German Osorio Bayona
Expediente 328/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 328/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- German Osorio Bayona
Actuaciones
- Principal
IV.- HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO... ARCHÍVESE EL PRESENTE JUICIO.
- Principal
IV.- Villahermosa, Tabasco; veintisiete de febrero de dos mil dieciocho. RADICACIÓN. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por German Osorio Bayona, contra actos de la Subdirectora de Ejecución Fiscal y Fiscalización y otras autoridades, presentada con siete copias, sin anexo; por tanto, se ordena formar expediente y registrar en el Libro de Gobierno correspondiente, bajo el juicio de amparo indirecto 328/2018-IV. DESECHAMIENTO. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En ese sentido, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro del escrito presentado por la parte quejosa, se obtiene que hace consistir el acto reclamado en: - El aseguramiento de bienes ordenado por la Subdirección de Ejecución Fiscal y Fiscalización de la Dirección de Finanzas, en acuerdo de uno de febrero de dos mil dieciocho, mediante el cual se requirió al quejoso el pago de un crédito fiscal por la cantidad de $13, 400. 00 (trece mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional) más gastos de ejecución y actualización. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". Asimismo, resulta aplicable por identidad jurídica esencial, la tesis aislada número VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de 2004, Novena Época, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que a la letra refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" Como puede advertirse claramente, el motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita, se encuentra motivado por el hecho de que el impetrante de amparo, previo acudir a la instancia constitucional, no agote los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios (lato sensu) tendentes a revocar o modificar los actos que estime lesivos. En la especie, como ya se dijo, se actualiza la referida causal de improcedencia, toda vez que, respecto del acto reclamado, la parte promovente debió agotar el juicio ordinario tendiente a revocar o modificar los actos lesivos. Se estima así, porque el acto combatido, es impugnable mediante el juicio contencioso administrativo, por medio del cual se puede lograr que el acto que se trata de combatir por esta vía constitucional, sea revocado. En efecto, al respecto debe decirse que los artículos 1, 157, fracciones III, V y VI, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, respectivamente disponen lo siguiente: "Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general. Tiene por objeto regular la integración, organización, atribuciones y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, así como los procedimientos para la solución de los asuntos sometidos a su conocimiento y los medios de impugnación en contra de sus resoluciones, Los juicios de naturaleza contencioso administrativo que se promuevan ante el Tribunal, se sustanciarán y resolverán con arreglo a lo que señala la presente Ley. En cuanto al procedimiento de responsabilidad administrativa por faltas graves de servidores públicos o faltas de particulares vinculados con las mismas, se estará a lo señalado por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y por esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México sea parte. [.]" "Artículo 157. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos siguientes: III. Las dictadas por autoridades fiscales estatales y municipales, incluyendo a los organismos descentralizados, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; [.] V. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas locales o municipales; VI. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores; [.]". De los artículos transcritos, se aprecia que en contra de las controversias de carácter administrativos que dicten, ejecuten o traten de ejecutar en las autoridades estatales, municipales y de sus organismos descentralizados o desconcentrados, en agravio de los particulares, procede el juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, que es un órgano autónomo dotado de plena jurisdicción e imperio suficiente para hacer cumplir sus resoluciones, las que en su caso declaren fundada la pretensión de los actores, dejarán sin efecto el acto reclamado y fijarán el sentido de la resolución que deba dictar la autoridad responsable, para salvaguardar el derecho de los accionantes. Luego, si la parte quejosa señala como acto reclamado, como ya quedó precisado con antelación: el aseguramiento de bienes ordenado por la Subdirección de Ejecución Fiscal y Fiscalización de la Dirección de Finanzas, en acuerdo de uno de febrero de dos mil dieciocho, mediante el cual se requirió al quejoso el pago de un crédito fiscal por la cantidad de $13, 400. 00 (trece mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional) más gastos de ejecución y actualización; por ello, es indudable que, antes de acudir al amparo, tenía obligación de agotar el juicio respectivo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, conforme al artículo 157, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, y al no haberlo hecho así, es evidente que no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, lo que hace improcedente el presente juicio de amparo. Lo anterior, tomando en consideración que dicho juicio es el medio de impugnación en virtud del cual, a petición de parte legítima, se puede nulificar el acto reclamado, pues es claro que con su interposición, el afectado puede alcanzar su pretensión jurídica y lograr que desaparezcan de su esfera jurídica, las violaciones que argumenta se le ocasionaron. Además, tampoco se está en el supuesto de que la ley del acto prevea más requisitos que la Ley de Amparo para suspenderlo, pues los numerales 71 y 74 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, prevén lo siguiente: "Artículo 71.- La suspensión podrá solicitarla el actor en cualquier etapa del juicio, hasta antes del cierre de la instrucción y tendrá por efecto evitar que se ejecute el acto impugnado, o que se continúe con la ejecución del mismo. No se otorgará la suspensión si con ello se causa perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público. La suspensión también podrá consistir en la orden a la Coordinación Catastral y Registral de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, de custodiar el folio real del predio, cuando se trate de un juicio de nulidad o de lesividad, relacionados con desarrollo urbano, construcciones, inmuebles u ordenamiento territorial, para evitar la inscripción de actos que impidan la ejecución de la sentencia que resuelva el fondo del asunto y la protección del patrimonio de terceros. "Artículo 74. En los casos en que proceda la suspensión, pero se puedan ocasionar daños o perjuicios a terceros, sólo se concederá si el actor otorga garantía bastante, mediante billete de depósito o póliza de fianza, para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtiene sentencia favorable en el juicio. Si la suspensión fue concedida, dejará de surtir efectos si la garantía no se otorga dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del auto que la hubiere concedido." Como se ve, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo para suspender el acto reclamado, ya que el actor puede solicitarla en su demanda o en cualquier momento del juicio, y tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentran, en tanto se pronuncie sentencia, además que la garantía que debe otorgarse cuando pudieran ocasionarse daños y perjuicios a un tercero con la concesión, puede constituirse en cualquiera de las formas establecidas por la ley (al igual que en la Ley de Amparo); por lo que al no darse el supuesto de excepción al principio de definitividad, el quejoso debió haber agotado el aludido juicio contencioso administrativo. Apoya lo anterior, la tesis I.3o.A.128 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página trescientos setenta y cinco, Tomo XIII, abril de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "FUNDAMENTACION, INDEBIDA. NO CONSTITUYE UNA EXCEPCION AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCION XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO". Sin que sea el caso, considerar la hipótesis de excepción al principio de definitividad prevista en el inciso c) de la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, que exceptúa de ese principio a las personas extraña al procedimiento; pues no hay que perder de vista que la excepción al principio de definitividad tratándose de terceros extraños por equiparación, únicamente opera cuando el acto reclamado son resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y no cuando se trata de actos emanados de autoridades distintas de las mencionadas (como en el caso), pues para ese caso, la Ley de Amparo en vigor, prevé en la fracción XX, del artículo 61, otras salvedades y las cuales no hay que confundir con lo previsto en la fracción XVIII del mismo precepto legal. Apoya lo anterior, la tesis IV.2o.C.3 K (10a.), consultable en la página 3141, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, Materia Común, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES PREVISTAS EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO." En ese contexto, evidente resulta que el promovente debió interponer el señalado medio de defensa, cumpliendo así con el principio de definitividad rector de la instancia constitucional, contenido en la fracción XX, del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, toda vez que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en ese normativo, a saber, que se trate de un tercero extraño a procedimiento, que el acto carezca de fundamentación, que se aleguen violaciones directas a la Constitución o que no tenga previsto en la ley aplicable el medio de defensa. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113 del ordenamiento en consulta, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por German Osorio Bayona, contra actos de la Subdirectora de Ejecución Fiscal y Fiscalización y otras autoridades. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." DOMICILIO Y AUTORIZADO. Ahora, toda vez que la quejosa señaló como domicilio para recibir citas y notificaciones, los estrados de este Juzgado, los cuales no pueden tenerse como tal, porque no podrían observarse las formalidades para las notificaciones personales; por tanto, comuníquese al promovente que hasta en tanto señale uno en esta ciudad; ésta y las actuaciones que deban notificársele, incluso las de carácter personal, se le notificarán por lista, conforme a lo previsto por el artículo 29 de la Ley de Amparo. Apoya esta consideración la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, identificada con la clave XXII.1º.22K, visible en la página 1067 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía , se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público". Asimismo, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Anan López Vicente, por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales en derecho, ante Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredita como Licenciado en Derecho. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. En otro orden de ideas, conforme al principio de celeridad que emerge del artículo 17 de la Constitución Federal, aunado a que el juicio de amparo es un proceso sumarísimo durante cuya tramitación no deben existir obstáculos que lo retarden, desde este momento se faculta al Actuario Judicial adscrito para que en caso de ser necesario se constituya en el domicilio de las partes en días y horas inhábiles a fin de que pueda notificar personalmente alguna actuación derivada del presente juicio que así lo amerite, lo anterior con fundamento en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo. LEY DE TRANSPARENCIA. Finalmente, en cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto, ésta se regirá de acuerdo a lo previsto en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de nueve de mayo de dos mil dieciséis. Notifíquese en términos de ley.
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