Germán Ramírez Covarrubias
Expediente 1480/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1480/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/02/2022
Partes del expediente
- Tribunal de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
- Germán Ramírez Covarrubias
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el estado de autos, se aprecia que la notificación del proveído de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Germán Ramírez Covarrubias, fue practicada el veintisiete del mes y anualidad de previa mención, surtió sus efectos al siguiente día hábil, por lo que transcurrió el término que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, como se advierte de la certificación que antecede, sin que se haya interpuesto recurso alguno en su contra; en consecuencia, conforme lo dispuesto en los arábigos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley reglamentaria de los dispositivos 103 y 107 Constitucionales, por disposición expresa en su numeral 2°, se declara que el mismo ha CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el ordinal 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica, como se dijo, en el inciso d) del arábigo 21 del citado Acuerdo General, pues se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. RECEPCIÓN. Se tiene por recibido el escrito signado por*************, a través del cual da cumplimiento a lo requerido por este Juzgado de Distrito, mediante proveído de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno. DESECHAMIENTO. Ahora, vista la demanda de amparo y de los escritos aclaratorios signados por *****************, se advierte que reclama al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, Nayarit, lo siguiente: "I.- Acto u omisión que de la responsable se reclama. 1.- Dictar el acuerdo dentro de audiencia, que me fue notificado el día 30 de noviembre de 2021; mismo que contiene a su vez los siguientes actos: El desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de fecha 22 de octubre de 2021, por habérseme impedido el acceso a la audiencia al suscrito, a mi apoderado legal y testigos; La no admisión de la ampliación de demanda. El desahogo de la prueba confesional mediante oficio por parte de la demandada. Sin embargo, del análisis de esa demanda de amparo y sus escritos aclaratorios, se advierte que es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo Vigente, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De la interpretación literal de dicho precepto, se advierte que la demanda de amparo debe desecharse de plano cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Luego, debe tenerse en consideración que lo manifiesto de una causal de improcedencia, se da cuando ésta se advierte en forma patente y clara del análisis de la demanda. Por otra parte, lo indudable resultará de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal manera que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, se llegaría a la misma conclusión en el dictado de la sentencia. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. En segundo término, es importante mencionar que conforme con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia deben analizarse de oficio, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente. En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto 107, fracción V, interpretado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. El primero de los numerales establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Ahora bien, por regla general, los actos dentro del juicio son impugnables en el amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que le ponga fin. Por excepción, sólo serán impugnables en amparo indirecto aquellos actos dictados dentro del juicio cuya ejecución sea irreparable, en términos del citado artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." El dispositivo transcrito es preciso -para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación- al señalar que dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Con tal precisión, el legislador secundario proporcionó seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de naturaleza irreparable, pues mediante esa fórmula legal estableció que esos actos -para ser calificados como irreparables- necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una afectación de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; esto es, que recaigan sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Lo anterior se deduce de las dos condiciones que el citado legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento; la primera, atinente a la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que implica situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", lo que de suyo implica deben ser antagónicos a los de naturaleza formal o adjetiva -procesales-, estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al resultado del juicio cuando se emite sentencia definitiva, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Atento a lo anterior, es claro que las violaciones procesales no causan una afectación irreparable, dada su naturaleza adjetiva y tampoco enmarcan un derecho sustantivo, ya que al tratarse de simples infracciones del procedimiento, sus efectos pueden ser subsanados con la obtención de una sentencia favorable; de ahí que su impugnación pueda esperar hasta el amparo directo, siempre que sean controvertidas previamente a través del recurso ordinario procedente, a menos que se esté en un caso de excepción de este requisito. De ahí que, si el acto reclamado consistente en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas desahogada el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 278/2020 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad de Tepic, en la que no se admitió la ampliación de demanda presentada por **************-aquí quejoso-, dado que no fue presentada en el momento procesal oportuno, así como la admisión de la prueba confesional mediante oficio a cargo del apoderado legal de la parte demandada Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN), es evidente que dicho acto reclamado constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva en contra del fallo definitivo, en términos de los artículos 171 y 172, ambos de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan materialmente y de forma inmediata los derechos sustantivos del quejoso, establecidos en la Constitución Federal o en los Tratados Internacionales de los que México es parte. Es así, porque los efectos lógicos que derivan de ese acto, son precisamente continuar con el trámite del juicio laboral 278/2020 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad de Tepic; además, dichas violaciones procesales, en todo caso, deberán ser impugnadas, como ya se manifestó, al promover el juicio de amparo directo contra el laudo que al efecto emita el Tribunal responsable, en caso de que sea adversa a los intereses de la parte quejosa. Criterio que sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en el Estado de Nayarit, dado que al resolver la queja 498/2019 de su índice, determinó lo que al caso interés lo siguiente: ".Este Tribunal Colegiado converge con esa decisión, porque ciertamente, a la luz del actual parámetro que al respecto deriva de la Ley de Amparo y de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se reclama un acto derivado de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, la posibilidad ordinaria para que proceda el amparo indirecto es la actualización del supuesto previsto en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Ley de Amparo, es decir, que el acto reclamado sea de imposible reparación, porque se afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; en caso contrario, el amparo indirecto será improcedente. Es indispensable mencionar que los derechos sustantivos tutelados en la Constitución son los que se otorgan o reconocen por las leyes para su ejercicio en la vida diaria, generalmente en las leyes sustantivas, como por ejemplo, la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas expresiones, la propiedad, la posesión, etcétera, mientras que los derechos procesales son los destinados a ser ejercidos dentro de un proceso jurisdiccional o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con vocación de surtir efectos sólo al interior del proceso, lo que comúnmente se denomina "efectos intraprocesales". No se desatiende que pueden surgir actos procesales que afectan derechos sustantivos cuyos efectos rebasan el interior del proceso y se traducen en privación o restricción de la vida, de la libertad, el patrimonio, la familia, etcétera, a través de su ejecución o cumplimiento, por lo que, excepcionalmente podrían tener una ejecución irreparable que haría pertinente su inmediato examen vía el amparo indirecto, ello salvo disposición legal o jurisprudencial en contrario. En contrapartida, los actos que sólo producen efectos intraprocesales no tienen ejecución irreparable, en tanto que se vinculan esencialmente con las distintas posiciones que toman las partes durante el desarrollo del procedimiento, ello con vista a obtener resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado, esto es, en ningún momento se convierten en instrumentos para afectar los derechos litigiosos (sustantivos) de la parte que obtiene fallo favorable. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar la presente demanda de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Vista la demanda promovida por **********, a través de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1480/2021, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PREVENCIÓN. Del análisis del escrito inicial de demanda se desprende en lo que interesa, que el peticionario del amparo en el apartado relativo al acto reclamado, indicó lo siguiente: "4. Acto que se reclama. El acuerdo que me fue notificado el día 30 de noviembre de 2021, el cual no me menciona fecha cierta en la cual se da cuenta de su contenido, sin embargo, en la cédula de notificación, el actuario le señala como "acuerdo de 19 de octubre de 2021", en el contexto del expediente 278/2020, al índice de la responsable." Acotado lo anterior, se hace necesario requerir a la parte quejosa, de conformidad con los artículos 112 y 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, en relación con el 108, fracción IV, para que dentro del término de CINCO DÍAS siguientes al en que surta efectos la notificación de esta determinación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado arábigo 114 de la ley de la materia, cumpla con la siguiente prevención: ÚNICO. Aclare el acto que reclama, en particular, precise cual es el contenido del acuerdo que le fue notificado el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, de que se duele en la presente instancia constitucional; toda vez que no se aprecia tal circunstancia. Lo anterior, resulta indispensable a fin de establecer con claridad y precisión la materia del acto que se reclama en la presente instancia y las partes se encuentren en aptitud de efectuar una adecuada defensa a sus intereses. Así como, para resolver el presente juicio conforme a derecho corresponda. Luego, se hace del conocimiento de la parte quejosa que es ella quien debe de dar cumplimiento a la prevención formulada en párrafos que anteceden en razón de que ésta debe ser cumplida por la propia parte quejosa, ya que es ella quien, bajo protesta de decir verdad, debe manifestar los hechos, abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o sirven de fundamento a los conceptos de violación, pues constituye un acto personalísimo que solo puede realizar quien promovió el juicio. SEGUNDO. Consecuentemente, deberá presentar además del original de su escrito aclaratorio de la demanda de amparo las copias necesarias en términos del numeral 110 de la Ley de la materia, a fin de distribuirlas entre las partes, de la siguiente forma: una copia para la autoridad señalada como responsable, una para el tercero interesado, una para el Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y dos más para el incidente de suspensión que se tramita por duplicado y por cuerdas separadas. Cuestión que rige en forma absoluta en el supuesto de que la materia de la aclaración o el cumplimiento de la prevención constituyan elementos que deban ponerse en conocimiento directo de las demás partes del juicio constitucional al correrles traslado del libelo inicial, como en el caso ocurre ante las irregularidades que fueron apuntadas con antelación, para darles oportunidad a tales partes de que produzcan en forma adecuada y oportuna su defensa. Luego, se apercibe a la parte agraviada, que en caso de no acatar lo establecido en el presente proveído, dentro del plazo concedido, se procederá en términos del párrafo penúltimo, del dispositivo 114 de la legislación en comento, esto es, se tendrá por no presentada la demanda. Asimismo, en términos del artículo 22 y 28, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que procuren la continuación del presente expediente en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. c) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes de este órgano judicial, la promoción u oficio, de lunes a viernes, de las 8:30 a las 14:30 horas. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. Lo anterior, con la finalidad de cumplir con las medidas de distanciamiento social y coadyuvar a frenar la propagación del COVID-19. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Por otra parte, con base en lo establecido por el artículo 108, fracción I, en relación con el dispositivo 27, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente el que indica en su ocurso de cuenta y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la citada ley, a las personas que señala por razón de la materia. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se le tiene señalando su cuenta de correo electrónico, únicamente con el propósito de entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente, pues el objetivo de ello es, que el personal de actuaría de este juzgado federal establezca contacto con la propia parte quejosa para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicársele resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes, esto, hasta en tanto tramite u obtenga cualquiera de las firmas electrónicas, es decir, el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, las cuales le permitirán previa solicitud que dirija al juicio en que se actúa, consultar el expediente de manera electrónica y recibir notificaciones electrónicas. Luego, en relación con la solicitud de uso de medios electrónicos, como cámara fotográfica, para la reproducción de actuaciones, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Legislación de Amparo en su ordinal 2º, se autoriza a la parte promovente para que obtenga copia mediante el medio indicado, previa identificación y constancia que dejen en autos. En el entendido de que tal autorización estará vigente hasta en tanto se ordene el archivo del juicio principal de donde deriva el presente asunto y no se hace extensiva sobre documentos que sean clasificados como reservados o confidenciales. En otro aspecto, respecto a la autorización de copias fotostáticas que solicita, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, toda vez, que, no se puede autorizar copia de alguna actuación sin antes haberse celebrado previamente y obrar glosada en autos, sin perjuicio del derecho de la citada parte procesal a solicitarla en su oportunidad. En obvio de mayores dilaciones, desde este momento se habilitan días y horas, para practicar las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, siempre y cuando exista imposibilidad de practicarlas en días y horas hábiles, de conformidad con el numeral 21 de la ley de la materia. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el precepto 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que pueden manifestar su oposición a que se publiquen sus datos personales. Notifíquese personalmente.
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