Germán Díaz Flores

Expediente 1034/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1034/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
15/12/2022

Partes del expediente

  • Germán Díaz Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, de la que se desprende que no se encuentra registrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) ninguna promoción que indique que el promovente recurrió el auto de uno de diciembre de dos mil veintidós en el que se desechó la demanda de amparo, dentro del término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, considerando que éste fue notificado el cinco siguiente, quedando comprendido dicho plazo del siete al trece de los que cursan, se declara que el aludido acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Hágase el registro correspondiente y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en su artículo 21, inciso b), procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es destruible una vez que transcurra el periodo de conservación, toda vez que se desechó por improcedente la demanda de amparo.

  2. Principal

    Téngase recibida la demanda de amparo signada por Germán Díaz Flores contra los actos que reclama del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, por violación a diversos preceptos constitucionales, el juez acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, fórmese el expediente y radíquese con el número 1034/2022. IMPROCEDENCIA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. De ello se sigue que debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta alguna causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resulten improcedentes. Enla inteligencia que por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va apoyar para que, de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/62 del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." En efecto, el quejoso reclama en forma destacada: El auto pronunciado el once de noviembre de dos mil veintidós, dictado por la Sala de Circuito Zona Sur del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, en los autos del toca 80/2022-F, de su estadística, en el referido recurso de apelación interpuesto por el quejoso por el auto dictado del once de agosto de dos mil veintiuno por el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con residencia en esta ciudad, en el expediente 329/2009, en el que no aprobó las posiciones del quejoso al señalar que no formaban parte de los hechos de la demanda incidental. En tales condiciones, una vez examinado el acto concreto de autoridad y los antecedentes plasmados en el escrito de cuenta, es posible advertir en forma indudable y manifiesta la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario. En principio, es pertinente establecer que el juicio de amparo es un medio extraordinario y excepcional de defensa, cuya procedencia se sujeta a diversos lineamientos que deben colmarse en su totalidad a fin de que se estime que el acto de una autoridad viola los derechos sustanciales del gobernado y no existe un sistema o medio ordinario de impugnación idóneo que le permita dirimir determinada controversia para así acudir a instar el sistema de impartición de justicia federal. En ese tenor, para que sea procedente el juicio constitucional, específicamente en el caso propuesto, los dispositivos transcritos imponen determinados requisitos a la quejosa, los cuales deben cumplirse en su totalidad, a saber, que tratándose de una determinación dictada dentro de un procedimiento seguido ante una autoridad judicial, como en la especie, la afectación producida por la responsable debe ser en grado predominante o superior, de manera tal, que dicha determinación no pueda ser reparada en la resolución definitiva. Bajo esas premisas, una determinación dictada por una autoridad judicial dentro de un procedimiento tiene ejecución de imposible reparación cuando viola directamente cualquiera de los derechos fundamentales del gobernado, lo que hace procedente el juicio de amparo indirecto, sin que por ello se dé lugar a que los gobernados puedan acudir a la vía constitucional por violaciones meramente intraprocesales, como ocurre en la especie. No se soslaya que el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) garantiza las prerrogativas correspondientes a la protección judicial, el cual consiste en que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley o la Convención de que se trata, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Asimismo, el Estado Mexicano como parte que es de dicha Convención, asumió el compromiso de garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal interno decida sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, desarrollar las posibilidades del recurso judicial y garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. En ese sentido, las cuestiones sometidas por los gobernados a la potestad de los tribunales del Estado, deben garantizar su pleno desarrollo y establecer los mecanismos necesarios y efectivos que les permitan resolver las controversias que de ellos deriven. Luego, las actuaciones que las partes estimen violatorias de sus derechos procesales dentro de la contienda judicial deben ventilarse a través de los mecanismos que la propia ley establece para ello y ante los tribunales que estén facultados para su conocimiento, en tanto que la cuestión principal es precisamente la que se encuentra sujeta a debate judicial. Sentado lo anterior, resulta necesario destacar que al existir medios de defensa válidamente establecidos en los que puede ser reparada, en caso de que existiera, la violación que se reclama, el juicio de amparo en la vía indirecta, como ya se dijo, únicamente puede ser procedente si la actuación judicial cuestionada es de imposible reparación por vincularse con los derechos fundamentales de la persona, lo que en la especie no ocurre. En efecto, el quejoso reclama el auto pronunciado el once de noviembre de dos mil veintidós, dictado por la Sala de Circuito Zona Sur del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, en los autos del toca 80/2022-F, de su estadística, en el referido recurso de apelación interpuesto por el quejoso por el auto dictado del once de agosto de dos mil veintiuno por el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con residencia en esta ciudad, en el expediente 329/2009, en el que no aprobó las posiciones del quejoso al señalar que no formaban parte de los hechos de la demanda incidental. Luego, la determinación de mérito, atendiendo a los razonamientos jurídicos expuestos en párrafos precedentes, se sitúa en la hipótesis de improcedencia a que refiere el artículo 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, toda vez que esa actuación judicial no causa a la quejosa un perjuicio de imposible reparación, ya que solo afecta el desahogo de una prueba dentro del procedimiento sin que al momento se tenga certeza si eso afectará al quejoso al estar pendiente el dictado se la sentencia definitiva. Por tanto, si eventualmente la sentencia que resuelva en definitiva el juicio de origen es contraria a las pretensiones del quejoso, será en el amparo directo que, en su caso, promueva en su contra, en el que habrá de inconformarse contra todas aquellas violaciones adjetivas intraprocesales, que trascendieron a su sentido, y no durante la sustanciación del procedimiento mediante la promoción de múltiples frentes constitucionales de carácter biinstancial, pues como se dijo, ello atentaría contra la expeditez en la administración de justicia. Al respecto, es oportuno citar el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LVIII/2004, cuyo rubro es VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. Luego, la determinación de que se trata, por sí misma, no justifica la procedencia del amparo indirecto, sino que se necesita una situación concreta y definitiva que se estime lesiva de un derecho sustantivo, lo que no ocurre en el caso particular. DESECHAMIENTO. Al no actualizarse en perjuicio de la quejosa una violación en grado predominante o superior que amerite la intervención del órgano de impartición de Justicia Federal, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, vinculado con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el diverso 63, fracción V, del invocado cuerpo normativo, se desecha la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones y documentos el ubicado en calle María del Carmen número 18118, del Fraccionamiento Bugambilias, en esta ciudad, y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Tupac Juan Manuel Gómez Zamora, quien tiene su cédula profesional 5178126 debidamente reconocida en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye a la secretaria para que dé fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente, sin perjuicio de que las partes puedan solicitas copias simples del expediente en que se actúa. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En otro orden, con apoyo en la Circular 12/2009, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, ello sin necesidad de presentar solicitud por escrito. Entonces, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza al actuario a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto.

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