Germán Ortiz Fernández

Expediente 642/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
642/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
28/10/2021

Partes del expediente

  • Germán Ortiz Fernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se sobreseyó en el juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración de los cuadernos incidentales En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se otorgó la suspensión provisional y se negó la definitiva en el incidente de suspensión original es destruible, una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, de conformidad con el inciso a) y c), del artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con el artículo 20, del citado Acuerdo General. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de octubre de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 642/2021-I-1, y; Resultando Primero. Presentación de la demanda. En el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Juárez, el seis de septiembre de dos mil veintiuno, se presentó la demanda y se recibió en este juzgado, por razón de turno, el mismo día. En el escrito inicial la parte quejosa ******* solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que se citan enseguida: [.] III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. a).- Como Autoridades ORDENADORAS del acto reclamado, señalo a los CC. 1.- JUZGADO DE GARANTÍAS DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, dependiente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, con domicilio en la calle Barranco Azul sin número en la Ciudad Judiciales esta Ciudad. 2.- AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO COORDINADOR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN EN DELITOS PATRIMONIALES, dependiente de la Fiscalía General Zona Norte del Estado de Chihuahua, con domicilio en la calle Eje Vial Juan Gabriel y calle Aserraderos. b).- Como autoridades EJECUTORAS del acto reclamado, señalo a los C.C. 1.- COORDINADOR REGIONAL ZONA NORTE DE LA POLICÍA ESTATAL ÚNICA DIVISIÓN INVESTIGACIÓN con domicilio conocido en esta ciudad. 2.- COORDINADOR ESPECIAL B, DE LA POLICIA ESTATAL ÚNICA DIVISIÓN INVESTIGACIÓN ASIGNADO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS PATRIMONIALES, dependiente de la Fiscalía General del Estado Zona Norte, con domicilio conocido en esta ciudad. 3.- C. COORDINADOR DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN ZONA NORTE, con domicilio en Eje Vial Juan Gabriel y Aserraderos de esta Ciudad. ACTO RECLAMADO. - La orden de comparecencia, entrevista, detención, presentación, o aseguramiento y/o cateo que han girado las autoridades señaladas como ordenadoras con el fin de que se ejecute por medio de las autoridades señaladas como Ejecutoras, con el objeto de que se me asegure algún bien yo cateo en mi propiedad, sin que haya cumplido con las formalidades de ley en cuanto al procedimiento, ya que dicha orden de aseguramiento es fuera de procedimiento jurídico, y no se encuentra debidamente fundada y motivada, así como que no he cometido delito alguno no falta administrativa que amerite el aseguramiento y/o cateo. [.] Segundo. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Por auto de siete de septiembre de dos mil veintiuno, la demanda de amparo se registró con el número 642/2021-I-1, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Una vez que se tramitó el juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo en virtud que es un asunto en penal judicial en el que se reclama un acto privativo de libertad que tiene ejecución material en el lugar sobre el cual ejerce jurisdicción este juzgador. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107 fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37, 107 fracción VI de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambas legislaciones vigentes al dos de abril de dos mil trece, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclamó de las responsables la orden de detención, comparecencia, entrevista, presentación, aseguramiento y/o cateo, así como su ejecución. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en los párrafos precedentes, los que serán estudiados enseguida. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Son inexistentes algunos de los actos reclamados, por lo que, debe sobreseerse en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, que dispone: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] La autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio en funciones de Juez de Control del distrito judicial Bravos (foja 25), con sede en esta ciudad, negó la existencia de la orden de aprehensión, comparecencia, entrevista, presentación, aseguramiento y/o cateo, así como su ejecución. Por su parte, el Sub Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte en función de Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, por Ministerio de Ley en representación del Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte (foja 29 y 34), Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales, de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte (foja 35 y 40), y agente del Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte en ausencia de la autoridad responsable Coordinador de agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Distrito Zona Norte (fojas 44 a 51), todos con sede en esta ciudad y en sus denominaciones correctas, negaron la existencia de la orden de detención, comparecencia, entrevista, presentación y cateo, así como su ejecución. La demostración del acto reclamado es una cuestión de hecho que debe acreditarse con las pruebas idóneas, de ahí que, si las autoridades negaron los actos, queda a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de amparo los medios de prueba tendentes a demostrar tal certeza. En sustento a lo anterior, es aplicable en lo conducente, el criterio que emitió el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se contiene en la tesis número 553, de la Octava Época, consultable en la página 368, Tomo VI, Apéndice de 1995, con registro 394509, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. En el caso, la parte accionante del amparo ofertó como prueba impresión de una constancia de situación fiscal, a su nombre, con cadena original y sello digital, expedida por el Servicio de Administración Tributaria. En términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente según lo estipulado por el numeral 2, de la Ley de Amparo, esta juzgadora goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas y para determinar su valor. A tal documental que fue ofertada y presentada como prueba, se le reconoce el carácter de documento público en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, ya que por éstos se entiende, aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de fe y los expedidos por funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones, la calidad de públicos se demuestra por la existencia regular sobre los documentos de los sellos, firmas y otros signos exteriores que, en su caso, provengan de las leyes; en esa virtud y dado que tiene cadena original y sello digital, se le reconoce eficacia demostrativa plena atento a lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del código procesal supletorio invocado. Sin embargo, tal documento resulta insuficiente para acreditar la existencia de los actos impugnados pues se trata de una constancia de situación fiscal que no tiene relación alguna con los actos privativos de libertad que reclama. De modo que, si la parte quejosa tiene la carga de ofertar las pruebas tendentes a la acreditación de los actos reclamados y en el caso no lo hizo, a pesar de que se le dio vista con el contenido de los informes justificados. Entonces, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Cuarto. Certeza de los actos reclamados. El Sub Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte en función de Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, por Ministerio de Ley en representación del Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte (foja 29 y 34), Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales, de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte (foja 35 y 40), y agente del Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte en ausencia de la autoridad responsable Coordinador de agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Distrito Zona Norte (fojas 44 a 51), con sede en esta ciudad y en sus denominaciones correctas, al rendir su informe justificado aceptaron el acto reclamado consistente en el aseguramiento del vehículo automotor afecto y su inminente ejecución. En efecto, el Sub Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte en función de Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, por Ministerio de Ley en representación del Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte y el Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales, de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, con sede en esta ciudad, informaron que, recibieron por parte del agente del Ministerio Público el acuerdo de aseguramiento de un vehículo marca *******, modelo ******* (*******), matriculas de circulación *******, número de serie *******, número de motor *******, el cual se encuentra pendiente de cumplimentar, porque el seis de septiembre del presente año, ante el agente del Ministerio Publico a cargo de la carpeta de investigación en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales, comparecieron ******* (víctima) y ******* (indiciado) aquí quejoso, a celebrar acuerdo reparatorio. Por su parte, el agente del Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte en ausencia del Coordinador de agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, con sede en esta ciudad, indicó que es cierto uno de los actos reclamados, dado que en la carpeta de investigación ******* el uno de septiembre del año en curso, ordenó el aseguramiento del vehículo marca *******, modelo ******* (*******), número de serie *******, número de motor *******, placas *******, pendiente de cumplimentar, en virtud de que el seis de septiembre del presente año, ante tal autoridad comparecieron ******* (víctima) y ******* (indiciado) aquí quejoso, a celebrar acuerdo reparatorio sin que a la fecha se le haya informado sobre el cumplimiento del acuerdo reparatorio. Además, la certeza de los actos queda acreditada con los elementos de prueba que exhibieron las referidas autoridades responsables consistentes en copia certificada del acuerdo de uno de septiembre de dos mil veintiuno, y del acuerdo reparatorio de seis de septiembre de la presente anualidad, dictados en la carpeta de investigación *******, probanzas a la cuales se les reconoce valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. La valoración asignada a las documentales tiene sustento en la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 394182, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995 al Semanario Judicial de la Federación, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Cobra aplicación, por los motivos que informa, la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, con registro 917812, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Quinto. Análisis de la causa de improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad de los actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el caso, quien esto suscribe determina que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en la que se establece lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] A partir de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del dos mil once, con entrada en vigor a los ciento veinte días de su publicación (cuatro de octubre de dicha anualidad), se advierte que el artículo 107, fracción I, prevé que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada que aduzca: a) ser titular de un derecho, o; b) contar con un interés legítimo individual o colectivo, dichos supuestos fueron recogidos por la actual Ley de Amparo. El interés jurídico tiene una connotación diversa a la del interés legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Corrobora lo anterior, la tesis aislada 2a. LXXX/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, septiembre de dos mil trece, Tomo 3, Materia Común, con registro 2004501, de rubro y texto: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Precisado lo anterior, procede analizar si en el presente juicio el quejoso se ubica en alguna de las hipótesis señaladas para promover el presente juicio, es decir, si la conducta de las autoridades responsables es susceptible de causar perjuicio o privar de un beneficio al gobernado sea de manera directa o indirecta, generando así su interés jurídico (la afectación a un derecho subjetivo) o interés legítimo (la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico). Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia III.4o.(III Región) 17 K (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, el viernes veinticuatro de enero de dos mil catorce, Décima Época, con registro 2005381, que dice: INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO CONCRETO QUE DEBE UTILIZAR EL JUEZ PARA SU DETERMINACIÓN. Del texto del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 2011, se advierte que la intención del Constituyente es continuar en el juicio de amparo con la tutela del interés jurídico y agregar al ámbito de protección el interés legítimo, los cuales tienen diversos alcances, pues el primero requiere, para su acreditación, el perjuicio de un derecho subjetivo del cual es titular el agraviado; en cambio, el segundo comprende únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, y proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto a la norma que establezca el interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo cual supone que el quejoso pertenece a ella; en ese contexto, dichas figuras están referidas u orientadas a cuestiones de legitimación en la causa, pues en ambas se pretende la protección de derechos bajo modalidades distintas, pues reconocer la tutela de dichos intereses a nivel constitucional, sólo tiene por efecto posibilitar, en el interés jurídico, la protección de los derechos subjetivos individuales directos y, en el legítimo, aquellos de grupo o individuales indirectos. A partir de las anteriores premisas el Juez, en función del caso concreto, determinará si se está o no en presencia de un supuesto donde deba analizar el interés jurídico o el legítimo, es decir, el método concreto consiste en atender a la condición legal del sujeto frente al acto calificado de transgresor de sus derechos para precisar cuál es su pretensión, lo que se logra mediante la revisión de la demanda en su integridad, las pruebas, la naturaleza jurídica del acto reclamado e, incluso, de la autoridad responsable, dado que estos factores, conjuntamente, influyen para determinar cuál interés busca protegerse; por ejemplo, si se reclama de una autoridad la orden, ejecución, desposeimiento y embargo de un vehículo de motor en el procedimiento administrativo en materia aduanera, cuya propiedad el quejoso adujo probar con documentos específicos, como la factura con su traducción por ser de procedencia extranjera, este planteamiento permite advertir que se reclama la afectación a un interés jurídico, dada la protección pretendida al derecho de propiedad sobre el automotor. Por tanto, a partir de la diferencia de los intereses descritos, no se está en posibilidad de examinar la afectación de los dos en torno a un acto reclamado, en tanto uno excluye al otro, dado sus particulares orientación y finalidad, sin ser dable perfilar el estudio en sede constitucional por la vía del interés legítimo sólo porque así lo refiere el quejoso, pues ello equivaldría a desnaturalizar la función del órgano jurisdiccional en su calidad de rector del juicio. También, sirve de apoyo la jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, abril de dos mil trece, Tomo 3, Materia(s): Común, con registro 2003293, del tenor siguiente: INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. La parte quejosa reclama el aseguramiento del vehículo marca *******, modelo ******* (*******), número de serie *******, número de motor *******, placas *******, ordenado en la carpeta de investigación que se sigue por el delito de abuso de confianza en perjuicio de *******. Los actos que reclama son de aquellos que pueden engendrar una situación jurídica concreta en perjuicio de los gobernados, al ser de esos que con su emisión afectan a la persona o su patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, por ello, se estima que el juicio de amparo es procedente respecto de este tipo de actos, puesto que la acción constitucional de amparo únicamente puede promoverse por la parte que acredita le perjudica el acto, en términos del artículo 5º de la ley de la materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 170500, publicada en la página doscientos veinticinco, tomo XXVII, enero de dos mil ocho, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. También la jurisprudencia 854, emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página quinientos ochenta y dos, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación a mil novecientos noventa y cinco, con registro 394810, que preceptúa: INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona. Por las razones expuestas, se infiere que, para la promoción del presente juicio, la parte solicitante debió demostrar la afectación a su interés jurídico durante el transcurso del presente asunto, pues en el caso, no aplica la promoción del juicio por interés legítimo. Ahora, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente, no inferirse con base en presunciones y la carga de demostrarlo fehacientemente corresponde al quejoso; por ello, corresponde al tribunal de amparo analizar las probanzas con las que se pretenda demostrarlo por ser una cuestión de orden público la procedencia del juicio de amparo. Cobra vigencia, la jurisprudencia 293, formulada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de País, publicada en la página doscientos cuarenta y dos, tomo VI, Octava Época, del citado apéndice, compilación al dos mil, con registro 917827, que señala: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Asimismo, la jurisprudencia diversa 1/2002, pronunciada por la aludida Primera Sala, visible en la página 15, tomo XV, Novena Época, febrero de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 187777, que dispone: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. Sentado lo precedente, es conveniente precisar que de la copia certificada de la carpeta de investigación *******, de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales, se desprenden, en lo que aquí interesa, los siguientes datos: 1. El tres de agosto de dos mil veinte mediante querella presentada por *******, representante legal de la moral *******, manifestó que en noviembre de dos mil dieciocho ingresó al taller "*******" ubicado en *******, en esta ciudad, un camión propiedad de la empresa que actualmente representa y a la fecha el señor ******* se negaba a entregarlo, además de que al camión no se le había efectuado la totalidad de las reparaciones programadas. 2. Luego, el uno de septiembre del año en curso, el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales ordenó el aseguramiento del vehículo marca *******, modelo ******* (*******), número de serie *******, número de motor *******, placas *******, dado que la parte querellante acreditó la propiedad del automotor, al ser el objeto material del hecho tipificado como delito de abuso de confianza, previsto y sancionado en el artículo 220 fracción 11, del Código Penal del Estado de Chihuahua. 3. Posteriormente el seis de septiembre del presente año, ante el agente del Ministerio Publico a cargo de la carpeta de investigación comparecieron ******* (víctima) y ******* (indiciado) aquí quejoso, a celebrar acuerdo reparatorio. Como se ve, el quejoso no tiene interés jurídico sobre el vehículo de referencia, pues hasta este momento la parte denunciante es la única con interés jurídico reconocido. De manera que, dado que el promovente del amparo no acreditó la titularidad de la propiedad del vehículo marca *******, modelo ******* (*******), número de serie *******, número de motor *******, con placas *******, no le depara perjuicio a su esfera de derechos el aseguramiento que sobre dicho automotor se ordenó, y al no causarle un agravio personal y directo el juicio de amparo es improcedente. En ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, en términos del diverso numeral 63, fracción V, de la legislación reglamentaria en consulta. Conviene apuntar que esta determinación no prejuzga sobre la legalidad de los actos reclamados a las autoridades responsables, ni limita la posibilidad de que la parte quejosa acuda ante las instancias competentes para deducir sus derechos, pues la conclusión a que arribó este Juzgado no involucra el estudio de fondo de los actos reclamados. Atento el sentido que rige el presente fallo, existe un impedimento legal para abordar el estudio del fondo de la cuestión planteada por la parte solicitante de amparo. Es aplicable a esta consideración, la tesis II.3o. J/58 del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo 70, de octubre de 1993, página 57, con registro 214593, que estatuye: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 61, fracción XII, 63, fracciones IV y V, 73, 74, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 642/2021-I-1 promovido por *******, en relación con los actos reclamados a las autoridades responsables y por las razones expresadas en los considerandos tercero y quinto de este fallo. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Informe justificado Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la agente del Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte en ausencia de la autoridad responsable Coordinador de agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, con sede en esta ciudad, (en su denominación correcta; de conformidad con los artículos 117 y 119, de la Ley de Amparo, con su contenido y con las documentales que acompaña, dese vista a las partes a fin de que estén en posibilidad de realizar las manifestaciones legales que a su interés convenga. Lo precedente, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, acorde a lo establecido en el artículo 124 de la legislación en cita. Delegados y domicilio Con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Pruebas Ahora, respecto a las pruebas que anexan a su informe, las mismas se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza. Lo anterior, sin perjuicio de hacer relación de estas en la audiencia constitucional, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo. Anotación denominación correcta Dado que la autoridad responsable señala su denominación correcta, se comisiona al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que realice las anotaciones correspondientes en el referido sistema. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Informe justificado Agréguense a los autos los informes justificados rendidos por el Sub Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte en función de Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, por Ministerio de Ley en representación del Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte (denominación correcta de las señaladas como Coordinador Regional de la Zona Norte de la Policía Estatal Única División Investigación y Coordinador de la Policía Estatal Ministerial de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte) y del Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales, de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte (denominación correcta de la señalada como Coordinador Especial "B" de la Policía Estatal Única División Investigación, asignado a la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales), con sede en esta ciudad; de conformidad con los artículos 117 y 119, de la Ley de Amparo, con su contenido y con la documental que acompaña, dese vista a las partes a fin de que estén en posibilidad de realizar las manifestaciones legales que a su interés convenga. Lo precedente, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, acorde a lo establecido en el artículo 124 de la legislación en cita. Pruebas Ahora, respecto a las pruebas que anexan a su informe, las mismas se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza. Lo anterior, sin perjuicio de hacer relación de estas en la audiencia constitucional, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo. Anotación denominación correcta Dado que las autoridades responsables oficiantes señalan sus denominaciones correctas, se comisiona al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que realice las anotaciones correspondientes en el referido sistema. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.MGCJ/Yjv/dmjv

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