German Isaid Salazar Calixto

Expediente 681/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
681/2016
Año
2016
Actuaciones
10
Última actuación
24/08/2016

Partes del expediente

  • German Isaid Salazar Calixto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    SE DECLARA QUE LA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA... ARCHIVESE EL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO...

  2. Principal

    SINTESIS.- VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 681/2016. R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito recibido el veintinueve de junio de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Germán Isaid Salazar Calixto, por derecho propio demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se señalan: AUTORIDAD RESPONSABLE A). Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares. (causa penal 31/2016-2). B). Coordinador de la Policía Investigadora Ministerial adscrito al Sector Coloso. C). Coordinador de la Policía Investigadora Ministerial adscrito al Sector San Marcos. D). Coordinador Regional de la Policía Investigadora Ministerial. ACTO RECLAMADO "La orden de aprehensión y/o presentación girada por las responsables en mi contra y de los mismos ejecutores que pretenden darle"." SEGUNDO. Previa prevención, por acuerdo de uno de julio de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 681/2016, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado federal, así como al representante legal del juzgado responsable la intervención legal que les compete; se ordenó notificar a la tercera interesada, y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracciones III, inciso b), y VII de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama una resolución emitida dentro de un juicio penal por un juzgado con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, que puede tener sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama del Juez Tercero de Primera Instancia en el Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, la resolución de veinte de junio de dos mil dieciséis, pronunciada en autos dentro de la causa penal 31-2/2016, por la cual se libró la orden de aprehensión solicitada por el órgano investigador en contra del quejoso, por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria en agravio de Zuri Arlet Salazar Tule. TERCERO. El Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares y el Coordinador de Zona de la Policía Ministerial, Sector Coloso al rendir su informe justificado aceptaron los actos reclamados que se les atribuyen. (foja 29). Certeza que se corrobora además, con las copias certificadas de las constancias que integran la causa penal 31-2/2016, que acompañó dicha responsable como apoyo a su informe justificado, las cuales dada su naturaleza adquieren pleno valor probatorio, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. Las autoridades responsables ejecutoras Coordinador Regional de la Policía Ministerial del Estado y Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, Sector San Marcos, negaron el acto que les reclama el quejoso; sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada al haber quedado acreditada la existencia de la resolución reclamada en la que se libró la orden de aprehensión en contra del quejoso en la causa penal 31-2/2016. Por tanto, como la autoridad ordenadora aceptó la existencia del acto que se le atribuyó, es indudable que las ejecutoras tienen obligación de dar cumplimiento al mandato impuesto, por lo que se tiene por cierto el acto reclamado a las autoridades citadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo III, Segunda Parte-1, enero a junio de 1989, página 56, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado." CUARTO. Previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, al haberse analizado y valorado previamente todas y cada una de las constancias que conforman el presente juicio, se concluye que no se actualiza algún motivo de improcedencia de oficio, ni se advierte que las partes hubieran hecho valer alguna, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. El peticionario del amparo formuló motivos de inconformidad mismos que aparecen en el escrito de demanda de amparo y que se dan por reproducidos en este apartado en obvio de innecesarias repeticiones y en atención a que ningún precepto de la Ley de Amparo obliga a su transcripción. Ello de conformidad con la ejecutoria consultable en la página 23, Tomo 81, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, Séptima Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número de registro 254280, cuyos rubro y texto dicen: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. NO ES OBLIGATORIO TRANSCRIBIRLOS EN LA SENTENCIA. Aun cuando sea verdad que el juzgador no transcriba en su integridad los conceptos de violación exteriorizados por la quejosa en su demanda de garantías, a pesar de indicarlos así en su sentencia, también lo es que tal omisión no infringe disposición legal alguna, pues ninguna le impone la obligación de hacerle, máxime si de la lectura de la sentencia recurrida se advierte que el juez de distrito expresa las razones conducentes para desestimar los conceptos de violación hechos valer, aun cuando no transcritos". SEXTO. Estudio. Resultan infundados en una parte, e inoperantes en otra, los motivos de disenso hechos valer por el peticionario del amparo, en atención a las siguientes consideraciones. En principio, resulta pertinente citar el contenido del artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado." Entonces, para el dictado de una orden de aprehensión, la autoridad judicial deberá verificar el cumplimiento de: I. En la consignación efectuada por el Ministerio Público, exista una denuncia o querella; II. Los hechos denunciados o querellados sean de los señalados por la ley como delito, el cual se encuentre sancionado cuando menos con pena privativa de libertad; y III. Que en la averiguación previa se acredite el cuerpo del delito y la probable la responsabilidad del indiciado. El primer requisito se encuentra satisfecho con la querella signada por Alma Delia Tule Vargas, en representación de su menor hija Zuri Arlet Salazar Tule, ratificada por su emitente en diligencia de trece de octubre de dos mil quince, ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Sector Coloso, del Distrito Judicial de Tabares; a través de la cual denunció a German Isaid Salazar Calixto, por el delito de incumplimiento de las obligaciones alimentarias, proporcionando noticia de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de hechos posiblemente constitutivos del precisado delito. El segundo de los requisitos también se encuentra cumplido, pues los acontecimientos que dieron origen al presente asunto, son probablemente constitutivos del delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, el cual se encuentra previsto y sancionado en el artículo 205 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, con penas de uno a cinco años de prisión, así como la suspensión de los derechos de familia y pago en calidad de reparación del daño de las cantidades no suministradas. En cuanto a la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, el juzgador de origen, teniendo de base el artículo precisado en el párrafo anterior, desglosó como elementos integrantes del delito, los siguientes: "a) La omisión por parte del sujeto activo de proporcionar los recursos indispensables de subsistencia; y b) Que dicha omisión recaiga en persona con la que tenga ese deber legal." El elemento consistente en la obligación legal del activo de proporcionar recurso indispensable para la subsistencia de la pasivo, lo acreditó con el acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil Número 24 Aguas Calientes, Acapulco, Guerrero, a nombre de la agraviada Zuri Arlet Salazar Tule. Documental que le otorgó valor probatorio pleno, con sustento en el artículo 124 del Código de Procedimientos Penales del Estado; y de la cual extrajo la relación de parentesco que une al indiciado con la agraviada, esto es la pasivo resulta ser su hija, por lo que tiene el deber legal de proporcionarle los recursos indispensables para su subsistencia, como lo establece el artículo 392 del Código Civil de la Entidad; y por ello, el derecho que le asiste a la menor. El segundo elemento lo justificó, en principio, con las manifestaciones de Alma Delia Tule Vargas, ante el órgano investigador; en donde expuso estar casada con el indiciado German Isaid Salazar Calixto, con quien procreó a la menor Zuri Arlet Salazar Tule, pero después, se separó del inculpado porque éste le daba malos tratos y la corrió del domicilio conyugal que establecieron en el poblado de Agua Caliente del Municipio de Acapulco, Guerrero; que después de la separación le dejó de ministrar cantidad alguna para alimentos, por lo que se inició la averiguación previa, que culminó con el ejercicio de la acción penal, radicándose la causa en el Juzgado Quinto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, bajo el índice número 87/2015-I, en donde el Juez libró la orden de aprehensión correspondiente. Asimismo manifestó que al haber sido recluido Germán Isaid Salazar Calixto, en el Centro Regional de Readaptación Social de esta ciudad, sus familiares la buscaron para llegar a un arreglo y el doce de agosto de dos mil quince, resolvió otorgarle el perdón correspondiente al prometerle que a partir de ahí le daría semanalmente la cantidad de ochocientos pesos, sin que haya cumplido con ello, a pesar de contar con recursos económicos para sustentar los gastos de la menor, pues es chofer en una camioneta pasajera y toca en un grupo musical los fines de semana, por lo que es una persona solvente. Declaración a la cual le concedió valor indiciario, en términos de los artículos 121 y 128 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, en virtud de la claridad y precisión de sus manifestaciones sobre las circunstancias que rodearon el acontecimiento. Ello lo robusteció con las diversas declaraciones de los testigos de cargo Leticia Tule Morales y Karla Dorantes Pelay, quienes fueron coincidentes en reiterar, en lo que interesa, que después de la separación de Alma Delia Tule Vargas y Germán Isaid Salazar Calixto, éste dejó de proporcionar cantidad alguna de dinero para los alimentos de la menor Zuri Arlet Salazar Tule, que se integró una averiguación previa por el mismo delito y que al estar preso el indiciado, familiares de éste buscaron a la querellante para llegar a un arreglo, por lo que se otorgó el perdón al indiciado comprometiéndose éste a otorgarle la cantidad de ochocientos pesos semanales como pensión alimenticia a favor de la menor, lo que aconteció el doce de agosto de dos mil quince; sin embargo el incausado no dio cumplimiento a ello, a pesar de trabajar como chofer de una camioneta pasajera de la ruta agua caliente Testimonios a los que también les otorgó valor probatorio indiciario en términos de los artículos 121 y 122 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, ya que dichos testimonios fueron vertidos ante autoridad competente, por personas que por la edad tienen el criterio suficiente para comprender el hecho, conocieron por sí mismas y no por inducciones ni referencias de terceras personas, los hechos sobre los cuales expusieron de una manera clara, ordenada, sin haber sido obligadas por fuerza o miedo, ni impulsadas por el engaño, error o soborno para declarar en la forma en que lo hicieron. Con los anteriores medios de prueba, el a quo concluyó que se acreditó la omisión del indiciado de proporcionar alimentos a la pasivo Zuri Arlet Salazar Tule, y por tanto comprobado en términos del artículo 64 del Código de Procedimientos Penales, el cuerpo del delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias. Precisó que la intervención del sujeto activo, de acuerdo a la mecánica del evento delictivo, fue de manera directa y por sí mismo, considerándolo autor material, en términos del artículo 26, apartado A, fracción I del Código penal, para el Estado de Guerrero; asimismo, calificó su conducta como dolosa, de acuerdo a lo previsto en el artículo 22, fracción I, del Código de Procedimientos Penales, en tanto que el activo a pesar de conocer su obligación alimentaria con la menor Zuri Artlet Salazar Tule, ha sido omiso en proporcionarle los recursos indispensables de subsistencia. De igual forma, determinó que el lapso de tiempo que comprende la conducta omisiva del activo, es del doce de agosto de dos mil quince, fecha en que la querellante le otorgó perdón al agente del delito, bajo la promesa de que éste le entregaría la cantidad de ochocientos pesos semanales como pensión alimenticia para la pasivo al trece de octubre de dicha anualidad, en que Alma Delia Tule Vargas, compareció ante la representación social a interponer la querella que dio origen a la causa penal 31/2016-2, de la que deriva el acto reclamado. Por otra parte, para tener por demostrada la probable responsabilidad en la comisión del delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, de manera acertada tomó en cuenta las probanzas reseñadas y valoradas anteriormente que sirvieron para acreditar el cuerpo del delito, como son el señalamiento directo, claro y preciso, que efectuó Alma Delia Tule Vargas, en representación de su menor hija Zuri Arlet Salazar Tule, así como las testigos Leticia Tule Morales y Karla Dorantes Pelay. Por tanto, la autoridad responsable de manera acertada tuvo por comprobada la probable responsabilidad del aquí quejoso, en la comisión del delito en análisis, pues de acuerdo con las probanzas relatadas y relacionadas, analizó la existencia de la acción que desplegó, explicando por qué su conducta delictiva lesionó el bien jurídico tutelado por la norma, asimismo precisó las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que fue desarrollada. Entonces, este juzgador considera acertada la valoración que de las pruebas realizó el Juez responsable al emitir la resolución impugnada, pues señaló la utilidad de cada prueba, la valoración fue correcta, y expuso el fundamento legal y las razones y motivos que tomó en consideración para tener por comprobado el cuerpo del delito que se imputa al aquí quejoso, así como su probable responsabilidad. Por ello, a juicio de quien esto resuelve, es factible sostener que las pruebas que constan en la causa penal de origen, son eficaces para tener por acreditado el cuerpo del delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, probablemente cometido por Germán Isaid Salazar Calixto, en agravio de Zuri Arlet Salazar Tule. Aunado a que se aprecia que la autoridad responsable de referencia valoró acertadamente todas las pruebas allegados a la causa penal; y si bien dicha valoración no fue favorable a la parte quejosa, eso no significa que la misma haya sido hecha de manera incorrecta. No escapa a la consideración de este Juzgador Federal, el alegato referido por el promovente del amparo, en el sentido de que por el hecho de haberle otorgado el perdón en la causa penal 87/2015-I, se tiene por demostrado el hecho de que garantizó su obligación alimentaria por un periodo de doce meses. Lo anterior es así, pues en principio, dentro de las constancias que conforman el acto reclamado, no se aprecia que el Juzgador haya tenido a la vista la causa penal aludida; además, de acuerdo con lo reseñado por la denunciante, el perdón que le otorgó en su momento al ahora promovente del amparo, radicó en el hecho de que éste le prometió el cumplir con su obligación de proporcionar alimentos en la suma de ochocientos pesos semanales, y no por la circunstancia de que le haya garantizado la pensión alimenticia por un lapso de doce meses como lo alega; sin que el hecho de que en su oportunidad el Juez ante quien se tramitó la causa penal 87/205-2, haya aprobado o no dicho perdón, implique aceptar que el mismo se encuentra apegado a la legalidad, en tanto que ello no es materia de este juicio constitucional; lo que además, iría en contra del interés superior del menor, elevado a rango constitucional, y por ende debe estar plenamente acreditado que el quejoso cumplió con su obligación de ministrar alimentos y no partir simplemente de presunciones. Además, no es necesario tener pruebas plenas que establezcan de modo indudable la culpabilidad del reo; sino que se requiere únicamente que de los datos arrojados por la averiguación, se desprendan datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado. Orienta lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/182 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado Sexto Circuito, cuyo contenido es el siguiente: ORDEN DE APREHENSION. SU LIBRAMIENTO NO REQUIERE DE PRUEBAS PLENAS DE LA RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO.- Para dictar una orden de aprehensión no se requiere de pruebas plenas que acrediten la responsabilidad del inculpado sino únicamente es necesario que se reúnan los requisitos a que se refiere el artículo 16 constitucional, y que se desprendan datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado. Lo expuesto con anterioridad incide para estimar infundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, en donde toralmente aduce que la orden de aprehensión carece de fundamentación y motivación. Apreciación sobre la cual no le asiste la razón, puesto que los elementos del cuerpo del delito, válidamente se encuentran acreditados con las pruebas que han sido relatadas en esta sentencia, a las cuales les fue otorgado valor de indicio, concatenados entre sí a la luz de la prueba indiciaria, razones que tienen sustento en el resultado de la valoración de cada una de las pruebas, y también se citó el fundamento legal para otorgarle valor indiciario, y los motivos por los que así lo consideró. Por lo cual, la resolución reclamada no carece de fundamentación o motivación. Orienta lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.- De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Ahora bien, resulta inoperante el motivo de disenso expuesto por el peticionario del amparo, en el sentido de que el Juez responsable dio cumplimiento al fallo amparador emitido en el diverso juicio de amparo 341/2016 del índice de este Juzgado de Distrito, en sentido adverso al quejoso sin subsanar las deficiencias ordenadas en el fallo concesorio. La inoperancia de este argumento radica en el hecho de que el justiciable no hizo valer el recurso de inconformidad en contra del acuerdo que declaró cumplida la sentencia de amparo dictada en el juicio de garantías número 341/2016 antes referido, en términos el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, que dispone que dicho recurso procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de esta Ley; luego, es inconcuso que la quejosa estaba en aptitud legal de impugnar tal determinación a través del medio de defensa correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 98/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son el siguiente: SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PLANTEADOS EN EL NUEVO JUICIO PROMOVIDO EN SU CONTRA, RELACIONADOS CON EL EXCESO O DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DEL FALLO PROTECTOR, SON INOPERANTES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE EL SOBRESEIMIENTO DE AQUÉL.- Dado el principio de unidad que rige el cumplimiento de las sentencias de amparo, cuando se trata específicamente de resoluciones de índole jurisdiccional que, por su propia naturaleza, implican la emisión de un solo fallo, éste no puede analizarse por el tribunal de amparo, estudiando en una misma resolución cuestiones relacionadas con lo que en el nuevo amparo se estima que es un exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector, y las que atañen a la violación de garantías que se alega, sino que tales planteamientos, por ser de índole diversa y en este caso excluyentes entre sí, obligan a que el tribunal que conoce del ulterior juicio de amparo resuelva éste por lo que atañe a los conceptos de violación que se relacionan con la transgresión de garantías derivada del nuevo acto que la autoridad responsable emitió en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en la que se le devolvió su propia jurisdicción y, en caso de que proceda el beneficio de la suplencia, se pronuncie respecto de las violaciones manifiestas que advierta de oficio; en tanto que, en lo referente a los argumentos relacionados con el exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, debido a que no son materia de la litis constitucional del nuevo juicio de garantías que se promueva, sino de otro trámite diverso, deben estimarse inoperantes al ser jurídicamente imposible su estudio; sin que esto último ocasione el sobreseimiento del juicio promovido, ya que ello implicaría omitir, sin encontrar apoyo en precepto jurídico alguno, el análisis de las cuestiones constitucionales debatidas o de aquellas que, en su caso, derivaran de la suplencia de la queja. En las condiciones apuntadas, el acto reclamado al Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, reúne cabalmente los requisitos de los artículos 16 y 19 Constitucionales y al no advertir queja deficiente que suplir, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 79, de la Ley de Amparo, resulta procedente negar el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a las autoridades ejecutoras, en virtud de no haber sido impugnados por vicios propios, sino que se hicieron derivar como consecuencia de los actos de la ordenadora. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número II.1o. J/12, cuyo contenido se transcribe: AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACION DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS.- Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 217, y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a GERMÁN ISAID SALAZAR CALIXTO, contra los actos y las autoridades señaladas en el resultando primero de la presente ejecutoria. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el cinco de agosto de dos mil dieciséis, asistido por Maria del Rosario Romero Delgado, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Incidental

    Acapulco, Guerrero; tres de agosto de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que el incidentista Germán Isaid Salazar Calixto, incumplió con las obligaciones que se le impusieron al concederle la suspensión definitiva, consistentes en otorgar garantía ante este Juzgado por la cantidad de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional), en billete de depósito o en cualquiera de las formas permitidas por la ley y de comparecer ante el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, a efecto de que se sometiera a su jurisdicción para que continuara con el procedimiento y rindiera su declaración preparatoria en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 138 de la Ley de la materia abrogada. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en la resolución de mérito, se declara que la suspensión definitiva de los actos reclamados ha dejado de surtir efectos, motivo por el cual la facultad de la autoridad responsable queda expedita para ejecutar el acto reclamado. Notifíquese.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado del Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito al Sector San Marcos, residente en el Municipio de San Marcos, Guerrero, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional.

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