German Baez Carmona
Expediente 1424/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1424/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- German Baez Carmona
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán; veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual cumple con lo requerido en proveído de catorce de noviembre del año en curso, y en alcance a su informe justificado, remite las constancias certificadas del oficio enviado por la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias, con residencia en la Ciudad de México. En el oficio de cuenta, en lo que interesa, la autoridad responsable comunica que mediante oficio de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, la doctora Daniela Ruíz García aceptó y protestó el cargo conferido como perito médico de la parte actora del juicio de origen, y que el dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la audiencia de videograbación médica respecto a la prueba pericial ofrecida por la parte quejosa. En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, la parte quejosa reclama a la autoridad responsable, la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, la omisión de designarle a un perito médico de acuerdo a lo acordado en dieciocho de febrero de dos mil veintidós por la autoridad responsable. Al respecto, de las constancias que anexó a su oficio de mérito la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, informó que el diecisiete de octubre del año en curso, la doctora Daniela Ruiz García aceptó y protestó el cargo de perito médico de la parte quejosa; de igual forma, el veintitrés de octubre de la presente anualidad, la autoridad responsable tuvo por hecha la designación de la perito y señaló las diez horas del dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, para la presentación y valoración médica mediante videoconferencia del amparista, requiriéndole que en dicha fecha y hora señalada compareciera personalmente para que fuera examinado por la perito, a efecto de que dicha profesional estuviera en aptitud de rendir su dictamen, siendo notificado el quejoso personalmente de lo anterior el tres de noviembre en curso. Asimismo, de las constancias anexadas en el oficio de cuenta, se observa que a las diez horas del dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia en la cual acudió la parte quejosa para su valoración médica mediante videoconferencia con la perito médico, la doctora Daniela Ruíz García, misma que se realizó en la plataforma Microsoft Teams, y la consulta fue de carácter privado, para proteger los datos sensibles del amparista. Lo cual aconteció durante la sustanciación del juicio de amparo, ya que la demanda constitucional fue presentada el doce de septiembre del año en curso. Ante ello, resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a la peticionaria en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia del juicio de amparo se ha actualizado, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán; catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado no remitió las constancias en las cuales se corrobore el envío del oficio en el cual le solicitó a la Secretaría Auxiliar de Peritaje y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, la designación de un perito médico para la parte quejosa. En consecuencia, se requiere a la autoridad responsable a efecto de que en el plazo de TRES DÍAS remita a este Juzgado las copia certificadas del exhorto a que hace alusión en su informe de ley; así como del acuse del envío material de dicha comunicación oficial, dirigida a la Secretaría Auxiliar de Peritaje y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México; asimismo, deberá informar el estado procesal en el que se encuentra dicho exhorto. Con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, 00/100, moneda nacional), equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 259 y 237, fracción I, de la Ley de Amparo. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán; treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que mediante Circular 28/2023, de diecinueve de octubre del año en curso, se informó que en sesión extraordinaria de esa data, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, declaró inhábiles los días del dieciséis al veinticuatro de octubre en curso, con motivo de las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos; así como a los avisos de suspensión de labores, emitidos por el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y el Coordinador de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, en el que por causas de fuerza mayor, con motivo del paro de labores se suspendieron los términos judiciales y se declararon inhábiles los días del veinticinco al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés. Ahora bien, toda vez que la audiencia constitucional de este asunto se encontraba programada para el día veinticuatro de octubre en curso, no fue posible su celebración; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán; diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Vistos estos autos, se agrega el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, con anexo. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el informe y anexo; asimismo, relaciónense en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
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