German René Uicab Moreno
Expediente 702/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 702/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- German René Uicab Moreno
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del auto de dieciocho de mayo del año en curso, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por lo tanto, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de la Materia, se declara que aquella resolución ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. (...) Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso Antonino Almazán Arteaga, mediante el cual amplía su demanda por una nueva autoridad responsable y un nuevo acto reclamado; que lo es el Registrador Integral adscrito a la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede en Ciudad de México, exhibido tres copias y un anexo. En tal virtud, se admite la ampliación de la demanda de amparo respecto a la nueva autoridad responsable y acto reclamado a la misma; lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 107, 108, 111, 115 y 117 de la Ley de Amparo y la tesis jurisprudencial emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por similitud de razón, número P./J. 15/2003, visible en la página 12, Tomo XVIII, julio de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señala: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, con copia simple del escrito de ampliación, pídase el informe justificado al Registrador Integral adscrito a la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede en Ciudad de México, quien deberá rendirlo en relación con el acto que se les reclama, y dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita; asimismo, en el término señalado, deberá acompañar la totalidad de las constancias que estime pertinentes, para apoyar su informe, o las que sean necesarias para probar las manifestaciones que se viertan en el mismo; apercibida que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumirá cierto el acto reclamado y con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la citada ley, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado de este acuerdo. De conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo se previene a las autoridades responsables a efecto de que de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento o improcedencia, lo hagan del conocimiento de este Órgano de Control Constitucional y de ser posible exhiban las constancias que así lo acrediten, con el apercibimiento que no acatar lo anterior, con fundamento en el artículo 251 del invocado ordenamiento legal, se les impondrá una multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado de este acuerdo. Con apoyo en el numeral 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que informe a este Juzgado si tiene conocimiento que la parte quejosa ha promovido otra demanda de amparo contra los actos que se les reclama en este juicio. Con copia de la demanda de amparo y del presente acuerdo con la correspondiente evidencia criptográfica, dese a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, la intervención que legalmente le corresponde, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 110 de la Ley de Amparo; lo anterior a través del correo institucional para su conocimiento y efectos legales conducentes. Asimismo, se le informa que la audiencia constitucional está señalada para las once horas con cincuenta y seis minutos del treinta de mayo de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el secretario licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes con los escritos remitidos electrónicamente por Directora de Asuntos Contenciosos del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, como órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales IDAABIN autoridad responsable en el presente juicio, mediante el cual realiza diversas manifestaciones; por tanto, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las diversas manifestaciones que a manera de alegatos realiza el ocursante, mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Por otra parte, en relación a su solicitud de que en términos del artículo 186 del Código Federal de Procedimientos Civiles, una vez que sea desahogada la prueba testimonial, se le de vista de la misma a efecto de que dicha autoridad se pronuncie al respecto, índiquese a la oficiante que con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la prueba testimonial será desahogada al momento de llevarse a cabo la audiencia constitucional, por lo que, no ha lugar a proveer de conformidad su solicitud de dar vista con el desahogo de la misma. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, dos de mayo de dos mil veintitrés. Atento a lo informado en la cuenta que antecede, en el sentido que por auto de tres de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoriada de amparo; en consecuencia, toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el párrafo primero del artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes se hubieren inconformado con el auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito; con fundamento en el penúltimo párrafo del numeral 196 de la invocada Ley de la Materia, se ordena archivar este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Ahora bien, en atención a lo antes señalado, se ordena se provea lo conducente en el incidente de suspensión derivado de este juicio, con relación al archivo del mismo. Toda vez que en el presente juicio, se concedió el amparo; en consecuencia, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de depuración, debiendo conservarse únicamente la demanda y la sentencia. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando asimismo la fecha en que se ordenó el archivo, para que el Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, proceda a su depuración. Finalmente, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; esto es, los acuerdos que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el Secretario licenciado Marco Polo Robles Santoyo, quien autoriza y da fe.
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