Germán Herrera Olvera
Expediente 780/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 780/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/10/2020
Partes del expediente
- Germán Herrera Olvera
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos, el oficio de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, por el cual notifica el proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, del que se advierte que dicho juzgado aceptó la competencia declinada por este juzgado mediante acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veinte dictado en este asunto, y se avocó al conocimiento de la demanda origen del juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de antecedentes; misma que se registró con el número 736/2020, de su estadística. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expedientillo, como asunto total y definitivamente concluido. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso j) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención a la incompetencia planteada y a que carece de relevancia documental e histórica.
- Principal
. . . previamente a proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, se procede a examinar si en el caso, este Órgano Jurisdiccional, es legalmente competente, para conocer del presente asunto; en razón de que ello es presupuesto procesal, de orden público y de examen preferente. En ese sentido, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, estima que no es legalmente competente, POR RAZÓN DE MATERIA, para analizar la constitucionalidad o no, del acto reclamado por la parte quejosa. Lo anterior es así, en virtud que una vez analizada la demanda de amparo y atenta la naturaleza jurídica del acto reclamado, este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, estima que corresponde al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en turno. Esto, al tomar en consideración que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado por el artículo 48 de la Ley de Amparo y 51, 52, 53, 54 y 55 en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que en el particular, no se colman a cabalidad los presupuestos exigidos en los numerales invocados que regula la competencia de los Juzgados Especializados en Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales. . . .La ilegal retención por parte del propietario y/o representante legal del encierro denominado `****´, al no devolverme mi vehículo particular, camionera marca ****, tipo ****. **** , modelo ****, color ****, con número de serie ****, con número de motor ****, con placas de circulación **** del Estado de ***, ya que aun contando con el oficio respectivo de liberación por parte de la autoridad respectiva y habiendo realizado el trámite respectivo ilegalmente se niega a devolverme mi vehículo descrito anteriormente, bajo el pretexto de cobrarme cantidades de dinero excesivas por derecho de piso y arrastre, sin justificación legal alguno, aun cuando por la ley de ingresos del Estado de Puebla, no tengo porque pagar, ya que mi vehículo fue recuperado por el robo que sufrí. Sin embargo, de los antecedentes del acto reclamado que la parte quejosa formuló bajo protesta de decir verdad se aprecia lo siguiente: El quejoso aduce que el dieciocho de mayo de dos mil diecinueve fue robado su vehículo antes descrito, por lo que efectuó reporte de robo con número de siniestro ****. Posteriormente, formuló denuncia en la Agencia del Ministerio Público Foránea Sur Oriente Tecamachalco, iniciándose la carpeta de investigación NIC. CDI. ****/2019/TECAM/NCPP, luego asignada al diverso número de carpeta CDI ****/2019/TECAM/CPP. Después, el veintiséis de mayo del año anterior, fue recuperado su vehículo por agentes de la policía Municipal de Tecamachalco, Puebla, puesto a disposición del órgano ministerial investigador, y llevado al corralón denominado "****". Luego, el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, al constituirse en el domicilio de la persona moral en comento, advirtió que se el establecimiento se encontraba clausurado. Por lo que, -finalmente- el diez de septiembre actual solicitó la devolución del aludido vehículo, circunstancia que le fue negada al requerirle el cobro de **** (**** M.N.) por concepto de arrastre y resguardo. Establecido lo anterior, el factor determinante para arribar a esta decisión, reside en que estos actos -si bien no recaen meramente en las autoridades persecutoras de delito-, los mismos subyacen en actuaciones relacionadas con hechos posiblemente constitutivas de un delito de robo, lo cual es materia de la carpeta de investigación en comento. Por lo que al ser el agente del Ministerio Público o la autoridad jurisdiccional correspondiente, a quien según sea el caso, le corresponda proveer sobre las condiciones en que habrá de obtener el quejoso el egreso de su vehículo, ello pone de manifiesto la naturaleza penal del acto reclamado, por lo que se actualiza la competencia de los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal, prevista en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues de la interpretación sistemática de sus fracciones se advierte que su teleología no está informada por el carácter orgánico de la autoridad que emite el acto, sino por la naturaleza penal de su actuación, aunado a que dicho análisis respeta el principio de especialización, el cual garantiza la expeditez en el fallo, ya que la resolución de los asuntos por materia requiere del conocimiento y experiencia que tienen los que se dedican en forma específica a una determinada rama del derecho, y que por ello pueden ponderar en forma más expedita y autorizada las distintas soluciones al caso concreto. Consecuentemente, el Juzgado de Distrito competente para conocer del presente juicio de amparo es el especializado en la materia de amparo penal, ya que como se ha precisado, los actos reclamados derivan de una carpeta de investigación, que se rige bajo un contexto de naturaleza penal, por tanto, no es dable argüir que deba conocer un juzgado especializado en materia civil, administrativa o de trabajo, porque ese supuesto no encuadra en ninguna de las supuestos de competencia establecidos en los numerales 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Estimar lo contrario, propiciaría que este juzgado de Distrito conociera de una controversia del orden penal, lo que jurídicamente resulta incorrecto, ya que por disposición expresa de la ley, carece de competencia para conocer de esa materia... En conclusión, si el elemento determinante para establecer la competencia entre juzgados de distrito especializados por materia es la naturaleza del acto, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de los actos reclamados, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas, así como de los preceptos legales en que se apoye la demanda y no la naturaleza de la autoridad que lo haya emitido, prescindiendo en todo momento del estudio de la relación jurídica sustancial entre las partes, por constituir ésta última una cuestión relativa al fondo del asunto que decidirá exclusivamente el órgano jurisdiccional competente, en la especie, dado que el acto reclamado emana de una carpeta de investigación, resulta inconcuso que quien debe conocer de él es un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal. Por tanto, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, así como por lo dispuesto en el diverso artículo cuarto transitorio del Acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación, domicilio y competencia de los once Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil quince, los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, que cambian de denominación y especialización a partir del uno de junio de dos mil quince, conservarán los asuntos turnados, radicados, en trámite, pendientes de resolución y en archivo, de su anterior denominación, no previstos en el reparto dispuesto por los artículos 16, 17 y 18 de ese Acuerdo y continuarán con su competencia originaria para la atención de los mismos; y, en virtud de que en términos de los diversos 5° y 6° del propio ordenamiento, a partir del uno de junio de dos mil quince este órgano constitucional únicamente puede conocer de los asuntos a que se refieren los artículos 52 a 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se estima que este órgano de control constitucional carece de competencia para conocer del presente asunto por estar previsto en el numeral 51 de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al ser actos de naturaleza penal. En consecuencia, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, declina competencia POR RAZON DE MATERIA, al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en Turno, para conocer del presente asunto. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 17 Constitucional, se ordena formar cuaderno de antecedentes y remitir la demanda de amparo y anexos al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en Turno, a través de la Oficina de Correspondencia Común respectiva, ya que es al que se estima competente legalmente para conocer del presente asunto, por los motivos antes expuestos. Al efecto, se solicita el acuse de recibo de estilo, en el que se peticiona comedidamente precise si acepta o no la competencia de que se trata, conforme a lo estatuido en el citado artículo 48 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y una vez que cause estado este proveído archívese este asunto como concluido. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señaló en la demanda, y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****, quien cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, como se advierte de la certificación secretarial. Mientras que ****, queda autorizada para tales efectos en términos de la última parte del párrafo segundo de ese numeral, pues así fue solicitado expresamente. Por último, en atención a lo dispuesto en los artículos 9°, 11, fracción VI, 113, fracciones I y III, y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; hágase saber a las partes que los datos considerados como confidenciales habrán de salvaguardarse en cualquier caso, a efecto de evitar su publicidad.
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