German Gildardo Araujo Martinez

Expediente 1119/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1119/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
30/11/2021

Partes del expediente

  • German Gildardo Araujo Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por German Gildardo Araujo Martínez, contra actos de Noé Alberto Ríos Bahena, quien se ostenta como Contralor Interno Municipal, con seis copias y dos anexos que se acompañan; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 1119/2021-I. Del presente caso, la parte quejosa señala como acto reclamado el oficio de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, en el cual se requiere al aquí quejoso que comparezca personalmente o por escrito, con el fin de aclarar diversas inconsistencias en el procedimiento de entrega-recepción de la administración pública municipal 2021-2024, de Santa María del Río San Luis Potosí. Ahora bien, del análisis integral del acto reclamado y de la demanda constitucional se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que impone desechar de plano el libelo constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto, en concepto de la suscrita, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 107, fracción IV, Constitucional y 107, fracción III, del primer ordenamiento legal mencionado, a contrario sensu, en concatenación de los artículos 70 y 71 de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí. De lo trascrito, se advierte que una vez concluida la entrega-recepción, la verificación y validación física del contenido del acta administrativa de entrega-recepción, deberán llevarse a cabo por el servidor público o administración pública entrante en un término no mayor de treinta días hábiles contados a partir del acto protocolario de entrega-recepción, asimismo, si el servidor público entrante encuentra alguna irregularidad, respecto de los bienes, recursos, documentación e información recibida, deberá informar al órgano interno de control, quien a su vez deberá requerir al servidor público (aquí quejoso) que entregó los bienes, recursos, documentación e información, para que dentro de los quince días hábiles siguientes contados a partir de la notificación del mismo, comparezca personalmente o por escrito para realizar: las aclaraciones, presentación de bienes, y en general los elementos que considere necesarios para el esclarecimiento de la inconformidad, las que deberá presentar ante el servidor público entrante. Ahora bien, como se advierte de los anexos de la demanda de amparo, el oficio por el cual se le requirió al aquí quejoso, forma parte de un procedimiento seguido en forma de juicio, que culminara con un dictamen aprobado por el Ayuntamiento. Cabe destacar que por procedimientos seguidos en forma de juicio, a que se refiere el segundo párrafo de la fracción II del artículo 107, deben entenderse, con amplitud, no sólo los procedimientos en que se decide una controversia entre partes contendientes, sino también todos aquellos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea para cumplir con la garantía de audiencia. Pues bien, no es factible impugnar, por sí solos, vía juicio de amparo los referidos actos de autoridad, porque constituyen meros actos de trámite por ser medios para la consecución de un fin, que por regla general, sólo pueden ser impugnables en amparo indirecto hasta que se produzca la resolución final en el procedimiento respectivo, y sin prejuzgar si contra esta última proceda previamente algún medio ordinario de defensa. A mayor abundamiento, dada la reglamentación que rige el acto reclamado, éste estrictamente no causa un perjuicio al quejoso, pues como se precisó, sólo tienen como efecto sujetarlo a un procedimiento de Entrega-Recepción del Ayuntamiento de Santa María del Río, San Luis Potosí, para revisar el acta de entrega-recepción del Ayuntamiento saliente, cuyas conclusiones, inclusive, tampoco le pueden irrogar alguna afectación a su esfera jurídica, pues éstas serán sometidas a la revisión del órgano interno de control, quien estará obligado a emitir el acuerdo correspondiente y en su caso, dar inicio al procedimiento de responsabilidad respectivo, cuyo resultado desfavorable hasta entonces le puede afectar al particular. Por lo tanto, se concluye que los actos que se reclaman en el presente amparo, todavía no perjudican al impetrante, pues solo se trata de un procedimiento que tienen como finalidad revisar el acta de entrega-recepción del Ayuntamiento saliente, y no se vislumbra afectación alguna a su esfera jurídica, lo que denota la improcedencia del juicio. Así, al no concurrir en la especie los supuestos de procedencia del juicio de amparo, pues con los actos reclamados emitidos en un procedimiento no se están violando derechos sustantivos, ni se trata de violaciones formales o adjetivas en grado predominante o superior, es evidente que se acredita la actualización de manera notoria, manifiesta e indudable, de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 107, fracción IV, Constitucional y 107, fracción III, del primer ordenamiento legal mencionado, a contrario sensu, en concatenación de los artículos 70 y 71 de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, por lo que procede desechar de plano la demanda constitucional en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la legislación invocada. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la promovente. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Adalberto Longoria Martínez y Oscar de Jesús Osthoff del Castillo, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del aludido numeral a las personas que señala, por así solicitarlo. Notifíquese; hágase personalmente.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por German Gildardo Araujo Martínez, contra actos de Noé Alberto Ríos Bahena, quien se ostenta como Contralor Interno Municipal, con seis copias y dos anexos que se acompañan; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 1119/2021-I. Del presente caso, la parte quejosa señala como acto reclamado el oficio de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, en el cual se requiere al aquí quejoso que comparezca personalmente o por escrito, con el fin de aclarar diversas inconsistencias en el procedimiento de entrega-recepción de la administración pública municipal 2021-2024, de Santa María del Río San Luis Potosí. Ahora bien, del análisis integral del acto reclamado y de la demanda constitucional se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que impone desechar de plano el libelo constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto, en concepto de la suscrita, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 107, fracción IV, Constitucional y 107, fracción III, del primer ordenamiento legal mencionado, a contrario sensu, en concatenación de los artículos 70 y 71 de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí. De lo trascrito, se advierte que una vez concluida la entrega-recepción, la verificación y validación física del contenido del acta administrativa de entrega-recepción, deberán llevarse a cabo por el servidor público o administración pública entrante en un término no mayor de treinta días hábiles contados a partir del acto protocolario de entrega-recepción, asimismo, si el servidor público entrante encuentra alguna irregularidad, respecto de los bienes, recursos, documentación e información recibida, deberá informar al órgano interno de control, quien a su vez deberá requerir al servidor público (aquí quejoso) que entregó los bienes, recursos, documentación e información, para que dentro de los quince días hábiles siguientes contados a partir de la notificación del mismo, comparezca personalmente o por escrito para realizar: las aclaraciones, presentación de bienes, y en general los elementos que considere necesarios para el esclarecimiento de la inconformidad, las que deberá presentar ante el servidor público entrante. Ahora bien, como se advierte de los anexos de la demanda de amparo, el oficio por el cual se le requirió al aquí quejoso, forma parte de un procedimiento seguido en forma de juicio, que culminara con un dictamen aprobado por el Ayuntamiento. Cabe destacar que por procedimientos seguidos en forma de juicio, a que se refiere el segundo párrafo de la fracción II del artículo 107, deben entenderse, con amplitud, no sólo los procedimientos en que se decide una controversia entre partes contendientes, sino también todos aquellos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea para cumplir con la garantía de audiencia. Pues bien, no es factible impugnar, por sí solos, vía juicio de amparo los referidos actos de autoridad, porque constituyen meros actos de trámite por ser medios para la consecución de un fin, que por regla general, sólo pueden ser impugnables en amparo indirecto hasta que se produzca la resolución final en el procedimiento respectivo, y sin prejuzgar si contra esta última proceda previamente algún medio ordinario de defensa. A mayor abundamiento, dada la reglamentación que rige el acto reclamado, éste estrictamente no causa un perjuicio al quejoso, pues como se precisó, sólo tienen como efecto sujetarlo a un procedimiento de Entrega-Recepción del Ayuntamiento de Santa María del Río, San Luis Potosí, para revisar el acta de entrega-recepción del Ayuntamiento saliente, cuyas conclusiones, inclusive, tampoco le pueden irrogar alguna afectación a su esfera jurídica, pues éstas serán sometidas a la revisión del órgano interno de control, quien estará obligado a emitir el acuerdo correspondiente y en su caso, dar inicio al procedimiento de responsabilidad respectivo, cuyo resultado desfavorable hasta entonces le puede afectar al particular. Por lo tanto, se concluye que los actos que se reclaman en el presente amparo, todavía no perjudican al impetrante, pues solo se trata de un procedimiento que tienen como finalidad revisar el acta de entrega-recepción del Ayuntamiento saliente, y no se vislumbra afectación alguna a su esfera jurídica, lo que denota la improcedencia del juicio. Así, al no concurrir en la especie los supuestos de procedencia del juicio de amparo, pues con los actos reclamados emitidos en un procedimiento no se están violando derechos sustantivos, ni se trata de violaciones formales o adjetivas en grado predominante o superior, es evidente que se acredita la actualización de manera notoria, manifiesta e indudable, de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 107, fracción IV, Constitucional y 107, fracción III, del primer ordenamiento legal mencionado, a contrario sensu, en concatenación de los artículos 70 y 71 de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, por lo que procede desechar de plano la demanda constitucional en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la legislación invocada. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la promovente. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Adalberto Longoria Martínez y Oscar de Jesús Osthoff del Castillo, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del aludido numeral a las personas que señala, por así solicitarlo.

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