German Plata Enriquez

Expediente 1796/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1796/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • German Plata Enriquez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guarda el presente expediente y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente haya recurrido el auto de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés (fojas 12 a 18), en que se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que el auto de referencia ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese este juicio como asunto concluido. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que carece de relevancia documental. De igual forma, se destaca que en el presente juicio se ha desechado la demanda, por lo que de conformidad al numeral 20, fracción IV, del acuerdo general en cita, es susceptible de destrucción dentro de los tres años siguientes a la emisión de este auto, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    (6) A las nueve horas del día de hoy se tiene por legalmente notificada a la parte QUEJOSA, del proveído de DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, toda vez que no se presentó a notificarse ante este juzgado federal, del propio proveído, como se le comunicó en AVISO de DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL año en curso, lo anterior, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo... AUTO DE DIECISIETE DE OCTUBRE DEL ACTUAL... I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por ********, por derecho propio, contra un acto del Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Hidalgo, y otra(s) autoridad(es). II. Creación del expediente. Fórmense los expedientes impreso y electrónico, regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 1796/2023-6. III. Decisión sobre la acción de amparo. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, la jueza de distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija el imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. Apoya a la anterior consideración, la jurisprudencia que se cita: "Novena Época Registro: 193379 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Septiembre de 1999 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/19 Página: 730 DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Con base en un análisis integral a la demanda, este juzgador advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable. En el presente caso, la parte quejosa reclama la omisión del Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Hidalgo, y otra autoridad, de dar contestación a su escrito que presentó el veinticuatro de agosto del dos mil veintitrés, en que solicita el pago completo y correcto de pensión de viudez. En el caso particular se advierte actualizada la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:. IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;..." Cabe recordar que el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Así, el derecho de petición es la potestad que tiene el individuo de acudir a las autoridades del Estado con el fin de que éstas intervengan en su favor para hacer cumplir la ley en su beneficio o para constreñir a su coobligado a cumplir con los compromisos contraídos válidamente. El titular del derecho subjetivo público individual de petición, consagrado como garantía individual en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el gobernado en general, es decir, todo individuo que habite en territorio nacional, aunque está limitado en materia política a los ciudadanos de la República; por consiguiente, cualquier extranjero o mexicano no ciudadano que eleve a cualquier autoridad una solicitud de índole política, no puede exigir que a su instancia recaiga un acuerdo escrito en los términos del segundo párrafo del numeral 8° constitucional. En tal virtud, con la excepción antes apuntada, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud o instancia escrita que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o de cualquier índole; y ante ese escrito que el gobernado les eleve, el Estado y sus autoridades, en virtud de la relación jurídica consignada en el ordinal 8° constitucional, tienen como obligación el dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud. Ese acuerdo constituye el parecer del órgano estatal sobre la petición formulada, mas no implica necesariamente que deba resolver de conformidad con los términos de la instancia. Por ende, una autoridad cumple con la obligación que le impone el mencionado precepto de la ley fundamental al dictar un acuerdo congruente, expresado por escrito, respecto de la solicitud que se le haya elevado independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Debiendo señalarse que la obligación impuesta a la autoridad de dictar el acuerdo correspondiente a esa petición, el artículo 8 Constitucional también le impone la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Ahora, el numeral en cita no establece qué debe entenderse por la locución "breve término", por lo que debe acudirse, en principio, al que establezca la legislación aplicable al efecto y, en caso que no se establezca nada respecto al particular, se atenderá a las circunstancias del caso para estimar si la responsable ha vulnerado o no en perjuicio del solicitante el derecho fundamental en cita. Apoyan lo anterior, las tesis cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Época: Novena Época Registro: 170347 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Febrero de 2008 Materia(s): Común Tesis: I.7o.A.112 K Página: 2256 DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. LA PROCEDENCIA DEL JUICIO NO DEPENDE DE QUE SE HAYA INTERPUESTO SIN SUJETARSE A UN PLAZO FIJO NI PREDETERMINADO RESPECTO DEL MOMENTO EN QUE EL QUEJOSO ELEVÓ SU PETICIÓN A LA AUTORIDAD, YA QUE CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CALIFICAR EL "BREVE TÉRMINO" QUE TUTELA EL CITADO PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN CADA CASO CONCRETO. El derecho de petición no puede vincularse a un plazo fijo ni predeterminado para que la autoridad emita su contestación, como puede ser el de cuatro meses; esto es así, porque de aceptarlo se llegaría al extremo de que cualquier solicitud, sin importar su simplicidad o complejidad, deba ser contestada siempre en ese lapso; en ese entendido, corresponde al Juez de Distrito que conozca del amparo indirecto promovido por violación al citado precepto constitucional, calificar el "breve término" que tutela el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera congruente con la naturaleza de la petición formulada en cada caso concreto, al conceder o negar la protección de la Justicia Federal solicitada, ya que en ocasiones un plazo fijo puede ser demasiado para que la autoridad dé una respuesta, o poco tiempo para responder a cuestiones extremadamente complejas. Por tanto, el hecho de que la demanda relativa se haya promovido sin sujetarse a un plazo fijo ni predeterminado respecto del momento en que el quejoso elevó su petición a la responsable, no conlleva la improcedencia del juicio de garantías, ya que, por las razones apuntadas, aquélla puede presentarse en cualquier tiempo. " "Época: Séptima Época Registro: 254475 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 79, Sexta Parte Materia(s): Administrativa Tesis: Página: 61 PETICION. BREVE TERMINO. Es cierto que la tesis de jurisprudencia visible con el número 188 en la página 226 de la Tercera Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación publicado en 1965 (tesis 470, página 767, misma parte, del Apéndice 1917- 1975), dice que es indudable que se ha violado el derecho de petición consagrado por el artículo 8o. constitucional cuando han pasado más de cuatro meses de la presentación de un ocurso sin que le haya recaído acuerdo alguno. Pero resulta absurdo pretender interpretar esto a contrario sensu, en el sentido que no se viola el derecho de petición antes de cuatro meses. La interpretación a contrario sensu sólo cabe, en efecto, cuando no hay más que dos afirmaciones contrarias posibles, de manera que la adopción de una bajo ciertas condiciones, obliga a la elección de la otra, bajo las condiciones opuestas. Pero cuando hay varias posibles afirmaciones, la elección de una, bajo ciertas condiciones, de ninguna manera implica necesariamente la elección de ninguna otra, bajo condiciones diferentes. O sea que la interpretación a contrario sensu es la más delicada de aplicar, y de ninguna manera debe pretender abusarse de ella. De que se estime indudablemente extemporáneo un amparo promovido después de cuatro meses de conocer el acto reclamado, no podría concluirse, a contrario sensu, que es procedente todo amparo promovido antes de cuatro meses. Por lo demás, tanto la diversa tesis visible con el número 193 de la página 237 del mismo Apéndice antes señalado (tesis 471, página 769, del Apéndice 1917-1975) como el texto del artículo 8o. constitucional, hablan expresa y claramente de "breve término". Y es manifiesto que no es posible dar una definición de lo que debe entenderse por breve término, de manera que comprenda todas las posibles peticiones elevadas a la autoridad, pues la naturaleza de lo solicitado, y los estudios o trámites que la contestación requiera, hacen variable el período de lo que sería un término razonablemente breve para dar respuesta, y el Juez de amparo debe ser casuista en este aspecto, atendiendo a las peculiaridades del caso y a lo que razonablemente se puede llamar un término breve para dar respuesta a la petición de que se trate. Aunque en principio, conforme a la tesis de jurisprudencia citada en el párrafo anterior, cuatro meses sería un término excesivo, en cualquier circunstancia." Superado lo antepuesto, como se precisó en líneas precedentes, el quejoso reclama en esta instancia constitucional la omisión del Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Hidalgo, y otra autoridad, de dar contestación a su petición que formuló el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés (fojas 5 a 11). Al respecto, el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, establece el término para dar respuesta a las instancias y peticiones que se formulen a las autoridades administrativas (carácter que imputa la parte quejosa a la señalada aquí como responsable), como se advierte enseguida: "Artículo 17. Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderá resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo." De la lectura del numeral invocado se advierte que las solicitudes o peticiones que se formulen ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando actúe como autoridad administrativa (carácter que la parte quejosa le imputa), deberán obtener respuesta en un plazo no mayor a tres meses. Cabe destacar que en los procedimientos administrativos que se ventilan ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, es aplicable en forma supletoria las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; ello, conforme a la jurisprudencia cuyos datos de publicación, rubro y texto son: "Registro digital: 2026696 Instancia: Segunda Sala Undécima Época Materias(s): Laboral Tesis: 2a./J. 36/2023 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 26, Junio de 2023, Tomo V, página 4152 Tipo: Jurisprudencia CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA DEMANDA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 899-C, FRACCIÓN VI, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ES NECESARIO EXHIBIR LA RESOLUCIÓN DE OTORGAMIENTO O NEGATIVA DE PENSIÓN O, EN SU CASO, ACOMPAÑAR LA SOLICITUD DE PENSIÓN RESPECTIVA CUANDO EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NO OTORGUE UNA RESPUESTA EN EL PLAZO RAZONABLE DE TRES MESES. Hechos: En un conflicto individual de seguridad social una persona reclamó el otorgamiento y pago de una pensión de vejez. Al dar contestación, el Instituto Mexicano del Seguro Social sostuvo que la acción era improcedente al no exhibir la accionante en juicio la resolución de negativa de pensión, como lo exige el numeral 899-C de la Ley Federal del Trabajo. --- Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que si bien para la procedencia del juicio especial de seguridad social, la parte actora tiene la obligación de acompañar a la demanda la constancia relativa al otorgamiento o negativa de pensión por ser un requisito de procedibilidad, también lo es que puede presentarse la solicitud de pensión respectiva ante el Instituto, cuando éste no otorgue una respuesta en el plazo razonable de tres meses. --- Justificación: En la jurisprudencia 2a./J. 32/2019 (10a.), de rubro: "CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. LAS PRUEBAS RELACIONADAS CON LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN Y LOS HECHOS QUE LA SUSTENTAN DEBEN OFRECERSE Y EXHIBIRSE CON LA DEMANDA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 899- C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.", esta Segunda Sala estableció que de conformidad con el artículo 899-C, fracción VI, de la Ley Federal del Trabajo, es obligación de la accionante exhibir con la demanda la constancia expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social de otorgamiento o negativa de pensión. Sin embargo, el cumplimiento del mencionado requisito queda sujeto a que el derechohabiente solicite el otorgamiento del beneficio pensionario y obtenga respuesta en un plazo razonable. Ahora bien, para determinar dicho plazo debe atenderse a la naturaleza administrativa del mencionado Instituto, por lo cual, de conformidad con lo previsto por el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se estima que dicha autoridad cuenta con el lapso máximo de tres meses para resolver sobre el otorgamiento o la negativa de la pensión solicitada, que deberá computarse a partir de que le sea presentada la solicitud respectiva, entendiéndose que en caso de exceder dicho plazo sin que sea emitida la resolución, se entenderá negado el otorgamiento del beneficio pensionario. Por tanto, en el supuesto de que la persona derechohabiente solicitante del beneficio pensionario no obtenga una respuesta en el lapso indicado, estará en posibilidad de iniciar el procedimiento especial de seguridad social, sin que sea necesario exhibir la resolución de negativa de pensión prevista en el mencionado precepto legal, lo cual deberá precisar en los hechos que detalle en su demanda, pero acompañando la solicitud respectiva en la que conste de manera fehaciente la fecha de su presentación, a efecto de que el órgano jurisdiccional esté en aptitud de valorar su admisión." Luego, el quejoso alude en su demanda que el escrito en que formuló petición a la responsable lo presentó ante ésta en veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, lo que constituye una confesión expresa que hace prueba plena en su contra, en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; lo que se concatena con la fotocopia sin certificar del acuse de recibo del escrito del quejoso presentado según sello oficial el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, el cual prueba plenamente contra sus intereses conforme al artículo 203 del aludido código adjetivo civil federal. En esa medida, si la solicitud fue presentada por el quejoso en veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, a la fecha de presentación de la demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca de Soto (trece de octubre de dos mil veintitrés), apenas han transcurrido uno de los tres meses con que cuenta la responsable para contestar la petición formulada por el peticionario de derechos fundamentales. En estas condiciones, atendiendo que a la fecha de presentación de la demanda de amparo el acto reclamado es inexistente, pues la responsable no ha incurrido, en forma alguna, en omisión de dar contestación a la petición formulada por la parte quejosa al encontrarse aun dentro del término que le confiere la ley al respecto, por lo que el juicio de amparo en estudio no puede ocuparse de tal acto, por lo que procede desechar la demanda por notoriamente improcedente. Tiene aplicación por identidad de razones jurídicas, al no oponerse a la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia cuyos datos de publicación, rubro y texto son: "Época: Octava Época Registro: 210237 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XIV, Octubre de 1994 Materia(s): Común Tesis: II. 1o. C. T. 217 K Página: 313 INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo." "Época: Octava Época Registro: 207528 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 273 ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda." En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de derechos fundamentales. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Parte quejosa: *********. a. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda. b. Notificaciones vía correo electrónico. Con fundamento en los artículos 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 3º y 26, fracción IV, y 30 de la Ley de Amparo, en relación al artículo 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, dígase a(los) promovente(s) que no ha lugar a practicarle(s) notificaciones vía correo electrónico, dado que al efecto debe(n) contar con número de usuario y firma electrónica del Poder Judicial de la Federación. En todo caso, el número de teléfono celular y/o dirección de correo electrónico proporcionados se utilizarán para establecer comunicación no procesal con las partes cuando exista necesidad al respecto, conforme al artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. c. Autorizado(s). Téngase por autorizado(s) en términos del artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo, a *******, por así solicitarse expresamente. d. Uso de medios electrónicos. Hágase del conocimiento del promovente que no requiere de autorización por parte de este tribunal para hacer uso de los mismos en la consulta del expediente físico. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Asimismo, se requiere a dichos fedatarios para que, al elaborar las síntesis de los acuerdos que deban publicarse en listas, especifiquen en la forma más completa el contenido de las resoluciones emitidas, además de integrar debidamente al expediente físico las razones de las diligencias que practiquen. VI. Exhortación a que hace alusión el artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, a fin de mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con el numeral señalado en párrafo que antecede, se exhorta a las partes a que: I. Continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. VII. Expedición de copias. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo o en los informes justificados; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. VIII. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad a los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que este juzgado, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, los mismos serán utilizados para su tramitación y registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con fines estadísticos; asimismo, en términos de los diversos 43 a 48 de la ley general en cita, quedan a salvo los derechos de las partes de acceso, ratificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los que podrán ejercitar directamente ante este tribunal, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de transparencia de éste, auxiliar de su Comisión de Transparencia. En todo caso, hágase del conocimiento de las partes que este tribunal presume su oposición a la publicación de sus datos personales y únicamente en caso de solicitud expresa, se obrará en contrario. Finalmente, acorde a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto, entre ellas, las sentencias ejecutorias de interés público, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa, implicará que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 del ordenamiento en cita, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales.

  3. Principal

    (1) Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que mediante proveído de siete de junio del año en curso (fojas 260 a 263), se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por ***, la cual dio origen al presente sumario, sin embargo, se omitió girar oficio a las autoridades responsables señaladas como: a) H. Congreso Constitucional del Estado de Hidalgo; b) C. Gobernador del Estado de Hidalgo; c) C. Secretario de Gobierno del Estado de Hidalgo; y d) C. Director General de Periódico Oficial del Estado de Hidalgo. e) C. Director General de la Comisión Federal de Electricidad. De igual forma, requiérase su informe de ley a la autoridad responsable señalada como Tesorero Municipal de Atotonilco de Tula, Hidalgo, toda vez que la misiva dirigida a la citada autoridad fue enviada al Tesorero Municipal de Atotonilco el Grande, Hidalgo, no obstante, de la lectura integral de la demanda, se advierte que los actos reclamados en el presente sumario, se le atribuyen a la primera autoridad en mención (foja 226). Por lo que, atento a lo anterior, mediante oficios que deriven del presente auto, solicítese a las mencionadas responsables su informe justificado en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, ello, como fue determinado en el auto de siete de junio de dos mil veintitrés, esto es: a) Informe con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo se requiere a las autoridades responsables para que en el plazo de quince días rindan su informe con justificación, apercibidas que de no hacerlo se presumirán como ciertos los actos reclamados y se les impondrá multa por el equivalente a cien veces el importe de la unidad de medida y actualización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la ley citada, que asciende a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional. Ello, en el entendido que si las autoridades responsables no consideran necesario remitir constancias, los informes justificados correspondientes deberán enviarse ÚNICAMENTE por correo electrónico a la dirección ***, pues constituye hecho notorio para la suscrita, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que el servicio postal ordinario que presta Correos de México se encuentra gravemente afectado por la pandemia generada por el virus SARS-CoV2-19. b. Informe vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. A fin de agilizar la integración del expediente, en caso de haberlas, remítase vía interconexión los oficios correspondientes a las autoridades que constituyen órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, o bien, a las autoridades con las que el Consejo de la Judicatura Federal ha celebrado convenios respectivos, solicitándose atentamente que el informe que rindan se envíe por la misma vía, a excepción de los casos en que deban remitir constancias que deban exhibirse forzosamente en forma física (discos compactos, etcétera), conforme a lo ordenado en este apartado. Finalmente, en caso que los actuarios adscritos cuenten con el correo electrónico oficial de las autoridades responsables, se les instruye para que remitan los oficios derivados de este acuerdo por tal vía, siempre y cuando puedan constatar, por cualquier medio, su recepción. c. Multa por no recibir oficios. Con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, apercíbase a las autoridades responsables que si se niegan a recibir los oficios librados en el presente juicio, se les impondrá multa por el equivalente de cien unidades de medida y actualización, conforme al diverso segundo transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, que asciende a la cantidad de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional. De igual forma, hágase del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables, que de conformidad con el artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio se les dirijan, por lo que en caso de negarse a recibirlos, con excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial (verbigracia, por tratarse de encargado y no titular, o viceversa; o bien por no estar completa la denominación) si no existe duda y resulta evidente la existencia de las autoridades, sobre todo, en caso que no exista organigrama o directorio que tanto este juzgador como las partes puedan consultar en línea para determinar con precisión el nombre del cargo), se tendrán por hechas las notificaciones y serán responsables de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación, e incluso el domicilio correcto, al rendir su respectivo informe o en su defecto mediante oficio; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, con la razón actuarial que se levante, o bien lo que informe el funcionario de correos o telégrafos, se dictará el acuerdo correspondiente, sin perjuicio que se les imponga una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme al último de los numerales invocados, que asciende a la cantidad de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional. d. Informe de causas de sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que en caso que tengan conocimiento o con su conducta provoquen la actualización de alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, o bien, si saben que la parte quejosa ha promovido diverso juicio de amparo que pueda tener relación con el presente asunto y en qué órgano jurisdiccional se radicó, lo comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito en cualquier estado procesal que se encuentre el juicio de amparo, haciendo de su conocimiento que si no cumple con esa obligación, se les impondrá una multa equivalente a treinta unidades de actualización y medida, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 251 del ordenamiento legal en cita, que asciende a tres mil ciento doce pesos, veinte centavos, moneda nacional. e. Requerimiento de expediente generador y constancias relacionadas con el asunto. Con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que remitan en el plazo de quince días, contados desde el momento en que les sea notificado el presente acuerdo, las constancias que integran el expediente generador de los actos reclamados o que sirvieron de apoyo para emitirlos, así como aquéllas que en su caso tuvieran relación con el presente asunto (en forma completa y legible, debidamente foliadas, rubricadas, entreselladas y signadas por funcionario público facultado para dicho cotejo), toda vez que resulta necesario para resolver el presente juicio, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del término señalado o de no informar las causas legales o materiales que se lo impidan, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional. En consecuencia, a efecto de dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere para las diez horas con quince minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Finalmente, se instruye a la Analista del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que realice las anotaciones correspondientes respecto de las citadas autoridades, a fin de que el expediente electrónico concuerde con el físico.

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