Germán García Gómez
Expediente 30/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 30/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Germán García Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Tribunal Colegiado remite ejecutoria. Agréguese el oficio signado por la Secretaria del Tribunal adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo 30/2023-VII, del índice de este órgano jurisdiccional, así como copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 43/2023, del índice del Tribunal oficiante, cuyos puntos resolutivos establecen lo siguiente: "[.] PRIMERO. Se tiene al quejoso Germán García Gómez, por su propio derecho, desistiéndose del presente recurso de queja. SEGUNDO. Queda firme el auto recurrido, dictado el diecinueve de enero de dos mil veintitrés, por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, en el juicio de amparo indirecto 30/2023-VI, por las razones expuestas en el último considerando de la ejecutoria. [.]." En tal virtud, como lo solicita la superioridad acúsese el recibo correspondiente; asimismo, se ordena destruir las copias con las que se integró el cuaderno de antecedentes con motivo del recurso interpuesto, a excepción de las constancias originales las cuales deberán glosarse al presente asunto. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible y sin relevancia documental Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo (tres años), deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Devolución de documentos. Sin que haya lugar a requerir a las partes para la entrega de documento, toda vez que estos no obran en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.sonia
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, trece de febrero de dos mil veintitrés. Tribunal Colegiado de Circuito informa admisión de recurso de queja. Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en Apizaco, mediante el cual comunica que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por Germán García Gómez, en contra del auto de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, dictado por este Juzgado de Distrito, siendo registrado con el número 43/2023, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.Vieyra*
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, treinta de enero de dos mil veintitrés. Análisis cumplimiento de sentencia. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. En la sentencia dictada el veintitrés de febrero de dos mil veintidós (fojas 107 a 120), se sobreseyó en el juicio y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Jorge Alberto Lira Huerta, para efecto de que la responsable realizara lo siguiente: "Emita un proveído en alcance a la imposición de la medida precautoria consistente en la inscripción preventiva de la demanda en la Dirección General de Notarías y Registros Públicos del Estado, emitida mediante acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil veinte, dictado en el juicio de nulidad de juicio concluido 73/2020, de su índice, en la que, de manera fundada y motivada, fije una fianza al actor, a efecto de que pueda responder por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse en caso de que el demandado sea absuelto de las prestaciones que le reclaman. Asimismo, deberá precisar la consecuencia jurídica de no otorgar la fianza impuesta" Inconforme con dicha determinación, el tercero interesado Rogelio Montiel Bretón interpuso recurso de revisión (fojas 140 a 142), mismo que fue radicado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito con el número 107/2022 (foja 153), y resuelto en ejecutoria de trece de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 156 a .164), cuyos puntos resolutivos fueron: "PRIMERO. En materia del recurso, se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Jorge Alberto Lira Huerta, respecto delos actos reclamados del Director General de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, consistente en la notación marginal que, en cumplimiento a lo ordenado por el jue responsable dentro del expediente 73/2020, realizó con el sello registral RP78ZH-93RK42-WE42J5. TERCERO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a Jorge Alberto Lira Huerta, respecto del acto reclamado del Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez, Tlaxcala, consistente en la medida precautoria relativa a la anotación registral decretada dentro del juicio de nulidad de juicios concluidos 73/2020". Por auto de veintiuno de junio de dos mil veintidós, se recibió la ejecutoria citada y requirió a la autoridad responsable diera cumplimiento a la ejecutoria de mérito (foja 165 a 167). Una vez que se recibieron las constancias con las cuales la responsable manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector, se dio vista a las partes; asimismo, por acuerdo de veintisiete de julio de dos mil veintidós, se declaró cumplida la sentencia de amparo (fojas 233 a 236). Contra dicha determinación, el quejoso interpuso recurso de inconformidad, mismo que fue radicado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito con el número 14/2022, y resuelto en ejecutoria de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, con los puntos resolutivos siguientes: ".ÚNICO. Resulta fundado el presente recurso de inconformidad..." Lo anterior en virtud de las consideraciones y para los efectos siguientes: "Con todo, al fijar la garantía señalada, no atendió los lineamientos del fallo constitucional, en los que se estableció que debía realizar tal proceder de manera fundada y motivada. Es así, pues no expuso las razones legales con las que se justifique por qué dicho monto es apto para responder por los daños y perjuicios que pudieran causarse a la parte demandada, con la anotación marginal realizada sobre el inmueble en disputa, ni detalló las operaciones aritméticas en que se basó para determinar la citada cantidad. No pasa inadvertido que en el auto dictado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la responsable determinó fijar de manera discrecional el monto de la garantía, sustentándose para ello en el artículo 789 del Código de Procedimiento Civiles del Estado de Tlaxcala; sin embargo, los artículos 784 a 796, del propio ordenamiento legal (dentro de los que se encuentra el numeral 789), ubicados en el Capítulo II "Providencias precautorias", Título Primero "Actos prejudiciales", Libro Segundo "Juicios", no la facultan para obrar en ese sentido y, aun en ese supuesto, el ejercicio de facultades discrecionales deben limitarse con parámetros que impidan la actuación arbitraria de la autoridad, particularmente, con la obligación de fundamentar y motivar todo acto de autoridad. (.) Luego, si en el fallo constitucional se constriñó al Juez de instancia a fijar una fianza de manera fundada y motivada, para que el actor responda por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse en caso de que el demandado sea absuelto de las prestaciones, pero no lo hizo en esos términos, es inconcuso que incurrió en defecto al cumplir la sentencia de amparo.". Posteriormente, se tuvo por recibido el oficio signado por la Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez, mediante el cual manifestó haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo y con el cual se ordenó dar vista a la parte quejosa y al tercer interesado por el plazo de tres días, para que estuvieran en aptitud de manifestar lo que a su interés legal conviniera (foja 318). A las documentales remitidas por la autoridad responsable, este juzgador les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Ahora, del proveído dictado el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, por el Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez, se advierte, en lo que interesa: ".destacado que mediante tal medida, no se limita la potestad del propietario para enajenar o disponer del inmueble; sin embargo, de manera mediata, la anotación registral de la demanda también coloca al inmueble en una posición de desventaja en el mercado inmobiliario, al quedar sometida la eficacia y al alcance de los derechos que se adquieran sobre el mismo, al resultado de un juicio, que se encuentra en trámite; lo que permite afirmar que tal medida cautelar sí es susceptible de causar daños y perjuicios al propietario regístralo; por lo que con fundamento en términos de los artículos 784, 789 y 791 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, así como de las diversas consideraciones plasmadas en las siguientes jurisprudencias, que a la letra se transcriben (.) Tomando en cuenta la naturaleza del presente asunto en el cual se pide la nulidad absoluta del juicio concluido por procedimiento fraudulento relativo al juicio de usucapión promovido por JORGE LIRA AQUINO, con número expediente 522/2010, del índice del extinto Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Juárez, actualmente Juzgado Civil del Distrito Judicial de Juárez, en contra de MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ TAPIA, respecto del predio materia de la litis, así como la nulidad del también Juicio Reivindicatorio con número de expediente 133/2018, del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Juárez, promovido por JORGE ALBERTO LIRA HUERTA, en contra de ARIEL MONTIEL BRETÓN Y/O ROGELIO MONTIEL BRETÓN Y/O ARIEL ROGELIO MONTIEL BRETÓN, de los cuales exhibió copia certificada, misma que obra en autos y de las cuales se advierte que el avalúo catastral no refleja el valor comercial del costo total de dicho inmueble, por lo que se considera necesario y justo fijar el cincuenta por ciento del valor catastral de dicho inmueble. En mérito de lo anterior, y a fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que se sigan por que se revoque la providencia o porque entablada la demanda sea absuelto el reo, se le hace saber al actor ROGELIO MONTIEL BRETÓN, que se fija de manera discrecional y la justa cantidad de cuarenta y siete mil ochocientos veinte pesos cero centavos, que es el resultado del cincuenta por ciento de la cantidad noventa y cinco mil seiscientos cuarenta pesos cero centavos moneda nacional (valor catastral del predio), pues de la operación aritmética de multiplicar la cantidad de noventa y cinco mil seiscientos cuarenta pesos cero centavos moneda nacional, por el cincuenta por ciento, nos da la cantidad de veintiocho mil seiscientos noventa y dos pesos cero centavos (del cincuenta por ciento, por posibles daños y perjuicios).". Esto es, la autoridad responsable, en cumplimiento al fallo protector: a) Destacó que la anotación registral es una medida cautelar que tiene como finalidad inmediata asegurar la publicidad del proceso para que la sentencia sea oponible a terceros adquirentes de derechos sobre el bien litigioso. b) Señaló que esa providencia es susceptible de causar daños y perjuicios al propietario del bien raíz, pues coloca al inmueble en una posición de desventaja en el mercado inmobiliario, al quedar sometida la eficacia y el alcance de los derechos que se adquieran sobre el mismo, al resultado de un juicio que se encuentra en trámite. c) Tomando en cuenta la naturaleza del juicio; asimismo, que el avalúo catastral no refleja el valor comercial del costo total del inmueble, fijó discrecionalmente la cantidad de $47,820.00 (cuarenta y siete mil ochocientos veinte pesos cero centavos, moneda nacional), y señaló la operación aritmética que llevó a cabo para arribar a esa cantidad. Sin embargo, con ello no puede tenerse por cumplida la sentencia de amparo, pues: 1) Fue omisa nuevamente en exponer las razones legales con las que se justifique por qué el monto fijado como garantía es apto para responder por los daños y perjuicios que pudieran causarse a la parte demandada, con la anotación marginal realizada sobre el inmueble en disputa. Ello es así, pues únicamente se limitó a referir que sí se ocasionaba un daño, y precisar de dónde obtuvo el valor del inmueble para cuantificarla, pero en ningún momento formuló algún razonamiento para explicar el motivo por el que consideró que el 50% (cincuenta por ciento) del valor del inmueble era suficiente para garantizar los daños y perjuicios. 2) De igual modo, en un primer momento indicó que la garantía que debía exhibirla parte actora era por $47,820.00 (cuarenta y siete mil ochocientos veinte pesos cero centavos, moneda nacional); sin embargo, al explicar las operaciones aritméticas en que se basó para determinar esa cantidad, indicó que el resultado eran $28,692.00 (veintiocho mil seiscientos noventa y dos pesos cero centavos moneda nacional). De ahí que no se tenga claridad respecto de la cantidad que efectivamente cuantificó como suficiente para garantizar los posibles daños y perjuicios. Por lo expuesto, es evidente que la autoridad responsable no ha dado cabal y total cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Se requiere cumplimiento En consecuencia, requiérase a Alexis Minos Flores, en su carácter de Juez Civil del Distrito Judicial de Juárez, para que en el término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: a) Deje insubsistente el proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente 73/2020, de su índice. b) En su lugar emita otro, en alcance a la imposición de la medida precautoria decretada en proveído de veintisiete de febrero de dos mil veinte, en el que de manera fundada y motivada: 1. Fije una fianza al actor, a efecto que pueda responder por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse en el caso de que el demandado sea absuelto de las prestaciones que le reclaman. 2. Señale las razones legales con las que se justifique por qué dicho monto es apto para responder por los daños y perjuicios que pudieran causarse a la parte demandada 3. Detalle las operaciones aritméticas en que se basó para determinar la citada cantidad. 4. Indique la consecuencia jurídica para el demandado, en caso de no otorgar la garantía impuesta. Apercibimiento Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por el equivalente de cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Manifestaciones. Finalmente, de autos se advierte que mediante escrito recibido en este Juzgado el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, ********************, autorizada del tercer interesado********************, formuló diversas manifestaciones respecto a que el fallo protector no ha sido acatado. Atento a ello, dígase que deberá estarse a lo acordado en párrafos precedentes, donde no se tuvo por cumplida la sentencia y se requirió el cabal cumplimiento de la misma. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Desahoga prevención. Agréguese a los autos el escrito signado por ******************** a través del cual, desahogan la prevención formulada por auto de diez de enero del año que transcurre. Acto reclamado. Ahora bien, ******************** promueve demanda de amparo contra actos que hace consistir en: Se desecha demanda de amparo. Precisado lo anterior, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de derechos por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido." Además, con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." En el caso, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta la parte promovente deriva de que el acto reclamado consiste en la resolución de siete de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el toca civil de queja 436/2022, del índice de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, por la cual confirma la resolución de cuatro de agosto de dos mil veintidós emitida por el Juez Tercero de lo Civil del distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio en el Estado, dentro del incidente de nulidad ********************, por el cual confirmo el auto veintiocho de abril de dos mil veintidós en el cual se ordenó normar el procedimiento dentro del referido incidente. Así, dicho acto no produce efectos de imposible reparación a la parte quejosa, por no afectar materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sensu-, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Al respecto, en relación con los actos de imposible reparación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Esto es, son aquellos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable, por lo que, al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que el quejoso no obtenga un fallo favorable al resolverse el medio ordinario que proceda contra la sentencia definitiva, estará en condiciones de reclamarlas como tales en el amparo directo que se intente contra esa sentencia que pondrá fin al juicio. Ahora, para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de garantías bi-instancial, debe tenerse en cuenta que en la Ley de Amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: a) Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, b) Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas, esto es, se trate de actos que afecten materialmente derechos sustantivos. Los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y, por ende, susceptibles de impugnarse en amparo bi-instancial, también, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, también llamados derechos fundamentales y respecto de los que no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, visible a página 39, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Sentado lo anterior, resulta oportuno precisar que el acto reclamado en el presente juicio consistente en la resolución de siete de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el toca civil de queja 436/2022, del índice de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, por la cual confirma la resolución de cuatro de agosto de dos mil veintidós emitida por el Juez Tercero de lo Civil del distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio en el Estado, dentro del incidente de nulidad ********************, por el cual confirmo el auto veintiocho de abril de dos mil veintidós en el cual se ordenó normar el procedimiento dentro del referido incidente. Ahora bien, del escrito aclaratorio el promovente ********************, señaló bajo protesta de decir verdad, en lo que interesa lo siguiente: Por lo anterior, la resolución de la que se duele el impetrante, únicamente afecta los derechos adjetivos o procesales, que sólo tienen consecuencias de carácter formal o intraprocesal, no afectando por sí mismas, directa e inmediatamente, ninguno de los derechos fundamentales del quejoso, y en todo caso, la afectación procesal que pudiera sufrir puede quedar subsanada con el sólo hecho de que obtenga un fallo benéfico a sus intereses, ya sea porque de acuerdo con determinadas razones que le favorezcan, el acto o la prueba impugnados de delictuosos sean o no tomados en cuenta, que existan pruebas diversas que revelen la ineficacia probatoria o corroboren el valor del acto o prueba combatidos, o motivos que se relacionen con la procedencia de la acción o con la personalidad de los litigantes, entre otros supuestos que beneficien las pretensiones del peticionario de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 7/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 63, febrero de 2019, tomo I, número de registro 2019176, visible a página 6, de rubro y texto siguientes: "DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE NIEGA SU ADMISIÓN NO CONSTITUYE UN "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN", POR LO QUE ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, conforme a la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, para que los actos sean de "imposible reparación" es necesario que: 1) afecten materialmente derechos; y 2) esos derechos revistan la categoría de "sustantivos". Sobre esa base, la negativa a denunciar el juicio a terceros no es de naturaleza irreparable, pues esa actuación carece de la "afectación material" necesaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que ese actuar jurisdiccional únicamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento -al afectarse la celeridad o prontitud del juicio-, sin que trascienda a la persona o bienes del justiciable más allá de lo meramente procedimental, lo cual resulta indispensable para actualizar la procedencia excepcional del amparo indirecto contra actos intraprocesales. La postura anterior es la más acorde con el propósito que se busca con el artículo citado, consistente en evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional, de suerte que sólo excepcionalmente se susciten cuestiones de esa naturaleza." Además, lo anterior queda claro con el criterio establecido en la jurisprudencia número 3/90 Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecida por la contraparte, es una violación reclamable en amparo indirecto, por darse esa hipótesis. Asimismo, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, partiendo de la base de determinar si el acto controvertido afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis aisladas CCLXXVI/2012 (10a) y CCLXXV/2012 (10ª), ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." En tales condiciones, en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sentido-; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.Mmp
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