Gerardo Vilchis González
Expediente 98/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 24 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 98/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 12/05/2023
Partes del expediente
- Gerardo Vilchis González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Toluca, Estado de México, doce de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. En acatamiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación a los puntos 7.1.1, numeral 2, 8.1.2, numeral 1 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó y carece de relevancia documental; en tanto que es depurable el incidente único de suspensión, pues se concedió y negó la suspensión definitiva; sin que se ordene glosar al presente expediente dicho cuaderno, por lo que una vez que se remita al archivo adjúntese el mismo. Notifíquese.
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S E N T E N C I A: Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo número 98/2023-III-B; promovido por********************; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito depositado el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca;********************, por propio derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridades responsables siguientes: III.- AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES, . SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MÉXICO 1 (.) SECRETARIA DE UNIDA (SIC) DE INTELIGENCIA FINANCIERA de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (.) COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (.) BANCO NACIONAL DE MÉXICO SA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, AHORA CITIBANAMEX, como (autoridad ejecutora) sucursal 4265 ." IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: son dos actos los que se reclaman: ? De la autoridad ordenadora (SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MÉXICO 1, SECRETARÍA DE UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES) Bajo protesta de decir verdad se le reclama: la omisión en la expedición de una orden fundada y motivada en la cual se me dé a conocer la NEGATIVA PARA APERTURAR UNA CUENTA UNA NUEVA CUENTA BANCARIA Y EN SU CASO LA NEGATIVA PARA CONTINUAR CON LA UTILIZACIÓN DE MI CUENTA BANCARIA identificada con el número de cliente 98880136 y poder utilizar mis recursos bancarios. De la autoridad ejecutoria (sic) descritas en el punto anterior: BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD manifiesto que el acto reclamado lo es: La omisión en la expedición de una orden fundada y motivada en la cual se me den a conocer la negativa para aperturar una nueva cuenta bancaria y en su caso la negativa para continuar con la utilización de mi cuenta bancaria identificada con el número de cliente 98880136 y poder utilizar los recursos bancarios. Para tal efecto le manifiesto que la autoridad a la cual le acuso de realizar dicho acto lo es el BANCO NACIONAL DE MÉXICO SA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, AHORA CITIBANAMEX sucursal 4265, con domicilio ubicado (.)" Considerando vulnerados sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 14, 16 y 22 del Pacto Federal. SEGUNDO. Admisión de la demanda de amparo. Por cuestión de turno, correspondió el conocimiento del asunto a este órgano constitucional, que radicó la demanda bajo el número 98/2023-III-B, por auto de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite, se requirieron los informes justificados a las autoridades responsables, y se dio la intervención legal a la representación social de la adscripción. TERCERO. Vista con denominación incorrecta de autoridad. Por auto de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, se dio vista al quejoso para que dentro del plazo de tres días proporcionara la denominación correcta de la autoridad que en su demanda señaló como "Servicio de Administración Tributaria México 1". En cumplimiento a dicho requerimiento, por auto de nueve de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo a la "Administración Desconcentrada de México "1", Unidad Administrativa de la Ciudad de México", en el entendido que ésta es la denominación correcta de la autoridad. CUARTO. Vista para ampliar demanda de amparo. Con motivo del informe justificado del banco señalado como autoridad responsable, por auto de nueve de febrero de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo respecto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, toda vez que dicha autoridad, de acuerdo a lo indicado por Banco Nacional de México, sociedad anónima, Integrante de Grupo Financiero Banamex, dicha autoridad fue la que ordenó la inmovilización de la cuenta 98880136 de la cual es titular el quejoso. En ese tenor, mediante proveído de veinte de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo por ampliada la demanda de amparo por cuanto hace a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, por lo que en esa misma fecha se le requirió su informe de ley. Seguido el juicio por el trámite correspondiente, se celebró la audiencia constitucional que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 57, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por reclamarse actos atribuidos a autoridades de carácter administrativo, cuya materialización se efectuará dentro del ámbito territorial en que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con número de registro 192097,cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo" En el mismo sentido, cobra aplicación al respecto, la tesis aislada P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XIX, del mes de abril de 2004, página 255, con número de registro 181810, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto" Así, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se obtiene que la parte quejosa reclama de (1) Administración Desconcentrada Jurídica de México "1", Unidad Administrativa en la Ciudad de México; (2) Unidad de Inteligencia Financiera; (3) Comisión Nacional Bancaria y de Valores, (4) Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y, (5) Banco Nacional de México, sociedad anónima, Integrante de Grupo Financiero Banamex, lo siguiente La negativa para poder aperturar una nueva cuenta bancaria y/o la negativa de que se le permita continuar utilizando la diversa cuenta 98880136 de la cual es titular el quejoso en el Banco Nacional de México, sociedad anónima, Integrante de Grupo Financiero Banamex. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridades responsables (1) Administración Desconcentrada Jurídica de México "1", Unidad Administrativa en la Ciudad de México; (2) Unidad de Inteligencia financiera; (3) Comisión Nacional Bancaria y de Valores, (4) Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al momento de rendir sus respectivos informes justificados de manera lisa y llana negaron la existencia de los actos reclamados. Lo anterior sin que el quejoso desvirtuara esas negativas, con algún medio de convicción. Máxime que, no debe perderse de vista que el juicio de amparo indirecto, ante la negativa de existencia de los actos reclamados manifestado por las autoridades responsables, el quejoso tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar, en primer término, la existencia del acto reclamado, y en segundo término, la violación de derechos fundamentales que alega, ya que, el que promueve una demanda de amparo está obligado a demostrar, directamente o mediante el informe de las autoridades responsables la existencia del acto que reclama y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia del acto, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de amparo, acerca de la inconstitucionalidad del acto impugnado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o.J/308 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo 80, agosto de 1994, página 77, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Luego, si la parte quejosa no aportó algún medio de prueba para desvirtuar las negativas de las autoridades antes mencionadas, resulta inconcuso que son inexistentes los actos reclamados, consistentes en la negativa para poder aperturar una nueva cuenta bancaria, así como el bloqueo de la diversa cuenta 98880136 de la cual es titular el quejoso en la institución bancaria Banco Nacional de México, sociedad anónima, Integrante de Grupo Financiero Banamex. De ahí que lo procedente sea sobreseer en términos de lo dispuesto en el 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables mencionadas a principio de la presente parte considerativa. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Por su parte (5) Banco Nacional de México, sociedad anónima, Integrante de Grupo Financiero Banamex, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado. Al respecto, resulta aplicable la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, tomo XIII, página 775 y registro digital 811057, que a la letra se integra de la siguiente forma: "INFORME JUSTIFICADO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado". QUINTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia alegadas por las partes o advertidas de oficio por este Juzgador en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta esta determinación, la Jurisprudencia número 158, de una anterior conformación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 272, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, VIII Parte, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Al respecto, este juzgador considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por no constituir actos de autoridad los reclamados por el quejoso. En principio, resulta necesario citar el contenido de los artículos citados en el párrafo anterior, los cuales son del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como para los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte;.". Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; . Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De la interpretación de los preceptos transcritos se obtiene, en principio, que el artículo 103 constitucional refiere que los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por actos u omisiones de la autoridad que conculquen los derechos humanos reconocidos en la Ley Suprema y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; en tanto que el numeral 1º, fracción I, de la ley de la materia, estatuye que el juicio de amparo tiene como objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección. Por su parte, el artículo 5°, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, preceptúa las características que deben de tener las autoridades para efectos del juicio de amparo, así como el reconocimiento a los particulares como autoridades responsables, siempre y cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos humanos y cuyas funciones estén determinadas en una norma general. Al respecto, conviene establecer que una autoridad para efectos del juicio de amparo, es aquélla que de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del gobernado, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. En otras palabras, autoridad es todo ente que ejerce facultades decisorias, de imperio y coercitivas, que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Sobre esa línea, resulta indispensable establecer las características que reviste un acto de autoridad. Para ello, se atiende a la clasificación que la teoría general del derecho hace de: Las relaciones jurídicas de coordinación; Las de supra a subordinación; y, Las relaciones jurídicas de supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las reguladas en el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas en ellas o contempladas por la ley y estar ambas en el mismo nivel, al existir una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, al actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Además, las relaciones de supra a subordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de superioridad, por encima de los particulares, los cuales se regulan en el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de jurisprudencia, ha establecido las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Con motivo de esa relación, emite actos unilaterales, a través de los cuales, crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, que afectan la esfera legal del particular. Para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, que es del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Ciertamente, tal y como quedó establecido con antelación, el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone que los particulares podrán tener ese carácter, siempre y cuando realicen actos equivalentes a los de una autoridad, que afecten derechos en términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas en una norma general. Es decir, para que a un particular se le pueda atribuir actos de autoridad, debe necesariamente su actuar estar fundado en un ordenamiento que les dote de atribuciones que, en principio, corresponden al Estado; o bien, que actúe con el carácter de auxiliar de una autoridad con imperio de crear, modificar o extinguir situaciones de derecho. Sentado lo anterior, conviene reiterar que -en el caso- la parte quejosa se duele esencialmente del bloqueo de la cuenta bancaria 98880136 de la cual es titular, así como de la negativa por parte de Banco Nacional de México, sociedad anónima, Integrante de Grupo Financiero Banamex, de permitirle aperturar una nueva cuenta. Sin embargo, conforme a lo expuesto en la presente ejecutoria, ese actuar no puede considerarse como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo que se sostiene en la medida que, las autoridades responsables señaladas con el carácter de ordenadoras al momento de rendir sus respectivos informes justificados, negaron la emisión de la orden de bloqueo en la cuenta de la que es titular el quejoso, así como la prohibición para que éste último pueda aperturar una nueva cuenta bancaria; circunstancia que hace evidente que los actos de molestia no derivan del auxilio que se haya realizado a una dependencia pública; además de que la actuación del banco no se sustenta en un plano de supra a subordinación, sino de coordinación en relación al quejoso. De ahí que si Banco Nacional de México, sociedad anónima, Integrante de Grupo Financiero Banamex, aceptó la existencia tanto de la orden de bloqueo en la cuenta banacaria de la que es titular el quejoso, así como de la prohibición para la apertura de una nueva cuenta; empero, su actuar no se hizo depender de una orden o en el auxilio de un ente que se encuentre en un plano de supra a subordinación con la parte quejosa, resulta inconcuso que el origen de la controversia surge sobre cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados de un acuerdo de voluntades (contrato de depósito) celebrado entre la institución bancaria y el quejoso. Esto es así, porque aun y cuando los reclamos versen sobre el impedimento para aperturar una nueva cuenta bancaria y el bloqueo en sí de la cuenta bancaria a nombre del inconforme; lo cierto es que entre la institución bancaria y la parte quejosa, como particulares, no hay una relación de supra a subordinación, debido a que la primera en mención no actúa de modo unilateral para crear, modificar o extinguir la situación jurídica respecto de la agraviada; por tanto, será través de la vía ordinaria mercantil donde se diluciden las cuestiones inherentes al cumplimiento o no del contrato que tiene celebrado tanto la institución bancaria como el quejoso; empero, para efectos del juicio de amparo, se insiste, la institución bancaria no tiene el carácter de autoridad responsable. Es de invocarse en apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en el página 3388, Libro 52 (Marzo de 2018), Tomo IV, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "INSTITUCIONES BANCARIAS. EN EL ASEGURAMIENTO DE LAS CUENTAS RESPECTIVAS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Si se trata del aseguramiento de cuentas bancarias, las instituciones bancarias no tienen el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, en virtud de que actúan como auxiliares de la administración pública, esto es, del Ministerio Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la ejecución de esa medida. Al respecto, es necesario tener presente, el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que son parte en el juicio de amparo, entre otros, la autoridad responsable, teniendo ese carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Así, las instituciones bancarias, en el caso, son particulares que no actúan unilateralmente, sino por mandato de la orden de la representación social, por medio de dicho órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que no tienen margen de discrecionalidad en su actuación, aunque en la Ley de Instituciones de Crédito se regulen esos embargos, pues esa normativa no permite unilateralidad y discrecionalidad en la ejecución de los aseguramientos, ya que su artículo 60, último párrafo, establece que las instituciones no incurrirán en responsabilidad por el cumplimiento de las órdenes de embargo o de liberación dictadas por las autoridades judiciales o administrativas correspondientes; de ahí que los bancos únicamente ejecutan esos aseguramientos como auxiliares de las autoridades ordenadoras, que es la representación social y de la autoridad ejecutora que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Consideraciones que se sustentan, en lo conducente, en la jurisprudencia 2a./J. 127/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO SON AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO EN LOS CASOS EN QUE CALCULAN, RETIENEN Y ENTERAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, PORQUE ACTÚAN COMO AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA." Asimismo, se comparte el criterio aislado : (II Región)1o.5 K (10a.), emitido en por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, Junio de 2019, Tomo VI, Materia(s): Común, : Décima Época, de rubro y texto siguiente: "INSTITUCIONES BANCARIAS. NO REALIZAN ACTOS EQUIVALENTES A LOS DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO INMOVILIZAN LAS CUENTAS RESPECTIVAS CON BASE EN EL CLÁUSULADO DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS BANCARIOS CELEBRADOS ENTRE AQUÉLLAS Y SUS CLIENTES. De conformidad con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo y lo delineado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 112/2015 (10a.), los particulares pueden figurar como autoridades responsables, en la hipótesis de que realicen actos semejantes a los de las entidades públicas, susceptibles de combatirse en el enjuiciamiento de derechos fundamentales, siempre y cuando el acto que se les reclame tenga como génesis, entre otros requisitos, una norma de carácter general que les confiera facultades para comportarse de manera similar a un ente estatal. Ahora bien, cuando los bloqueos de las cuentas bancarias de los quejosos por parte de las nombradas instituciones no se realicen con sustento en las atribuciones otorgadas en una disposición legal o reglamentaria, sino con asidero en un contrato de servicios bancarios, celebrado entre aquéllos y las referidas entidades crediticias, éstas no pueden tener la calidad de particulares equiparables a autoridades, para efectos del mencionado juicio constitucional, al tener su origen ese contexto en disposiciones de orden privado acordadas entre la propia impetrante y dichas instituciones en un plano de coordinación, lo que es indicativo de una relación que difiere sustancialmente de la que se entabla entre una autoridad y un gobernado; ello, pese a que el actuar aludido pueda calificarse como unilateral, o bien, traiga como consecuencia un cambio de entorno para el solicitante de la protección de la Justicia de la Unión, en la medida en que es indispensable que el acto desplegado por los particulares, señalados como autoridades responsables, esté fundado en un ordenamiento que les dote de atribuciones que, en principio, corresponden al Estado". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo en términos de lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, de la ley de la materia. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 107, fracción II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 124, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por********************, respecto de los actos atribuidos a la Administración Desconcentrada Jurídica de México "1", Unidad Administrativa en la Ciudad de México, Unidad de Inteligencia financiera, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Secretaría de Hacienda y Crédito Público Y AL Banco Nacional de México, sociedad anónima, Integrante de Grupo Financiero Banamex, por los motivos precisados En los considerandos tercero y quinto de la presente sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Alfonso Alexander López Moreno, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido del Secretario de Juzgado Juan José Pulido Rogel, que autoriza, firma y da fe. El Juez El Secretario
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Toluca, Estado de México, trece de abril de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio por el cual el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en cumplimiento al requerimiento que se le formuló el tres de abril del año en curso, refiere que el quejoso ********************no se encontra incluido en la Lista de Personas Bloqueadas a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; asimismo, indica que su función es emitir un acuerdo donde instruye a poner a disposición de las entidades financieras a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el nombre de las personas introducidas en la "Lista de Personas Bloqueadas" a efecto de que procedan a suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones y servicios con los clientes o usuarios, imposibilitando tanto que puedan abrir nuevas cuentas como la cancelación de las vigentes, así como impedir la disposición de los recursos que estas últimas contengan, incluyendo los casos en que la persona designada apareciera como titular, cotitular, firmante y/o autorizado, fideicomitente, representante legal y/o apoderado; instrucción que se materializa mediante el Sistema de Atención de Requerimiento de Autoridad (SIARA); y, que una vez que las entidades financieras localizan un usuario o cliente que se encuentra incluido en la "Lista de Personas Bloqueadas", proceden a suspender los productos financieros; aunado a que deben enviar un reporte a dicha Unidad de Inteligencia Financiera, donde se informen los productos financieros bloqueados de las personas relacionadas. Sobre esa línea, refiere que no ha recibido ningún reporte por parte de la institución bancaria Banco Nacional de México, sociedad anónima, Integrante del Grupo Financiero BANAMEX, en el que haga del conocimiento el bloqueo de la cuenta bancaria a nombre del quejoso. En esas condiciones, téngase por cumplido el requerimiento que se efectuó a la oficiante; por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento con que fuera conminada en el citado proveído. Notifíquese.
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Toluca, Estado de México, tres de abril de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio por el cual el Banco Nacional de México, sociedad anónima, Integrante del Grupo Financiero BANAMEX, por conducto de su apoderado legal ********************, en cumplimiento al requerimiento que se le formuló el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, señala que la orden de bloqueo de la cuenta bancaria de que se duele el quejoso deriva de la investigación seguida en contra éste último por la Unidad de Inteligencia Financiera, por lavado de dinero. En esas condiciones, téngase por cumplido el requerimiento que se efectuó a la oficiante; por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento con que fuera conminada en el citado proveído. Ahora, cabe precisar que la autoridad responsable, Unidad de Inteligencia Financiera, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, consistente en el bloqueo en la cuenta ******************** a nombre del aquí quejoso ********************; aduciendo que el citado quejoso no se encontraba dentro de la lista de personas bloqueadas a que hace referencia el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. No obstante, la diversa autoridad responsable, Banco Nacional de México, sociedad anónima, Integrante del Grupo Financiero BANAMEX, al rendir su informe justificado señaló que el bloqueo en la cuenta ******************** a nombre del aquí quejoso, ********************, era en cumplimiento a la orden emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; sin embargo, tal autoridad manifestó que no tenía la atribución para llevar acabo la orden de bloqueo de la cuenta bancaria del quejoso; ello de conformidad con el artículo 6° de su reglamento interno. En mérito de lo anterior, se requirió nuevamente al Banco Nacional de México, sociedad anónima, Integrante del Grupo Financiero BANAMEX, para que especificara a este juzgado federal qué autoridad emitió el bloqueo en la cuenta ******************** a nombre del aquí quejoso, ********************, informando en el oficio que se acuerda en esta data que dicho bloqueo era como consecuencia de la investigación seguida contra el quejoso por la Unidad de Inteligencia Financiera. En mérito de lo anterior, a fin de contar los elementos necesarios para resolver el sumario en que se actúa, con fundamento en los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo, requiérase por ÚLTIMA OCASIÓN a la Unidad de Inteligencia Financiera, para que dentro del término de tres días legalmente computados aclare su informe justificado, es decir, precise con claridad si es o no cierto el acto reclamado consistente en la orden de bloqueo a la cuenta ******************** del Banco Nacional de México, sociedad anónima, Integrante del Grupo Financiero BANAMEX, a nombre del aquí quejoso, ********************, debiendo adjuntar copia certificada legible y ordenada de las constancias con las cuales sustente su dicho. Luego, a fin de que este en aptitud de desahagar el requerimiento furmado, se adjunta copia del informe rendido en esta fecha por el Banco Nacional de México, sociedad anónima, Integrante del Grupo Financiero BANAMEX. Bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo se hará efectivo el apercibimiento con que fuera conminada en proveído de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, esto es, se le impondrá´ multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo.
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