Germán Ariel Samaniego Chávez
Expediente 12/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 12/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/01/2018
Partes del expediente
- Germán Ariel Samaniego Chávez
Actuaciones
- Principal
se publica la resolución de fecha diecinueve de enero del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, en virtud de no haber comparecido ante este órgano jurisdiccional en el término de ley a recibir notificación personal la parte quejosa Héctor Ignacio Flores Escamilla, no obstante haber sido citada para tal efecto, mediante aviso, lo anterior en términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la ley de amparo: Requierase a la promovente para que dentro del término de tres días comparezca a ratificar su escrito de desistimiento...
- Principal
se publica la resolución de fecha cinco de enero del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, en virtud de no haber comparecido ante este órgano jurisdiccional en el término de ley a recibir notificación personal la parte quejosa no obstante haber sido citada para tal efecto, mediante aviso, lo anterior en términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la ley de amparo: Vista la demanda de amparo promovida por Germán Ariel Samaniego Chávez, contra actos del Jueza Municipal de la Delegación "Cerro Colorado" (licenciada Priscila Velásquez Plascencia), con residencia en esta ciudad, y tras autoridades, misma que fue recibida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) de este Órgano de Control Constitucional; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 12/2018. Conforme al precepto transcrito, la suscrita se encuentra facultada a desechar de plano una demanda de garantías, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por otra parte, cabe precisar que de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, o sea, ni aún cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley. En ese orden de ideas, tomando en consideración que la demanda promovida por el quejoso Germán Ariel Samaniego Chávez, si bien es cierto la misma fue recibida mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) de este Órgano de Control Constitucional, también lo es que la misma carece de firma electrónica (FIREL), por el promovente, la cual según lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; y tomando en consideración que el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, tal y como lo dispone el artículo 6° de la Ley de la Materia, y que la firma en un escrito de demanda es un requisito fundamental para darle validez a la petición que en el mismo se hace, ya que al carecer de ésta es un simple documento en el que no se incorpora la voluntad del promovente; en tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 3, 61, fracción XXIII y 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de garantías promovida por Germán Ariel Samaniego Chávez, por su notoria e indudable improcedencia, al carecer de firma electrónica (FIREL); máxime que de la lectura integral de la demanda no se encuentra en algún supuesto que estable el artículo 15 de la Ley de la Materia. No obsta mencionar, que no se requerirá firma electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, pues debe decirse que los actos aquí reclamados, no implican peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Pues es menester precisar que el artículo 15 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona. Del precepto legal antes transcrito, se advierte que alude a ataques a la libertad fuera de procedimiento. No pasa desapercibido que la demanda de amparo haya sido firmada por Luis Alberto Aguilar López, en su carácter de autorizado legal, quien si cuenta con firma electrónica (FIREL), registrada ante el Consejo de la Judicatura Federal; sin embargo, no anexó a su demanda de amparo documento alguno que acredite la representación del promovente, en términos del artículo 10 de la Ley de amparo. Acorde con el artículo 3o. de la Ley de Amparo es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente; los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal. Así, dicho órgano administrativo y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitieron la normativa aplicable para la implementación y uso de esa herramienta en los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, en los que establecieron la posibilidad de que las demandas de amparo se recibieran por medio de la firma electrónica implementada. En tal virtud, una persona física por sí sola y por su propio derecho, puede presentar escrito de demanda de amparo, siempre y cuando cuente con la aludida firma electrónica "FIREL"; o bien, si lo hace por conducto de su apoderado especial, es necesario que acompañe copia digitalizada del documento que acredita que previamente contaba con esa capacidad jurídica, acorde con el inciso f) del artículo 12 del referido Acuerdo General Conjunto 1/2013, y adjuntarlo al escrito relativo, pues se presume que dicho documento anexo, vía electrónica, es copia íntegra e inalterada del propio documento impreso, al haber sido ingresado al sistema en uso del certificado digital "FIREL", por lo que produce los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa, en términos del artículo 10 de la ley de la materia, el cual establece que en los casos no previstos por dicha legislación, la personalidad se acreditará en la misma forma que determina la ley que rija la materia de la que emana el acto reclamado; además, de estimar lo contrario, se impediría a la quejosa el acceso a la tutela jurisdiccional que puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión." Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio procesal el que señala en su escrito inicial y como autorizado de su parte, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Luis Alberto Aguilar López, cuya cédula profesional se encuentra registrada en la base de datos relativa al establecimiento del Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de dieciocho de julio de dos mil cinco, atendiendo a que la materia del presente asunto es administrativa.
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