Gerardo Vilchis López

Expediente 544/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
544/2017
Año
2017
Actuaciones
12
Última actuación
09/02/2022

Partes del expediente

  • Gerardo Vilchis López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    En la Ciudad de México, a nueve de febrero de dos mil veintidós. Visto el oficio signado por la Directora General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales, por medio del cual solicita diversa información respecto del juicio de amparo en que se actúa. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, agréguese a los autos para que obre como corresponda, para los efectos legales a que haya lugar. A efecto de atender lo solicitado por la referida autoridad, hágase de su conocimiento lo siguiente: A) Antecedentes, desarrollo procesal y estado actual del expediente, así como datos relativos de los recursos interpuestos en la secuela procesal o en contra de la sentencia. 1. Mediante escrito recibido el seis de abril de dos mil diecisiete (fojas 2 a 54), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, turnado el siete siguiente a este Juzgado Federal, Gerardo Vilchis López, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades responsables siguientes: III. - AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. El Titular de la Procuraduría General de la República. 2. El Titular de la Dirección General del Servicio de Carrera dependiente de la Procuraduría General de la República. 3. El Titular del Órgano Auxiliar de Instrucción del Consejo de Profesionalización dependiente de la Procuraduría General de la República. 4. Licenciada Norma Natalia Torres Ponce, Titular de la Dirección General de Planeación y proyectos estratégicos de la Procuraduría General de la República. 5. El Titular de la Presidencia de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados. 6. El Titular de la Presidencia de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Senadores. 7. El Titular de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados. 8. El Titular de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Senadores. 9. El Titular de la Comisión Nacional de Seguridad. 10. El Titular de la Oficial Mayor de la Procuraduría General de la República. 11. El Titular del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Procuraduría General de la República. 12. El Director de Control del Registro de Personal Sustantivo del Servicio de Carrera de la Procuraduría General de la Republica. 13. El Director General Adjunto de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal Ministerial. 14. El Director General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la Republica. 15. El Titular del Instituto de Capacitación y Profesionalización de la Procuraduría General de la Republica, . 16. El Director General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la Republica. IV. ACTOS RECLAMADOS: A. La inaplicación del artículo 123 apartado B fracción XIII, Constitucional y el artículo 60 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública,. B. La retroactividad de la ley consagrada en el artículo 14 Constitucional ya que, como agente de la Policía Judicial Federal se debe aplicar y se aplica ilegalmente un reglamento inexistente y por consiguiente se me inicia procedimiento de manera legal CP/SEP/065/2011, de fecha de resolución administrativa seis de mayo de dos mil once, y que di contestación en tiempo y forma en el órgano de control de la Procuraduría General de la República, empero no valoraron la misma ya que actúan como juez y parte en dicho procedimiento administrativo de separación del servicio de carrera de procuración de justicia federal, por lo que tuve que interponer en primer lugar un amparo indirecto número 443/2011 radicado en el Juzgado Tercero de Distrito con residencia en Boca del Río Veracruz, así como del cual se concedió la suspensión provisional y definitiva, empero se sobresello (sic) en septiembre de dos mil once, amparo 371/2011 radicado en el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa con resolución fecha dos de mato de dos mil once, en donde se sobresee el juicio de amparo, asimismo el amparo número 530/2011 radicado en el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en donde con fecha dos de mato de dos mil once, se declara incompetente, por lo que promoví juicio de nulidad en materia administrativa número 15757/11-17-09-8, radicado en la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de la Ciudad de México, y del cual obtuve una resolución desfavorable de fecha dos de febrero de dos mil doce, no obteniéndose el amparo y protección de la justicia de la unión, sobreseimiento del juicio de unidad por haber impugnado el mismo acto en un juicio de amparo, no ordenándose el pago de la indemnización correspondiente, empero eso no restringe que derecho por el tiempo que serví a la Procuraduría General de la República, toda vez que no se acredita haber sido responsable de nada absolutamente en materia administrativa ni penal. C. La contestación fuera de contexto a mi escrito de fecha trece de marzo de dos mil diecisiete en razón de que el C. DR. Francisco Vázquez Gómez Bisogno, del contenido del oficio COPLADII/DGSC/265/2017, de fecha trece de marzo de dos mil diecisiete. D. La falta de principios que deben regular la conducta de todo servidor público pregonando con el ejemplo, atentando en todo al derecho de igualdad en razón de que el titular del servicio civil de carrera ministerial, policial y pericial de Procuración de Justicia Federal, realiza procedimiento administrativos con un Reglamento carente de vigencia y aplicación, lo que vulnera mis derechos humanos, mi dignidad, y mi derecho de igualdad al solicitar una revaluación para poder reingresar a la Procuraduría General de la República, como sucedió con ex servidores públicos que fueron separados del servicio de carrera de procuración de justicia federal, a pesar de haber reprobado los exámenes de control de confianza realizados para su permanencia en la Procuraduría General de la República. E. La desigualdad humana con que se trata a el suscrito al exigir un derecho mediante escrito presentado el día primero de marzo de dos mil diecisiete, dirigido al Procurador General de la Republica y que se marca copia a quienes tienen pleno conocimiento de dicha ilegalidad y que da contestación el C. Doctor Francisco Vázquez Gómez Bisogno, mediante oficio de fecha trece de marzo de dos mil diecisiete mediante oficio número COPLADII/DGSC/265/2017. (.) 2. El diez de abril de dos mil diecisiete, se tuvo por recibida la demanda de amparo, se registró con el número de expediente 544/2017, y se previno al quejoso en los términos siguientes: "a) Toda vez que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso en esencia reclama el oficio COPLADII/DGSC/265/2017 de trece de marzo de dos mil diecisiete, el cual se encuentra suscrito únicamente por Director General del Servicio de Carrera de la Procuradora General de la República, por el que se da contestación a su escrito de petición de uno de marzo de dos mil diecisiete, sin embargo del capítulo de autoridades responsables y actos reclamados, se desprende que alega diversas violaciones a distintas autoridades, sin precisar en que forma cada una de la responsables pudo haber incurrido en las mismas, ya que como se señaló no participaron en la emisión del acto que se combate, por lo que deberá precisar de manera concreta, clara y precisa, en que forma y medida cada una de las responsables pudieron haber incurrido en las violaciones que alega, omitiendo insertar calificativos vía concepto de violación que impidan su análisis de manera clara; apercibido que en caso omiso de su parte, únicamente se tendrá como acto reclamado el oficio COPLADII/DGSC/265/2017 de trece de marzo de dos mil diecisiete y como autoridad responsable al Titular de la Dirección General del Servicio de Carrera dependiente de la Procuraduría General de la Republica. b) Por otra parte, el quejoso señala como acto reclamado los procedimientos administrativos seguidos en contra de diversos servidores públicos, los que de ninguna manera se advierte puedan tener consecuencia alguna en la esfera jurídica del quejoso, y los que en todo casos serían pruebas de su parte en el presente juicio para acreditar las violaciones que alega, por lo que deberá precisar, en caso de insistir en que tienen el carácter de actos reclamados, porque motivo o razón considera que les asiste dicho carácter, qué relación tienen con el presente juicio, y los números de expediente respectivos a cada una de las personas que refiere; apercibido que en caso de ser omiso al presente requerimiento, no se tendrán como actos reclamados, ni como autoridades responsables a las que se los atribuye. c) Asimismo, toda vez que el quejoso señala como actos reclamados de diversas autoridades, la omisión de pronunciarse respecto de su escrito presentado el uno de marzo de dos mil diecisiete, sin embargo, de las constancias que remite se advierte que la petición que nos ocupa únicamente fue dirigida al Procurador General de la República, y que mediante oficio COPLADII/DGSC/265/2017 de trece de marzo de dos mil diecisiete, el Dirección General del Servicio de Carrera dependiente de la Procuraduría General de la Republica, atendió el referido escrito, lo que en el caso resulta contradictorio, por lo que deberá manifestar cual es el acto especifico que le atribuye a las autoridades de que se trata, a efecto de que las mismas se encuentren en aptitud de rendir su informe justificado; apercibido que de no desahogar el presente inciso, no se tendrá como acto reclamado la omisión aludida, ni como autoridades responsables a las que se los atribuye. d) Asimismo, deberá exhibir original y treinta y siete copias de su escrito aclaratorio, dieciséis para emplazar a las autoridades responsables, una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, dieciocho para los terceros interesados y dos más para tramitar el incidente de suspensión; apercibido de que en caso de omisión de su parte, no se acordara lo conducente respecto de su escrito aclaratorio. Se cita en apoyo por su aplicación analógica, la jurisprudencia P./J.36/2001, la cual establece literalmente lo siguiente: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo. (No. Registro: 189,977, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIII, Abril de 2001, Página: 79) Importa destacar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Amparo, los requerimientos que anteceden únicamente podrán ser desahogados por la parte promovente del amparo, no así por las personas que éste autorice en términos del artículo 12 de la citada Ley, dada la responsabilidad penal que, de la protesta de decir verdad, pudiera derivarse. Apoya a la anterior determinación la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, que dispone: AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4° de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6°, 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional. (Registro: 161909, Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXIII, Junio de 2011, Página: 68, Materia: Común) Así como la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), del siguiente rubro y texto: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. (Registro: 2007285, Décima Época, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I; Materia Común, página: 210)." 3. El veintiséis de abril de dos mil diecisiete, el quejoso pretendió desahogar las prevenciones formuladas, sin embargo, derivado de la notoria discrepancia entre la firma del escrito de desahogo y la plasmada en el escrito inicial de demanda, mediante proveído de veintisiete siguiente, a fin de cerciorarse de la legitimidad de la firma, dado que esta constituye la manifestación de voluntad del promovente, se requirió al quejoso para que dentro del plazo de tres días, compareciera ante este órgano de control constitucional a ratificar la multicitada firma, sin que hubiese atendido dicho requerimiento. 4. Por auto de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, (fojas 75 a 79), mismo que causó estado por acuerdo de seis de junio de dos mil diecisiete (fojas 85 a 86), se admitió la demanda únicamente por lo que hace a la autoridad responsable Director General del Servicio de Carrera dependiente de la Procuraduría General de la República, y como acto reclamado el consistente en el oficio número COLADII/DGSC/265/2017 de trece de marzo de dos mil diecisiete; se dio la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe justificado y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el diecinueve de julio del mismo año. 5. El siete de septiembre posterior, se dictó sentencia en el presente asunto, en la que se determinó negar el amparo y protección de la justicia federal al quejoso. 6. Por escrito recibido en este Juzgado de Distrito el cinco de octubre de dos mil diecisiete, el quejoso interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos y por auto de seis siguiente, se le dio trámite, ordenando correr traslado a las partes. 7. El seis de noviembre de dos mil diecisiete, se ordenó remitir los autos originales del presente asunto, así como el recurso de revisión al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, a efecto de substanciar el citado recurso. 8. Correspondió al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito conocer del citado recurso de revisión, quien lo radicó con el número de toca R.A. 541/2017, y quien en sesión de quince de marzo de dos mil dieciocho resolvió confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo solicitado. 9. El cuatro de abril de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de revisión R.A. 541/2017, y se ordenó el archivo del juicio en que se actúa como total y definitivamente concluido, cuya determinación constituye el estado procesal del presente expediente. B) Síntesis de los razonamientos jurídicos relevantes, sentido de la sentencia y fecha de notificación a las partes. Como se mencionó, el acto reclamado en el juicio que nos ocupa, consistió únicamente en el oficio número COLADII/DGSC/265/2017 de trece de marzo de dos mil diecisiete; por medio del cual la autoridad responsable atendió la petición formulada por el quejoso el uno de marzo de dos mil diecisiete, de conformidad con lo establecido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, el análisis que se realizado en la sentencia de mérito, se ocupó única y exclusivamente de verificar si se cumplieron con los postulados que prevé la garantía del derecho de petición consistentes en constar por escrito la respuesta, fundada, motivada, y congruente, pero sin examinar diverso tema de legalidad porque en este tipo de asuntos el juicio de amparo no hace las veces de un recurso administrativo, de conformidad con la tesis número 2a. XXI/2016 (10a.), de rubro siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. SU DIFERENCIA CON RESPECTO AL RECURSO ADMINISTRATIVO." Se precisó que de conformidad con el artículo 8° constitucional toda autoridad ante quien alguna persona formule por escrito cualquier tipo de solicitud, siempre que ésta sea de manera pacífica y respetuosa, tiene la obligación de darle una respuesta congruente en breve término, es decir, impera la obligación de las autoridades de acordar respecto de todos los escritos que les sean presentados, además de hacer del conocimiento al promovente el resultado de su petición. En síntesis, el precepto Constitucional analizado, consagra el derecho de petición bajo los siguientes parámetros: ? Una facultad del gobernado para acudir ante cualquier autoridad o funcionario público para formular una solicitud; ? Dicha solicitud debe de ser de forma escrita, pacífica y respetuosa; y, ? Como consecuencia a dicha solicitud, los funcionarios y empleados públicos deben de emitir un acuerdo congruente a lo pedido, también por escrito fundado y motivado, y notificarlo fehacientemente en breve término de manera que el gobernado pueda conocer su contenido. La garantía constitucional que la parte quejosa refirió le fue violentada, únicamente consagra la obligación por parte de la autoridad a dar respuesta a las peticiones realizadas por los gobernados, la cual deberá realizarse conforme con los lineamientos descritos. En ese sentido, se verificó si el oficio combatido, cumplió con los requisitos exigidos, en los términos siguientes: POR ESCRITO. La autoridad responsable dio respuesta a la petición formulada por la peticionaria de forma escrita el trece de marzo de dos mil diecisiete, a través del oficio número COLADII/DGSC/265/2017. CONGRUENTE. Para verificar si el oficio por medio del cual se atendió lo solicitado por el quejoso, cumplió con el principio de congruencia, se digitalizó dicha respuesta de la que se observó que en atención al escrito presentado por el quejoso el uno de marzo de dos mil diecisiete, por medio del cual solicitó una reprogramación para presentar los exámenes de control de confianza a efecto de poder reingresar a la Procuraduría General de la República; la autoridad responsable hizo de su conocimiento que la misma resultaba improcedente, toda vez que de la búsqueda realizada en el Sistema Institucional de Registro de Personal Sustantivo de la Dirección General de Servicio de Carrera, se obtuvo que el quejoso fue separado del referido servicio, precisamente por no haber aprobado el proceso de evaluación de confianza, lo que lo ubicó en el supuesto previsto por el artículo 32, fracción I, del Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, motivo por la cual se estimó que la contestación otorgada por la autoridad responsable, sí se cumplió con el principio de congruencia aludido, en razón de que atendió lo solicitado por el quejoso, al resolver en sentido negativo su reprogramación para la presentación de los exámenes de control confianza, de ahí que se estimó que la respuesta combatida, sí fue acorde con lo pedido. Se indicó que si bien la respuesta fue realizada por una autoridad diversa al Procurador General de la República, que es a quién elevó la petición, dicha situación no colma de ilegalidad el oficio número COLADII/DGSC/265/2017, de trece de marzo de dos mil diecisiete, toda vez que el Director General del Servicio de Carrera, es un inferior jerárquico de aquel, cuyas funciones se encuentra vinculadas con lo solicitado, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia de rubro: INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE TENERSE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, CUANDO SE DEMUESTRE QUE UN INFERIOR JERÁRQUICO DE LA RESPONSABLE, CUYAS FUNCIONES SE VINCULAN CON LO SOLICITADO, DIO CONTESTACIÓN POR ESCRITO. (Época: Novena Época, Registro: 174238, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Septiembre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J.129/2006, Página: 279)". NOTIFICACIÓN. La parte quejosa sÍ tuvo conocimiento de la respuesta dada por el Director General del Servicio de Carrera dependiente de la Procuraduría General de la República, puesto que fue la misma quejosa quien anexó a su demanda de amparo el oficio original por el que la autoridad responsable emitió la contestación a su escrito de uno de marzo de dos mil diecisiete y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, para demostrar su ilegalidad. Lo que se corrobora con las propias manifestaciones que bajo protesta de decir verdad formuló el quejoso a foja dieciocho de su escrito de demanda, en las que adujo lo siguiente: V.- FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFIERO QUE EL DÍA QUE TUVE CONOCIMIENTO LO FUE EL DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECISITE, MEDIANTE OFICIO COPLADII/DGSC/265/2017, de fecha trece de marzo de dos mil diecisiete. Manifestaciones que constituyen una confesión expresa de su parte, la cual hace prueba plena en su contra de conformidad con el artículo 199 del Código Federal de Procedimiento Civiles. Motivos por los cuales también se consideró cumplido el requisito que se analiza. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. En el caso, la autoridad responsable fundó su respuesta en los artículos 8 y 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 y 59, fracción II, inciso a) de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 9, 10, fracción VI, 46, fracción II, inciso a) y 86 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 3, inciso H), fracción XLV, 35, fracción II, inciso e) y 92, fracciones III y IV del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y, 32 y 35 del Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal. La autoridad responsable precisó que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, apartado B, fracción XIII constitucional, los miembros de las instituciones policiales podrán ser separados de sus cargos, si no cumplen con los requisitos de permanencia, entre los que se encuentra aprobar los procesos de evaluación de control de confianza, de conformidad con los artículos 35, fracción II, inciso e) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. De igual manera, adujo que en términos del artículo 32 del Reglamento del Servicio de Carrera de Procreación de Justicia Federal, se establece como una limitante para reingresar a la institución, el no haber sido separado del cargo anterior. Asimismo, determinó que era improcedente atender favorablemente su solicitud en virtud de que fue separado del cargo que ostentaba en la citada Procuraduría el seis de mayo de dos mil once, precisamente por no haber aprobado el proceso de evaluación de control de confianza, como lo establece el artículo 35, fracción II, inciso e), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y que lo ubica en el supuesto de exclusión de la fracción I, del artículo 32 del Reglamento del Servicio de Carrera de la Procuraduría General de la República. En tales condiciones, se resolvió que el oficio reclamado cumplió con todas y cada una de las exigencias de la garantía del derecho de petición, puesto que se citaron los preceptos legales aplicables para dar contestación a lo solicitado, así como los motivos, razones y circunstancias por las cuales no resultaba procedente atender favorablemente su escrito. Aunado a lo anterior, en relación con el argumento planteado por el quejoso en el sentido de que el Reglamento del Servicio Civil de Carrera de Procuración de Justicia Federal, que se usó para fundamentar el acto reclamado, no se encuentra vigente, se determinó infundado, en razón de que tal y como se advierte del contenido del oficio combatido, en ninguna parte de su contenido, se citó el referido ordenamiento. En consecuencia, ante lo infundado de los argumentos vertidos en la demanda, toda vez que contrario a lo aducido por el quejoso, el oficio COLADII/DGSC/265/2017, de trece de marzo de dos mil diecisiete, se emitió en cumplimiento a lo ordenado por los artículos 8 y 16 constitucionales, lo que releva la posibilidad de estudiar otra cuestión más allá de las que la propia garantía establece, lo procedente fue negar el amparo solicitado. Ahora bien, en relación con la notificación de la sentencia dictada en autos, se realizó de la siguiente manera: SENTENCIA DE SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 544/2017-II PARTE FECHA DE NOTIFICACIÓN Gerardo Vilchis López (quejoso) 13 de septiembre de 2017. Agente del Ministerio Público 11 de septiembre de 2017. Titular de la Dirección General del Servicio de Carrera de la Procuraduría General de la República. 11 de septiembre de 2017. C) Informe si en el expediente se realizó manifestaciones en relación con las garantías judiciales, protección judicial y acceso a la justicia, en concreto la falta de debida diligencia por parte de las autoridades a fin de revisar la metodología, contenido y marco de referencia respecto de los exámenes de control de confianza que les fueron aplicados al peticionario en los años dos mil diez, dos mil once y dos mil doce; un recurso idóneo y efectivo en el que se analizara que la práctica de un solo examen de control no era suficiente para justificar despido, sino que debían evaluarse todos los resultados en conjunto; y la constitucionalidad de los artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal y 47 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica. En el expediente no se realizaron manifestaciones en relación con garantías judiciales, protección judicial y acceso a la justicia, falta de debida diligencia por parte de las autoridades a fin de revisar la metodología, contenido y marco de referencia respecto de los exámenes de control de confianza que les fueron aplicados a las personas que refiere en su oficio de cuenta, en los años dos mil diez, dos mil once y dos mil doce; tampoco en relación con un recurso idóneo y efectivo en el que se analizara que la práctica de un solo examen de control no era suficiente para justificar el despido, sino que debían evaluarse todos los resultados en su conjunto, No se formularon manifestaciones en relación con la inconstitucionalidad de los artículos 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Federal y 47 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. D) Señale si el peticionario refirió vulneración a su derecho a la integridad personal, con motivo de haber sido sometido a la prueba del polígrafo a efecto de autoincriminarse. De igual manera, el quejoso no refirió vulneración a su derecho a la integridad personal, con motivo de haber sido sometido a la prueba del polígrafo a efecto de auto incriminarse. E) Informe si en el expediente el peticionario manifestó vulneración al derecho a la salud, derivado de la aparente omisión de las autoridades de proporcionarle atención médica psicológica, al haber sido declarado no apto en los exámenes psicológicos a los cuales fue sometido. No manifestó vulneración a su derecho a la salud, derivado de la alguna omisión de la autoridad de proporcionarle atención médica psicológica. F) Informe si refirió transgresión al derecho de trabajo, con motivo de que a pesar de haber obtenido una resolución favorable y haberse desestimado las causas de separación, se le impidió por una cuestión legal no justificada y arbitraria, reincorporarse al trabajo que desempeñaba como policía Federal Ministerial de la entonces Procuraduría General de la República. No refirió transgresión a su derecho de trabajo, con motivo de que hubiese obtenido una resolución favorable y haberse desestimado las causas de separación, y que a pesar de ello se le hubiese impedido por una cuestión legal no justificada y arbitraria, reincorporarse al trabajo que desempeñaba como policía ministerial de la entonces Procuraduría General de la República, por el contrario, el quejoso manifestó en su capítulo de antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, que obtuvo una resolución desfavorable, en el expediente 15757/11-17-06-8 del índice de la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. G) Informe si en el expediente el peticionario alegó transgresión a sus derechos a la dignidad humana y honorabilidad, al haber sido boletinados sus datos personales en la Plataforma México, así como al haber declarado la validez de los controles de confianza como el polígrafo y la aplicación de la prueba psicológica. Además, su derecho a la presunción de inocencia, derivado del hecho de haber sido declarado no apto y haber sido estigmatizado como policía corrupto o deshonesto, a pesar de la naturaleza del procedimiento y los exámenes a que fue sometido. El quejoso no alegó transgresión a sus derechos a la dignidad humana y honorabilidad, No obstante lo anterior, si refirió que al estar sus datos en Plataforma México, se le restringió para realizar labor alguna en el ámbito del servicio público como en el privado por el sólo hecho de haber pertenecido a la Procuraduría General de la República. H) Informe si se alegó transgresiones al derecho al debido proceso, en específico al haberse tomado en cuenta solo el resultado de la prueba de polígrafo al que fue sometido, asimismo, si alegó ser parte de un proceso de irregularidades ante la incompetencia del Centro de control de Confianza, asimismo, al haberse emitido sentencias contradictorias respecto de los diversos juicios y recursos que fueron promovidos, así como al haberse sometido. No alegó transgresiones al derecho al debido proceso, en específico al haberse tomado en cuenta solo el resultado de la prueba de polígrafo al que fue sometido. Tampoco alegó ser parte de un proceso de irregularidades ante la incompetencia del Centro de control de Confianza o que al haberse emitido sentencias contradictorias respecto de los diversos juicios y recursos que fueron promovidos, así como al haberse sometido. I) Informe si tiene conocimiento de algún medio de defensa diverso a los aquí solicitados, del órgano jurisdiccional a su cargo y, que esté relacionado con los hechos que se refieren en el oficio en mención. En caso afirmativo, se le solicita amablemente que también responda los cuestionamientos anteriores, relacionados con ese expediente y, remita las constancias que se precisan en párrafos posteriores. No se tiene conocimiento de algún medio de defensa diverso a los aquí solicitados, del índice de este órgano jurisdiccional y, que esté relacionado con los hechos que se refieren en el oficio de cuenta. J) Cualquier información u observación que estime pertinente para integrar la postura del Estado Mexicano en el presente asunto. En el caso, como se dijo, únicamente se tuvo como acto reclamado, el oficio número COLADII/DGSC/265/2017 de trece de marzo de dos mil diecisiete; por medio del cual se dio contestación a la petición formulada por el quejoso el uno de marzo de dos mil diecisiete, por lo que el estudio de los conceptos de violación formulados, se realizó al tenor de artículo 8 Constitucional. En sentido, remítase a través del correo electrónico proporcionado, el escrito de demanda, prevención, desahogo, admisión, sentencia y el auto por el que se ordenó el archivo del presente expediente. Lo que se hace su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    (04/ABR/2018).- VISTOS.- EL OFICIO DE TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO POR EL CUAL REMITE EXPEDIENTE Y TESTIMONIO DE RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN, ACÚSESE DE RECIBIDO, GLÓSESE A LOS AUTOS, HÁGASE DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES, ARCHÍVESE EXPEDIENTE, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL Y REQUIÉRASE A LA QUEJOSA ACUDA AL LOCAL DEL JUZGADO, A RECOGER CIERTOS DOCUMENTOS. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA.

  3. Principal

    (16/NOV/2017) ().- VISTOS.- EL OFICIO DE TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO POR EL CUAL ACUSA RECIBO DEL PRESENTE EXPEDIENTE E INFORMA QUE ADMITIÓ A TRÁMITE RECURSO DE REVISIÓN. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    (06/NOV/2017) (ESTADO PROCESAL).- VISTOS.- REMÍTANSE LOS AUTOS, AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO EN TURNO, PARA LA SUBSTANCIACIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN. NOTIFÍQUESE.

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