Gerardo Villegas Madriles

Expediente 664/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 23 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
664/2021
Año
2021
Actuaciones
23
Última actuación
31/03/2022

Partes del expediente

  • Gerardo Villegas Madriles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    I. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución dictada en este asunto. II. Ejecutoria. Con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, en relación con los numerales, 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo, causó ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice a lo anterior, que respecto de la(s) responsable(s), no se haya realizado cómputo del plazo que establece el ordinal 86 de la ley de la materia, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 de la citada ley, estas solo podrán interponer recurso de revisión contra la sentencia que afecte directamente el acto que se les haya reclamado, lo que en el caso evidentemente no acontece, al haberse sobreseído en el juicio de amparo. III. Anotación respectiva y archivo del asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo, captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. IV. Destino del expediente. Con fundamento en los artículos 21, inciso a) y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, hágase constar en la carátula de este expediente que el mismo carece de relevancia documental, que no consta documento original, y que es susceptible de destrucción por haberse sobreseído en el presente juicio. Así, de conformidad con lo que se dispone en el primer párrafo del numeral citado en primer lugar, consérvese este expediente por el término de tres años a partir de esta fecha, y transcurrido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción; y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación; ello, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado numeral. De igual forma, el presente acuerdo no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, motivo por el que no se considera de información reservada. V. Resolución de disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase de su conocimiento que la resolución dictada en el presente juicio de amparo, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. VI. Destino de los cuadernos incidentales. Ahora, se precisa que, respecto al cuaderno incidental original, en términos de la fracción I, inciso a) y dos últimos párrafos del artículo 18, del Acuerdo General Conjunto señalado con antelación, es susceptible de depuración toda vez que se concedió la medida suspensional solicitada; por tanto, manténgase ligado al juicio de amparo, y una vez transcurridos tres años de haberse ordenado el archivo del juicio principal, contados a partir del día hábil siguiente a la presente fecha, y depurado que sea el expediente en los términos ordenados por el penúltimo párrafo del artículo 18, del mencionado Acuerdo, remítase al Archivo de Concentración del Consejo de la Judicatura Federal, para que lo resguarde en los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, respecto al duplicado del referido incidente, en atención a lo dispuesto en el arábigo 20, fracción II, inciso a), del ordenamiento invocado, una vez que transcurra el plazo de seis meses, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción, y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación; ello, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado numeral. Sin que sea óbice el hecho que se haya ordenado el archivo de los cuadernillos incidentales en la suspensión definitiva de los mismos, virtud que el cómputo para su destrucción y/o depuración será conforme al presente auto. VII. Devolución de tomos. Luego, se ordena la devolución de las constancias al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, residente en la Ciudad de México, constantes de dos tomos de pruebas, así como el registro de audio y video, por ser innecesaria su retención. Sin que resulte necesario acusar de recibido, toda vez que el acuse de recibo del oficio correspondiente es suficiente para acreditar la recepción de lo inherente.

  2. Principal

    ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 664/2021-III promovido por Gerardo Villegas Madriles, por conducto de su defensor particular Enrique Eduardo Muñoz, contra los actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsables, por los motivos y fundamentos expuestos en el cuarto considerando de esta sentencia.

  3. Principal

    Agréguese el oficio signado por el Notificador del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, en la Ciudad de México, por medio del cual informa que por audiencia celebrada por el Juez de Control en audiencias, el veintisiete de octubre del presente año, celebrada en la causa penal ******, remitió la versión escrita de dicha diligencia; con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, para que en el uso de sus derechos manifiesten lo que a su interés convenga. De igual forma, con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable, ofreciendo como prueba de su parte, las que aduce en el oficio de cuenta, así como el registro de audio y video de la audiencia celebrada en la causa penal ******, las cuales se valorarán en su momento procesal oportuno y con los anexos que acompaña hágase relación en la audiencia constitucional respectiva. Luego, a fin de brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, dése vista a las partes con dichas grabaciones, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en los citados formatos digitales y manifiesten lo que a su derecho convenga. Por otra parte, infórmese a las partes que en sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la primera adscripción de la Jueza Flor Verenisse Gómez Peinado a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, en lugar de la Jueza María Guadalupe Contreras Jurado, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior a fin de que, de ser el caso, estén en posibilidad de promover recusación.

  4. Principal

    Agréguese el oficio signado por ************************ por medio del cual informa que por audiencia celebrada por el **********************+ celebrada en la causa penal ************remitió la versión escrita de dicha diligencia; con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, para que en el uso de sus derechos manifiesten lo que a su interés convenga. De igual forma, con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable, ofreciendo como prueba de su parte, las que aduce en el oficio de cuenta, las cuales se valorarán en su momento procesal oportuno y con los anexos que acompaña hágase relación en la audiencia constitucional respectiva. Por otra parte, se advierte que la autoridad responsable aduce que remitió el registro de audio y video de la audiencia celebrada en la causa penal ***********el cual no venía anexo al oficio de cuenta. En virtud a lo anterior, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo,************************para que dentro del término de tres días contado a partir de que quede legalmente notificado del presente proveído, remita el registro de audio y video de la audiencia de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, celebrada en la causa penal ************toda vez que son necesarias para resolver el presente juicio de amparo. Sirve de sustento a lo antes señalado, el criterio de jurisprudencia localizable a página 376, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Noviembre de 1996, Tesis: VI.2o. J/76, cuya transcripción es la siguiente: "PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ FEDERAL DEBERÁ RECABARLAS OFICIOSAMENTE. De conformidad con la reforma realizada al último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, que entró en vigor a partir del uno de febrero del mismo año, el Juez Federal está obligado a recabar de manera oficiosa las pruebas que habiendo sido rendidas ante la autoridad responsable no obren en los autos del juicio de amparo y sean necesarias; cuando como en el caso el quejoso haya probado la existencia del acto reclamado; y al incluirse en esta reforma la palabra "deberá", ello impone indudablemente al Juez constitucional la obligación de proveer lo necesario a fin de obtener oficiosamente las constancias indispensables para resolver el juicio de garantías, cuando las mismas obren y hayan sido valoradas en el juicio generador." Con el apercibimiento de que, en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el término concedido para tal efecto, o bien informar el impedimento legal que tuviere para ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien a mil días del equivalente al valor de la unidad de medida, de conformidad con los artículos 238 y 260, de la ley de la materia y los artículos 1, 2 y 3 transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, del Diario Oficial de la Federación, con fundamento en el artículo 121, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; ordinal de referencia que a la letra dice: "Artículo 260. Se sancionará con multa de cien a mil días a la autoridad responsable que: II. No rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional u omita referirse a la representación que aduzca el promovente de la demanda en términos del artículo 11 de esta Ley;

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