German Ortega Nieto
Expediente 422/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 422/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- German Ortega Nieto
Actuaciones
- Principal
Ciudad Madero, Tamaulipas, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, el documento de cuenta signado por el Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros, Tamaulipas, por el cual adjunta el diverso del índice del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en el que esencialmente acusa recibo del Juicio de Amparo 422/2021-IV, del índice de este Juzgado, y solicita a este órgano Jurisdiccional, que de contar con diversa documental o promoción derivada del citado asunto, sea remitida a dicho órgano. En consecuencia, mediante oficio que al efecto se libre infórmese al homólogo federal en cita, que los autos originales del juicio de amparo 422/2022-IV-A, le fueron remitidos mediante oficio 16380/2021, de fecha treinta de abril de dos mil veintiuno, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción Territorial en toda la República, con motivo de la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional, sin que el caso, se cuente con diversa solicitud o promoción recepcionada en los presentes autos. No obstante, con la finalidad de que el Juzgado de Distrito de referencia procure el ágil acceso, consulta de la información y constancias que estime pertinentes para la resolución del juicio de amparo, respecto del cual se avocó, se habilita la consulta electrónica de este juicio de amparo a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE], por tanto, de conformidad con el artículo 74 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, por ello, se instruye al Analista Jurídico SISE adscrito deje a disposición y habilite el expediente electrónico correspondiente, para que dicho órgano esté en posibilidad de consultarlo. En ese contexto, se informa al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, que se dejó a disposición y habilitó en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el expediente electrónico del presente asunto.
- Principal
cúmplase
- Principal
CÚMPLASE
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. "...Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por German Ortega Nieto, contra actos del Congreso de la Unión, con residencia en la Ciudad de México, y otra[s] autoridad[es], por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 6, 16, 20 y 133 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro. Regístrese en el libro de "Registro de Juicios de Amparo" bajo el expediente 422/2021-IV-A. Integración de expediente electrónico... Incompetencia. Debe precisarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juzgado de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con el juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal fundamental. En el caso, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia por cuestión de materia para conocer del juicio de amparo indirecto, por las razones que a continuación se exponen. Así, es necesario definir el vocablo competencia. Concepto de competencia. El término "competencia" (que deriva de los aforismas latinos "competens entis", que significan conveniente, aptitud o apto), en sentido jurídico amplio, alude a la idoneidad atribuida a un órgano del Estado para conocer o llevar a cabo determinados actos jurídicos. Doctrinariamente ha sido identificada como la medida o el alcance de la jurisdicción, es decir, el límite que la ley señala para el ejercicio de la jurisdicción a cargo de cada uno de los distintos órganos gubernamentales. Sin embargo, en términos procesales, significa la facultad que tiene un Juez o tribunal de conocer un negocio o litigio dado con exclusión de cualquier otro. En ese sentido, la competencia tiene como presupuesto el principio de pluralidad de tribunales dentro de un territorio jurisdiccional. Así, las reglas de competencia tienen por objeto determinar cuál va a ser el órgano jurisdiccional que debe conocer de tal o cual controversia, se insiste, con preferencia o exclusión de los demás. Por ello, es de estimarse que si la jurisdicción es el "poder-deber" de administrar justicia, la "competencia" es aquélla cuestión que fija los límites dentro de los cuales se ejerce tal atribución fundamental. Para mayor comprensión, resulta ilustrativo dividir el análisis del concepto "competencia" desde dos puntos de vista: el subjetivo y el objetivo. Tocante al primero de ellos (subjetivo), la competencia es el deber y el derecho que tiene el Juez de administrar justicia en un proceso específico. El segundo (objetivo), es la enunciación de las reglas dadas para atribuir a los distintos jueces el conocimiento de determinados casos. Con base en esta clasificación se puede precisar que la "competencia" se erige como un "presupuesto procesal", esto es, como una condición que debe existir a fin de que pueda emitirse un pronunciamiento de fondo en torno a una pretensión. Dicho de otro modo, es un requisito necesario exigido en ley que debe darse a fin de que pueda ser válido un proceso. Por su parte, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de reglas de competencia, a saber: por i) materia, ii) grado, iii) auxiliar, iv) concurrente y v) por territorio. De esas especies de competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar el referente a la competencia por materia, que constituye la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. Ahora, debe precisarse que con relación al tema competencial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el conflicto de competencia debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Además, el Máximo Tribunal del País precisó que, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia. También, el Alto Tribunal ha considerado que para fijar la competencia por materia de los juzgadores federales, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable, por lo que debe atenderse a dichos elementos y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente... En efecto, la competencia es la suma de facultades que la ley da al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios o conflictos. Así, un tribunal es competente para conocer de un asunto cuando, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserva su conocimiento con preferencia a los demás órganos. Con relación a la competencia por materia, debe precisarse que es aquella que determina que en el juzgado o tribunal especializado se radiquen asuntos de una misma rama del derecho. Lo que permite que los juzgadores que lo integran tengan un mayor conocimiento sobre la materia correspondiente y, en consecuencia, puedan resolver mejor y con mayor prontitud los asuntos que son sometidos a su conocimiento, a efecto de cumplir con la garantía de justicia pronta, completa e imparcial establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación precisa que se podrán establecer órganos especializados por materia, y en los artículos 37 a 39 de ese ordenamiento, se establece la competencia por materia de los Jueces de Distrito y constan los lineamientos que el legislador tomó en consideración para determinarla. En los citados numerales se advierte que para fijar la competencia por materia el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable, esos criterios determinan la especialidad por materia, la cual permite aprovechar el conocimiento y la experiencia de quienes se dedican en forma preferente y permanente a una determinada rama del derecho. La competencia es una condición presupuestal sine qua non, para que la actuación de una determinada autoridad en el desarrollo de la función estatal que genéricamente le corresponde, sea válida y eficaz; por ello, tratándose del desarrollo de la función jurisdiccional, se le ha considerado como un elemento de existencia necesaria previa, para la validez de la actuación de la autoridad concreta encargada de ejercerla. Por este motivo, como presupuesto procesal de la acción y del juicio en que se traduce y ejerce la función jurisdiccional, la competencia es el conjunto de facultades con que el orden jurídico enviste a una autoridad para desarrollarla. A partir de la idea de que la jurisdicción aplica la ley y que ello constituye una función exclusiva del Estado a través de sus órganos jurisdiccionales, entonces todos los jueces y tribunales tienen jurisdicción, mas sólo uno tendrá competencia para resolver la litis concreta y el órgano para poder conocer de ella, debe tener jurisdicción. Indicado lo anterior, es pertinente señalar mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica; siendo que, el penúltimo de los numerales en cita, quedó como a continuación se indica:... Asimismo, el artículo transitorio Décimo Segundo3 del citado Decreto indica que el Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer tribunales colegiados de Circuito y juzgados de Distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Derivado de lo anterior, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 22/2013, Relativo a la Conclusión de Funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, y su Transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y Jurisdicción Territorial en toda la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de agosto de dos mil trece, el cual en su artículo sexto, establece:... Por su parte, la Ley de Amparo, en su artículo 48, párrafo primero dispone:... El precepto legal citado, autoriza al juzgador a remitir de plano la demanda de amparo al juez que considere competente, sin que sea necesario decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Naturaleza de los actos reclamados. Ahora, del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo4, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como actos reclamados y autoridades responsables a las siguientes:... De lo anterior, se deprende que la parte quejosa reclama esencialmente de las autoridades que señala como responsables la promulgación, discusión, aprobación y expedición del artículo 180 Quáter de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, contenido en el Decreto publicado el dieciséis de abril de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, que establece:... Dicha norma deriva de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada el dieciséis de abril de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación. Con dicha reforma se estableció la obligación del Instituto Federal de Telecomunicaciones de instalar, operar, regular y mantener un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil [PANAUT] que tendrá como finalidad el intercambio de información con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia, en asuntos relacionados con la comisión de delitos. Este padrón se integrará al Registro Público de Telecomunicaciones junto con Registro Público de Concesiones y el Sistema Nacional de Información de Infraestructura. También se facultó al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que expidiera disposiciones administrativas de carácter general para la operación del PANAUT, el cual es una base de datos con información de las personas -físicas o morales- que sean titulares de una línea telefónica móvil. Entonces, el artículo 180 quáter adicionado a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se prevé que es una obligación del usuario de una línea telefónica móvil registrarla en el PANAUT, para lo cual, debe proporcionar para su activación: (i) identificación oficial; (ii) comprobante de domicilio; y, (iii) sus datos biométricos, de conformidad con lo establecido en la propia Ley y en las disposiciones administrativas de carácter general que, al efecto, emita el Instituto Federal de Telecomunicaciones.De lo anterior se advierte, que los actos reclamados se encuentran relacionados estrechamente con las facultades conferidas al Instituto Federal de Telecomunicaciones, como en materia de telecomunicaciones, por lo que se estima que este juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata, ya que, por razón de materia, debe ser del conocimiento de un juzgador federal especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, por ubicarse los actos reclamados en la esfera de su competencia. En consecuencia, tomando en consideración la competencia especializada establecida en el Acuerdo General 22/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Conclusión de Funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, y su Transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y Jurisdicción Territorial en toda la República, y lo dispuesto por el numeral 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo... Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el asunto al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción Territorial en toda la República, en turno, para que resuelva lo que estime procedente, esto es, si acepta la competencia declinada a su favor, solicitándole se sirva acusar recibo. Solicitud de acuse. Se solicita amablemente al Juzgado de Distrito que le corresponda conocer del presenta asunto informe si acepta o no la competencia que se declina a su favor. Cuaderno de antecedentes y anotaciones. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo con copia de la demanda y el presente acuerdo, asimismo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Domicilio procesal e intervención de autorizados... Habilitación de días y horas inhábiles... Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias... Información pública..."
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