Gerline Jean Pierre Ernest
Expediente 251/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 9 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 251/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 20/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Gerline Jean Pierre Ernest
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veinte de septiembre de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación en la cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo. Por consiguiente, y toda vez que la parte interesada no hizo uso del aludido medio de impugnación, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo causó estado para todos los efectos legales. ANOTACIONES Y ARCHIVO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente por tratarse de un asunto totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE Acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General de referencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído respecto de todos los actos reclamados, y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Toda vez que la parte quejosa nada manifestó con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental abrogada; aplicable en materia de datos personales, según el segundo párrafo del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación; al hacerse pública la sentencia, deberán suprimirse su nombre y datos personales; en la inteligencia de que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto. SE HACE CONSTAR QUE NO EXISTEN DOCUMENTOS ORIGINALES PENDIENTES DE DEVOLVER Finalmente, en virtud de que en el expediente no obran documentos originales susceptibles de devolución, resulta innecesario emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, quien a su vez es asistido por Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito de demanda presentado el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, de la que correspondió conocer por razón de turno a este juzgado, Carlos Daniel Sánchez Zetina, Asesor Jurídico Federal Especializado en Atención a Personas en Movilidad y Sujetas a Protección Internacional, del Instituto Federal de Defensoría Pública, en esta ciudad, en favor de la directa quejosa Gerline Jean Pierre Ernest, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que en un apartado posterior se precisarán. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se decretó la suspensión de plano respecto de los actos reclamados, quedando registrada la demanda con el juicio de amparo 251/2021 del índice de éste órgano jurisdiccional, y se ordenó la ratificación del escrito por la directa quejosa Gerline Jean Pierre Ernest. Una vez ratificado el escrito de demanda por la quejosa Gerline Jean Pierre Ernest, mediante acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite el expediente, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual finalmente se celebró acorde al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en vinculación con el diverso acuerdo 16/2016, publicado el once de marzo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación; toda vez que se reclaman diversos actos atribuidos a diversas autoridades con residencia en la circunscripción en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, resulta necesario fijar con claridad y precisión en qué consiste el acto reclamado, para lo cual se atiende la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente de rubros: (...) Del estudio íntegro de la demanda de garantías, en relación con las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: La detención fuera de procedimiento por más de treinta y seis horas en las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI de la Secretaría de Gobernación, ubicada en esta ciudad. La inminente orden de deportación y/o expulsión. La incomunicación, falta de asesoría legal, y ausencia de traductor. La omisión de proporcionar a la quejosa condiciones óptimas y dignas que no afecten su integridad física o psicológica; que cuente con alimentación que le permita tener una nutrición equilibrada; brindar de manera permanente el servicio médico correspondiente, que permita conocer a sus familiares su estado de salud. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La 1 Tesis P. IV/2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255. 2 Jurisprudencia 2a./J. 55/98, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, agosto de 1998, página 227. autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, negó la existencia de los actos reclamados; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, toda vez que de su contenido se advierte que la quejosa Gerline Jean Pierre Ernest, fue alojada en la Estación Migratoria Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración en Chiapas. Asimismo, las autoridades responsables Director y Subdirector de Operación, Seguridad y Custodia de la Estación Migratoria, ambos con sede en esta ciudad, al momento de rendir informe justificado, fueron omisas en pronunciarse expresamente respecto de la existencia de los actos reclamados, sin embargo, de su contenido que advierte que la quejosa Gerline Jean Pierre Ernest, fue puesta a disposición en la Estación Migratoria Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, en virtud de no haber acreditado su regular internación y estancia en territorio nacional, por lo que se apertura el procedimiento administrativo migratorio de conformidad con los artículos 77, 99 y 100 de la Ley de Migración, y 222 de su Reglamento; por consiguiente, deben tenerse por ciertos los actos reclamados atribuidos a dichas potestades. Lo anterior, también se encuentra corroborado con las documentales enviadas por las autoridades responsables Director y Subdirector de Operación, Seguridad y Custodia de la Estación Migratoria, ambos con sede en esta ciudad, como complemento de su informe justificado, consistentes en copia certificada del documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, de fecha veinticuatro de junio del presente año, expedido a favor de la quejosa Gerline Jean Pierre Ernest. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 2° de esta última. Al efecto, se cita la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización Época: Quinta Época, Registro: 394182, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia(s): Común, Tesis: 226, Página: 153, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. CUARTO. Estudio de las causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente, de conformidad con la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta y dos, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice de 1985, de que literalmente establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En ese sentido, respecto a los actos reclamados señalados en el considerando segundo, los cuales se hacen depender de la detención realizada a la quejosa Gerline Jean Pierre Ernest y su alojamiento en la Estación Migratoria Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con sede en esta ciudad, éste órgano jurisdiccional considera actualizada de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 77, fracción I de la Ley de Amparo,3 hipótesis que se acreditará en párrafos subsecuentes. En primer término, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra impedido a establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no; es decir, la improcedencia va a impedir que el juzgador federal dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causales que conforman a la misma, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia 3 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(...)" "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (...)" emitida por nuestro más alto tribunal del país, la que se analiza en forma preferente de acuerdo con el texto del artículo 62, de la ley en cita. En esas condiciones, debe decirse que de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI, en relación con el diverso 77, fracción I de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del mismo, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella en ella. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de obtener el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, se tiene que, para que se actualice la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: a) De un acto positivo de autoridad que se estime lesivo de garantías, o bien, de uno negativo u omisivo que indebidamente haya dejado de realizar la autoridad y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) De un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) De una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo al quejoso en el goce de su garantía constitucional violada; o bien, una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por no contravenir las disposiciones legales aplicables vigentes en la nueva Ley de Amparo, cobra aplicación la tesis P. CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setenta y uno, Tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: (...) Así las cosas, de las constancias enviadas por las autoridades responsables Director y Subdirector de Operación, Seguridad y Custodia de la Estación Migratoria, ambos con sede en esta ciudad, se advierte que la impetrante obtuvo el documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, de fecha veinticuatro de junio del presente año, del cual se desprende que fue liberada de la Estación Migratoria Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con sede en esta ciudad, y por tanto, cesaron los efectos de los actos reclamados. Encuentra sustento la anterior determinación, en la jurisprudencia 2a./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: (...) Así como la diversa 2a./J. 9/98, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos diez, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: (...) En esas condiciones, es inconcuso que en el caso, se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción I de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en lo establecido por la fracción V, del numeral 63 del ordenamiento legal antes invocado, procede sobreseer en el juicio de amparo. Lo anterior, impide analizar el fondo del asunto en cuanto a dichos actos reclamados, en virtud de la aludida causa de improcedencia que se actualiza, según lo dispone la jurisprudencia 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos treinta y cinco, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Séptima Época, que señala: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que la determinación adoptada implique denegación de justicia porque las causas de improcedencia establecidas en la ley reglamentaria del juicio de amparo, corresponden a lo que en la doctrina se conoce como presupuestos procesales, motivos que una vez advertidos en el juicio de amparo, de oficio o a instancia de parte, impiden al órgano jurisdiccional emitir un pronunciamiento de fondo, sin prejuzgar sobre el contenido de la pretensión planteada en la demanda, es decir, sin resolver en definitiva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Encuentra sustento a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 98/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Semanario Judicial de la Federación el diez de octubre del año en curso, de rubro y texto siguientes: (...) De igual forma, se considera que el sentido de la determinación adoptada no contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en atención a las consideraciones expuestas en la Jurisprudencia 14/2014 (10a Época) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sesión de fecha siete de febrero de dos mil catorce, de rubro y texto siguiente: (...) Sin que sea óbice a lo anterior, que en el presente caso, se apliquen los criterios jurisprudenciales que quedaron expuestos en líneas precedentes, toda vez que el artículo sexto transitorio de la vigente Ley de Amparo establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuara en vigor en lo que no se oponga al actual decreto regulatorio de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO.- Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Gerline Jean Pierre Ernest, contra los actos precisados en el considerando segundo, atribuidos a las autoridades responsables señaladas en el considerando tercero, por los motivos expuesto en el diverso considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes...
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las nueve horas del veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, asistido por Pedro Castillo Castañón, Secretario con quien actúa, declaró abierta la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 251/2021, promovido por Carlos Daniel Sánchez Zetina, a favor de la quejosa Gerline Jean Pierre Ernest, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, sin la asistencia de las partes. De inicio, la Secretaría certifica que obran agregados al presente sumario: 1.- Escrito inicial de demanda. 2.- Constancia de emplazamiento del Agente del Ministerio Publico de la Federación. 4.- Informes justificados de las autoridades responsables. Asimismo, la Secretaría certifica que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, no formuló pedimento o alegato de amparo de su intención, y; PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.30.d7 30/09/21 17:49:54 ??????????????????????????? JUICIO DE AMPARO 251/2020 Enseguida, el Secretario en funciones de Juez de Distrito, acuerda: Se tiene por realizada la anterior relación de constancias y certificación, para los efectos legales a que haya lugar. Por su parte, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se declara abierto el período probatorio, en donde la Secretaría hace constar que la parte quejosa y las autoridades responsables, Director y Subdirector de Operación, Seguridad y Custodia de la Estación Migratoria, ambos con sede en esta ciudad, exhibieron prueba documental, al momento de interponer demanda de amparo y rendir su informe justificado, respectivamente. Al respeto, el Secretario en funciones de Juez de Distrito: En términos de los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas pruebas documentales, dada su propia y especial naturaleza, para ser tomadas en consideración al momento de emitir la sentencia correspondiente; y con lo anterior se concluye esta etapa procesal. A continuación, se procede a la apertura del diverso de alegatos, en donde se obtiene que Carlos Daniel Sánchez Zetina, Asesor Jurídico Federal Especializado en Atención a Personas en Movilidad y Sujetas a Protección Internacional, del Instituto Federal de Defensoría Pública, en esta ciudad, en representación de la quejosa Gerline Jean Pierre Ernest, formuló alegatos, mismos que se tienen por reproducidos para ser tomados en consideración al -2- PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.30.d7 30/09/21 17:49:54 JUICIO DE AMPARO 251/2021 momento de emitir la sentencia correspondiente; y ante ese escenario, se declara cerrada dicha fase. Desahogadas las etapas correspondientes a la presente audiencia y al no existir actuaciones pendientes por desahogar, el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, procede a declarar los autos en estado de resolución. Mario Francisco García Cancino Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito. [Evidencia Criptográfica] Pedro Castillo Castañón Secretario. [Evidencia Criptográfica] El suscrito Pedro Castillo Castañón, Secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, hago constar que la presente foja corresponde a la última de la audiencia constitucional levantada el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, en aut
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a cinco de agosto de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el escrito firmado electrónicamente por Carlos Daniel Sánchez Zetina, Asesor Jurídico Federal Especializado en Atención a Personas en Movilidad y Sujetas a Protección Internacional, del Instituto Federal de Defensoría Pública, en esta ciudad, en representación de la quejosa Gerline Jean Pierre Ernest, mediante el cual formula diversas manifestaciones relacionadas con el informe justificado correspondiente al Director y Subdirector de Operación, Seguridad y Custodia de la Estación Migratoria Siglo XXI, ambos con sede en esta ciudad. En virtud de lo anterior, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos vertidos en el citado ocurso, para los efectos legales procedentes, los cuales se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, quien a su vez es asistido por Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
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