German Gomez Xicotencatl

Expediente 1100/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1100/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
04/09/2023

Partes del expediente

  • German Gomez Xicotencatl

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió para las partes legitimadas para ello el término para interponer el recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo contra el proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Destrúyase el expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto en el que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción II, del artículo 20 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: II. Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo, del artículo 20, del Acuerdo General en cita, previamente a la realización de la visita de inspección que corresponda, destrúyase el presente expediente y remítase, dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Digitalización. En cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otro lado, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal referido, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Autoridad cumple. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el auxiliar de la Junta Especial Federal Número Treinta y Tres de Conciliación y Arbitraje, Puebla, por el que da cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de siete de agosto de dos mil veintitrés, y remite el auto de once de agosto pasado dictado en el juicio laboral ********************/2019 de su índice, del que destaca que fijó fechas para el desahogo de las pruebas siguientes: Veintiséis de septiembre del año en curso para que tenga verificativo la audiencia testimonial ofrecida por la parte actora; Veintisiete de septiembre siguiente para el desahogo de la inspección ofrecida por la parte demandada; y, Nueve de octubre de dos mil veintitrés para que tenga verificativo la audiencia testimonial ofrecida por la parte demandada. Se toma conocimiento de lo anterior para los efectos legales conducentes y se deja sin efectos el apercibimiento decretado en el auto que la conminó. Litis constitucional. De las constancias que obran en autos se advierten los datos siguientes: Parte quejosa. ********************, por propio derecho. Parte tercera interesada. "********************., Institución de Banca Múltiple;" "******************** S.A. de C.V."; y, "******************** S.A. de C.V." Autoridad responsable. Junta Especial Federal Número Treinta y Tres de Conciliación y Arbitraje, Puebla. Acto reclamado. La dilación procesal consistente en la omisión de fijar fecha para el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral ********************/2019. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. De acuerdo con en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte, de oficio, que respecto del acto reclamado consistente en la omisión de fijar fecha para el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral ********************/2019, Puebla, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando este haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales de la persona gobernada, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que a la letra señala: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dispone: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Precisado lo anterior, se estima necesario reiterar que la autoridad responsable anexó al oficio de cuenta el auto de once de agosto de la presente anualidad, dictado en el procedimiento laboral ********************/2019 de su índice, que es del tenor siguiente: Como se advierte de la imagen preinserta, la junta referida fijó fechas para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora y la parte demandada, respectivamente, y para el desahogo de la inspección ofrecida por esta última. Máxime que de las constancias remitidas al rendir su informe justificado, se advierte que mediante auto de tres de julio del año en curso, señaló las trece horas del ocho de septiembre para el desahogo de la prueba testimonial para hechos propios a cargo de ******************** y ********************. En ese orden de ideas, resulta evidente que el acto reclamado en la presente acción constitucional, consistente en la omisión de fijar fecha para el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral ********************/2019, ha cesado en sus efectos. Ello es así, pues en fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo [quince de junio de dos mil veintitrés], esto es, el tres de julio y el once de agosto pasado, la autoridad responsable fijó fecha para el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio de origen. Por ende, se concluye que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. En tales circunstancias, al haberse sobreseído en el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional fijada para las once horas con treinta minutos del veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Por tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, siete de agosto de dos mil veintitrés. Requerimiento. En principio, cabe destacar que el acto reclamado en el presente asunto consiste en la omisión de desahogar las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 1536/2019, del índice de la Junta Especial Federal Número Treinta y Tres de Conciliación y Arbitraje, Puebla. Ahora bien, mediante auto de cuatro de agosto pasado, la autoridad remitió a este órgano jurisdiccional la totalidad de constancias que integran el juicio de origen, de las que se advierte lo siguiente: El quince de julio de dos mil veinte, la junta señaló el veintidós y el veinticuatro de septiembre del mismo año para el desahogo de la inspección ofrecida por la parte actora y demandada; el veintiocho de octubre para el desahogo de la prueba confesional ofrecida por ambas partes; el veintinueve siguiente para que tuviera verificativo la audiencia testimonial ofrecida por la parte actora; y, el treinta de octubre para el desahogo de la audiencia testimonial ofrecida por la parte demandada en el juicio de origen. El veintiocho de octubre de dos mil veinte, tuvo verificativo la audiencia de prueba confesional ofrecida por la parte actora, y la junta fijó las nueve horas con treinta minutos del veintiséis de febrero de dos mil veintiuno para el desahogo de la prueba testimonial para hechos propios a cargo de ******************** y ********************, ofrecida por la parte actora. Posteriormente, el veintinueve de octubre de dicha anualidad, toda vez que no se pudo celebrar la audiencia testimonial ofrecida por la parte actora, se señalaron las trece horas con treinta minutos del dos de febrero de dos mil veintiuno para que tuviera verificativo. De forma semejante, el treinta de octubre siguiente, se fijaron las once horas con treinta minutos del ocho de febrero de dos mil veintiuno para el desahogo de la audiencia testimonial ofrecida por la parte demandada. El treinta de noviembre de dos mil veinte, la parte actora proporcionó el domicilio de ******************** y ********************, por lo que la junta responsable señaló las diez horas con treinta minutos del veintisiete de abril de dos mil veintiuno para el desahogo de la prueba testimonial para hechos propios a su cargo. El ocho de febrero de dos mil veintiuno, la citada autoridad fijó el veintiséis y el veintinueve de abril para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora y la parte demandada, respectivamente. Llegada la primera fecha, la autoridad responsable refirió que las partes no se encontraban notificadas del acuerdo anterior y, por tanto, señaló el doce de mayo para que tuviera verificativo la audiencia testimonial ofrecida por la parte actora, y el tres del mismo mes y año para el desahogo de la testimonial ofrecida por su contraparte. Al día siguiente, la junta fijó las nueve horas del doce de julio de dos mil veintiuno, para el desahogo de la prueba testimonial para hechos propios a cargo de ******************** y ********************. El doce de mayo siguiente, la autoridad fijó las once horas del veintitrés de septiembre para el desahogo de la prueba testimonial para hechos propios a cargo de ******************** y ********************; y llegada esa fecha, la recorrió para el veintiocho de octubre del mismo año. De igual forma, el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno acordó que no era posible desahogar la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada y fijó las doce horas con treinta minutos del dos de diciembre para que tuviera verificativo. El veintiocho de octubre, la autoridad nuevamente señaló las trece horas del veinticuatro de noviembre para el desahogo de la prueba testimonial para hechos propios a cargo de ******************** y ********************, pero en acuerdo de tal fecha, la fijó para el veinticuatro de enero de dos mil veintidós. El dos de diciembre de dos mil veintiuno, la junta refirió que los testigos ofrecidos por la parte demandada no se encontraban notificados, así que señaló las nueve horas con treinta minutos del dos de marzo de dos mil veintidós para el desahogo de la prueba testimonial a su cargo. Por acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, hizo constar que ******************** no se encontraba notificado, por lo que señaló las once horas del veintitrés de febrero de dos mil veintidós para el desahogo de la audiencia testimonial para hechos propios a cargo de la parte actora y la persona mencionada. Mediante proveído de veintitrés de febrero siguiente, fijó las nueve horas del treinta y uno de marzo para el desahogo de la aludida probanza. El dos de marzo de dos mil veintidós, señaló nuevamente las trece horas del veintitrés de mayo de ese año para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada. Llegada la fecha prevista para el desahogo de la audiencia testimonial para hechos propios a cargo de ******************** y ********************, la junta acordó que no era posible su celebración y fijó las doce horas del ocho de agosto para que tuviera verificativo. Más tarde, el quince de junio de dos mil veintidós, la junta señaló que ******************** no se encontraba notificado, por lo que señaló las nueve horas del veintinueve de agosto para el desahogo de la referida prueba testimonial para hechos propios. El diez de enero de dos mil veintitrés, hizo constar que ******************** no compareció para el desahogo de la probanza referida, por lo que fijó las doce horas del diez de marzo de dos mil veintitrés para tal efecto. Dicho testigo tampoco compareció el diez de marzo, y se señalaron las trece horas del diez de mayo del año en curso para que tuviera verificativo el desahogo de la prueba testimonial para hechos propios. El diez de mayo siguiente, ante la incomparecencia de ********************, la junta hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos y nuevamente señaló las doce horas del tres de julio de dos mil veintitrés para que tuviera verificativo el desahogo de la probanza mencionada. Finalmente, el tres de julio pasado, fijó las trece horas del ocho de septiembre de dos mil veintitrés para el desahogo de la prueba testimonial para hechos propios. Como se advierte de lo anterior, en su última actuación la autoridad fijó las trece horas del ocho de septiembre para el desahogo de la audiencia testimonial para hechos propios a cargo de ******************** y ********************. Sin embargo, de las constancias remitidas no se advierte si ya se desahogaron el resto de las probanzas ofrecidas por las partes, a saber, la inspección, la testimonial, y la prueba confesional ofrecida por ambas partes. En tal virtud, se requiere a la Junta Especial Federal Número Treinta y Tres de Conciliación y Arbitraje, Puebla para que en el plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, informe lo que proveyó respecto de dichas probanzas, y remita las constancias que estime necesarias para acreditarlo. Se apercibe a la autoridad requerida que, de ser omisa, o bien, no informar la imposibilidad que tenga para cumplir con el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Diferimiento. Ahora bien, de la certificación secretarial de cuenta se desprende que se encuentra señalado este día para que tenga verificativo la audiencia constitucional; sin embargo, para dar margen a lo anterior, lo procedente es diferirla. Por ello, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se fijan las once horas con treinta minutos del veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, para su celebración. Sirve de fundamento, la tesis aislada: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. Si bien es cierto que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, también lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo con las dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que se ventilan en los tribunales federales, humanamente sería imposible observar la ley a este respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito que cita para la celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta días que marca la ley, si tal señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo de parte del juzgador." Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Autoridad cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el presidente de la Junta Especial Federal Número Treinta y Tres de Conciliación y Arbitraje, Puebla, mediante el cual da cumplimiento a los requerimientos formulados mediante autos de doce y veinticinco de julio de dos mil veintitrés, y remite copia certificada de la totalidad de constancias que integran el juicio laboral 1536/2019 de su índice. Se toma conocimiento de lo anterior para los efectos legales conducentes, y se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. Notifíquese.

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