German Corral Velasco

Expediente 1881/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1881/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
21/12/2018

Partes del expediente

  • German Corral Velasco

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos del cuaderno de amparo, de los que se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de la materia, para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en autos, sin que la impetrante de amparo lo haya interpuesto; por tal virtud, queda firme la resolución de referencia. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de Septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en las fracciones I y II, del punto vigesimo primero del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que en el mismo se desechó la demanda de amparo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    se tienen por recibidos los oficios signados por el Apoderado Legal de Teléfonos de México, S.A.B. DE C.V., el representante legal de la Comisión Federal de Electricidad (CEFE) Suministrador de Servicios Básicos, el Inspector Jefe de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Morelos y la Apoderada Legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado, por medio de los cuales dan contestación al requerimiento formulado mediante proveído de veintisiete de noviembre del año en curso, respecto del domicilio de la tercero interesada Verónica Sánchez Rivera; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. En consecuencia, este Juzgado de Distrito se reserva a proveer sobre el emplazamiento de la citada tercero interesada hasta en tanto obre en autos la totalidad de los oficios requeridos en el auto en comento. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho (foja 128), para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que se haya pronunciado al respecto; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo a la parte quejosa para el efecto siguiente: ".I. Dejar insubsistente el acuerdo de inicio de procedimiento de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, dictado en el expediente de investigación UAI/008-P/02-18. II. Previo a resolver respecto de la procedencia de la solicitud de inicio de procedimiento en contra del quejoso, emita un pronunciamiento fundado y motivado respecto a la figura jurídica de la prescripción de las facultades de la autoridad en el procedimiento por la probable infracción a los principios de actuación, obligaciones o deberes y resuelva lo procedente con plenitud de jurisdicción. Protección que se hace extensiva respecto del oficio de notificación de uno de marzo de dos mil dieciocho, así como de los demás actos derivados del acuerdo de inicio del procedimiento administrativo instaurado en contra del quejoso, es decir, de todos aquellos actos que se hayan emitido con posterioridad al mismo, toda vez que son consecuencia de aquel que resultó violatorio de derechos fundamentales, por lo que deben quedar sin efecto alguno, pues derivan de un acto viciado de origen...". Por tanto, la sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió al Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Cuautla, Morelos, el cumplimiento a la concesión del amparo. Atento a lo anterior, el delegado de la autoridad responsable, mediante oficio de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, remitió copia certificada del auto de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, mediante el cual dejó insubsistente el acuerdo de inicio de procedimiento de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, dictado en el expediente de investigación UAI/008-P/02-18, así como todo lo actuado con posterioridad a dicho auto y emitió uno nuevo con libertad de jurisdicción y siguiendo los lineamientos señalados en la ejecutoria de amparo, esto es, fundó y motivó su pronunciamiento con respecto a la figura de prescripción de las facultades de la autoridad en el procedimiento por la probable infracción a los principios de actuación, obligaciones o deberes (fojas 110 a 127), por lo que este Juzgado Federal, corrió traslado y dio vista a la parte quejosa. Al respecto, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, con las constancias mencionadas en el párrafo que antecede, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente derecho transgredido garantía violada, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, es decir, dejó insubsistente el acuerdo de inicio de procedimiento de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, dictado en el expediente de investigación UAI/008-P/02-18, así como todo lo actuado con posterioridad a dicho auto y emitió uno nuevo con libertad de jurisdicción y siguiendo los lineamientos señalados en la ejecutoria de amparo, esto es, fundó y motivó su pronunciamiento con respecto a la figura de prescripción de las facultades de la autoridad en el procedimiento por la probable infracción a los principios de actuación, obligaciones o deberes, por lo tanto este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Conviene destacar que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable únicamente dejara insubsistente el acuerdo de inicio de procedimiento de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, dictado en el expediente de investigación UAI/008-P/02-18, así como todo lo actuado con posterioridad a dicho auto y emitió uno nuevo con libertad de jurisdicción y siguiendo los lineamientos señalados en la ejecutoria de amparo, esto es, fundó y motivó su pronunciamiento con respecto a la figura de prescripción de las facultades de la autoridad en el procedimiento por la probable infracción a los principios de actuación, obligaciones o deberes. En consecuencia, la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, la responsable dejó insubsistente el acuerdo de inicio de procedimiento de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, dictado en el expediente de investigación UAI/008-P/02-18, así como todo lo actuado con posterioridad a dicho auto y emitió uno nuevo con libertad de jurisdicción y siguiendo los lineamientos señalados en la ejecutoria de amparo, esto es, fundó y motivó su pronunciamiento con respecto a la figura de prescripción de las facultades de la autoridad en el procedimiento por la probable infracción a los principios de actuación, obligaciones o deberes. Por lo que con fundamento en el numeral 214 del ordenamiento legal en cita, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de Septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto procédase a la destrucción del duplicado, debiéndose guardar únicamente el original. Ahora bien, con apoyo en el punto vigésimo primero, fracción III, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurable, toda vez que, se concedieron las suspensiones provisional y definitiva. Finalmente, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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