Gerardo Virginio Rodríguez
Expediente 1548/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 39 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1548/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 39
- Última actuación
- 08/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Gerardo Virginio Rodríguez
- Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de los Bravo. Ciudad.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 39.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de diez de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio; por tanto, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, toda vez que el presente juicio se encuentra definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el mismo. Por otra parte, se declara que este asunto es DESTRUIBLE después de concluido el plazo de tres años contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, en términos de lo que prevén los artículos 12 y 14, en relación con el 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; lo anterior, en razón de que el presente asunto carece de relevancia documental de acuerdo a lo que señala el normativo 15 de dicho Acuerdo General. En cumplimiento al artículo 21, segundo párrafo del Acuerdo General antes citado, se instruye al Actuario Judicial correspondiente, notifique personalmente a las partes el presente acuerdo, para que de considerarlo necesario acudan a este órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos que hubieren exhibido en el expediente o que consideren de su interés, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. En el entendido para el fedatario judicial que de no poder efectuar la notificación señalada, deberá realizarla a través de lista en los Estrados de este juzgado federal. Con fundamento en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General, háganse la indicación en la carátula de este expediente de que será destruible. Respecto a los cuadernos incidentales, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General antes citado, acuérdese en ellos lo conducente en relación a su archivo. Atento a lo expuesto con antelación y toda vez que no es necesario seguir conservando las constancias en dos tomos que remitió el Juez Penal de Primera Instancia y el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Álvarez, con sede en Chilapa de Álvarez, Guerrero; hágase la devolución de las mismas a su lugar de origen, solicitándose el acuse de recibo correspondiente, toda vez que se trata de autos originales. Por último, se instruye al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse de manera personal, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de diez de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio; por tanto, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, toda vez que el presente juicio se encuentra definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el mismo. Por otra parte, se declara que este asunto es DESTRUIBLE después de concluido el plazo de tres años contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, en términos de lo que prevén los artículos 12 y 14, en relación con el 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; lo anterior, en razón de que el presente asunto carece de relevancia documental de acuerdo a lo que señala el normativo 15 de dicho Acuerdo General. En cumplimiento al artículo 21, segundo párrafo del Acuerdo General antes citado, se instruye al Actuario Judicial correspondiente, notifique personalmente a las partes el presente acuerdo, para que de considerarlo necesario acudan a este órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos que hubieren exhibido en el expediente o que consideren de su interés, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. En el entendido para el fedatario judicial que de no poder efectuar la notificación señalada, deberá realizarla a través de lista en los Estrados de este juzgado federal. Con fundamento en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General, háganse la indicación en la carátula de este expediente de que será destruible. Respecto a los cuadernos incidentales, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General antes citado, acuérdese en ellos lo conducente en relación a su archivo. Atento a lo expuesto con antelación y toda vez que no es necesario seguir conservando las constancias en dos tomos que remitió el Juez Penal de Primera Instancia y el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Álvarez, con sede en Chilapa de Álvarez, Guerrero; hágase la devolución de las mismas a su lugar de origen, solicitándose el acuse de recibo correspondiente, toda vez que se trata de autos originales. Por último, se instruye al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse de manera personal, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Álvarez, Guerrero con sede en Chilapa de Álvarez, Guerrero, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de once de enero de dos mil veintitrés, informa que dentro de la causa penal 190/2015-II, no obra constancia alguna que se aprecie que el aquí quejoso Gerardo Virginio Rodríguez, se ostente como indígena o pertenezca a alguna etnia indígena; de lo cual, queda enterado el suscrito para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos del que se advierte que con data veinticinco de enero de dos mil veintitrés, se tuvo al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Álvarez, Guerrero con sede en Chilapa de Álvarez, Guerrero, informando que dentro de la causa penal 190/2015-II, con data ocho de julio de dos mil veintidós, se dictó auto de plazo constitucional de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley a favor del aquí quejoso Gerardo Virginio Rodríguez. Analizadas las constancias de mérito, este Juzgado Federal, advierte de oficio la actualización de una causal de improcedencia que impide el análisis de la acción constitucional, como enseguida se demostrará. En efecto, se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación." Es preciso destacar que la razón legal (ratio legis) que dio origen al presente asunto, motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que, al existir un cambio de situación jurídica no es jurídicamente viable, sino ocioso, emprender el análisis de un acto que quedó superado por otro en la inercia procesal y la situación jurídica del quejoso ya es otra, al encontrarse en una etapa procesal distinta de la que en inicio adujo, le causó agravio y que motivó la promoción de este juicio, ya que además de analizar la anterior situación jurídica que constituyó de inicio el acto reclamado, necesariamente afectará la nueva, por lo que no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas, dado que el cambio dejó irreparablemente consumadas las violaciones que en su caso hubieren existido. Los elementos que determinan la actualización de esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. Hipótesis que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En el caso, la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Álvarez, Guerrero con sede en Chilapa de Álvarez, Guerrero, informó que con data ocho de julio de dos mil veintidós, dentro del expediente 190/2015-II, dictó auto de plazo constitucional de libertad por falta de elementos. Ahora bien, lo que justifica la causal en estudio es que, no es jurídicamente factible analizar y en su caso decidir respecto de aquél acto reclamado (orden de aprehensión o reaprehensión); toda vez que dicha etapa procesal fue sustituida por el auto de plazo constitucional de ocho de julio de dos mil veintidós, en la que determinó la libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley, cambiando con ello, la situación jurídica que el impetrante de amparo reclamó al inicio de su demanda. Orienta lo anterior la tesis en materia penal XXI.1o.48 P, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Vigésimo Primer Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Diciembre de 1998, cuyo rubro y contenido son del tenor siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE SOBRESEE LA CAUSA PENAL DE DONDE DERIVA EL ACTO RECLAMADO. Si se sobresee la causa penal instruida en contra del quejoso, a virtud del perdón otorgado a su favor por la agraviada, sin oposición del reo, ello implica que en el procedimiento judicial opere un cambio de situación jurídica, ya que el sobreseimiento tiene efectos de sentencia absolutoria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, y por tanto, las violaciones atribuidas al auto de formal prisión reclamado en el juicio de garantías, se consideran irreparablemente consumadas, actualizándose la causa de improcedencia prevista por la fracción X, del artículo 73 de la Ley de Amparo." Asimismo, tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de catorce de febrero de dos mil tres, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el Legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos del sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por tanto, tomando en consideración que ha cambiado la situación jurídica que el quejoso reclamó al inicio de su demanda de amparo, se actualiza la causal de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; consecuentemente, con fundamento en el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se impone sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia. Es así, toda vez que ningún objeto tiene ya continuar con el trámite del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será siempre en el mismo sentido. Por ende, no es jurídicamente factible analizar y en su caso decidir respecto de aquél acto reclamado (orden de aprehensión o reaprehensión); en virtud de que dicha etapa procesal fue sustituida por el auto de libertad por no haber elementos para procesar al quejoso, cambiando con ello, la situación jurídica que el impetrante reclamó al inicio de su demanda de amparo. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales conducentes; y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional que tendría verificativo a las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Álvarez, con sede en Chilapa de Álvarez, Guerrero, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, remite las constancias solicitadas, por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su derecho convenga******************** Tiene aplicación por identidad de razón, la tesis I********************5º********************C********************2 K, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, Agosto de 1995, página 594, del rubro siguiente: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO******************** LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES********************" Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene ofrecidas las pruebas que anexa a su oficio, mismas que serán relacionadas al celebrarse la audiencia constitucional******************** Ahora bien, dado el volumen de los anexos que remite la autoridad de mérito, con el objeto de facilitar su consulta y manejo, se ordena abrir el segundo tomo de pruebas, el cual queda a disposición de las partes cuando así lo soliciten********************
Quedan 35 actuaciones en este expediente
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