German Hipólito Hernández

Expediente 848/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
848/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
30/08/2019

Partes del expediente

  • German Hipólito Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Se tiene por recibido el oficio, que remite el Tribunal Colegiado, se advierte, que se declaró competente al Juzgado que se señala... se ordena el archivo definitivo del mismo...susceptible de destrucción.

  2. Principal

    TÉNGASE POR RECIBIDO EL OFICIO...SE ADVIERTE QUE SE ADMITIÓ EL TRAMITE EL CONFLICTO COMPETENCIAL PLANTEADO...TOMA CONOCIMIENTO.

  3. Principal

    AGRÉGUESE A LOS AUTOS LO DE CUENTA... ESTE JUZGADO DE DISTRITO ESTÁ EN ESPERA DE LA DETERMINACIÓN QUE DICTE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO.

  4. Principal

    Se tiene por recibido el oficio del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, dirigido a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en Villahermosa, Tabasco, el cual por razón de turno le correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, del que se advierte que el citado Juzgado Federal se declaró incompetente para conocer de la demanda promovida por ***contra actos de la Delegación Estatal en Tabasco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad. Asimismo, adjunta el juicio de amparo indirecto 624/2019 de su índice, promovido por German Hipólito Hernández; que contiene el original de la demanda de amparo y el acuerdo de incompetencia recaído. Regístrese en el libro de gobierno con el índice 848/2019-V-5, fórmese tanto el expediente impreso como el electrónico, para los efectos que prevé el numeral 3°, sexto párrafo, de la Ley de Amparo; y háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). No se acepta la competencia planteada Este Juzgado de Distrito no acepta la competencia planteada. Es así, ya que carece legalmente de competencia para conocer el presente juicio de derechos fundamentales, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo. En un sentido jurídico general, la competencia alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos. En un sentido más preciso, dentro de la teoría general del proceso, la competencia obedece a razones prácticas de distribución de la actividad juzgadora entre los distintos organismos judiciales. Así, la competencia es una condición presupuestal sine qua non, para que la actuación del juzgador en el desarrollo de la función que genéricamente le corresponde, sea válida y eficaz. Por ello, tratándose del desarrollo de la función jurisdiccional, es un elemento de existencia necesaria previa para la validez de la actuación de la autoridad concreta encargada de ejercerla. Por este motivo, como presupuesto procesal de la acción y del juicio en que se traduce y ejercita la función jurisdiccional, la competencia es el conjunto de facultades con que el orden jurídico inviste a una autoridad para desarrollarla. Los criterios delimitadores de la competencia, consideran los siguientes: 1. Materia. Es el criterio que se instaura en virtud de la naturaleza jurídica del conflicto objeto del litigio; o por razón de la naturaleza de la causa, es decir, de las cuestiones jurídicas que constituyen la materia litigiosa del proceso; es la que se atribuye de acuerdo con las diferentes ramas del derecho sustantivo. 2. Territorio. Éste es el ámbito espacial dentro del cual el juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional. A dicho ámbito espacial se le ha denominado de diversas maneras, ya sea como circuitos, distritos o partidos judiciales. Ámbito que es determinado actualmente por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante los acuerdos generales que al efecto emite. 3. Grado. Se refiere a cada cognición del litigio por un juzgador. Precisado ello, de la interpretación de los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 48, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se obtienen tres supuestos para definir la competencia de los Juzgados de Distrito por territorio, a saber: I) La primera regla se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto, es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. II) La segunda hipótesis establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito, y continúa ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. III) La tercera hipótesis, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, la competencia para conocer de una demanda de amparo, por razón de territorio, deriva de la naturaleza del acto reclamado y de sus consecuencias jurídicas, ya que debe determinarse si éste requiere o no ejecución material, por lo que para resolver sobre dicha competencia, se requiere hacer el estudio del acto reclamado y de los hechos contenidos en la demanda, así como de las constancias con las que se cuente. Así, del contenido integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso Germán Hipólito Hernández, reclama: La aplicación de la unidad de medida y actualización en el otorgamiento de su pensión, sin que estuviera vigente esa unidad de medida, lo cual generó una disminución. En ese sentido, el suscrito juzgador estima que no existe razón legal que conduzca a fincar la competencia a este órgano jurisdiccional para conocer del presente juicio de amparo, toda vez que dicho acto reclamado no tiene ejecución ni se ejecutará en el Estado de Tabasco. Si bien, en el particular se señaló como parte de los antecedentes del acto destacado, que la Delegación Estatal en Tabasco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, le otorgó la pensión. Lo cierto es que la autoridad responsable, atento al acto del que se duele lo es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y no propiamente la Delegación Estatal en Tabasco; puesto que la primera es la encargada de definir los presupuestos para el otorgamiento de las pensiones. Por lo que, el acto destacado puede tener ejecución en más de un distrito, siendo así, competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Aunado a que, de las constancias procesales remitidas, no se advierte que se reclame algún oficio emitido por la citada Delegación Estatal en Tabasco, que implique la ejecución material del acto destacado. Además, la razón del homólogo para estimar la competencia de este órgano jurisdiccional la hace depender de que fue la Delegación del Estado de Tabasco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, quien en el dos mil ocho, otorgó al quejoso la concesión de la pensión por jubilación, la cual ha venido gozando desde entonces. Luego, es inexacto que el acto reclamado tenga ejecución material en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, puesto que los recibos que anexa el quejoso son obtenidos a través del sistema electrónico, como lo afirma el quejoso en el hecho dos de su demanda de amparo. Lo anterior, dado que se trata de una persona jubilada que no necesariamente tiene su domicilio en esta jurisdicción. De manera que si el acto reclamado consiste en la aplicación de la unidad de medida y actualización en el otorgamiento de la pensión del promovente, sin que estuviera vigente esa unidad de medida, lo cual generó una disminución en la misma; se está en el supuesto de que la competencia deriva del segundo párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo. Dicho precepto es del tenor literal siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Esto es, si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. En el caso, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia. ***En corolario, al no tener el acto reclamado ejecución material en la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, se estima que se carece de competencia legal para conocer del juicio de amparo de que se trata. Al respecto cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), de la Primera Sala, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo de 2014, Tomo I, materia Común, página 500, registro 2006529, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." Máxime, que el domicilio que señaló la parte quejosa para oír y recibir notificaciones lo fue en calle Yucatán, número 276 B, colonia Molino de parras, código postal 58010, Morelia, Michoacán; por lo que es competente el Juez de Distrito del domicilio del quejoso a elección de este último, con el objeto de garantizar el derecho de acceso a la justicia; respetando además la petición del promovente de que el juicio se trámite en aquella jurisdicción, resultando favorable a sus intereses, pues el quejoso podría tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estimara pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida; así como acudir a atender los requerimientos, rendir alegatos y asistir a la audiencia constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 152/2009, de la Segunda Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, octubre de 2009, materia Administrativa, página 95, registro 166109, de rubro y texto: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado." En ese contexto, con apoyo en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, no se acepta la competencia declinada. En consecuencia, devuélvase el expediente 624/2019 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia; previas copias certificadas que se dejen en el presente. Sin que sea necesario ordenar la notificación personal del presente proveído, pues de ello se encargará el Juez declinante. Solicítese a la autoridad receptora del asunto, acuse el recibo correspondiente.

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