Germán Eduardo Montero Mejía

Expediente 421/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
421/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
20/10/2021

Partes del expediente

  • Germán Eduardo Montero Mejía

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio 44284/2021 signado por la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual solicita la vinculación del expediente en que se actúa. En consecuencia, de conformidad con los artículos 3 del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico; 3, 22 y 23, del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los Expedientes Impreso y Electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo; comisiónese al área correspondiente, a fin de que facilite el acceso al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa al juzgado oficiante, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio 28601/2021, signado por el secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con el que comunica que se avocó al conocimiento del juicio de amparo 421/2021 del índice de este órgano de control constitucional, registrándolo bajo el diverso 764/2021, de su control; en consecuencia, realícense las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente; y, hágase constar que el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la incompetencia declinada no es de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste, no se encontraron valores ni documentos originales exhibidos por las partes. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez transcurran tres años- por tratarse de un cuaderno de antecedentes por incompetencia. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  3. Principal

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado el criterio de que el juez constitucional debe interpretar el escrito de demanda en su integridad con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, razón por la cual está constreñido a armonizar los datos y elementos que lo conforman, junto con las constancias que se alleguen sin cambiar su alcance y contenido, pero que razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse a su conocimiento. Lo anterior, tiene apoyo en el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página noventa y cuatro, Tomo IX, Mayo de mil novecientos noventa y dos, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU." Ahora, el quejoso señala como actos reclamados y los atribuye a las siguientes autoridades: Ahora, conviene citar el artículo 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece lo siguiente: "Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito". Por su parte, el diverso numeral 52, fracción IV, de la ley en cita, dispone: "Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: (.) IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; (.)". Ahora, debe señalarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio que tratándose de conflictos competenciales por razón de la materia, es decir aquellos que se susciten entre distintos órganos jurisdiccionales, en virtud de su especialización, para su resolución debe atenderse a la naturaleza de los actos reclamados. Para determinar la competencia por razón de materia de un juez de Distrito, debe atenderse a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las pretensiones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, en el caso, de la naturaleza de los actos reclamados y antecedentes de los mismos propuestos en la demanda. Sirve de apoyo, la tesis emitida por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1773, tomo XVIII, Agosto de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con título: "JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS POR RAZÓN DE MATERIA. SU COMPETENCIA SE DETERMINA CONFORME A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO". De los antecedentes relatados por el quejoso y constancias remitidas por el Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México se advierte que el veinticuatro de mayo del año en curso, Germán Eduardo Montero Mejía fue puesto a su disposición a fin de alojarlo temporalmente hasta en tanto la Dirección de Resoluciones Migratorias resuelva en definitiva su situación migratoria, por lo que su retención es con motivo de su situación migratoria. Ahora, el procedimiento administrativo migratorio se encuentra regulado en la Ley de Migración, en lo que interesa, en los siguientes numerales: "Artículo 68. La presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto en los casos previstos en esta Ley; deberá constar en actas y no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición. Durante el procedimiento administrativo migratorio que incluye la presentación, el alojamiento en las estaciones migratorias, el retorno asistido y la deportación, los servidores públicos del Instituto deberán de respetar los derechos reconocidos a los migrantes en situación migratoria irregular establecidos en el Título Sexto de la presente Ley.". "Artículo 77. El procedimiento administrativo migratorio se regirá por las disposiciones contenidas en este Título, en el Reglamento y en las disposiciones administrativas de carácter general que emita la Secretaría, y en forma supletoria por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Durante su sustanciación se respetarán plenamente los derechos humanos de los migrantes". "CAPÍTULO V DE LA PRESENTACIÓN DE EXTRANJEROS Artículo 99. Es de orden público la presentación de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. La presentación de extranjeros es la medida dictada por el Instituto mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno". Por su parte, el numeral 222 del Reglamento de la Ley de Migración, señala: "Artículo 222. En todos los casos en que una persona extranjera sea puesta a disposición de la autoridad migratoria deberá iniciarse el procedimiento administrativo migratorio. Dicho procedimiento se regirá conforme a la Ley, este Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. Durante el procedimiento administrativo migratorio, las personas extranjeras tendrán derecho al debido proceso que consiste en que el procedimiento sea sustanciado por autoridad competente; el derecho a ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga; a tener acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio; a contar con un traductor o intérprete para facilitar la comunicación, en caso de que no hable o no entienda el español, y a que las resoluciones de la autoridad estén debidamente fundadas y motivadas". De la transcripción que antecede, se obtiene que la presentación y el procedimiento administrativo migratorio son actuaciones administrativas, porque los emite autoridad con ese carácter, como lo es el Instituto Nacional de Migración, que tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia y, en específico, en materia de control y verificación migratoria. Por tanto, no puede considerarse que los actos reclamados sean de naturaleza penal, dado que no provienen de un proceso penal, averiguación previa o carpeta de investigación, seguidos en su contra, de ahí que no se ubique en alguna de las hipótesis contenidas en el dispositivo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, porque dichos actos son formal y materialmente administrativos, en razón de las autoridades a las que se atribuyen y a la naturaleza de los mismos, por lo que es inconcuso que la competencia para resolver el presente juicio de amparo corresponde a un Juez de Distrito en Materia de Administrativa en la Ciudad de México, de conformidad con el numeral 52 de la ley referida en el párrafo que antecede. Apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 28 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo VIII, diciembre de 1998, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES". En ese contexto, este Juzgado Federal estima que no existen bases suficientes que permitan afirmar categóricamente, que el acto reclamado en el presente juicio se ubica en alguna de las hipótesis señaladas en párrafos que anteceden, es decir para que este juzgado de conozca del asunto en comento, ya que no se trata de una resolución judicial del orden penal, ni de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el ordinal 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunado a que dichas violaciones deben ser tangibles y no simples expectativas; tampoco de juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII, del arábigo 107 constitucional, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; ni de juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en términos de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, 51 y 52, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítase el juicio de amparo en que se actúa al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, solicitando atentamente el acuse correspondiente, así como el informe relativo a la aceptación o rechazo de la competencia que se plantea. Asimismo, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos, hágase del conocimiento de las partes, recábese copia de las constancias que resulten necesarias y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Visto el estado de autos, de los que se advierte que mediante auto de treinta y uno de mayo del año en curso, se tuvo al quejoso señalando que su nombre correcto es ..., lo que se hizo del conocimiento de las autoridades responsables a efecto de que rindieran sus informes sobre la suspensión de plano y justificado de manera correcta; sin que a la fecha, la Secretaría de Gobernación haya rendido su informe sobre la suspensión de plano con el citado nombre del quejoso, no obstante encontrarse debidamente notificada; bajo esas condiciones, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, requiérase a dicha potestad, para que dentro del término de DOCE HORAS, informe sobre el cumplimiento a la suspensión de plano, debiendo adjuntar, en su caso, las constancias que justifique sus actos, el cual será remitido con independencia del informe justificado también solicitado, apercibido que de no hacerlo, se hará efectivo el apercibimiento decretado en autos. Por otro lado, agréguese a los autos el oficio remitido por la autoridad responsable, con el cual rinde su INFORME JUSTIFICADO; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Notifíquese.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · 8,802 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano