Germán López Arias

Expediente 156/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
156/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
05/03/2018

Partes del expediente

  • Germán López Arias

Actuaciones

  1. Principal

    V) La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa, no interpuso el recurso de revisión previsto en el artículo 86, de la Ley de Amparo, contra del auto dictado el ocho de febrero del año que transcurre (fojas 22 a 26), por el que se sobreseyó el juicio fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En el libro de gobierno correspondiente realícense las anotaciones respectivas; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante auto de ocho de febrero del año en curso (fojas 22 a 26), se sobreseyó en el juicio de amparo (Punto Vigésimo Primero, inciso I, en relación con el diverso Segundo, inciso XXI). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    VI.- SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO YS E NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA, EL ACUERDO DE 31/01/2018, QUE EN SÍNTESIS DICE: Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a las partes en proveído de once de enero de dos mil dieciocho (foja 193), para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia ejecutoria de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable la jurisprudencia publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Para determinar si en el caso la autoridad responsable dio o no cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: Adolfo Jonathan Solís Gómez, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el auto de siete de julio de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 813/2015, por la Primera Sala Regional del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México, mediante el cual se impone al quejoso en su carácter de Presidente Municipal de Almoloya de Juárez, una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, por no cumplir con la sentencia dictada en el juicio de origen; así como su ejecución. Mediante sentencia de treinta de octubre de dos mil diecisiete (fojas 126 a 149 vuelta), se resolvió el presente asunto en los términos siguientes: "PRIMERO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Adolfo Jonathan Solís Gómez, por propio derecho, respecto del acto y autoridades precisados en los considerandos segundo y tercero, en los términos expuestos en el considerando séptimo. TERCERO. La justicia de la Unión ampara y protege a Adolfo Jonathan Solís Gómez, por propio derecho, respecto del acto y autoridades precisados en los considerandos segundo y tercero, en los términos y para los efectos precisados en el último considerando del presente fallo.". Ahora, la concesión del amparo fue para el efecto de que Primera Sala Regional del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México, realizará lo siguiente: "Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, la Sala responsable deje sin efectos el acuerdo de siete de julio de dos mil diecisiete, emitido en el juicio administrativo 813/2015 y; En su lugar, dicte otro acuerdo en el que de forma fundada y motivada exponga las razones atinentes al cumplimiento de la sentencia administrativa de que se trata. Se aclara que la responsable puede dictar la determinación que conforme a derecho corresponda, sin perjuicio de que reitere los aspectos que se consideraron constitucionales por este juzgador. Concesión de amparo que se hace extensiva al acto de ejecución, atribuido al Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, por no haberse reclamado por vicios." En ese tenor, mediante auto de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 157a 158 vuelta) causó ejecutoria y se requirió a la responsable para que dentro del plazo de tres días diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable, remitió el oficio TJA-4SR/11390/2017, recibido el veintinueve de noviembre del año en curso (fojas 160 a 162), en este Juzgado de Distrito, en el que adjuntó copia certificada del acuerdo de veinticuatro de noviembre del dos mil diecisiete, dictado dentro del Juicio Administrativo 813/2015, con el cual se le dio vista a las partes a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera con el cumplimiento dado por la responsable a la sentencia amparante. En ese orden de ideas, por auto de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 185 a 189), se tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo, por lo que se requirió de nueva cuenta a la autoridad responsable. Por lo que mediante oficio TJA-1SR/130/2017, de veinte de diciembre del año próximo pasado, la Primera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por lo que mediante proveído de once de enero de año en curso (foja 193), se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera. Ahora, de la certificación de cuenta evidencia que venció el plazo de tres días otorgado a las partes en relación con la forma en que la Primera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, comunicó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por tanto, en virtud de que la ejecución de sentencias es de orden público, con los elementos de convicción que obran en autos, se procede a hacer el análisis correspondiente respecto a si la sentencia se encuentra cumplida o no, si incurrió con exceso o defecto, o bien, si hay imposibilidad para su cumplimiento. Tiene aplicación la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Marzo de 2000, Materia Común, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En ese tenor, con la finalidad de apreciar si la ejecutoria de amparo ha sido cumplida, como se precisó en proveído de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 185 a 189), la concesión del amparo fue para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: 1. Dejará sin efectos el acuerdo de siete de julio de dos mil diecisiete, dictado en los autos del juicio administrativo de origen, y 2. Dictara otro acuerdo en el que de forma fundada y motivada exponga las razones atinentes al cumplimiento de la sentencia administrativa de que se trata y remitiera copias certificadas de las constancias que así lo acreditaran. En ese sentido, la autoridad responsable en el acuerdo dictada el veinte de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 191 y 192), determinó lo siguiente: "Ciudad de Toluca, Estado de México; a veinte de diciembre del año dos mil diecisiete. VISTA la razón de cuenta con fundamento en lo establecido en los preceptos 3, 4, 5, 26 y 28 de la Ley Orgánica de este Tribunal; 3, 4, 39 y 45 del Reglamento Interior de este Órgano Impartidor de Justicia Administrativa; esta Magistrada ACUERDA: I. Se tiene por recibido el oficio 39814/2017, procedente del Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por virtud del cual remite copia del auto dictado el dieciocho de diciembre del año en curso, en el juicio de amparo 1276/2017-VI. II. Ahora bien, tomando en cuenta que en la ejecutoria a cumplimentar la autoridad oficiante tuvo a bien conceder el Amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto que se enuncia a continuación: ". Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, la Sala responsable deje sin efectos el proveído de fecha siete de julio de dos mil diecisiete, dictado en el juicio administrativo 813/2015; y en su lugar, dicte otro acuerdo en el que se (sic) manera fundada y motivada exponga las razones atinentes al cumplimiento de la sentencia administrativa de que se trata." III. En ese entendido y EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA QUE RECAYÓ AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO NÚMERO 1276/2017-VI Y AL ACUERDO DE FECHA DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, a efecto de colmar a cabalidad dicha determinación federal, esta Sala Regional provee lo siguiente:  Bajo este contexto, SE DEJA SIN EFECTOS el precitado acto reclamado ES DECIR EL ACUERDO DE FECHA SIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, EN CONSECUENCIA TAMBIÉN EL PROVEPIDO DICTADAO EN FECHA VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE LA ANUALIDAD INMEDIATA ANTERIOR, únicamente respecto al apartado donde se impuso la multa por la cantidad de doscientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, apartado A, fracción VI, párrafo Primero, así como Segundo y Tercero transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, emitido en el juicio administrativo 813/2015.  Por otra parte, resulta dable INFORMAR a la autoridad federal en comento que SE ORDENA girar oficio al aludido Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado de México, a efecto de hacer de su conocimiento la presente determinación y dejar INSUBSISTENTE LAS MULTAS DERIVADAS DEL ACUERDO DE FECHA SIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, en consecuencia se instruye para que no se continúe con la fase de ejecución en la misma. IV. Ahora bien, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR, se determina: Atendiendo a las constancias que integran el juicio, resulta evidente la renuencia por parte de la autoridad demandada a dar cumplimiento a la sentencia definitiva que recayó al presente asunto, máximo lo anterior si se toman en consideración los siguientes argumentos:  Mediante acuerdo de cinco de diciembre de dos mil dieciséis, se inició la fase de cumplimiento de la sentencia definitiva que recayó al presente asunto, es decir, han transcurrido más de seis meses, sin que la autoridad demandada haya dado cumplimiento a dicha ejecutoria, sin embargo, ha hecho caso omiso a dichos requerimientos.  Por otra parte, la autoridad demandada, no ha negado la existencia de su responsabilidad, pues incluso a través de la promoción con número de folio 5958, presenta una propuesta a la parte actora, es por ello que en atención a dicha propuesta, con fundamento en los artículos 3 y 265 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, en relación con los diversos 100 y 108 del Reglamento Interior de este Tribunal y 3 de la Ley de Mediación, Conciliación y promoción de la Paz Social para el Estado de México, se le dio vista a la Mediadora, Conciliadora, adscrita a esta Sala regional para que en el ámbito de su competencia y de acuerdo a sus atribuciones se impusiera de los autos que integran el presente juicio y en su caso tuviera la intervención que en derecho correspondiera; a efecto de formalizar la propuesta que expuso bajo la promoción antes señalada la autoridad demandada.  En abundancia a la viñeta que antecede, se subraya que mediante acuerdo de fecha quince de junio del año en curso, se precisó que no pasaba inadvertido para esta Sala Regional que había transcurrido en exceso el término que le fue otorgado a la autoridad demandada a efecto de acreditara ante esta Sala Regional el pleno y cabal cumplimiento al a sentencia definitiva que recayó al presente asunto, es por ello que se apercibió a la autoridad demandada para que en caso de que no compareciera el día y hora que se le citaron (sic), en el área de Mediación y Conciliación de este Tribunal, a efecto de celebrar un posible convenio con la parte actora, o en su defecto no respetara la propuesta que menciona en la promoción con número de folio 5958, esta Sala Regional, haría uso de las medidas de apremio que contempla el numeral 280 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; sin embargo la autoridad demandada no respeto su propuesta, rehusándose a cumplirla sin causa justificada.  Precisado lo anterior, mediante acuerdo de fecha siete de julio del año en curso, y ante el evidente desacato por parte de la autoridad demandada para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada por este Órgano de Legalidad, pues como ya se ha adelantado ha estado incumpliendo los requerimientos de esta sala Juzgadora, en términos de lo dispuesto por el numeral 280 del Código en cita, se le impuso una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización y en consecuencia se le requirió de nueva cuenta el pleno cumplimiento a la sentencia en comento. En conclusión, resulta evidente que en una nueva reflexión por esta Magistratura resulta procedente determinar que la autoridad demandada acredita estar realizando las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la condena impuesta, y que no existe renuencia o desacato por si misma. Ahora bien tomando en consideración que es obligación de las Salas Regionales de éste Tribunal vigilar el respeto a los derechos humanos del gobernado y el cumplimiento dado a esta Instancia Jurisdiccional; con apoyo en lo estatuido por los preceptos 226, 227 y 280 del Código Adjetivo de la Materia de la Entidad Federativa, SE REQUIERE AL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, para que dentro del plazo de TRES DÍAS HPABILES siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, acredite con documental fehaciente a esta Primera sala Regional el debido cumplimiento a la sentencia definitiva que recayó al presente asunto, o en su caso rinda un informe precisando lo conducente al cumplimiento; CON EL APERCIBIMIENTO LEGAL que para el caso de no hacerlo dentro del citado plazo, se le impondrá a la persona física que ostenta el cargo de PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, una multa equivalente a TRESCIENTAS VECES el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, apartado A, fracción IV, párrafo Primero, así como el segundo y Tercero Transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de persistir en la actitud de incumplimiento, Y SERÁN REMITIDOS los autos del juicio administrativo en que se actúa a la Primera Sección de la Sala Superior de este Órgano Impartidor de Justicia Administrativa, para que sea ésta instancia la que continúe con el procedimiento de cumplimiento de sentencia, el cual puede concluir incluso con la destitución del servidor público responsable del incumplimiento, como lo establece el dispositivo 281, de la Codificación en consulta." Por ende, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y el cumplimiento realizado por la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito, ha quedado cumplida en sus términos, habida cuenta que se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales vulnerados, pues dejó insubsistente el auto de siete de julio de dos mil diecisiete, por el que se le impuso al quejoso una multa por no dar cumplimiento a la sentencia y en su lugar emitió un diverso proveído en el que consideró que no había renuencia o desacato en el cumplimiento de la sentencia al acreditarse que se están realizando gestiones para su cumplimiento. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301, del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de 2009, Novena Época, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de dos mil, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; primero de febrero de dos mil dieciocho. Por recibida la demanda de amparo promovida por , mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, con sede en Toluca; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 156/2018-V. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda de amparo. Sin que haya lugar a ordenar la apertura del incidente de suspensión, pues la parte inconforme no lo solicitó expresamente. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde y, en atención al inciso k), del artículo 26 de la ley de la materia, aplicado de manera análoga, notifíquesele por oficio el presente acuerdo, corriéndole traslado con copia de la demanda, para los fines legales a que haya lugar. Se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del veintidós de febrero de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia constitucional. En atención a los artículos 117 y 75, de la ley de la materia, requiérase a la responsable su informe justificado, que deberá de rendir dentro de cinco días, expresando con precisión si es o no cierto el acto que se le reclama; además, deberá señalar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y requiérasele para que remita copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se le atribuye; haciendo la aclaración que dichas copias deben ser legibles, completas, y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Con el apercibimiento que de no hacerlo, en los términos indicados, se le impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Es aplicable, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 351, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-1, enero a junio de 1998, Octava Época, con número de registro 231455, que establece: INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes." Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiérase a la responsable, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este juzgado, apercibida que en caso de ser omisa de conformidad lo dispuesto por el precepto 251 de la ley de la materia, se hará acreedoras a una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. De igual forma, se requiere a la autoridad señalada como responsable para que dentro del plazo de tres días previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, informe a este órgano de control constitucional si en el expediente del cual emana el acto reclamado se han promovido diversos juicios de amparo, por lo que en caso de ser así deberá comunicar ante qué autoridades se radicaron, el número de registro y el estado procesal de los mismos, debiendo remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Con el apercibimiento que en caso ser omisa a lo anterior, se le impondrá una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se advierte que le asiste el carácter de tercero interesado al , con domicilio en: En esas condiciones, con apoyo en lo establecido en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de la materia, la presente y las subsecuentes notificaciones realícense al citado tercero interesado por oficio, adjuntando copia simple de la demanda y de esta determinación. En diverso aspecto, se previene a la parte quejosa para que, en el caso de que la autoridad señalada como responsable, no exista con la denominación que indica en su demanda, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, (que precisa las obligaciones de la parte quejosa -entre las que se encuentra el señalamiento preciso de las autoridades responsables- tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia), se le tendrá como inexistente y por ende no se les dirigirán comunicaciones procesales, además de que en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional el señalamiento de la denominación de las autoridades responsables tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación en su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. Como lo establece el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común de los quejosos a . De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Se tienen por autorizados de la parte quejosa a las personas que señala, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 12 de Ley de Amparo. Por otro lado, en términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 176/2012, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en la página 1253, libro XVI, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 2013, Décima Época, con número de registro 2002576, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en este Juzgado de Distrito. En otro punto, se instruye a los Actuarios Judiciales adscritos para que las notificaciones dirigidas a autoridades integrantes del Poder Judicial de la Federación, así como de la Secretaría de Relaciones Exteriores, las realicen a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), herramienta interconexión, para lo cual, en su caso, deberán escanear los documentos anexos, obtener el archivo a notificar a través del expediente electrónico respectivo, firmar el documento a notificar con firma electrónica vigente (FIREL) y, finalmente obtener el acuse correspondiente. Se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado de Distrito, para firmar de manera autógrafa los oficios que deriven del presente, así como a enviar, en el caso de ser necesario, las comunicaciones oficiales dirigidas a Juzgados de Distrito, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E), con el uso de su firma electrónica, y con los respectivos anexos escaneados, entre ellos, el exhorto correspondiente con la firma autógrafa del suscrito. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese; y por oficio al tercero interesado. Así lo proveyó y firma Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; asistido de la Secretaria Grecia Astrid Villa Curti, que autoriza y da fe. Doy fe.

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