German Ramírez González
Expediente 1266/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1266/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- German Ramírez González
Actuaciones
- Principal
II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las diez horas con seis minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1266/2023-II, promovido por ********************por derecho propio, contra actos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (YSSEMYM) y otra autoridad; Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien da fe, procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Cabe precisar, que no obsta para la celebración de la presente audiencia, el hecho de que el ocho de noviembre del año en curso, se haya tenido por rendido el informe justificado del Jefe del Departamento Contencioso Administrativo de la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y, por ende, que no haya transcurrido el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, en relación con la vista que se dio a las partes para que se impusieran del contenido del informe en comento; dado el sentido de la resolución que a continuación se dictará, ya que a nada práctico conduciría diferirla, en tanto que se atentaría contra el principio de impartición de justicia pronta y expedita, consagrado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo mismo, no se contraviene la jurisprudencia 54/2001, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo XI, de Abril de 2000, en la página 5, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.", toda vez, que del análisis de la ejecutoria que originó tal criterio, se advierte que el diferimiento de audiencia resulta obligatorio cuando las partes, tengan la posibilidad de desvirtuar el contenido del informe justificado, a fin de no dejarlos en estado de indefensión, lo cual no acontece en el caso, pues del contenido de dicho informe se advierte que no tiene nada que desvirtuar. Acto seguido, el secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. Abierto el período probatorio, el secretario da cuenta al Juez de Distrito con las documentales, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, ofertadas por la parte quejosa en su escrito de demanda. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Se cierra esta etapa. Período de alegatos. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que las partes no los formularon. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación, se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1266/2023-II; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. ********************por derecho propio, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (YSSEMYM) y otra autoridad. SEGUNDO. El dos de octubre de dos mil veintitrés, este Órgano Jurisdiccional, radicó la demanda de trato, y se admitió a trámite la misma; solicitó su informe con justificación a las autoridades responsables; dio la intervención legal al Representante Social de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento alguno; y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 de la Ley de Amparo; 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que al reclamarse la omisión de un acto cuyo actuar se reprocha a autoridades que tiene su residencia en el lugar donde este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó; La omisión de emitir el dictamen respectivo derivado de la solicitud de actualización de pensión presentada por el quejoso el once de marzo de dos mil veintitrés, folio asignado ******************** TERCERO. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, habida cuenta que así lo reconoció el Jefe del Departamento Contencioso Administrativo de la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, en representación de éstas, en el informe justificado rendido en autos. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia 278, publicada en la página 231, Tomo VI, del Apéndice al semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el texto y rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." CUARTO. El estudio de las causales de improcedencia en el juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente, por lo que debe examinarse de oficio por el órgano de control de la constitucionalidad, de acuerdo con el artículo 62 de la ley de la materia. Ahora bien, la autoridad responsable hace valer la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, argumentando que la parte quejosa debió promover el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, previo a instar el presente juicio de amparo. Es infundada la causal de improcedencia que se invoca; ello, ya que el principio de definitividad que impone la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, conlleva que la acción constitucional es procedente sí, previamente a su ejercicio, el gobernado agotó el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado, a través del cual éste podría ser modificado, revocado o nulificado; sin embargo, dicho principio admite excepciones, reguladas en la propia Ley de Amparo y en los criterios adoptados por los órganos del Poder Judicial de la Federación. En tal sentido, conviene citar la tesis LVI/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece a foja 156 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, julio de 2000, que literalmente precisa: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Conforme a dicho criterio, se puede concluir que la parte quejosa no tenía obligación de agotar los recursos ordinarios a que aluden las responsables antes de promover la presente vía constitucional, habida cuenta que los actos de que esencialmente se duele de la violación directa del artículo 8° Constitucional, así como del estudio integral, se advierte que reclama la transgresión al artículo 17 de la propia carta magna. En ese orden este órgano jurisdiccional no advierte diversa causa de improcedencia que hayan hecho valer y tampoco se considera que se actualice alguna; por lo que no es necesario analizar cada una de las hipótesis del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que no existe precepto que obligue a hacerlo. Sustenta lo anterior la tesis II.2oP.A.20K, publicada en la página 297, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Enero de 196, número de registro 203408, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. NO EXISTE OBLIGACION DE ANALIZAR TODAS LAS QUE HIPOTETICAMENTE PREVE EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, PARA EXPLICAR EN TODA SENTENCIA LA RAZON POR LA CUAL NO SE ACTUALIZAN." Al no existir más causas de improcedencia invocadas por las partes o que se advierta la actualización de alguna, se procede al estudio del fondo del asunto. QUINTO. Es necesario precisar que no será reproducido el concepto de violación expuesto, sin que lo anterior implique que se infrinjan las disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación este juzgador, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además, dicha omisión no lo deja en estado de indefensión, ya que no se le priva de la oportunidad de recurrir la sentencia y alegar lo que estime pertinente. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, Registro 164618, bajo el rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. La quejosa considera que la omisión reclamada vulnera sus derechos fundamentales, entre ellos el artículo 8º constitucional, que obliga a las autoridades en el sentido de que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario, ya que la autoridad responsable ha omitido contestar su solicitud de actualización de pensión en el plazo a que se refiere el artículo 75 del Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM). Como se observa, del argumento que antecede lo que en realidad se está impugnando es violación al artículo 17 Constitucional. La corrección en la cita del precepto constitucional mencionado la realiza este juzgador con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Amparo que autoriza a corregir la cita de los preceptos constitucionales o legales que exprese cualquiera de las partes. Robustece lo anterior la tesis 423, Novena Época, Pleno, Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página: 362, del rubro literal siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA Y SUPLENCIA ANTE EL ERROR EN JUICIOS DE AMPARO. DIFERENCIAS." Asimismo, sirve de apoyo la tesis: P. XLVIII/98, Novena Época, Instancia: Pleno del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VII, Mayo de 1998, visible en la página 69, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "ERRORES NUMÉRICOS O CUALQUIER OTRO DE POCA IMPORTANCIA. DEBEN SER CORREGIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS JUECES DE DISTRITO, APLICANDO ANALÓGICAMENTE EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO." El sintetizado concepto de violación es fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado, suplidos en su deficiencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, así como, ilustra en lo conducente a lo anterior, lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación en la tesis 2ª. XCV/2014 (10a), de rubro siguiente: "SUPENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS Y DE SUS BENEFICIARIOS"; en atención a las consideraciones que a continuación se exponen. En principio resulta pertinente destacar que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." Del análisis del precepto de referencia se advierte que en él se establece: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado. b) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales y de manera completa e imparcial. De lo anterior se deduce que los tribunales deben realizar los actos procesales y emitir las resoluciones correspondientes en las contiendas sometidas a su jurisdicción, dentro de los términos y plazos que establezca la ley que los rija. Así, del texto constitucional se advierte que la expeditez debe estar presente en todo el desarrollo del procedimiento a fin de que permita resolverse el conflicto en la forma más pronta. Estos principios generales, aplicados a la materia específica, deben entenderse referidos al juicio laboral a fin de que se facilite la solución del conflicto. Asimismo, cabe señalar que respecto del cumplimiento del derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo se encuentran obligados a observarlo los tribunales judiciales formalmente instituidos, sino también las autoridades administrativas, que en el ejercicio de sus funciones materialmente jurisdiccionales, tienen la obligación de emitir las resoluciones correspondientes en los procedimientos planteados ante tales autoridades, así como las autoridades en el ámbito de su competencia deben dar vigencia y efectividad a dichas resoluciones. Ahora bien, retomando la litis planteada en esta instancia constitucional, es de considerarse que, como se aprecia de autos, las autoridades responsables han omitido dar respuesta a la "solicitud de actualización de pensión" presentada el once de marzo de dos mi veintidós, a la que se le asignó el folio ********************, no obstante que, conforme al procedimiento previsto en la legislación aplicable al caso y conforme a lo manifestado por las propias autoridades, la respuesta sobre la solicitud que le fue formulada debe resolverse en el plazo de treinta días, contados a partir de la fecha en que sea recibida la solicitud correspondiente, tal como lo se establece en el numeral 73, de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, en relación con los diversos 1°, 68 y 75, segundo párrafo, del Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, que prevén lo siguiente: Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. "Artículo 73. El Instituto resolverá respecto al otorgamiento de una pensión del sistema solidario de reparto en un plazo de treinta días contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud con la documentación correspondiente. (.)" Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. "Artículo 1. El presente ordenamiento legal tiene por objeto regular las disposiciones relacionadas con el otorgamiento de las prestaciones señaladas en el Título Tercero, Capítulos II, III, IV, y V de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, relativas a riesgos de trabajo; sistema mixto de pensiones; seguro por fallecimiento; créditos a corto, mediano y largo plazo, y su recuperación." "Artículo 68. El trámite para el otorgamiento de las pensiones en sus diferentes modalidades, se iniciará a petición de parte, por escrito, mediante los formatos establecidos por el Instituto, debiendo cumplir además con los siguientes requisitos documentales (.)" "Artículo 75. (.) El Instituto señalará al solicitante una fecha de respuesta que no excederá de treinta días hábiles. El escrito de respuesta estará a su disposición en la unidad administrativa donde el promovente inició el trámite, a excepción de aquellas solicitudes que por su naturaleza requieran de mayor tiempo para su resolución." De los preceptos legales transcritos se aprecia, en lo que interesa, que esa normatividad tiene como propósito regular las disposiciones relacionadas con el procedimiento de otorgamiento de diversas prestaciones contempladas en la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, entre las que destaca, la relativa al sistema de pensiones, esto es, lo referente al otorgamiento de las pensiones en sus diferentes modalidades, la cual se iniciará por escrito a petición de parte mediante los formatos establecidos por el propio Instituto de Seguridad Social de mérito, quien señalará una fecha de respuesta que no excederá de treinta días hábiles, la que se pondrá a disposición en la unidad administrativa donde el promovente inició el trámite. Tal ordenamiento es aplicable al caso, en virtud de que establece el plazo para resolver o dar contestación a la petición que formuló la parte quejosa el once de marzo de dos mil veintidós, el cual es de treinta días posteriores a la presentación de tal solicitud y la obligación de poner a disposición del peticionario el sentido de ésta, en la unidad administrativa en la que inició el trámite (Oficina de Atención al Derechohabiente del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios con residencia en Naucalpan de Juárez); lo que en el caso, conforme a las constancias que obran en el presente sumario constitucional no ha acontecido, por lo que, resulta evidente que a la fecha en que este juzgado federal emite la presente sentencia el aludido plazo ha transcurrido en exceso. Así como tampoco, se precisó por las autoridades responsables, que en su caso se haya requerido al interesado (quejoso), información o documento conforme lo prevé el segundo párrafo del artículo 75, del Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para el efecto de emitir la contestación correspondiente. En ese contexto, se está en presencia de una abstención total de parte de las autoridades responsables, pues como se advirtió, ha omitido resolver lo conducente, retardando así el procedimiento de pensión en perjuicio de la parte quejosa, violando lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto, como se adelantó, es esencialmente fundado el concepto de violación de la parte quejosa. En virtud de lo expuesto, ante la falta de respuesta a la "solicitud de actualización de pensión", con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ********************para el efecto de que las autoridades responsables, dentro del término de tres días posteriores a que cause ejecutoria la presente sentencia: a) Emitan de manera escrita la resolución que en derecho proceda respecto de la "solicitud de actualización de pensión", presentada por ********************el once de marzo de dos mil veintidós. b) La haga del conocimiento de la parte quejosa a través de la Oficina de Atención al Derechohabiente del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios con residencia en Naucalpan de Juárez (al haber sido esta última la autoridad ante quien se presentó la solicitud). Es importante destacar que el sentido de la respuesta o su fundamentación no son motivo de la concesión del amparo, por lo que bastará que las autoridades responsables emitan la resolución que conforme a derecho corresponda y la hagan del conocimiento de la parte quejosa, para que la sentencia se tenga por cumplida. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, fracción I, 61 a 63, 73 a 79 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************contra el acto y autoridades que quedaron señalados en el considerando segundo de este fallo, por los razonamientos expresados en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese mediante lista electrónica. Así lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario adscrito a este Juzgado Federal, quien da fe. Doy fe.
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II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase al Jefe del Departamento Contencioso Administrativo de la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, en representación del Presidente del Comité de Pensiones del referido Instituto y del propio Instituto en cita, rindiendo su informe justificado; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con él dese vista a las partes para que expresen lo que a su derecho convenga. De conformidad con los numerales 9o. y 28 de la legislación en cita, se tienen como delegados y domicilio los que se designan. Se autoriza únicamente la consulta del expediente electrónico al usuario "Mario_Rs_88", en virtud de que cuenta con el registro respectivo, por lo que se instruye al oficial judicial "A", a efecto de que realice las habilitaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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IV. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 981/2023-IV; y, R E S U L T A N D O: I. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dos de agosto de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado a este juzgado de Distrito, en esa misma data, ********************, por derecho propio, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula B-III-6, Tlalnepantla Estado de México (en su denominación correcta) y otras autoridades responsables. II. Trámite de la demanda. Mediante acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional registró bajo el número 981/2023-IV; previa prevención y ocurso de desahogo y ratificación del mismo, en proveído de veinticuatro siguiente, se admitió a trámite y se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que previo diferimiento, tuvo verificativo el dieciséis del mes y año en curso. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es constitucional y legalmente competente por razón de materia, grado y territorio para conocer y fallar este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, párrafo primero, 37, párrafo primero, y 107 de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución dentro del territorio en el que se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó: El acuerdo de nueve de febrero del año en curso, emitido por la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula B-III-6, Tlalnepantla Estado de México (en su denominación correcta), en la carpeta de investigación FED/MEX/TLAL/0002971/2022, de su índice, por medio del cual, negó al quejoso la devolución del vehículo marca FORD F 550, color blanco con azul, placas de circulación LE-00-809, modelo 2008, número de serie y/o VIN 3FEMF56S88MA01984, auto tanque de la marca "********************" con número de serie A590212000 con razón social "Global Gas"; así como, la falta de investigación necesaria ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración Tributaria y aquellas que pudieran proporcionar información a efecto de verificar la información proporcionada para acreditar la propiedad del vehículo en cita. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados al Fiscal General de la Republica y Coordinadora Estatal de Amparo en Suplencia por Ausencia del Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de México, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, sin que el quejoso ofreciera algún medio de prueba alguna para desvirtuar tal negativa. En vía de consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio, dada la inexistencia de los actos reclamados a dichas autoridades. Al caso es aplicable la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia de los actos reclamados. La Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula B-III-6, Tlalnepantla Estado de México (en su denominación correcta), al rendir su respectivo informe justificado, manifestó que es cierto el acto reclamado. Al caso se invoca la jurisprudencia número 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior se corrobora con las actuaciones que adjuntó la juzgadora responsable en copia certificada, relativas a la carpeta de investigación FED/MEX/TLAL/0002971/2022, de su índice, cuyo valor probatorio es pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, página 153, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. Antecedentes del Acto Reclamado. Con el objeto de generar claridad en la presente resolución conviene precisar los antecedentes más relevantes del acto reclamado, deducidos de las documentales previamente valoradas. Mediante acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula B-III-6, Tlalnepantla Estado de México (en su denominación correcta), dio inicio a la carpeta de investigación ********************, en virtud del informe policial homologado realizado por los elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, quienes pusieron a disposición a una persona del sexo masculino quien respondía al nombre de José Víctor Martínez Chacalco, quién se encontraba en la orilla de la autopista ********************, kilometro ********************, Colonia el Atoron, Municipio de ********************, Estado de México, quién al aproximarse al detenido, manifestó que la pipa se le venció, hacía atrás, por lo que al preguntarle si contenía algún hidrocarburo, manifestó que sí, motivo por el cual le solicitó algún documento que acreditara su legal posesión y al referir que no contaba con alguno, le hizo del conocimiento que eso es constitutivo del delito, por lo que sería puesto a disposición de la autoridad federal. Entrevista de ********************, de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, por medio de la cual compareció voluntariamente ante la Fiscalía General de la República, con Sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a efecto de acreditar la propiedad del chasis cabina, consistente en una camioneta, modelo dos mil ocho, color blanca, con clave vehicular 2490301, con número de serie 3FEMF56S88MA01984, lo que pretendió acreditar con el original de la factura número ********************, de fecha de veinte de diciembre de dos mil nueve, expedida a nombre de Materiales para construcción Generación dos mil, Sociedad Anónima de Capital Variable, y con copia de la factura de fecha veinte de julio de dos mil siete, expedida por ********************, respecto al citado vehículo, pues refirió que se enteró por familiares del señor José Víctor Martínez Chacalco, que ese vehículo se encontraba a disposición de dicha autoridad, (ya que le había dado el vehículo a José Víctor, para que lo trabajara). Acuerdo de nueve de febrero de dos mil veintitrés, suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula B-III-6, Tlalnepantla Estado de México (en su denominación correcta), dictado en la carpeta de investigación ********************, por medio del cual, solicitó al quejoso ********************, a efecto de que presentara copia legible del original de la factura de folio 86639, de veinte de julio de dos mil siete, expedida por ********************, así como documento que acreditara la propiedad del auto tanque de la marca "espagas", número de serie A590212000, en un término no mayor de cinco días, en día y hora hábil, toda vez que las presentadas previamente consistentes en la factura número ********************, de fecha de veinte de diciembre de dos mil nueve, expedida a nombre de Materiales para construcción Generación dos mil, Sociedad Anónima de Capital Variable, y con soporte de la copia de la factura original con folio ********************, de fecha veinte de julio de dos mil siete, expedida por ********************, respecto al citado vehículo, no eran legibles y no eran de las denominadas electrónicas, que se pudieran consultar en el portal público del Servicio de Administración Tributaria, y que al día de esa fecha no se había acreditado la propiedad del auto tanque y que para tener certeza jurídica resultaba necesario acreditar la respectiva propiedad, por lo que dicha Fiscalía refirió que se encontraba imposibilitada para acordar favorable el levantamiento de aseguramiento del vehículo. (Auto que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional). SEXTO. Análisis de las causas de improcedencia. En ese sentido, se precisa que ninguna de las partes hace valer causa de improcedencia, ni el suscrito Juzgador advierte alguna de oficio. SÉPTIMO. Examen Constitucional del acto reclamado. Las partes no hicieron valer causa de improcedencia en el presente asunto, ni este juzgador advierte, de oficio, que en el caso se actualice alguna, por lo que procede el estudio del fondo del asunto al tenor de los conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, al no existir precepto legal alguno que obligue a este resolutor a su trascripción. El quejoso argumenta en sus conceptos de violación que la autoridad responsable vulneró en su contra el principio de certeza jurídica que subyace en el derecho al debido proceso y el acceso a una justicia efectiva y congruente. Además, refiere que el actuar de la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula B-III-6, Tlalnepantla Estado de México (en su denominación correcta), es arbitrario porque no tiene ningún fundamento para seguir reteniendo la unidad asegurada. Indica que la autoridad responsable en cita, violenta en su perjuicio el artículo 14 de la Constitución, porque sin juicio previo retuvo la unidad, sin antes proporcionarle su derecho de audiencia, donde se le escuchara, se recibieran y desahogaran sus respectivas pruebas, y se dictara una sentencia, violentando en su contra el principio de un juicio justo apegado a derecho, aunado a que la autoridad responsable no fundó ni motivó el acto reclamado. Los conceptos de violación resultan infundados, cuenta habida que la autoridad responsable no vulneró en su perjuicio los artículos 14, 16 y 17 constitucionales con la emisión del acto reclamado. En efecto, el principio de seguridad jurídica, establecido en el artículo 14 constitucional, contiene la garantía de legalidad, la que a su vez comprende la de fundamentación y motivación prevista en el diverso 16, que deben imperar en toda resolución jurisdiccional o acto gubernamental. Así, al hacer una interpretación conjunta y armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica, que prevén los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, se advierte que los actos de privación y molestia, requieren para ser legales, entre otros requisitos e imprescindiblemente, que sean emitidos cumpliendo las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, por escrito y debidamente fundados y motivados, entendiéndose esto último, como la cita del precepto legal aplicable al caso, así como la exposición de las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a emitir su determinación. De no cumplir con lo anterior, se estará ante un acto ilegal de autoridad, que deja en estado de incertidumbre jurídica al gobernado. De ahí, que un acto es legal cuando en su dictado se respeta la norma fijada por el legislador. Se entiende que el principio de legalidad es esencia del régimen jurídico de un Estado de Derecho, pues toda ley, todo procedimiento, toda resolución jurisdiccional o administrativa, como todo acto de autoridad, deben ser expresión del derecho en cuanto a que sean elaborados, emitidos o ejecutados por el órgano o los órganos competentes y en la esfera de sus respectivas atribuciones. El acatamiento por todos a las leyes, en un régimen jurídico de Estado, es la suprema garantía, y la efectividad de esta garantía constituye la normalidad de un régimen jurídico. La garantía de legalidad consiste pues, en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar un acto privativo o de molestia, para cumplir así con uno de los requisitos formales contenidos en dicha prerrogativa. La exigencia de fundar en ley tiene como propósito que el gobernado se halle en la posibilidad de atacar dichos fundamentos si éstos no fueron correctos, o bien, si no fueron acordes con la motivación citada, en otras palabras, tiende a evitar la emisión de actos arbitrarios. No existen excepciones al cumplimiento de dicho deber, esto es, toda autoridad al emitir un acto, debe fundarlo en ley, es decir, tener como apoyo el o los preceptos jurídicos que le permiten expedirlo y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, ésta es una de las exigencias previstas en el artículo 16 constitucional. Así, se advierte que la garantía de legalidad que contempla este artículo se refiere a un principio general que tiene aplicación en materia civil, penal, administrativa y laboral, abarcando tanto a los actos administrativos como a los jurisdiccionales. En efecto, de conformidad con el artículo 16 constitucional vigente, todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, la expresión precisa de los preceptos legales aplicables; por lo segundo, el señalamiento preciso de las causas inmediatas, razones particulares o circunstancias especiales que se hayan tomado en consideración para la emisión del acto. Debiendo existir adecuación entre los preceptos citados y los motivos aducidos, es decir, la actualización de los supuestos normativos. Formalidades que en el caso, fueron observadas en el dictado el acto reclamado por la autoridad responsable. Ello es así, pues contrario a lo que refiere la parte quejosa, en el sentido de que la autoridad responsable al emitir el acto reclamado vulneró su garantía de audiencia y debido proceso, pues de las constancias que integran la carpeta de investigación ********************, remitidas por la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula B-III-6, Tlalnepantla Estado de México (en su denominación correcta), se advierte que el motivo por el que se inició dicha carpeta (en la que se retuvo el vehículo), fue por la investigación del delito de transporte de hidrocarburo, ilícito previsto y señalado en el artículo 9, fracción II, de la Ley Federal para Prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, en virtud de los hechos sucedidos el dieciocho de agosto de dos mil veintidós, aproximadamente a las ********************, cuando el operador del quejoso fue detenido, a bordo de dicho vehículo, al encontrarse atascado para ascender a la autopista ********************, por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes lo notaron sobre carretera ********************, Kilometro ********************, Colonia ********************, Municipio de ********************, Estado de México, quienes al acercarse y observar que el vehículo estaba cargado con hidrocarburo (********************., del que no acreditó su legal procedencia), por lo que al dictarse sentencia condenatoria por procedimiento abreviado en contra de una tercera persona ajena al presente juicio, concluyó el asunto dentro de la causa penal ********************, (que motivó la retención del vehículo), lo que de suyo implica que la retención del vehículo estuvo ajustada a derecho, ya que ésta derivó de hechos posiblemente constitutivos de delito y no de manera arbitraria o sin justificación legal alguna, como aduce la parte quejosa. Asimismo, es infundado su diverso concepto de violación, en el sentido de que el actuar de la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula B-III-6, Tlalnepantla Estado de México (en su denominación correcta), es arbitrario porque no tiene ningún fundamento para seguir reteniendo la unidad asegurada, pues en fecha veinticuatro de enero del año en curso, el quejoso se presentó voluntariamente ante la autoridad responsable para pretender acreditar la propiedad del vehículo, y lo hizo con el original de la factura ********************, de fecha veinte de diciembre de dos mil nueve, expedida a su nombre por "********************, acompañando copia de origen sin valor, de fecha veinte de julio de dos mil siete, expedida por "********************" y posteriormente el dos de febrero de dos mil veintitrés, (por conducto de su abogado), presentó un escrito en el que solicitó la devolución del vehículo, por lo que mediante acuerdo de nueve de febrero siguiente, (la autoridad responsable le notificó mediante correo electrónico) la negativa de devolución del vehículo hasta en tanto se validaran las facturas exhibidas para acreditar su legal propiedad y para ello la responsable le solicitó al quejoso que acreditara la propiedad del autotanque, marca ********************, y exhibiera copia legible de la factura de fecha veinte de julio de dos mil siete, expedida por "********************", para tener mayor información de la asentada, empero el ahora quejoso no exhibió copia legible o factura del autotanque, tal y como le fue requerido. Además de lo anterior, en data dieciséis de marzo de la presente anualidad, el quejoso pretendió acreditar su propiedad mediante la presentación de dos testigos, quienes fueron coincidentes en manifestar que veían al quejoso en la colonia donde habitan, repartiendo gas en la camioneta, más no así que les consta la compra de dicha camioneta. Luego en data treinta y uno de mayo del año en curso, el quejoso presentó diverso testigo, quien únicamente se limitó a referir que el quejoso le hizo del conocimiento que pondría a trabajar la camioneta para repartir gas en las diversas rutas; sin embargo, en ningún momento dentro de su entrevista manifestó que le consta la compra de la camioneta por parte del quejoso. Aunado a lo anterior, y con motivo de los actos de investigación de la autoridad responsable, (para llevar a cabo la validación de los documentos presentados por el quejoso y acreditar la propiedad del vehículo), solicitó ante la policía de investigación que se constituyera en el domicilio ubicado en: Avenida ******************** ********************, número ********************, localidad ********************, Estado de ********************, lugar donde fue expedida la factura y en su caso recabara entrevista de la posible persona que le vendió al quejoso la camioneta en cuestión, por lo que como resultado de dicha diligencia mediante informe de veintidós del marzo del año en curso, el Policía de Investigación, informó que ese domicilio no existe, y en entrevista con personas de la Localidad, manifestaron que la denominación ********************, no existe. Además, recabó la entrevista de diversa persona de nombre ********************, en calidad de testigo, quién de la misma forma manifestó que no le constaba la compra de la camioneta y que sólo sabía que la adquirió en un lote de autos en el año dos mil nueve, desconociendo el lugar en el que lo hizo. Luego, continuando con la investigación que llevó a cabo la autoridad responsable, el seis de junio del año que transcurre, solicitó la validación de la factura presentada por el quejoso, ante el Servicio de Administración Tributaria, dependencia que informó el procedimiento a seguir para tal efecto, por lo que una vez realizado dicho trámite la autoridad pudo observar a simple vista que tanto la factura, como la copia de origen sin valor presentados, no cumplían con los requisitos que exige en correspondiente sistema, como lo son: el folio fiscal, RFC emisor, RFC receptor, al igual que la copia de origen sin valor, se encontraba ilegible, lo que hizo imposible la investigación correspondiente a través de dicho sistema por parte de la autoridad investigadora y sin que el quejoso subsanara los datos y documentos aportados previamente. Lo anterior, permite evidenciar que contrario a lo que refiere el quejoso, la autoridad responsable ha llevado a cabo diversos actos de investigación de los documentos presentados para acreditar la propiedad del vehículo motivo de la litis, sin que el quejoso haya logrado acreditar plena y legalmente su propiedad. De ahí que los conceptos de violación en estudio resultan infundados, al no haber señalado el quejoso alguna violación diversa que le pudiera ocasionar perjuicio y que pudiera ser materia de estudio. En relatadas consideraciones, al no estar demostrado que el acto reclamado transgreda alguna prerrogativa constitucional en perjuicio del peticionario de amparo, aun supliendo la deficiencia de los conceptos de violación, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo, SE NIEGA LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL SOLICITADA. En mérito de lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ********************, por derecho propio, respecto a las autoridades precisadas en el considerando tercero de este fallo, por los motivos expuestos en el mismo. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, por derecho propio, respecto del acto atribuido a la autoridad precisada en el considerando cuarto de este fallo, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista electrónica a las demás partes. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien da fe, hasta hoy treinta de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe
- Principal
II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ***********, por derecho propio, contra actos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (YSSEMYM) y otra autoridad, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 1266/2023-II. Pídase a las autoridades responsables sus informes justificados, en los términos y plazos previstos en el precepto 117 de la ley de la materia, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá, a la omisa una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia. Hágase del conocimiento a las autoridades responsables que las comunicaciones correspondientes pueden ser enviadas al correo institucional de este Juzgado, siendo el siguiente: 3jdo2cto@correo.cjf.gob.mx. Infórmeseles también que en términos de los artículos 28, fracción I, 29, 30 y 31 de la citada legislación, los acuerdos de trámite de menor trascendencia se les notificarán por lista y los restantes por oficio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2002576, del rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Se señalan las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos del veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención correspondiente. De conformidad en el numeral 119 de la legislación de amparo se tiene como pruebas de la parte quejosa las documentales que anexa al ocurso que se acuerda, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana. Respecto de las documentales indicadas en los números 2) y 3) del escrito de demanda, una vez que las autoridades responsables rindan sus informes justificados, se acordará lo que en derecho corresponda. En otro contexto, téngase por autorizado al usuario "ymarquezmichua", para la consulta del expediente electrónico y notificación electrónica de este juicio, en virtud de que cuenta con el registro correspondiente, por lo que se instruye al Oficial Judicial "A" y la Actuaria adscrita, a efecto de que realicen los registros convenientes. En el entendido que, con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, la persona titular de la cuenta autorizada está obligada a ingresar al referido portal electrónico (http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx) todos los días, para obtener la constancia de notificación relativa, en un plazo máximo de dos días a partir de que este órgano jurisdiccional la hubiere enviado. No obstante lo anterior, se precisa que este órgano jurisdiccional realizará las notificaciones electrónicas únicamente de aquellas determinaciones judiciales que por disposición expresa del artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, deban ser de carácter personal, por lo que las restantes notificaciones serán practicadas mediante lista, publicada en los estrados de este juzgado de Distrito y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), titulada: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL". Téngase por autorizados a los profesionistas y personas que designa en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, para los efectos que precisa, en el entendido de que los primeros deberán contar con el registro correspondiente de su cédula. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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