Germán Menéndez Pérez
Expediente 1634/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1634/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/11/2023
Partes del expediente
- Germán Menéndez Pérez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México a veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a través del cual devuelve el original del juicio de amparo 1634/2023-III del índice de éste órgano jurisdiccional. Ahora bien, se advierte que el homólogo oficiante no aceptó la competencia planteada, en atención a las consideraciones siguientes: (.) Sin embargo, no se comparte dicha consideración en virtud que de la lectura integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado consiste en la resolución de dos de octubre de dos mil veintitrés, mediante la cual el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya de Juárez (Altiplano), Estado de México, determinó dejar sin materia el medio de impugnación interpuesto por el quejoso, de ahí que se estime que el acto combatido ante esta instancia constitucional carece de ejecución material (debido a su sentido), lo que conduce a no aceptar la competencia. En ese sentido, a criterio de este Juzgado de Distrito, se actualiza el supuesto previsto en el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, específicamente en su párrafo tercero, establece que es competente para conocer de un asunto, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material Así, la resolución de dos de octubre de dos mil veintitrés, mediante la cual el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya de Juárez (Altiplano), Estado de México, determinó dejar sin materia el medio de impugnación interpuesto por el quejoso, constituye un acto que no requiere de ejecución material al ser meramente declarativa, pues sus efectos no trascienden al mundo fáctico, es decir, no se modifica el estado de las cosas en la esfera física, sino sólo en el ámbito de lo formal. De ahí que, el acto reclamado al no requerir ejecución material, la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto promovido se surte en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda, ya que este carece de efectos positivos. La anterior conclusión encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.)1, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL.SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓNDEL ARTICULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia Y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." Así como la tesis XVI.P.2 P (10a.), con número de registro digital 2003247, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, página 2055 de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA DIVERSA QUE DECRETÓ EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL.SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD EMISORA DEL ACTO RECLAMADO. El hecho de confirmar el no ejercicio de la acción penal, ya sea por falta de conducencia o de elementos, no puede reputarse como un acto de ejecución material sino como uno meramente declarativo, en tanto que sus efectos no trascienden al mundo fáctico, es decir, no modifican el estado de las cosas en la esfera física, sino sólo en el ámbito de lo formal, al limitarse a confirmar la determinación del Ministerio Público, en el sentido de que no es factible continuar con la integración de la indagatoria. Una interlocutoria así, simplemente declara que no procede el ejercicio de la acción penal y, por lo mismo, la resolución de segundo grado que la confirma tampoco se ejecuta ni requiere de ejecución; sus efectos son estrictamente formales, pues se limitan a dar por buena la determinación del fiscal, sin que se traduzcan en prescripción o mandato para éste en el sentido de realizar una conducta determinada. En ese sentido y atento al artículo 36, párrafo tercero, de la Ley de Amparo que establece que es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material, se concluye que la competencia por territorio para conocer del amparo indirecto promovido contra la resolución que confirma la diversa que decreto el no ejercicio de la acción penal, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad emisora del acto reclamado, pues al no ordenar la realización de alguna conducta, no se ejecuta ni requiere de ejecución material." Por tal razón, es de concluirse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, que si el acto que reclama la parte quejosa no requiere de ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo, en el caso, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca; por tanto, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia declinada para conocer de la presente demanda" En efecto, este órgano jurisdiccional sostiene el criterio por el cual se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, pues de la demanda en cuestión se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La determinación de dos de octubre del año en curso emitida por la responsable, en la que se ordenó dejar sin materia el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, se debe tomar en consideración la naturaleza jurídica del acto reclamado, así como las consecuencias directas de este, por ello este órgano jurisdiccional estima competente al juez de Distrito donde de concederse la protección constitucional sus consecuencias se ejecutaran, tal y como se expuso en el auto de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, como se describe a continuación: "En ese orden, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El citado precepto distingue tres reglas básicas para determinar la competencia para conocer de una demanda de amparo, a saber: 1. El primero tiene su esencia en la naturaleza del acto reclamado, ya que con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora, si aquél tiene carácter ejecutivo, el conocimiento del juicio de control constitucional recaerá en el juzgador federal que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener su ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el órgano jurisdiccional ante el que se presente la demanda. 3. Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por tanto, en la especie se actualiza la primera de las hipótesis descritas, en virtud de que el quejoso reclama la determinación de dos de octubre del año en curso emitida por la responsable, en la que se ordenó dejar sin materia el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. es decir, un acto que en caso de determinarse contrario a derecho conllevaría una ejecución material. Apoya a la presente determinación, la Tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil uno, Novena Época, con registro 189167, que establece: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a sí el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Ahora en el líbelo de amparo, la parte quejosa manifiesta que el uno de agosto del año en curso interpuso el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales contra la determinación de "no ejercicio de la acción penal" en la carpeta de investigación FED/MEX/NAU/00001479/2022, radicada en la Fiscalía General de la Republica ubicada en Naucalpan de Juárez, Estado de México. En atención a lo anterior se deduce que al interponer el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales contra la determinación de "no ejercicio de la acción penal", lo que pretende la parte quejosa es la investigación por parte del Ministerio Público del delito previsto en el artículo 246, fracción VII del Código Penal Federal; es decir, se pretende la ejecución de ciertos actos. En consecuencia, si conforme al artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la competencia por territorio para conocer del juicio correspondiente se surte en favor del Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, resulta inconcuso que en el caso particular es el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, por ser el lugar en que habitan las menores y del cual se pretende la sustracción y resguardo; en tal sentido, surte competencia en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, en turno. Asimismo, por los motivos que la informan, la tesis sustentada por la Sala Auxiliar, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación Séptima Época, volúmenes 217-228, Séptima Parte, página 88, que dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 36 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." En las relatadas condiciones, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, se inhibe para conocer del presente asunto y declina competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno; al acreditarse que dentro de esa jurisdicción tienen ejecución el acto reclamado. (.)" Expuesto lo anterior, este Juzgado insiste en que las consecuencias del acto reclamado tendrán ejecución en Naucalpan de Juárez, Estado de México, por ser el lugar en donde se ejecutarían los efectos de la concesión de amparo. En consecuencia, este Juzgado Federal insiste en declinar la legal competencia para conocer del presente asunto, al Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado México, con residencia en Naucalpan de Juárez, ya que dentro de su jurisdicción se ejecutará el acto reclamado por la parte quejosa y, se reitera el criterio sustentado el treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, pues se estima que los argumentos vertidos por este órgano constitucional son suficientes para fincar la competencia al Juez de Distrito citado en líneas precedentes. Expuesto lo anterior, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional considera pertinente remitir los autos del juicio de amparo 1634/2023-III del índice estadístico de este juzgado al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en turno, para que tenga a bien resolver qué órgano resulta competente legalmente para conocer de la demanda de amparo promovida por la asesora jurídica particular de ********************, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal. Asimismo, comuníquese lo anterior al Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado México, con residencia en Naucalpan de Juárez, para los efectos legales conducentes. Al cuaderno de antecedentes glósese copia del oficio que se provee. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, glósese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Actuario adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, a través del cual acusa recibo del oficio por el cual se le remitió el juicio de amparo 91/2022-lII, con motivo del incidente de inejecución y hace del conocimiento que dicho incidente fue remitido al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
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