Germán Ruiz Santacruz
Expediente 803/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 9 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 803/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 06/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Germán Ruiz Santacruz
- Germán Ruiz Santacruz y Otros.
- Jesús Ignacio Contreras Domínguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Integración de oficio. Agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el oficio de cuenta, suscrito por la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio por el cual se le notificó la ejecutoria emitida en este juicio y le fueron devueltas las copias certificadas de los medios preparatorios a juicio ******************** que exhibió con su informe justificado la referida autoridad. Cúmplase. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, trece de octubre de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia en la que se negó el amparo en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria. Háganse las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y se hace constar que este expediente es conservable, a partir del término de tres años de haberse dictado este acuerdo como asunto concluido. Devolución de legajos de pruebas. En ese orden de ideas, resulta innecesario conservar los legajos de pruebas recibidos mediante proveído de siete de junio de la presente anualidad e identificados como tomos I y II, los cuales fueron formados con las constancias remitidas por el juez Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad; en esa virtud, se ordena su devolución a su lugar de origen. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Razón actuarial. Téngase por recibida la razón levantada por el actuario judicial de la adscripción, mediante la cual, informa la imposibilidad que le asistió para notificar a los quejosos German Ruíz Santacruz y Beatriz del Carmen Cadena Martínez, la resolución de once de septiembre de dos mil veintitrés, por las razones que de la misma se desprenden. Notifíquese por lista. En consecuencia, al tener la obligación los quejosos de vigilar la prosecución del juicio, lo que implica también que su domicilio sea el correcto a efecto de notificarle las resoluciones que recaigan en el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, notifíquesele dicha determinación por lista, así como las subsecuentes que le resulten de carácter personal, en tanto señale nuevo domicilio para tal efecto. Es aplicable al caso por analogía, la jurisprudencia que establece: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. De la interpretación armónica de los artículos 27 a 34 de la Ley de Amparo, se advierte que hay resoluciones -como las que contienen prevenciones y requerimientos- cuya notificación debe practicarse personalmente, y que ante la imposibilidad de dicha práctica, ya sea porque no se señaló domicilio o porque no se esperó al notificador, la regla es que se notifiquen mediante lista. En ese sentido, si bien la Ley indicada no establece cómo debe actuar el órgano jurisdiccional ante la imposibilidad de notificar personalmente un auto en el que se previene a la parte quejosa en el domicilio que designó para oír y recibir notificaciones, cuando el actuario que se constituye en éste, no encuentra a quien debe notificar, ni a sus parientes, empleados domésticos o a alguna persona que viva ahí, debe entenderse que para llevar a cabo la diligencia, la notificación deberá realizarse por lista. Lo anterior, en virtud de que dicha eventualidad puede encuadrarse en los supuestos previstos en la Ley de Amparo, según los cuales, ante la imposibilidad de practicar la notificación personalmente, debe realizarse por lista, con lo cual el órgano jurisdiccional cumple con el cometido de hacer del conocimiento del quejoso la resolución emitida, utilizando las figuras preestablecidas en la Ley mencionada; esto en el entendido de que corresponde al titular del órgano jurisdiccional, a partir de la razón actuarial en la que conste que se llevaron a cabo todas las actuaciones posibles para efectuar la notificación personal, determinar que ello fue imposible y, en consecuencia, se ordenará válidamente que se practique por lista. Además, lo anterior es así porque si la Ley de Amparo prevé una solución al caso planteado, es inconcuso que resulta innecesario acudir a otra normatividad para resolverlo, de ahí que en la especie sea inaplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles." Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Único. Se niega el amparo y protección de la Justicia Federal, solicitado en contra del acto y autoridad que precisados quedaron en el considerando II, por los fundamentos y motivos que se indican en el diverso apartado VI de esta sentencia. Notifíquese personalmente y por oficio a las autoridades responsables Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante el secretario de Juzgado Santiago Flores Cota, con quien actúa, que autoriza y da fe, terminando de engrosarse la resolución hasta hoy, once de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permiten las labores del Juzgado Doy Fe.
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V i s t o s; para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 803/2023-P-C, promovido por Germán Ruiz Santacruz y Beatriz del Carmen Cadena Martínez, contra el acto atribuido al juez Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad; y Resultando: Antecedentes y trámite del juicio de amparo Presentación y turno de la demanda. Por escrito depositado el treinta de mayo de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, y remitido a este Juzgado, el treinta y uno siguiente, Germán Ruiz Santacruz y Beatriz del Carmen Cadena Martínez, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, de quien reclaman el acto que habrá de precisarse en el considerando II de esta sentencia. Radicación y trámite de la demanda en este Juzgado. Mediante auto de uno de junio de dos mil veintitrés, se radicó y admitió a trámite la demanda, con el expediente 803/2023-PC- Civil; se pidió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio a la representación social de esta adscripción la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Durante el trámite del juicio se emplazó a la parte tercero interesada y habiéndose señalado hora y fecha para la audiencia constitucional, dio inicio a las nueve horas con cincuenta y tres minutos del veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, al tenor del acta que antecede y culmina con la resolución que se emite al tenor de los siguientes C o n s i d e r a n d o s: Competencia Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugnan actos de autoridades que tienen su residencia dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, circunstancias que lo dotan de competencia. Precisión de los actos reclamados En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es conveniente precisar que de acuerdo al estudio íntegro realizado a la demanda de amparo, sus anexos y de las demás constancias de autos, se advierte que el acto que reclama la parte quejosa en el presente juicio constitucional, consiste en: La resolución interlocutoria de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, emitida por el juez Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, en autos del expediente 18/2022, relativo a medios preparatorios promovidos por los ahora quejosos, en la que se revocó un auto dictado en dicho asunto y se tuvieron por concluidos esos medios prejudiciales. Actos existentes Existencia de los actos reclamados. El juez Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado admitió la existencia del acto reclamado. Se cita por su aplicación, la jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917812, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Además, debe acotarse que la existencia de la resolución reclamada, se corrobora con las copias certificadas de las actuaciones del expediente de origen, remitidas por el propio juez responsable, las cuales constan en dos tomos de pruebas, que obran por separado, a las cuales, de conformidad con lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se les otorga pleno valor probatorio, toda vez que fueron expedidas por servidor público en el ejercicio de sus funciones. Es aplicable al caso, la tesis sustentada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 150, Tomo CXXXV, Tercera Parte, Materia Común, Sexta Época, Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 264931, bajo el rubro y contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. LO SON LOS OFICIOS PROVENIENTES DE AUTORIDAD RESPONSABLE. Los oficios son documentos públicos que hacen prueba plena de su contenido, hasta en tanto no se demuestre su falsedad. No es correcto el argumento de que un oficio carece de valor pleno, por el solo hecho de que la autoridad que lo giró es parte en el juicio de amparo, pues esa circunstancia no lo priva de su carácter de documento público. La adopción del criterio contrario, conduciría al absurdo de considerar que todos los documentos públicos expedidos por las responsables y presentados por ellas en los juicios de amparo, carecen de validez por el sólo hecho de provenir de parte interesada, quedando tales autoridades en un completo estado de indefensión, pues es lógico que para justificar sus actos, se remitan fundamentalmente a las constancias que obren en los expedientes relativos, y en las cuales apoyan los actos reclamados, no obstante que las mismas hayan emanado de las propias autoridades responsables, lo que, por otra parte, es normal". Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo, es pertinente aclarar que el análisis de las causales de improcedencia es cuestión preferente y de orden público como se establece en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora, las partes no hicieron valer causa de improcedencia alguna y este juzgador no advierte de oficio se actualice alguna, por lo que, lo conducente es proceder al estudio del fondo de la materia, en relación con la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que se reclama. Conceptos de violación Innecesaria su transcripción. Lo constituyen todos aquellos argumentos que aparecen en el escrito de demanda y no sólo en el capítulo respectivo, por medio de los cuales se expresan los agravios o lesiones que causa el acto reclamado o acto recurrido, así como los motivos que lo originaron; es decir, lo que jurisprudencialmente el máximo tribunal de la Nación ha definido como "causa de pedir"; de lo cual resulta innecesaria realizar su transcripción literal, ya que la ley que rige el juicio de amparo no obliga al juzgador a realizarlo así; sin que tal circunstancia se traduzca en una violación a los principios de congruencia y exhaustividad, que rigen las sentencias de amparo, cuenta habida que dichos principios se satisfacen al realizar un estudio completo y exhaustivo de la controversia que se plantea por las partes, quienes además están en aptitud de impugnar lo que se determina en sentencia. Es de puntual aplicación la tesis jurisprudencial 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Estudio de fondo Como parte de las consideraciones de esta sentencia y para una mejor comprensión de lo que aquí se resuelve, se estima pertinente destacar algunos antecedentes que interesan para la emisión de esta resolución, en relación con el reclamo constitucional, lo que se efectúa con base en las copias certificadas relativas a las actuaciones del expediente de origen, que fueron remitidas por el juez responsable, y que fueron valoradas con antelación, de las que se desprende lo siguiente: 15.1. Por escrito presentado el veintidós de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, German Ruiz Santacruz y Beatriz del Carmen Cadena, promovieron medios preparatorios para rendición de documentos y cuentas respecto al contrato de asociación en participación, contra o a cargo del ahora tercero interesado Jesús Ignacio Contreras Domínguez. Lo anterior, con la intención de iniciar un juicio oral mercantil, en ejercicio de la acción de pago de pesos por las ganancias o utilidades, así como en su caso la terminación y liquidación de dicho contrato fojas 1 y 2 a 26 del tomo I de pruebas). 15.2. Ese asunto, se radicó el tres de mayo de dos mil veintitrés, ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, con el número 18/2022, en el cual se ordenó notificar a Jesús Ignacio Contreras Domínguez, requiriéndole para que acudiera ante el órgano judicial para que exhibiera los documentos originales que avalaran la información reseñada por los promoventes en el escrito inicial, así como los originales de diversos recibos y presentara cualquier documento o recibo que hubiese expedido en relación con el contrato de asociación celebrado entre ambas partes o, en su caso, que manifestara la imposibilidad que tuviera para cumplir con lo solicitado; asimismo, se señaló hora y fecha para la recepción de tales constancias e información (fojas 282 a 287 del tomo I de pruebas). 15.3. Luego de diversas actuaciones infructuosas para lograr el emplazamiento del ahora tercero interesado, en proveídos de dieciocho de agosto y dos de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo al autorizado de los promoventes de los medios preparatorios, informando que el futuro demandado acudiría a una audiencia en el Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno, residente en esta ciudad, así como las fechas programadas para la misma (fojas 366 a 369 y 391 a 393 del tomo I de pruebas). 15.4. Con base en tal información, el juez Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, en el auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, comisionó al actuario de su adscripción para que se constituyera en la hora y fecha fijadas para la referida audiencia oral y le notificara la radicación del expediente de origen al ahora tercero interesado. De esa forma, el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, se llevó a cabo la notificación correspondiente a Jesús Ignacio Contreras Domínguez (fojas 396 a 397 del tomo I de pruebas). 15.5. Luego, en acuerdo de tres de octubre de dos mil veintidós, el juez responsable señaló hora y fecha para la comparecencia de Contreras Domínguez, ante el órgano jurisdiccional de los medios preparatorios; asimismo, en ese auto se le apercibió que de no cumplir se le haría efectiva una multa de sesenta unidades de medida y actualización (fojas 401 a 405 del tomo I de pruebas). 15.6. En actuación de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, se hizo constar la incomparecencia del futuro demandado y, por ende, efectivo el apercibimiento decretado (fojas 410 a 413 del tomo I de pruebas). Posteriormente, mediante auto de siete de noviembre de dos mil veintidós, se fijó como nueva fecha para la presentación del notificado, el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, con apercibimiento que de no comparecer se le haría efectivo un arresto por veinticuatro horas (fojas 422 a 425 del tomo I de pruebas). 15.7. Así, de nueva cuenta, en la hora y fecha programadas para tal diligencia -once horas del veinticinco de noviembre de dos mil veintidós-, se hizo constar la incomparecencia de Jesús Ignacio Contreras Domínguez, y se le hizo efectivo el apercibimiento decretado, ordenándose la imposición de un arresto por veinticuatro horas (fojas 435 a 441 del tomo I de pruebas). 15.8. En esa propia diligencia de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, se fijaron las once horas con quince minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, a efecto de que el futuro demandado acudiera personalmente, a presentar la información y documentación requeridas, con apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondría nuevamente multa por la cantidad de nueve mil ochenta y ocho pesos 39/100 moneda nacional y se daría vista al Ministerio Público para la investigación correspondiente. 15.9. De esa forma, el dieciséis de diciembre de aquél año, Jesús Ignacio Contreras Domínguez, compareció ante el órgano jurisdiccional y presentó escrito mediante el cual dio contestación a los requerimientos formulados por la parte promovente de los medios preparatorios, manifestando en dicho ocurso, que se encontraba imposibilitado para rendir: La información relativa a las ganancias obtenidas por la venta de cada uno de los lotes -resultado de fraccionar el inmueble materia del contrato base- El importe o cantidad de adeudo por cada uno de los lotes vendidos. Las ganancias que les corresponde a los solicitantes por venta de dichos lotes; y, El importe que se les adeuda por tales ventas. Lo anterior, bajo el argumento de que a la fecha de presentación del escrito y comparecencia del requerido, ante el juez, no se encontraban cuantificadas las pérdidas y utilidades de la sociedad (fojas 473 a 480 y 569 a 575 del tomo I de pruebas). 15.10. En esa propia diligencia de dieciséis de diciembre de ese año, se corrió traslado a la parte accionante de los medios preparatorios y se le dio vista para que dentro de un plazo de tres días, manifestara lo que a su derecho conviniere. Asimismo, en tal actuación se decidió en relación con la orden de arresto que se le había decretado con anterioridad al pretenso demandado. 15.11. En contestación a la vista ordenada, mediante escrito presentado el veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, el autorizado legal de la parte promovente de los medios preparatorios, solicitó al ahora juez responsable, determinara si el futuro demandado había cumplido con los requerimientos formulados en autos (foja 577 a 578 del tomo I de pruebas). 15.12. En relación con la solicitud contenida en ese libelo, el treinta de diciembre de dos mil veintidós, el secretario encargado del despacho del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, dictó acuerdo en el que, en lo que interesa, negó proveer de conformidad lo solicitado por el promovente y ordenó expedir copia certificada de las actuaciones correspondientes. En otro aspecto, en ese propio auto se ordenó girar oficio al comisario General de Policía Preventiva y Tránsito Municipal, para que llevaran a cabo la orden de arresto decretada en contra del pretenso demandado y ahora tercero interesado (fojas 580 a 582 del tomo I de pruebas). 15.13. En contra de esa determinación denegatoria, el autorizado de la parte solicitante de los medios preparatorios, mediante escrito presentado el seis de enero de dos mil veintitrés, presentó recurso de revocación, el cual se tuvo por interpuesto mediante auto de diecisiete de enero de dos mil veintitrés (fojas 591 a 606 y 607 a 608 del tomo I de pruebas). De igual modo, el futuro demandado, Jesús Ignacio Contreras Domínguez, interpuso también recurso de revocación, en torno a la orden de arresto decretada en su contra. 15.14. En relación con ambos medios de impugnación, el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, el juez Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, dictó resolución en la que resolvió sobre los recursos de revocación presentados por los ahora quejosos y tercero interesado; y, en lo que aquí interesa, en relación con los promoventes de los medios preparatorios declaró fundado el recurso de revocación interpuesto, procediendo a modificar el auto recurrido y enseguida dio por concluidos los medios preparatorios de que se trata (fojas 637 a 656 del tomo II de pruebas). Esa resolución, en lo concerniente a la parte solicitante de los medios preparatorios, es la que aquí constituye el reclamo constitucional, pues si bien, el juez responsable declaró fundado el recurso de revocación interpuesto por los ahora quejosos; sin embargo, no determinó en la forma pretendida por éstos, según se advierte de la demanda de amparo. Así, derivado de esa determinación revocada de treinta de diciembre de dos mil veintidós, la parte impetrante reclama la resolución en la que el juzgador tomó la determinación de dictar nuevamente el auto impugnado en revocación y dar por concluidos los medios preparatorios; sin embargo, los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa resultan ineficaces por infundados e inoperantes. Para acreditamiento de tal afirmación, aunque no se transcriben íntegramente los conceptos de violación, no obstante, se procede a continuación a efectuar un resumen de los mismos. 18.1. Los quejosos manifiestan que se violaron en su perjuicio los principios de seguridad jurídica, igualdad procesal, congruencia y exhaustividad procesal, inmersos como derechos humanos en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales, así como en los diversos 1054, 1075, 1077, 1080, 1152 y 1156 del Código de Comercio. 18.2. Inician su disertación, exponiendo que el artículo 1156 de la codificación de la materia, establece que una vez admitidos los medios preparatorios, se fijará hora y fecha para la audiencia en donde el futuro demandado deberá cumplir con su obligación; aluden también a que el Código de Comercio no establece que sucede si el requerido se opone a la exhibición de documentos o manifiesta la imposibilidad para exhibirlos, existiendo pues, dicen, una laguna en la ley. 18.3. Destaca la parte quejosa, el derecho de oposición que tiene el requerido en los medios prejudiciales, para enseguida referir, que es dable acudir al principio de supletoriedad que fija el numeral 1054 de la codificación mercantil, aludiendo a que el numeral 380 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, señala que en caso de oposición para la exhibición o manifestación de impedimento del requerido, contiene reglas para dicho supuesto y, que el juzgador debe decidir, si las causas o manifestaciones expresadas por el futuro demandado son suficientes y apegadas a derecho para liberarlo de la obligación, pues incluso en un trámite incidental el requerido puede exhibir pruebas para acreditar los extremos de imposibilidad para cumplir con la obligación impuesta. 18.4. Propone como alternativa, que se puede ceñir también al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, expresando que en su artículo 204, existe el mismo trámite o procedimiento que contempla el código adjetivo federal, esto es, un procedimiento incidental. 18.5. Menciona que el ahora tercero interesado, Jesús Ignacio Contreras Martínez, no compareció a diversas audiencias previas en donde debía haber exhibido la documentación requerida y rendido cuentas; y, como no lo hizo, ese derecho le precluyó desde la primera vez que no acudió a la audiencia y por ello, el juzgador no debió haber entrado al estudio de la oposición planteada por Contreras Martínez, al haber sido planteado extemporáneamente, teniendo como resultado que el juez liberó al futuro demandado de cargas que debía asumir y no lo hizo. 18.6. Afirma, que por lo anterior, la responsable violó el principio de igualdad al dejar a los aquí quejosos en situación de desventaja ante la posibilidad de que el tercero interesado tuviere diversas oportunidades para justificar u oponerse a la presentación de documentos, no obstante que es un derecho procesal que no se ejerció oportunamente, por lo que había precluído conforme al artículo 1078 del Código de Comercio. 18.7. En su segundo concepto de violación, la parte quejosa, sustenta que la autoridad responsable desatiende la naturaleza, procedimiento y finalidad de los medios preparatorios y, aún más, las cargas probatorias que existen reglamentadas en la ley, dice. 18.8. Al respecto, explica que en el caso no existe un socio o accionistas, sino asociados y aquella persona que se encargue de administrar la asociación es la que está obligada a rendir cuentas (en apoyo cita tesis, con registro 167143, de rubro "ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN. LA OBLIGACIÓN DE RENDIR CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN EN LA. EMANA DE LA LEY. POR LO QUE NO SE ESTÁ SUPEDITADA AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RECIPROCAS ENTRE LAS PARTES" 18.9. Indica, que la causa u origen de los medios preparatorios en trato, es para despejar una duda que es, la cantidad de lotes vendidos, cuantos quedan, etcétera, para así determinar con claridad que cantidad es la que no les ha entregado el requerido y ahora tercero interesado, por concepto de ganancias de las ventas de los inmuebles que ha vendido con motivo del contrato de asociación en participación y de esa forma determinar la cantidad cierta que pueden reclamar en un futuro juicio, así como saber las causas para demandar una posible terminación de contrato. 18.1. Relata, que al momento en que se radicó el expediente de medios preparatorios, la autoridad responsable ordenó requerir a Jesús Ignacio Contreras Martínez, por la información y documentación solicitada por los quejosos, al considerar reunidos los requisitos del artículo 1156 del Código de Comercio y, por ello, le impuso una obligación procesal a la referida persona. 18.11. Expone la definición y diferenciación que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con los conceptos de carga y obligación procesal. 18.12. Con lo anterior, sostiene que al ahora tercero interesado, desde el auto de radicación de los medios preparatorios, se le impuso una obligación procesal; y, por ende, si bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 380 de la codificación supletoria federal y 204 de la norma adjetiva estatal, tenía el derecho de liberarse de la obligación para la que se le requirió, oponiendo el impedimento y ofreciendo pruebas, no exhibió prueba alguna y por ello, el juez con el solo dicho del tercero requerido, en la resolución reclamada tuvo por ciertas las afirmaciones que realizó, afirmando que nadie está obligado a lo imposible. 18.13. Transcribe enseguida, el contenido de la resolución impugnada, en la que resiente afectación respecto de lo expuesto en el punto anterior, para afirmar enseguida, que el juez liberó al ahora tercero interesado Jesús Ignacio Contreras Martínez de probar los hechos en que se basó su oposición. 18.14. Como sustento de lo anterior, invoca los numerales 1194 al 1197 de la codificación mercantil, aduciendo que si el requerido no tenía la documentación en su poder, sino otra persona, conforme a las reglas probatorias de los numerales referidos, al implicar una negación envuelta en una afirmación, debió haber probado esa situación, no obstante el juez no se percató de esa carga y liberó de esa manera a dicha persona violando el principio de seguridad jurídica de los quejosos. 18.15. Razona que la autoridad responsable no fundamenta ni motiva, en relación con la simple afirmación del requerido y tercero interesado respecto de que "no se tiene por cuantificadas las pérdidas y utilidades de la negociación". 18.16. Indica que es así porque el administrador es el obligado a rendir cuentas en la periodicidad que establezca el contrato y la autoridad no atendió lo establecido en los artículos 48, 50, 230 y 259 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 18.17. Controvierte la decisión del juzgador judicial, relativa a que "los medios preparatorios no tienen el alcance de imponer la elaboración de informes o balances, expedir copias o realizar inventarios sobre bienes muebles e inmuebles", aduciendo que precisamente a eso se refiere la fracción IV del numeral 1154 del Código de Comercio al establecer que: "IV. Pidiendo un socio o comunero la presentación de los documentos y cuentas de la sociedad y comunidad, al consocio o condueño que los tenga en su poder" 18.18. indica que con base en los puntos para los que fue requerido el ahora tercero interesado, son cuentas de los lotes vendidos, cuentas de ganancias, de gastos de cuanto se debe de los lotes, conforme a la obligación que le imponen los artículos 48, 50, 230 y 259 de la Ley de Sociedad Mercantiles, así como las disposiciones contractuales que se estipularon en el contrato de asociación en participación, por lo que no se entiende el por qué Jesús Ignacio Contreras Martínez "no está obligado a lo imposible", siendo que rendir cuentas es una obligación legal como contractual y, su presentación es propia y adecuada de los medios preparatorios conforme al artículo 1151 del Código de Comercio. 18.19. Por último, en su tercer concepto de violación, la parte quejosa sostiene que la resolución reclamada al juez responsable, no es congruente ni exhaustiva, ni expone argumentos, ni fundamentos del porqué el requerido en los medios preparatorios se encontraba impedido para rendir la información solicitada. Tales son los argumentos opuestos por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Al respecto, los motivos de disenso se contestan en forma conjunta, sin tratarlos precisamente en el orden propuesto por los peticionarios, ya que parte de los argumentos que oponen, se encuentran estrechamente vinculados, aunado a que así lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo, por lo que se analizarán así los conceptos de violación, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada en virtud de que la ley no impone la obligación de seguir el orden presentado por la parte quejosa en el escrito de demanda. Es aplicable a lo anterior, la tesis (IV Región) 2º. J/5 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, visible en la página 2018, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2011406, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso." Sintetizados los argumentos de la quejosa puede establecerse que se duele de lo siguiente: 1). Que la resolución reclamada adolece de falta de fundamentación y motivación, pues aduce que el juez debió ser más exhaustivo y congruente al emitir su resolución. 2). Que no se aplicó la normatividad supletoria al Código de Comercio, pues la parte impetrante argumenta que en tratándose de medios preparatorios, las leyes adjetivas supletorias (federal y estatal), permiten la apertura de un incidente a fin de que la persona requerida en los medios preparatorios pruebe sus argumentos en relación con los puntos que niegue al contestar lo solicitado y que envuelven una afirmación. 3). Que el juez liberó al requerido y ahora tercero interesado de cargas que debía asumir, pues no obstante que no compareció a diversas audiencias previas en donde debía haber exhibido la documentación requerida y cuentas, lo cual como no hizo, le precluyó ese derecho y por ello, el juzgador no debió haber entrado al estudio de la oposición planteada por el requerido y pretenso demandado. 4). Que la autoridad responsable desatendió la naturaleza, procedimiento y finalidad de los medios preparatorios y aún más las cargas y obligaciones procesales reglamentadas en la ley. En relación con los medios preparatorios, es menester recordar que consisten en diligencias que preparan la acción para promover un juicio, que generalmente son preconstitutivas de pruebas, y que si bien, no forman parte del juicio, sí lo preparan, es decir, son actos prejudiciales. Significando lo anterior, que los medios preparatorios o actos prejudiciales son aquellos que anteceden o preceden a un procedimiento litigioso; esto es, que tienden a asegurar una situación de hecho o de derecho, con anterioridad a la presentación de la demanda y al establecimiento de la relación jurídico procesal, sin que formen parte, por sí mismos, del procedimiento contencioso que, en su caso, se promoverá. La directriz para tal definición la sustentó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia P./J. 50/96, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Septiembre de 1996, página 5, con registro digital 200057, de rubro y texto siguientes: "ACTOS PREPARATORIOS DEL JUICIO O PREJUDICIALES. LAS RESOLUCIONES DICTADAS CON MOTIVO DE ELLOS, SON EMITIDAS FUERA DE JUICIO Y, POR ELLO, IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO. Los actos prejudiciales son aquellos que anteceden o preceden al juicio; esto es, los que tienden a asegurar una situación de hecho o de derecho, con anterioridad a la presentación de la demanda y al establecimiento de la relación jurídico procesal, sin que formen parte, por sí mismos, del procedimiento contencioso que, en su caso, se promoverá; ni su subsistencia o insubsistencia, eficacia o ineficacia, depende de lo que en definitiva se resuelva en el juicio, pues éste constituye un acto futuro y de realización incierta; por tanto, si para los efectos del amparo, el juicio se inicia con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, entonces las resoluciones que se dicten con motivo de los actos preparatorios o prejudiciales, se producen fuera del juicio y en su contra procede el amparo indirecto." De lo anterior se parte, para considerar que es ineficaz por infundada la argumentación relativa a que la resolución emitida por el juez Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, adolece de falta de exhaustividad y congruencia y que adolece de falta de fundamentación y motivación. Es así, pues como se advierte de las actuaciones correspondientes a los medios preparatorios, la resolución reclamada se originó con motivo del escrito presentado el veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, en el que, en lo que interesa, los solicitantes y ahora quejosos le pidieron al órgano jurisdiccional lo siguiente: "Como en la especie, al órgano jurisdiccional es al que le corresponde determinar si, el señor JESÚS IGNACIO CONTRERAS DOMÍNGUEZ, cumplió o no cumplió con los requerimientos ordenados en el auto de radicación; solicito a ese H. Juzgador que, se pronuncie sobre esa circunstancia; y, que, en su caso, se realicen por parte de ese órgano jurisdiccional, todos los actos tendientes para el cumplimiento de los requerimientos ordenados y dirigidos a la precitada persona;". Al respecto, el juzgador responsable atendió con apego a derecho esa petición que inicialmente dio origen al acuerdo de treinta de diciembre de dos mil veintidós, emitido por el secretario encargado de despacho, y que fue objeto de la interposición del recurso de revocación, respecto del cual se emitió la interlocutoria reclamada que se controvierte en la parte relativa a la modificación del acuerdo en mención, con el que se cumplió lo solicitado por los promoventes y se dio por concluido ese procedimiento de medios preparatorios. Es así, que no puede sostenerse que la resolución adolezca de falta de fundamentación y motivación, pues a juicio de este órgano constitucional, la resolución cumple con los requisitos que para la emisión de lo determinado exigen los artículos 14, 16 y 17 Constitucional. Sobre el particular, es necesario tener en consideración que el artículo 14 Constitucional, en lo que interesa, obliga a las autoridades a que, de manera previa al acto privativo de libertad, propiedad, posesiones o derechos, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados; dichas formalidades deben satisfacer también la diversa exigencia de garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del precepto 16 de la propia Carta Magna y, cubierto lo anterior, por ende, se cumplimenta con lo estatuido en el numeral 17 Constitucional. Así, el objeto del derecho humano de legalidad, establecido en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que interesa, dispone lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causal legal del procedimiento.". Del contenido del precepto constitucional trascrito, deriva que todo acto de autoridad que pretenda incidir válidamente en la esfera jurídica de un gobernado, debe reunir los siguientes requisitos: Ser emitido por autoridad competente; y, Que se encuentre debidamente fundamentado y motivado. Por cuanto hace a la fundamentación y motivación, ésta se cumple en la medida en que el acto de autoridad reúne las siguientes formalidades: Expresa el precepto legal aplicable al caso (fundamentación); Señala las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto (motivación); y, Existe concordancia entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Así, para cumplir con el imperativo constitucional, la autoridad debe expresar con precisión los preceptos legales que apoyan la emisión del acto, las razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración y justificar la adecuación entre los motivos aducidos en el acto de autoridad y las normas aplicadas. La finalidad de dicho dispositivo constitucional estriba en no dejar al gobernado en estado de indefensión, ante el desconocimiento de las disposiciones que facultan a la autoridad para emitir la resolución que le afecta y el carácter con que la emite, pues es evidente que su ausencia equivaldría a privarle de la oportunidad de examinar si la actuación de la autoridad se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo y si es conforme o no a la Constitución Federal o a la ley aplicable al caso particular. Asimismo, tratándose de determinaciones emitidas por autoridades jurisdiccionales -como la que en el caso se reclama-, la fundamentación y motivación se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso particular. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 139/2005 aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, diciembre de 2005, visible en la página 162, cuyo rubro y texto dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Asimismo, se invoca por las razones que la sustentan, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 134, Tomo III, Enero de 1996, tesis I.1o.C. J/1, del rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN. GARANTÍA DE. SE CUMPLE AUN CUANDO LA AUTORIDAD OMITA CITAR LOS PRECEPTOS QUE APOYAN SU DECISIÓN. Si bien el artículo 16 de la Constitución General de la República consagra las garantías de fundamentación y motivación y, por ende, toda resolución debe respetarlas; en materia civil, si los razonamientos hechos en la parte considerativa son jurídicos y resuelven con acierto la controversia, aunque la autoridad omita citar expresamente los preceptos de la ley en que apoya su decisión, si del estudio que se haga se advierte que es jurídicamente correcta, porque sus razonamientos son legales y conducentes para la resolución del caso, debe considerarse debidamente fundada, aunque sea en forma implícita, pues se resuelve conforme a la petición en los agravios, por lo que no puede existir duda respecto de los preceptos supuestamente transgredidos, cuando es el propio promovente quien plantea los supuestos a resolver, por lo que aun cuando no hayan sido explícitamente citados, debe estimarse que sí fueron cabalmente respetados y, en consecuencia, la resolución intrínsecamente fundada." Ahora, la resolución controvertida fue emitida por el juez Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, acotando previamente su competencia para dilucidar el asunto (considerando primero), y con base en los argumentos fundamentos y motivos que sustentó en el considerando "SEXTO", en el cual determinó fundado el recurso de revocación, substancialmente, por las siguientes consideraciones: Una vez efectuada la relatoría de los agravios opuestos por la parte recurrente, el juzgador responsable determinó que era fundado el agravio. Para explicación de tal determinación, en principio, efectuó una definición de la figura relativa a "medios preparatorios", aludiendo para ello a la codificación mercantil, las normas adjetivas supletorias a la materia, y a conceptos definitorios en diccionario razonado de Legislación y Jurisprudencia. Enseguida, aludió a que la parte promovente de los medios preparatorios a juicio, invocó como fundamento de su pretensión el artículo 1151, fracción IV del Código de Comercio. De lo anterior partió el juzgador responsable, para establecer que de la interpretación de esos preceptos (fracción IV del numeral 1151 y 1156, de la codificación mercantil), al encontrarse ajustada la petición de parte promovente, debía ordenarse la notificación personal de aquél contra quien se pidieran los medios preparatorios, estableciendo así, que éstos se rigen por un trámite secuencial que culmina, en su caso, con una declaratoria por parte de la autoridad judicial. Dio la razón a la parte recurrente, en cuanto a considerar que si bien, el artículo 1156 de la codificación mercantil, prevé la forma en que una vez admitidos los medios preparatorios se llevará a cabo el requerimiento de los documentos solicitados por la parte promovente, empero que no se determina cuál será la forma de proceder una vez que presenten tanto la información o documentos solicitados, o en su caso, si la parte requerida manifiesta el impedimento que tenga para hacerlo. Con base en lo anterior, consideró, que el artículo 1054 de la ley de la materia, prevé la posibilidad de acudir a la figura de la supletoriedad, esto, cuando el Código de Comercio, no establezca un procedimiento específico (aludiendo a las codificaciones procesales federal y estatal). No obstante, sustentó el juzgador, que analizadas las leyes supletorias a la mercantil, ninguna establece la forma en que deben darse por concluidos los medios preparatorios a juicio mercantil cuando un socio pide la presentación de documentos y cuentas de la sociedad, al consocio que las tenga en su poder, pero que ello no era razón para que el juzgador no pudiera pronunciarse respecto a la calificación del resultado del procedimiento prejudicial, ya que conforme al artículo 17 Constitucional, el juez tiene el deber de resolver los asuntos sometidos a su jurisdicción, mediante una decisión fundada y motivada. De esa forma razonó como motivación, que en acuerdo de tres de mayo de dos mil veintidós, se admitieron a trámite los medios preparatorios; que se ordenó la notificación personal al futuro demandado y se le requirió para que acudiera al órgano jurisdiccional a presentar los documentos que avalaran la información reseñada por los solicitantes en los incisos a) al q) del escrito inicial, correspondiente al periodo del veintiocho de agosto de dos mil veinte, al veintinueve de abril de dos mil veintidós; asimismo, para que exhibiera los originales de los recibos que se describen en el escrito de medios preparatorios y para que presentara cualquier documento o recibo que hubiera expedido en forma personal o por interpósita persona, en relación con la venta de los lotes que resultaron de fraccionar el predio de 95-40-85.18 hectáreas, o que en su caso, manifestara la imposibilidad que le asistiera para cumplir con lo solicitado, con el apercibimiento correspondiente, notificándosele al pretenso demandado, el veintiuno de septiembre de ese año y que en audiencia de dieciséis de diciembre de la misma anualidad el requerido Jesús Ignacio Contreras Domínguez, exhibió diversos documentos y dio contestación a los requerimientos formulados por la parte promovente de los medios prejudiciales, con lo cual se corrió traslado a ésta y se le dio vista por el plazo de tres días para que manifestara lo que a su interés conviniera; entonces, sustentó el juzgador, lo procedente era analizar las constancias aportadas por las partes y determinar si se cumplió o no con el objeto de las diligencias preparatorias. Con esos razonamientos, procedió enseguida al análisis de las constancias aportadas por las partes, acotando que para tal ejercicio, no constituía un obstáculo que la parte promovente de los medios preparatorios no desahogara la vista concedida el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, puesto que como lo señalaba el propio recurrente, no existe disposición normativa alguna que prevenga que ante la omisión de la parte interesada en realizar manifestaciones en torno a estimar si estaba o no cumplido el requerimiento formulado por la parte contraria, se debía declarar concluido el procedimiento prejudicial. En esa medida, el juez consideró procedente revocar en la parte conducente, el auto impugnado de treinta de diciembre de dos mil veintidós y emitir uno nuevo, al tenor siguiente: ... "Por tanto, en reparación al agravio, lo procedente es revocar - en la parte conducente - el auto impugnado y emitir uno nuevo bajo los lineamientos siguientes: ...Auto. Hermosillo, Sonora, treinta de diciembre de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por Oscar Martín Burrola Morales, autorizado de la parte promovente, mediante el cual hace diversas manifestaciones y solicita copias certificadas, de todas las actuaciones que integran el presente juicio. Ahora bien, el citado profesionista solicita que este órgano jurisdiccional determine si se cumplieron por parte del futuro demandado, así como por el Comisario de la Policía Municipal con los requerimientos ordenados en los autos del presente asunto. Sobre el particular, del estado que guardan los autos, se advierte que German Ruíz Santacruz y Beatriz del Carmen Cadena Martínez, por su propio derecho promovieron medios preparatorios para rendición de documentos y cuentas respecto del contrato de asociación en participación, solicitados a Jesús Ignacio Contreras Domínguez, consistentes en los originales de los documentos que avalen la información que se reseña en el escrito presentado el veintinueve de abril de dos mil veintidós, a saber: (...) A) El número total de lotes que resultaron de fraccionar el inmueble descrito en la declaración I inciso b) del contrato base; B) El número de calles que se realizaron o resultaron una vez que se fraccionó el inmueble descrito en la declaración I inciso b) del contrato base; C) El número lotes que ha vendido de aquellos que resultaron de fraccionar el inmueble descrito en la declaración I inciso b) del contrato base; D) El importe o precio total que se pactó como precio de venta en los contratos respectivos, por cada uno de los lotes que ha vendido y, que son aquellos que resultaron de fraccionar el inmueble descrito en la declaración I inciso b) del contrato base; así como que detalle, si cada una de esas ventas se pactó sería al contado o en parcialidades; E) Las ganancias que, ha obtenido por la venta de cada uno de los lotes que ha vendido y, que son aquellos que resultaron de fraccionar el inmueble descrito en la declaración I inciso b) del contrato base; F) El importe o cantidad que, le adeudan por cada uno de los lotes que ha vendido y, que resultaron de fraccionar el inmueble descrito en la declaración I inciso b) del contrato base; G) Las ganancias que nos corresponden a los suscritos, por la venta de cada uno de los lotes que ha vendido y que resultaron de fraccionar el inmueble descrito en la declaración I inciso b) del contrato base; H) El importe que se nos adeuda a los suscritos, por la venta de cada uno de los lotes que ha vendido y, que resultaron de fraccionar el inmueble descrito en la declaración I inciso b) del contrato base; I) Las gestiones de cobranzas que, ha venido realizando respecto aquellas personas que adquirieron mediante compraventa los lotes que resultaron de fraccionar el inmueble descrito en la declaración I inciso b) del contrato base, y que ha incumplido en los pagos correspondiente [sic]; J) El nombre, direcciones y demás datos personales de cada una de las personas que, ha comprado cada uno de los lotes que ha vendido y que resultaron de fraccionar el inmueble descrito en la declaración I inciso b del contrato base; K) Los permisos que ha solicitado de las autoridades correspondientes, para la debida administración y funcionamiento del fraccionamiento que resultó del inmueble descrito en la declaración I inciso b) del contrato base; L) Los permisos que le han otorgado a las autoridades correspondientes, para la debida administración y funcionamiento del fraccionamiento que resultó del inmueble descrito en la declaración I inciso b) del contrato base; M) Las mejoras totales que se le han realizado al predio descrito en la declaración I inciso b) del contrato base; N) El nombre de las personas físicas o morales que se encuentran a cargo de la venta o comercialización de los lotes que resultaron de fraccionar el inmueble descrito en la declaración I inciso b) del contrato base; O) las políticas de venta que se están utilizando para comercializar los lotes que resultaron de fraccionar el inmueble descrito en la declaración I inciso b) del contrato base; P) El número de lotes que faltan de vender respecto aquellos que, resultaron de fraccionar el inmueble descrito en la declaración I inciso b) del contrato base; Q) El nombre de las personas físicas o morales que, se encuentran a cargo de la seguridad para el ingreso al fraccionamiento que, se realizó en el inmueble descrito en la declaración I inciso b) del contrato base; Asimismo, para que exhibiera los originales de los recibos que se describen en la foja 10 a la 20 (diez a la veinte), del escrito de demanda y presentara cualquier documento o recibo que expedido de forma personal o por interpósita persona, que amparen la venta de los lotes que resultaron de fraccionar el predio 95-40-85.18 has. Luego, en proveído de tres de mayo de dos mil veintidós, por el que se admitieron los medios preparatorios, con fundamento en el artículo 1156 del Código de Comercio, se requirió a Jesús Ignacio Contreras Domínguez, para que acudiera a este órgano jurisdiccional y presentara los documentos reseñados en los incisos A) a la Q), antes descritos, correspondientes al periodo de veintiocho de agosto de dos mil veinte al veintinueve de abril del año en curso (hasta la presentación de la demanda). De igual forma, se le requirió para que exhibiera los originales de los aludidos recibos y para que presentara cualquier documento o recibo que hubiera expedido de forma personal o por interpósita persona que amparase la venta de los lotes que resultaron de fraccionar el predio 95-40-85.18 has. o en su caso, manifestara la imposibilidad que le asistiere para cumplir con lo solicitado; bajo el apercibimiento, que de no hacerlo así, se impondría una multa de sesenta unidades de medida de actualización. Así, en audiencia de exhibición de documentos de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, Jesús Ignacio Contreras Domínguez, presentó un escrito en el cual, encumplimiento [sic] al requerimiento que le fue formulado, manifestó lo siguiente: A).- Del inciso correlativo se contesta, hago del conocimiento que el número de total de lotes que resultaron de fraccionar el inmueble de referencia, son un total de 3,295 lotes, efecto para lo cual, acompaño al presente escrito, como anexo #1, el plano de subdivisión que ampara dicha información. B).- Del inciso correlativo que se contesta, tal y como se desprende del referido plano de subdivisión del predio materia de la negociación mercantil que acompaño a la presente instancia como anexo #1, se trazaron 43 vialidades y/o calles. C).- Del inciso correlativo que se contesta, manifiesto que el número de lotes que se han vendido de aquellos que resultaron de fraccionar el inmueble de referencia, asciende a un total de 513 lotes vendidos. D).- En cuanto al punto correlativo que se contesta, hago del conocimiento a su señoría, que al ser una sociedad carente de toda formalidad, nunca se estableció un precio fijo para la venta de los lotes campestres, acordando los socios, que el importe de venta para cada lote oscilaría entre $60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) y $100.000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.), en lo cual influyen varios factores, como lo son entre otros, la superficie de los lotes, si estos se encuentran en esquina, así como la cantidad de lotes que compre cada cliente, es decir, no se establecía el mismo precio para una persona que comprara un lote a una que comprara dos o más, así como también si la venta fue a crédito o contado, lo cual se puede apreciar de los propios recibos que el señor GERMÁN RUIZ SANTACRUZ, acompaña al presente procedimiento, a los cuales hago remisión e inclusive doy por reproducidos en el presente apartado como si a la letra se insertaran. E).- En cuando al inciso correlativo que se contesta, una vez más, manifiesto a su señoría que me es imposible rendir la información por la cual se me requiere, ello en virtud de que -como ya se lo he mencionado- a la fecha no se encuentran cuantificadas las pérdidas y utilidades de la negociación mercantil, toda vez que, tal y como lo dispone el artículo 19 de la Ley de Sociedades Mercantiles, dicha distribución y cuantificación SOLO PODRÁ HACERSE DESPUÉS DE QUE HAYAN SIDO DEBIDIAMENTE [sic] APROBADOS POR LA ASAMBLEA DE SOCIOS O ACCIONISTAS LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE LAS ARROJEN, mismo que me permito transcribir para una mayor ilustración: ... F).- En cuanto al punto correlativo que se contesta, y haciendo referencia a lo contestado en el inciso anterior, me es imposible rendir la información por la cual se me requiere, ello en virtud de que -ya lo he mencionado- a la fecha no se encuentran cuantificadas las pérdidas y utilidades de la negociación mercantil, así mismo, tal y como reza el referido arábigo 19 de la Ley de Sociedades Mercantiles, cualquier estipulación que se realice por parre del suscrito sin antes haberse aprobado la asamblea de socios que arroje la información requerida, NO PRODUCIRÁ EFECTO LEGAL ALGUNO, es por eso que me resulta jurídicamente imposible cumplir con dicha información, porque es otra y no ésta la vía para lograr el fin por el cual se me requiere (sic). G).- En cuanto al inciso correlativo que se contesta, una vez más, manifiesto a su señoría que me es imposible rendir la información por la cual se me requiere, ello en virtud de que -como ya le he mencionado- a la fecha no se encuentran cuantificadas las pérdidas y utilidades de la negociación mercantil, toda vez que, tal y como dispone el artículo 19 de la Ley de Sociedades Mercantiles, dicha distribución y cuantificación SOLO PODRÁ HACERSE DESPUÉS DE QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LA ASAMBLEA DE SOCIOS O ACCIONISTAS LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE LAS ARROJEN, mismo que me permito transcribir para una mayor ilustración: ... H).- En cuanto al inciso correlativo que se contesta, una vez más, manifiesto a su señoría que me es imposible rendir la información por la cual se me requiere, ello en virtud de que -como ya lo he mencionado- a la fecha no se encuentran cuantificadas las pérdidas y utilidades de la negociación mercantil, toda vez que, tal y como dispone el artículo 19 de la Ley de Sociedades Mercantiles, dicha distribución y cuantificación SOLO PODRÁ HACERSE DESPUÉS DE QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LA ASAMBLEA DE SOCIOS O ACCIONISTAS LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE LAS ARROJEN. I).- En cuanto al punto correlativo que se contesta, hago del conocimiento a su señoría, que el cobro que se realiza para las personas que incumplen en los pagos correspondientes es sistemáticamente el mismo, esto es, se pone una lista de clientes morosos en la entrada del campestre para efectos de que pasen a pagar a la oficina correspondiente, apercibidos que de no hacerlo se dejará sin efecto legal el contrato de compraventa que se encuentre sujeto a esa condición. No obstante a lo anterior, hago del conocimiento a su señoría, que debido a los problemas surgidos entre los promoventes y el suscrito, los pagos y sobre todo las ventas del proyecto de referencia han ido de mal en peor, esto debido a que el propio señor GERMÁN RUIZ SANTACRUZ, a la fecha me ha despojado de una fracción del terreno que aportó en sociedad al suscrito, lo cual se desprende del número único de caso SON/HER/FGE/2021/050/52478 misma que, de resultar necesaria, solicito se requiera vía informe de autoridad la Agente del Ministerio Público Investigador de la Comisaría Miguel Alemán, para efectos de que sirva a remitir copla certificada de todas las actuaciones llevadas en dicha causa; así pues, al percatarse los clientes de dicha problemática, han optado por suspender cualquier tipo de pago hasta en tanto no se tenga certeza de la situación legal que atraviesa dicha sociedad. J).- En cuanto al punto correlativo que se contesta, manifiesto que los datos con los cuales se cuentan de las personas que han comprado los lotes de terreno, son los que obran en los recibos exhibidos por los prmomoventes [sic] en su escrito inicial, al cual hago referencia e incluso doy por reproducido como si a la letra se insertara en obvio de repeticiones innecesarias. K).- En cuanto al inciso correlativo que se contesta, hago del conocimiento a su señoría, que a la fecha no se ha logrado solicitar permiso alguno por parte de las autoridades para la debida administración y funcionamiento de la fracción materia de la sociedad, ello en virtud de que los promoventes NO HAN PODIDO ACREDITAR LA PROPIEDAD DE LA FRACCIÓN DEL TERRENO APORTADO A LA SOCIEDAD, básicamente por el hecho de que los señores GERMÁN RUIZ SANTACRUZ y BEATRIZ DEL CARMEN CADENA MARTÍNEZ, únicamente detentan la posesión de dicha fracción de terreno, efecto para lo cual, me permito acompañar como anexo #2, el Boletín Oficial No. 38 Secc. III de fecha 12 de mayo de 2022, a través del cual el H. Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, Sonora, implementó el plan de regularización de Proyectos Campestres, en el cual, en su página 47, específicamente en el artículo 11, impone como requisito para el inicio del procedimiento de regularización ante Sindicatura Municipal, acreditar LA PROPIEDAD DEL PREDIO QUE SE PRETENDE REGULARIZAR, por lo que, al no contar con dicho requisito me ha sido material y jurídicamente imposible obtener permiso alguno. L).- El inciso correlativo que se contesta, al igual que en el punto inmediato anterior, hago del conocimiento a su señoría, que a la fecha no se ha logrado obtener permiso alguno por parte de las autoridades para la debida administración y funcionamiento de la fracción materia de la sociedad, ello en virtud de que los promoventes NO HAN PODIDO ACREDITAR LA PROPIEDAD DE LA FRACCIÓN DE TERRENO APORTADO A LA SOCIEDAD, básicamente, por el hecho de que los señores GERMÁN RUIZ SANTACRUZ y BEATRIZ DEL CARMEN CADENA MARTÍNEZ, únicamente detentan la posesión de dicha fracción de terreno, efecto para lo cual, me permito acompañar como anexo #2, el Boletín Oficial No. 38 Secc. III de fecha 12 de mayo de 2022, a través del cual el H. Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, Sonora, implementó el plan de regularización de Proyectos Campestres, en el cual, en su página 47, específicamente en el artículo 11, impone como requisito para el inicio del procedimiento de regularización ante Sindicatura Municipal, acreditar LA PROPIEDAD DEL PREDIO QUE SE PRETENDE REGULARIZAR, por lo que, al no contar con dicho requisito me ha sido material y jurídicamente imposible obtener permiso alguno. M).- En el punto correlativo que se contesta, hago del conocimiento a su señoría, que a la fecha -como ya lo mencioné- se ha realizado el trazado de 43 vialidades, 1 caseta de vigilancia y un área común con alberca que actualmente se encuentra en proceso de construcción, esto último debido a que, como ya he hecho referencia, a raíz de las diferencias que actualmente se ventilan en la sociedad, las personas que han comprado lotes de terreno han optado por suspender pagos y/o abonos de terrenos hasta en tanto no se resuelva la misma, así como también, dicho facto ha influido para entorpecer la venta de nuevos lotes. N).- En el punto correlativo que se contesta, hago del conocimiento a su señoría, que debido a la situación que atraviesa la sociedad con los promoventes, estos últimos se llevaron a los que en su momento eran los vendedores del proyecto de referencia, puesto que ellos eran familiares y amigos de los señores GERMÁN RUIZ SANTACRUZ y BEATRIZ DEL CARMEN CADENA MARTÍNEZ, entre ellos se encontraba su hija DENNISE RUIZ CADENA, su nuera LIZBETH MARIEL GUTIÉRREZ RAMÓN, LUZ RUIZ, entre otros que, ante lo informal de la sociedad, se les facultaba -por parte de los promoventes- para que promocionaran la venta de dichos lotes. O).- En cuanto al punto correlativo que se contesta, hago del conocimiento a su señoría que entre GERMÁN RUIZ SANTACRUZ y BEATRIZ DEL CARMEN CADENA MARTÍNEZ y el suscrito, nunca y bajo ninguna circunstancia establecimos política de venta alguna para la negociación mercantil que establecimos. P).- En cuanto al punto correlativo que se contesta, hago del conocimiento a su señoría, que los lotes que faltan de vender sobre la fracción materia de la sociedad, asciende a un total de 2,782 lotes. Q).- En cuanto al inciso correlativo que se contesta, hago conocimiento a su señoría que las personas que se encuentra [sic] a cargo de la vigilancia para el acceso a la fracción materia de la sociedad, lo son los C.C. CARLOS ALBERTO QUEZADA FERNÁNDEZ y OCTAVIO MONTOYA (sic). Además, bajo protesta de decir verdad, manifestó que no cuenta con los recibos originales descritos a fojas de la 10 a la 20 del escrito inicial, ya que se extraviaron en un cambio de domicilio; sin embargo, reconoció la autenticidad de los exhibidos por su contraria. De igual forma, presentó diversos documentos que denominó el reparto de utilidades entregado a GERMÁN RUIZ SANTACRUZ, por las cantidades que amparan dichos recibos, utilidades que refiere fueron determinadas de común acuerdo con los promoventes y que equivalen al cincuenta por ciento (50%) de los importes recibidos, según lo pactado en el contrato se asociación en participación celebrado el veintiocho de julio de dos mil veinte. Asimismo, exhibió las constancias consistentes en plano de la subdivisión del terreno objeto del contrato base; treinta recibos por diversas cantidades, relativos al reparto de utilidades correspondiente al periodo de agosto de dos mil veinte a septiembre de dos mil veintiuno y un ejemplar del Boletín Oficial del Estado publicado el doce de mayo de dos mil veintidós. En ese sentido, en virtud de que el requerido proporcionó parte de la información solicitada y manifestó el impedimento que le asiste para no allegar la que no tiene en su poder, aunado a que la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo 1151 del Código de Comercio, establece una simple presentación de documentos e información que se encuentre en poder del requerido, por lo que este juzgado no se encuentra en aptitud legal de obligar por la exhibición de documentación e información que no obra en poder de la persona de quien se solicitaron los medios preparatorios. Ello, debido a que el requerido afirmó que a la fecha no se encuentran cuantificadas las pérdidas y utilidades de la negociación; que no se ha logrado solicitar y obtener ningún permiso ante las autoridades correspondientes, dado que tampoco se ha iniciado el procedimiento de regularización del inmueble materia del contrato de asociación en participación, y; que no se establecieron por los contratantes políticas de venta para los lotes del campestre y los medios preparatorios no tienen el alcance de imponer a la elaboración de informes o balances, expedir copias o realizar inventarios sobre bienes muebles e inmuebles, incluso entregar cualquier documento propio de la negociación, ya que, se reitera, la invocada fracción IV del artículo 1151 del Código de Comercio, solo tiene como objeto la exhibición de documentos y cuentas en poder de un socio. Lo anterior, sumado a la máxima jurídica que rige que nadie está obligado a lo imposible. En consecuencia, toda vez que se llevó a cabo objetivo de los presentes medios preparatorios; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1152 y 1156 del Código de Comercio, se tienen por concluidos los presentes medios preparatorios a juicio." ... De lo expuesto se advierte que el juez responsable citó los fundamentos en lo concerniente a su competencia y, en torno a la determinación asumida, se desprende que previamente a decretar fundada la revocación planteada, sustentó su decisión en el numeral 1334 del Código de Comercio y con base en el correcto análisis que realizó respecto a las actuaciones del procedimiento prejudicial, lo que de suyo constituye una legal y correcta fundamentación y motivación previa a emitir el auto que determinó modificar. Ahora, en relación con el auto revocado de treinta de diciembre de dos mil veintidós, y que la quejosa afirma le causa perjuicio, este juzgador afirma que contiene los fundamentos y motivos necesarios y suficientes para la emisión de tal determinación en la forma que hizo el juez responsable, dado que dio cuenta con el escrito del solicitante y con el estado procesal de los autos, efectuó una relatoría respecto del objeto de los medios indicando los puntos que el requerido y pretenso demandado debía satisfacer, para luego analizar uno a uno cada punto de información o documentación requerida que los solicitantes de los medios preparatorios exigieron, explicando la postura que al respecto asumió el futuro pasivo, con lo cual emitió su determinación contestatoria al escrito que dio origen al auto de treinta de diciembre pasado, en la forma siguiente: ". En ese sentido, en virtud de que el requerido proporcionó parte de la información solicitada y manifestó el impedimento que le asiste para no allegar la que no tiene en su poder, aunado a que la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo 1151 del Código de Comercio, establece una simple presentación de documentos e información que se encuentre en poder del requerido, por lo que este juzgado no se encuentra en aptitud legal de obligar por la exhibición de documentación e información que no obra en poder de la persona de quien se solicitaron los medios preparatorios. Ello, debido a que el requerido afirmó que a la fecha no se encuentran cuantificadas las pérdidas y utilidades de la negociación; que no se ha logrado solicitar y obtener ningún permiso ante las autoridades correspondientes, dado que tampoco se ha iniciado el procedimiento de regularización del inmueble materia del contrato de asociación en participación, y; que no se establecieron por los contratantes políticas de venta para los lotes del campestre y los medios preparatorios no tienen el alcance de imponer a la elaboración de informes o balances, expedir copias o realizar inventarios sobre bienes muebles e inmuebles, incluso entregar cualquier documento propio de la negociación, ya que, se reitera, la invocada fracción IV del artículo 1151 del Código de Comercio, solo tiene como objeto la exhibición de documentos y cuentas en poder de un socio. Lo anterior, sumado a la máxima jurídica que rige que nadie está obligado a lo imposible. En consecuencia, toda vez que se llevó a cabo objetivo de los presentes medios preparatorios; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1152 y 1156 del Código de Comercio, se tienen por concluidos los presentes medios preparatorios a juicio." Lo expuesto denota que, contrario a lo afirmado por la parte quejosa, la resolución reclamada si se encuentra fundada y motivada adecuadamente. Por otra parte, en relación con los argumentos de los quejosos, relativos a que no se aplicó la normatividad supletoria al Código de Comercio, aduciendo que en tratándose de medios preparatorios, las leyes adjetivas supletorias (federal y estatal), permiten la apertura de un incidente a fin de que la persona requerida en los medios prejudiciales pruebe sus argumentos en relación con los puntos que niegue al contestar lo solicitado y que envuelven una afirmación, tales alegaciones resultan ineficaces por inoperantes. Es así, pues la admisión y trámite de los medios preparatorios de que se trata, se efectuó con base en los artículos 151, fracción IV, 152, 156 y 163, del Código de Comercio y a ello se constriñó el juzgador, sin que en el escrito inicial de medios preparatorios, ni en el diverso libelo origen del auto impugnado, la parte solicitante haya pedido al órgano la apertura de un incidente a fin de que el requerido pudiera exhibir la documentación que la parte promovente de dichos medios prejudiciales pretendía fuera exhibida, amén de que tampoco existe precepto alguno en la codificación de la materia mercantil, ni en la supletoria, que faculte al juzgador a mutuo proprio aperturar incidencias para ir más allá de lo que las partes le piden en tratándose de procedimientos de la naturaleza como el que ocupó al responsable (medios preparatorios), pues son procedimientos en los cuales la parte solicitante fija los puntos o cuestiones que pretende queden preparados para entablar un litigio en contra de un futuro demandado; por ende, cualquier viscisitud u omisión que se suscite, la accionante queda compelida a instar al juzgador para que actúe con base en la pretensión que se persiga. Así las cosas, los artículos 1151 fracción IV, 1152 y 1156, son fundamentos adecuados en los cuales el juez responsable sustentó su resolución. Dichos numerales son del tenor literal siguiente: "Artículo 1151.- El juicio podrá prepararse: I.- . IV.- Pidiendo un socio o comunero la presentación de los documentos y cuentas de la sociedad y comunidad, al consocio o condueño que los tenga en su poder." "Artículo 1152.- Al pedirse la diligencia preparatoria debe expresarse el motivo porque se solicita y el litigio que se trata de seguir o que se teme." "Artículo 1156.- Las diligencias preparatorias a que se refiere la fracción III del artículo 1151, de encontrarse ajustada la petición del promovente, así como acreditada su calidad de socio o condueño, se admitirán de plano, y se ordenará, mediante notificación personal a aquel contra quien se pide, que exhiba los documentos y cuentas de la sociedad o comunidad, en el día y hora que al efecto se señale, para que se reciban por el tribunal, con el apercibimiento que de no realizarlo se le aplicará alguna de las medidas de apremio que autoriza la ley." De las porciones normativas transcritas se advierte que a través del medio prejudicial se prepara el juicio; y, en tratándose de un contrato (de asociación en el caso), se pedirá al socio los documentos y cuentas de la sociedad al consocio o condueños que los tenga en su poder; asimismo, el diverso numeral 1156, faculta al juez para ordenar mediante notificación personal que aquél contra quien se pide el medio preparatorio, exhiba los documentos y cuentas de la sociedad, con apercibimiento que de no realizarlo se le aplicarán medidas de apremio. Ahora, si bien es cierto que el pretenso demandado debe cumplir con la exigencia que la parte solicitante plantea por conducto del órgano jurisdiccional, no menos cierto es que, como acertadamente afirmó el juez, al citar la máxima jurídica, "nadie está obligado a lo imposible", lo cual se sostiene en el caso, en razón de que no fue una negativa la que el requerido opuso para cumplir con la totalidad de los puntos que se le pidieron, sino fue una razón expuesta ante el órgano, por la cual no podía dar cumplimiento total a lo solicitado, sin que el solicitante de los medios se pronunciara en relación con tal evento en la comparecencia del requerido ni dentro de los tres días, que le otorgó el juzgador para que lo hiciera; de modo que si la parte promovente de medios, no pidió al juez la apertura de un incidente para recabar las pruebas con las que se acreditara lo dicho por el pretenso demandado, hacerlo en esta vía resulta inoperante, pues tal aspecto no fue puesto a consideración del juzgador de origen. En esa virtud, es oportuno acotar que el juzgador no tiene atribuciones para exigir a la parte requerida en medios preparatorios que pruebe alguna manifestación que pudiera traducirse en oposición, como en el caso, en el que el ahora tercero interesado hizo manifiestas las razones por las cuales no le era dable cumplir con algunos de los requerimientos exigidos; de ahí, que fue correcto lo argumentado por el juez Segundo de Distrito en el Estado, al acotar que ".no se encuentra en aptitud legal de obligar por la exhibición de documentación e información que no obra en poder de la persona de quien se solicitaron los medios preparatorios". En esa medida, también resulta ineficaz lo aducido por los peticionarios, en el sentido de que el juez liberó al requerido y ahora tercero interesado, de cargas que debía asumir, argumentando al respecto la parte quejosa que no obstante que el notificado no se presentó a diversas audiencias en las que debía haber exhibido la documentación que se le pidió y rendido cuentas, ese derecho le precluyó y no obstante el juez entró al estudio de la oposición planteada por la referida persona. Ciertamente, resulta ineficaz dicha argumentación pues no se observa que tal afirmación y planteamiento lo haya efectuado ante el juzgador responsable, más aún que el auto del que emerge el reclamo, fue emitido con motivo de la solicitud que planteó la quejosa, sin que se advierta que en dicha petición hiciera la observación que aquí pretende sea analizada, por lo que el juez se concretó correctamente a dar respuesta a tal petición. Ahora, con independencia de lo anterior, el juzgador correctamente ponderó las respuestas dadas y documentos exhibidos por el requerido y futuro demandado, pues a ello le obligaba la solicitud que se le hizo en el escrito de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, en el que la parte promovente del medio prejudicial, pidió que se pronunciara en torno al cumplimiento o no, de lo ordenado en el auto de radicación; de ahí, que debía sopesar, como lo hizo, cada uno de los planteamientos efectuados en el escrito inicial y contrastarlos con las respuestas dadas en la comparecencia del ahora tercero interesado. En medida de lo expuesto, contrario a lo sostenido en la disertación de la parte quejosa, el juez atendió la naturaleza y finalidad de los medios preparatorios y dio por concluido tal procedimiento, pues la carga procesal a que obligó al pretenso demandado fue cumplimentada. Con base en lo expuesto, no se advierte que exista violación a derechos humanos y/o constitucionales en la resolución reclamada, por tanto, lo conducente será negar el amparo y protección de la justicia federal a los quejosos. VII. Decisión Desde esa perspectiva, al haber resultado ineficaces por infundados e inoperantes los argumentos contenidos en los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa contra el acto combatido, sin que se demostrara, ni se advierta transgresión a los derechos fundamentales de audiencia, legalidad, seguridad jurídica, fundamentación y motivación, previstos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 constitucionales, ni se advierta que los numerales legales aplicados contravengan algún derecho humano reconocido en la constitución, en los tratados y convenciones internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, ni que se surta alguna de las hipótesis previstas en el numeral 79 de la Ley de Amparo, en cuya virtud deba suplirse la queja deficiente a su favor, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal que se demanda. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e : Único. Se niega el amparo y protección de la Justicia Federal, solicitado por Germán Ruiz Santacruz y Beatriz del Carmen Cadena Martínez, en contra del acto y autoridad que precisados quedaron en el considerando II, por los fundamentos y motivos que se indican en el diverso apartado VI de esta sentencia. Notifíquese personalmente y por oficio a las autoridades responsables Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante el secretario de Juzgado Santiago Flores Cota, con quien actúa, que autoriza y da fe, terminando de engrosarse la resolución hasta hoy, once de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permiten las labores del Juzgado Doy Fe.
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