Gerardo Zatarain Lizárraga
Expediente 703/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 703/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Gerardo Zatarain Lizárraga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Admisión de recurso de queja. Téngase por recibido el oficio firmado por la Actuaria Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual comunica que dicho órgano colegiado admitió el recurso de queja interpuesto por José Ricardo Hernández Vázquez, autorizado del quejoso Gerardo Zatarain Lizárraga, en contra del proveído de ocho de noviembre de dos mil diecinueve. En consecuencia, agréguese a los autos el oficio de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Nota de registro de queja. Se toma nota que se registró como recurso de queja 309/2019; lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Recurso de queja. Se tiene por recibido el escrito signado por José Ricardo Hernández Vázquez, autorizado del quejoso Gerardo Zatarain Lizárraga, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de ocho de noviembre de dos mil diecinueve. En atención a lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97, fracción I, inciso a), en relación con el numeral 100 de la Ley de Amparo, como lo solicita el peticionario de amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con sede en esta ciudad, copia certificada de las constancias que integran el juicio de amparo 703/2019; así como el original y copia del escrito de queja, para la substanciación del recurso hecho valer; de igual manera, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de la materia ríndase informe. Notifíquese.
- Principal
Notifíquese en términos de Ley.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO Mazatlán, Sinaloa, ocho de noviembre de dos mil diecinueve. I. Desahoga prevención. Agréguese el escrito firmado por Gerardo Zatarain Lizárraga, mediante el cual desahoga la prevención de veintiocho de octubre pasado. II. Decisión sobre la instancia constitucional. Se desecha de plano la demanda, porque de su examen se advierte de manera manifiesta e indudable que el juicio constitucional es improcedente, como se verá a continuación. En síntesis, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". (Octava Época. Registro 221353. Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VIII. Noviembre de 1991, materia común, página 198). En el caso, se actualiza la improcedencia del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el dispositivo 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que dicho acto procesal no afecta materialmente derechos sustantivos del impetrante. La procedencia del amparo indirecto contra actos dentro del juicio se reserva a los que tengan una ejecución de imposible reparación, siempre y cuando la violación no pueda ser reparada, ni aun mediante el amparo directo. Esto es, que la afectación que produzcan dentro del procedimiento judicial en el que se emitió, trascienda a los derechos fundamentales tutelados por la Carta Magna y tratados internacionales (la integridad personal, la salud, la libertad, el patrimonio, la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones particulares), con la aparejada imposibilidad de reparación. Por tanto, cuando se reclaman en amparo indirecto actos dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna, esto es, que incidan dentro del procedimiento para el gobernado, afectando materialmente sus derechos sustantivos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio. Conclusión a la que arribó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al establecer que ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen. Es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO." La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen. (Tesis 2a. XLVIII/2015 (10a.), Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en la publicación semanal de 26 de junio de 2015, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación) Sobre esa base, la resolución de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, en el toca de apelación 212/2019, dictada por el Sala de Circuito Zona Sur, mediante el cual confirma el auto de treinta de agosto pasado, a su vez emitido en el juicio sumario hipotecario 45/2018 del índice del Juzgado Segundo de lo Civil, en esta ciudad, que declara la caducidad del incidente de falta de personalidad promovido por el amparista, no incide en su esfera de derechos sustantivos, sino en todo caso, en la posición procesal que asume dentro del juicio natural. Toda vez que el reconocimiento de la personalidad del apoderado de la parte demandada en el juicio, (base esencial del acto reclamado), provoca que el contradictorio natural prosiga en cada una de sus fases, lo cual de ningún modo reviste la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que existe la posibilidad de que las consecuencias de aquella afectación desaparezcan en caso de que el agraviado obtenga sentencia favorable a sus intereses. Consecuentemente, la resolución que declaró la caducidad del incidente de falta de personalidad promovido por aquí quejoso (parte actora en el juicio natural), no conculca materialmente algún derecho sustantivo, constituyendo entonces una mera violación procesal reclamable en la vía de amparo directo, acorde al artículo 171, en relación con la fracción I, del diverso numeral 170, de la Ley de Amparo. Entonces, al no actualizarse los supuestos del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, se considera que el acto que se reclama no causa un perjuicio irreparable al demandante de protección constitucional. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. (Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida en sesión celebrada el veintidós de mayo del año en curso, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 377/2013). No obsta a la anterior determinación de desechamiento de demanda, los criterios invocados por la quejosa en su demanda de amparo de rubros: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA AL CONSTITUIR "RESOLUCIÓN DE CUESTIÓN PREVIA O CONEXA" INTERRUMPE EL PLAZO PARA QUE OPERE AQUÉLLA.", "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. LA TRAMITACIÓN DEL INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD ACTUALIZA EL CASO DE EXCEPCIÓN PREVISTO EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 1076 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, PARA QUE AQUÉLLA OPERE.", y "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. VULNERA EL DERECHO HUMANO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA." En efecto, la totalidad de tales criterios -el primero establecido por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, y los demás aislados de tribunales colegiados-, no superan las consideraciones establecidas en la ejecutoria de la jurisprudencia previamente transcrita, donde la Corte agregó que para analizar actos emitidos dentro de un proceso judicial o jurisdiccional en la vía indirecta de amparo, éstos debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, es decir, que fueran susceptibles de afectar bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Incluso, en relación con los temas que abordan las tesis que invoca el quejoso, el Pleno del Alto Tribunal ya advirtió que en la Ley de Amparo vigente, el legislador ordinario sujetó la procedencia de la acción constitucional contra actos de imposible reparación, a dos condiciones: a) que afecten materialmente derechos; y b) que tales derechos sean sustantivos. En la jurisprudencia de que se habla, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció lo siguiente: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." (Registro 2011428, Localización: [J]; 10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 29, Abril de 2016; Tomo I; Pág. 15. P./J. 1/2016 (10a.).) Cuanto más, en el caso, al tratarse de una resolución que dirime temas de personalidad de las partes, no se produce afectación a derechos sustantivos, que la afectación provocada sea actual a diferencia de los netamente procesales, cuya incidencia puede llegar o no a trascender en el resultad, ni se causa lesión de naturaleza material, lo cual significa que impidan el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. Lo cual es congruente con las expresiones del propio quejoso, de que sólo implica la ". continuación del juicio"; es decir, si acaso, la infracción de derechos adjetivos con efectos intraprocesales, que pueden ser reparados de obtener sentencia favorable. En virtud de lo expuesto, se desecha de plano la demanda promovida por Gerardo Zatarain Lizárraga; en virtud de que se actualiza causa de improcedencia del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, a contrario sentido, de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de Ley.
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