periódico oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, de fecha cuatro de septiembre del año dos mil veinte, misma que se desahoga en razón de su propia naturaleza, para ser considerada al resolver este juicio. Tomo anexo. Con las constancias remitidas se ordena formar el tomo anexo I relativo a este juicio de amparo. Difiere audiencia constitucional. A fin de que la parte quejosa se imponga del contenido de dicho informe y de la documental remitida, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veintiún minutos del diecisiete de diciembre del año en curso y se fijan las nueve horas con cuarenta y un minutos del dieciocho de enero de dos mil veintiuno para su celebración. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL 624/2020 1 [] San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de diciembre de dos mil veinte. Razón actuarial. Vista la razón actuarial de veintiuno de diciembre del año en curso, de la que se advierte la imposibilidad para que el fedatario público adscrito a este órgano jurisdiccional notifique a la parte quejosa el acuerdo de dieciséis de diciembre de este año, en el domicilio señalado para tal efecto. Se suspenden plazos y términos procesales. Ahora, como se advierte en la certificación secretarial que antecede, mediante Circular CAP/3/2020, del coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó que dicha Comisión Especial determinó adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno, regresando al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19; como en este asunto se reclama el artículo 20 Bis de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, correspondiente a la venta, distribución, donación, dádiva y suministro de los productos ahí indicados, a los menores de edad que tengan doce años en adelante; por tanto, no encuadra en el supuesto a que se refiere el artículo 4 del acuerdo general 13/2020 invocado, ante lo cual, se suspenden los plazos y términos procesales en este juicio de amparo. Se reserva proveer razón actuarial. En esas condiciones, se reserva proveer sobre la razón actuarial de cuenta, hasta en tanto concluya ese periodo a que se refiere la circular de que se trata. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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pral. 624/2020 1-a [] San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio de la presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, y en representación de la misma, residente en San Raymundo Jalpan, Centro, Oaxaca, mediante el que rinde informe justificado; con el mismo dése vista a las demás partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. Delegados y domicilio. Téngase a dicha responsable designando como delegado de su parte a las personas que menciona, en términos del numeral 9º, párrafo primero, de la invocada ley y señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica. Pruebas. Con fundamento en el precepto 119 de la Ley de Amparo se tiene como prueba de la responsable, la documental consistente en copia certificada del a) dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 20 Bis, a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Oaxaca, b) decreto 1609, de cinco de agosto del año en curso y c) periódico oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, de fecha cuatro de septiembre del año dos mil veinte, misma que se desahoga en razón de su propia naturaleza, para ser considerada al resolver este juicio. Tomo anexo. Con las constancias remitidas se ordena formar el tomo anexo I relativo a este juicio de amparo. Difiere audiencia constitucional. A fin de que la parte quejosa se imponga del contenido de dicho informe y de la documental remitida, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veintiún minutos del diecisiete de diciembre del año en curso y se fijan las nueve horas con cuarenta y un minutos del dieciocho de enero de dos mil veintiuno para su celebración. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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