Gerardo Zepeda Nava
Expediente 1807/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1807/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 25/02/2019
Partes del expediente
- Gerardo Zepeda Nava
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
VI. Toluca, Estado de México; veinticinco de febrero de dos mil diecinueve. El estado procesal de autos y la certificación de cuenta, evidencian que la parte quejosa no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el auto de veintiocho de enero del presente año, en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para todos los efectos legales. Por otra parte, el estado procesal del presente sumario constitucional evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Atento a lo anterior, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de depuración, ya que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión (punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero). 2. El original del incidente de suspensión es susceptible de depuración (punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo y tercero). 3. El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, fracción III, párrafo primero). A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
VI) Toluca, Estado de México; veintiocho de enero de dos mil diecinueve. El estado procesal de los presentes autos y la certificación de cuenta evidencian que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa, en auto de dieciocho de enero del año en curso (fojas 211 y 212), para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Por tanto, al atender el estado procesal de los autos y en términos de lo dispuesto en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a determinar si la sentencia se encuentra cumplida o no, si existe exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. A fin de establecer lo anterior, es necesario precisar: El presente juicio se promovió por Rubén Gutiérrez Reyes en representación de Gerardo Zepeda Nava, contra La orden de detención y/o aprehensión, así como su ejecución. Ahora, mediante sentencia emitida el treinta y un de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 114 a 119), se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "(.) SEXTO. Efectos de la concesión del amparo. En las circunstancias relatadas, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por Gerardo Zepeda Nava, para el efecto de que una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, el Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de la Agencia Central Uno de Toluca, Estado de México, de manera inmediata realice lo siguiente: - Dentro del término de cuarenta y ocho horas, o en un plazo de noventa y seis, si se trata de delincuencia organizada, contado a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o consignado ante el juez penal correspondiente y lo acredite con las constancias correspondientes." Ahora, la concesión del amparo fue para el efecto de que la responsable Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de la Agencia Central Uno de Toluca, Estado de México, dentro del término de cuarenta y ocho horas, o en un plazo de noventa y seis, si se tratara de delincuencia organizada, contado a partir del momento de la detención del quejoso, fuera puesto en libertad o consignado ante el juez penal correspondiente y lo acreditara con las constancias correspondientes. Mediante proveído de tres de enero pasado (foja 198), se tuvo por recibido el oficio signado por el Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de la Agencia Central Uno de Toluca, Estado de México, a través del cual comunicó la forma en que dio cumplimiento a la sentencia de amparo y remitió para tal efecto copias certificadas de la carpeta de investigación NUC TOL/TOL/TOL/107/276401/18/12, en la cual se advierte que el siete de diciembre de dos mil dieciocho, la responsable decretó la libertad del hoy quejoso. Por tanto, resulta evidente que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos por la responsable. La consideración anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 16/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época , publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Materia Común, página 122, cuyo contenido es: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Notifíquese y por lista al quejoso, en términos del auto de seis de diciembre de dos mil dieciocho.
- Principal
vi)Toluca, Estado de México; veinticinco de enero de dos mil diecinueve. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la razón asentada por el Actuario adscritos a este Juzgado de Distrito, a través de la cual manifiesta la imposibilidad de notificar el oficio 1779/2019, dirigido al Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia del Ministerio Público de Lerma de Villada, Estado de México, por los motivos que expone. En términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 de la legislación procesal civil invocada, al tratarse de las actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe, por lo que se da veracidad a lo manifestado en la diligencia de mérito. Al caso es aplicable, la jurisprudencia publicada en la página 265 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, mayo de 1995, materia común, novena época, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." Atento a lo anterior, de conformidad con el artículo 28, fracción I, último párrafo de la Ley de Amparo, téngase por hecha la notificación del oficio de referencia, toda vez la responsable al que va dirigido dicho oficio, es la misma al que fue dirigido el oficio 36881/2018, que contiene la sentencia emitida en el presente juicio, el cual fue recibido por la Fiscalía Regional de Toluca, Agencia del Ministerio Publico Tercer Turno Lerma (foja 205). Notifíquese.
- Principal
VI. Toluca, Estado de México; dieciocho de enero de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta, se evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, las partes a quienes pudiera ocasionarles perjuicio, no recurrieron la sentencia emitida el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, donde se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, mediante auto de tres de enero pasado, se tuvo por recibido el oficio del Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de la Agencia Central Uno de Toluca, Estado de México, a través del cual remitió copias certificadas de la carpeta de investigación NUC TOL/TOL/TOL/107/276401/18/12, de las cuales se advierte que la responsable de cumplimiento al fallo protector. Por tanto, con fundamento en el precepto legal 196 de la Ley de Amparo, con copia simple del oficio y anexo en mención, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho e interés convenga en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector, apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Con apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia publicada con el número 247, que se aprecia en la página 203, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con registro 917781, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese y por lista al quejoso, en términos del auto de seis de diciembre de dos mil dieciocho.
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