Germán Moreno Ruiz
Expediente 167/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 167/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Germán Moreno Ruiz
- Germán Moreno Ruiz y Otros.
Actuaciones
- Principal
CÚMPLASE.
- Principal
ARCHIVO
- Principal
CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. De la certificación de cuenta se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de queja en contra del auto dictado en este juicio, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en el ordinal 2°, 97 y 98 de la Ley de Amparo, 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es destruible.
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Vista la demanda de amparo de cuenta, se acuerda: REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente, regístrese con el número de orden 167/2021-V y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia que prevé la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, dado que el inconforme no agotó el principio de definitividad. Se sostiene lo anterior, porque en la demanda se reclama del Titular del Área Médica del Centro Federal de Readaptación Social, con sede en Ocampo, Guanajuato, la falta de atención médica especializada. Ahora bien, de los artículos 107 al 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se desprende que las peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del centro de reclusión de que se trate, el que, una vez recibida la petición, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, la admitirá e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa; determinación que deberá notificarse personalmente al promovente. El director del centro de reclusión estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas, entre otras, con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas, así como con el plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales. Por ende, el quejoso (como procesado o sentenciado), en términos de los artículos 2° y 3°, fracciones XVIII y XIX, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, previo a promover la demanda de amparo, debió formular la petición administrativa prevista por el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ante el Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 12, en Ocampo, Guanajuato, para que reciba la atención médica necesaria de acuerdo al padecimiento que describe en la demanda; toda vez que las autoridades penitenciarias son las encargadas de la tramitación del procedimiento establecido en la propia Ley Nacional de Ejecución Penal (petición administrativa). Sin que sea obstáculo el hecho de que el quejoso se encuentre interno en un centro penitenciario y reclame violación al derecho que tienen de estancia digna dentro de éste; pues, se encuentran sujeto a un proceso penal (en prisión preventiva o en ejecución de la pena), y por tanto, se trata de un acto u omisión que se atribuye a una autoridad administrativa, pero ocurrido dentro de un proceso penal; situación que provoca que el interno deba acudir a los mecanismos que establece la ley ordinaria para resolver cualquier afectación a su esfera de derechos, pues dicho procedimiento se rige por los derechos humanos de los artículos 14 y 17 Constitucionales, en el caso, la Ley Nacional de Ejecución Penal, que prevé la petición administrativa como el medio para subsanar tal afectación. Tampoco es obstáculo que se considere que exista una violación directa al artículo 18 de nuestra Carta Magna, pues en éste se encuentran establecidos los principios generales que deben regir en materia penitenciaria, mismos que, al ser ampliados o complementados de forma específica en una norma reglamentaria (Ley Nacional de Ejecución Penal), dotaron a las autoridades de la facultad de analizar los derechos de forma armónica y como una unidad para resolver de mejor forma el planteamiento que les formula un particular; por ende, resulta inadmisible que si el legislador ordinario amplió tales derechos humanos -en materia penitenciaria-, en esta Ley Secundaria, la probable transgresión de aquéllos, no debe ser analizada en forma autónoma, sino a través de un procedimiento, en este caso, la petición administrativa prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por lo anterior, si el amparista cuenta con un mecanismo regulado expresamente por una norma vigente que tiene como finalidad que la autoridad administrativa (como la señalada como responsable), conozca sus necesidades y pueda, en su caso, satisfacerlas, es esa la vía que tiene que seguir a fin de resolver su controversia. Sirve como base para lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), de la Décima Época, con registro 2018548, sostenida por la Primera Sala del Alto Tribunal, publicada el siete de diciembre de 2018, cuyo rubro dice: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." En tales condiciones, si en contra del acto reclamado procedía la petición administrativa (la cual no exige mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, ya que de conformidad con el numeral 110 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, lo único que se requiere es que ésta se formule por escrito), mediante la cual puede ser revocado o modificado y la misma no fue interpuesta por el accionante, con fundamento en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el juicio es improcedente por no observarse el principio de definitividad que lo rige. Cabe destacar que, de considerar el caso como urgente, el inconforme debe impugnar ante el Juez de Ejecución, las situaciones relacionadas con su condición de aislamiento, agotando la acción judicial respectiva, en términos de los artículos 116 y 117, del Capítulo IV, relativo a las Controversias ante el Juez de Ejecución, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En ese contexto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Germán Moreno Ruiz. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 CPS Guanajuato, las notificaciones que se ordenen realizar dentro del juicio de amparo que ahora inicia, deberán hacerse personalmente en tal sitio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción realice las notificaciones que se ordenen dentro de este expediente. COPIAS. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Finalmente, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto). EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA CONTINUAR LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO MEDIANTE DEL USO DE SU FIREL O e.firma (ANTES FIEL). Se requiere a las partes para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); esto con apoyo en el artículo 1, fracción I, tercer párrafo, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. En su caso, podrán solicitar la autorización para el acceso al expediente electrónico, señalando su usuario en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación y podrán autorizar de igual forma que las notificaciones subsecuentes se realicen de forma electrónica. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: Medio de Contacto. Horario. Procedimiento. Celular 4775538393 Correo Electrónico 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx 8:30 a 14:30 hrs. de lunes a viernes. 1. El interesado debe enviar mensaje de texto mediante la aplicación denominada WhatsApp, o bien correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, autorizado, etcétera). b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. c) Número de expediente e información requerida. 2. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En todo caso, responderá a la solicitud de inmediato, mediante llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, indicando el tratamiento dado a la gestión. De igual forma, las partes podrán enviar sus promociones debidamente firmadas en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), directamente al correo electrónico oficial de este juzgado, debiendo señalar para tal efecto un medio de notificación electrónico para todas aquéllas que se realicen en lo subsecuente. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del juzgado podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda, de lo contrario dicha promoción no se tendrá por presentada y tendrá que realizarla a través del uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Lo anterior no es aplicable tratándose de recursos (queja, revisión o inconformidad), ampliaciones de demanda, incidentes o promociones de término, los cuales deben presentarse por escrito, o bien, a través de su firma electrónica. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. NOTIFICACIÓN PRIORITARIA POR OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS. Sin perjuicio de lo anterior (mientras las partes solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas), en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28 fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan informes, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del siguiente correo electrónico: 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx Del mismo modo, se le requiere a las autoridades para que se incorporen al Directorio de Correos Electrónicos Institucionales o, en su caso, actualicen su registro. Para tal efecto, está disponible el siguiente correo electrónico casesoresp@correo.cjf.gob.mx, para que puedan hacer la solicitud correspondiente. Hecho lo anterior, se les solicita autorizar dicho correo electrónico para recibir las subsecuentes notificaciones mediante la promoción respectiva. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico.
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