Geremías Díaz Guzmán
Expediente 832/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 832/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/10/2018
Partes del expediente
- Ayuntamiento de Tumbala, Chiapas
- Geremías Díaz Guzmán
- Geremías Díaz Guzmán y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada por ese Tribunal en el recurso de queja 157/2018, interpuesto por Geremías Díaz Guzmán, contra el proveído de veintinueve de junio de esta anualidad, en cuyo punto resolutivo se estableció: ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto contra el proveído de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, en el juicio de amparo 832/2018, del índice del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, con sede en esta ciudad. 2. Acuerdo. En consecuencia, glósese el cuaderno de antecedentes al expediente original que se recibe, acúsese recibo de estilo a la Superioridad, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y hágase del conocimiento de la parte quejosa. 3. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. 3.1 Destrucción de expediente. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además no tiene relevancia documental para su conservación. 3.2 Transferencia. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, seis de agosto de dos mil dieciocho. 1. Promoción. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por Celso Peña Ruíz, autorizado de la parte tercero interesado, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. 1.1. Acuerdo. Atento a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la legislación de la materia, por disposición expresa de su numeral 2º de la citada ley, expídase las copias certificadas a que se refiere, previa toma de razón y firma de recibo que se deje en autos, autorizando para recibir las mismas, a las personas que indica, quienes deberán identificarse a satisfacción de este Juzgado. Notifíquese en términos de ley.Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Juan Marcos Dávila Rangel, Juez Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido del secretario Ricardo Coutiño Gordillo, quien certifica que la promoción de cuenta y este acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Certifico y doy fe.
- Principal
Tramítese el recurso de queja hecho valer y remítanse de inmediato al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, el original y copia del escrito de agravios, así como el original del presente juicio, para los efectos legales correspondientes.
- Principal
Recepción. Se tiene por recibido el escrito de demanda de amparo promovido por *********, apoderada de ***********, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo, con la carta poder de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, que al efecto exhibe, contra actos de la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad.2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 832 2018, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.)3. Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo.El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J 4. Esencialmente la jurisprudencia en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto.En efecto, la demanda que se trata, resulta improcedente debido a que se aprecia que la parte promovente demandó el amparo y protección de la justicia Federal en contra de la autoridad y acto siguiente:Autoridad Responsable: Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad.Acto Reclamado: El acuerdo emitido el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, en el juicio laboral ******* en el que la sala responsable negó la petición de la parte promovente, en el sentido de requerir mediante oficio a la parte demandada el cumplimiento del laudo condenatorio, remitiéndola al diverso de veintiséis de febrero del año en curso, en el que previamente había ordenado el requerimiento de pago al Ayuntamiento demandado, en forma tradicional, por conducto de un actuario judicial y no por oficio como lo solicitaba la parte impetrante.Lo anterior permite advertir que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos. Se concluye lo anterior, toda vez que de una interpretación armónica y sistemática de las fracciones IV y V del artículo 107 de la Ley de Amparo, se aprecia que la primera de las fracciones establece como regla general para la procedencia del juicio de amparo indirecto que tratándose de actos realizados en etapa de ejecución de sentencia, únicamente procede contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; por su parte, la fracción V, del citado precepto, prevé dicha procedencia cuando se trate de actos que tengan sobre las personas o cosas una ejecución de imposible reparación.Ahora, la amplitud de la norma contenida en la fracción V del numeral en cita, permite interpretar la diversa fracción IV, de tal forma que debe estimarse como excepción a la regla general prevista por esta última, esto es, que cuando existen actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia y que afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, aun cuando no se trate de la última resolución, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción V, a efecto de admitir la procedencia del juicio de amparo directo cuando el acto reclamado se sitúe en dicho supuesto. 3.1. Criterio aplicable. Cobra aplicación la jurisprudencia P.J. 1082010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.En este punto, es fundamental dejar en claro que acorde con el artículo 107, fracción IV, de la citada ley reglamentaria, tratándose de actos de ejecución de sentencia, en este caso, laudo emitido en un juicio laboral, se entiende por última resolución: i) Aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; ii) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento;iii) Las que ordenen el archivo definitivo del expediente. Asimismo, que por actos de imposible reparación para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, se debe entender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, esto es, en lo relativo a los derechos sustantivos.Es decir, cuando se afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, salvo las excepciones establecidas cuando causan una afectación predominante que ya no se pueda reparar en el curso del procedimiento del que derivan tales actos procesales, verbigracia, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente.Bajo ésa óptica jurídica, así como de los antecedentes descritos en la demanda de amparo, por una parte permiten establecer que el acto reclamado que ha quedado precisado, se emitió en etapa de ejecución de laudo, sin embargo, al tratarse de un acuerdo dictado por la sala responsable en el que negó la petición de la parte promovente, en el sentido de requerir mediante oficio a la parte demandada el cumplimiento del laudo condenatorio, remitiéndola al diverso de veintiséis de febrero del año en curso, en el que previamente había ordenado el requerimiento de pago al Ayuntamiento demandado, en forma tradicional, por conducto de un actuario judicial y no por oficio como lo solicitaba la parte impetrante, resulta claro que dicho proveído, no constituye la última resolución en etapa de ejecución del laudo dentro de dicho expediente, ni mucho menos se trata de una determinación cuyos efectos sean de imposible reparación.Se afirma lo anterior, aun cuando la parte parte promovente refiera en el capítulo relativo a los conceptos de violación, que le causa agravio el auto combatido toda vez que con ello se obstaculiza la ejecución del laudo que constituye cosa juzgada, pues se itera, del análisis íntegro del escrito de demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado y sus consecuencias, no afectan en forma irreparable los derechos sustantivos de la directa quejosa consagrados en la Constitución Federal, sino que se pueden resarcir en el curso del procedimiento de ejecución del que derivan tales actos. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia antes invocada.4. Domicilio y autorizados para notificaciones. Se tiene a la parte promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ***********, en esta ciudad.Asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***********, por tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales; y para el solo efecto de oír y recibir notificaciones a Sergio *****************, de quienes se acordará su autorización en amplios términos del citado numeral, una vez que registren su cédula profesional en el mencionado sistema.5. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto.6. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. El Secretario de Juzgado encargado del expediente las gestionará sin mayor proveído.7. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 8. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita.9. Promociones sin incidencia en tramitación. En términos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 107 constitucional que limita la tramitación del amparo indirecto a actos procesales relevantes y en aplicación de los principios de tutela judicial pronta y efectiva, interpretando los fines y la sistematicidad de los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que los oficios o escritos relativos a trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio, por ejemplo, entre otros, acuses de recibo de recursos enviados a tribunales de circuito; autorizaciones de las partes; solicitudes de reproducción de constancias en medios electrónicos, copias simples o certificadas; notificaciones a peritos o testigos; actuaciones de la autoridad hacendaria para hacer efectivas multas; con excepción de aquellas que por disposición legal deba darse vista a las partes, se integrarán al expediente y el Secretario hará constar el día y hora en que se presentó la promoción, considerando desde este momento procedente su petición. Las partes quedan en aptitud de imponerse de ellas y solamente en caso de que resulte notoriamente improcedente la solicitud, se comunicará al promovente tal decisión mediante acuerdo del juzgado y la notificación respectiva.
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