Gerardo Velazco Villegas

Expediente 744/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
744/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
08/11/2021

Partes del expediente

  • Gerardo Velazco Villegas

Actuaciones

  1. Principal

    Irapuato, Guanajuato, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por el quejoso, mediante el cual pretende cumplir con el requerimiento formulado por el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; ahora bien, toda vez que, en proveído de veintitrés de septiembre de la anualidad en curso, se recibió el oficio por el que se comunicó que el citado órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada por este Juzgado y se avocó al conocimiento de la demanda que dio origen al juicio de amparo del que deriva este cuadernillo. En tales condiciones, mediante oficio con inserción del presente acuerdo, remítase la promoción de cuenta con sus anexos al Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, para los efectos legales a que haya lugar, previa copia simple que de los mismos que se deje en autos. Vuelvan los autos al archivo. Notifíquese.

  2. Principal

    Irapuato, Guanajuato, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. SE AVOCA AL CONOCIMIENTO Téngase por recibido el oficio remitido por el Actuario del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, girado en el juicio de amparo indirecto 718/2021, de su índice, mediante el cual comunica que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada por este Juzgado y se avocó al conocimiento de la demanda que dio origen al juicio de amparo del que deriva este cuadernillo. ARCHIVO En atención lo anterior, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha del presente auto. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12 y 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de este expediente y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Notifíquese.

  3. Principal

    ...Irapuato, Guanajuato, seis de septiembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *****, contra los actos que reclama del Juzgado Séptimo de lo Familiar de la Ciudad de México y otra autoridad, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 8, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO Se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 744/2021; en el entendido de que sus actuaciones judiciales, promociones y demás constancias deberán coincidir íntegramente, guardando idéntico orden cronológico. Se exceptúan de integrarse al expediente electrónico los documentos presentados en físico con los que, por su volumen, se ordene formar cuadernos auxiliares y no se agreguen al expediente principal físico; asimismo, aquéllos que para la protección a la integridad del documento o a los datos personales no puedan ni deban digitalizarse. Sin perjuicio de lo anterior, quedan a disposición de las partes el expediente impreso, los cuadernos auxiliares y demás constancias que lo integran, con las salvaguardas correspondientes tratándose de la información reservada o confidencial. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que el expediente electrónico estará a su disposición tan pronto como las constancias que integren este cuaderno cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos INCOMPETENCIA En principio conviene precisar que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentran obligados los juzgados de amparo previo a resolver cualquier cuestión relacionada con la materia de la litis constitucional, pues de no hacerlo, se contravendrían las reglas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: la orden de embargo o descuento sobre sus percepciones de salario del aquí quejoso que percibe como trabajador de la SEDENA, con domicilio en ******, por concepto de pensión alimenticia provisional decretada dentro del juicio *****, por el Juez Séptimo de lo Familiar de la Ciudad de México, y su ejecución. Este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la hipótesis de competencia contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, que al efecto establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal inserto se desprenden tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito que conoció a prevención. De lo que se colige, que en el caso se actualiza la primera regla de competencia antes mencionada, pues como se dijo, el acto reclamado se está ejecutando en la Ciudad de México. Lo anterior es así, como se adelantó, de la demanda de amparo se advierte que es el Juez Séptimo de lo Familiar de la Ciudad de México, dentro del expediente **** de su índice, quien ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional, realizaran el descuento por concepto de pensión alimenticia sobre el salario del aquí quejoso, cuestión que se está ejecutando en *****, lo que evidencia que es la propia autoridad ordenadora quien asume el carácter de ejecutora; de modo que, en el caso, resulta competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se esté ejecutando el acto reclamado, en el caso, en la Ciudad de México, en términos de los dispuesto en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, con fundamento en los artículos 33 y 48 de la Ley de Amparo; 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado declara CARECER DE COMPETENCIA legal por razón de territorio para conocer del presente asunto, siendo competente el Juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno. Al respecto cobra relevancia, la tesis con datos y texto siguientes: Registro digital: 2001236 Jurisprudencia Materias(s): Común, Civil Décima Época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: Libro XI, Agosto de 2012 Tomo 1 Tesis: 1a./J. 25/2012 (10a.) Página: 145 AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE FIJA EL MONTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, dispone que será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien, si el acto reclamado es la orden de descuento al salario del porcentaje fijado como pensión alimenticia provisional, a llevarse a cabo por una dependencia o entidad del Estado en cumplimiento a la orden girada dentro de un juicio de alimentos que, a su vez, se instruye en un lugar distinto, ello no implica que pueda considerarse a dicho ente público como autoridad ejecutora, pues su intervención en el juicio se equipara a la de un particular que actúa como auxiliar en la administración de justicia. En consecuencia, para determinar la competencia del juez de distrito, debe atenderse a, por lo menos, los siguientes supuestos: (i) que el juez de la causa se prevalga de un exhorto o despacho para conseguir la ejecución; (ii) que la parte interesada se ocupe de hacer entrega del oficio de descuento a la parte patronal y así lo acredite ante el juez; (iii) o bien, si la legislación procesal así lo autoriza, que el juez remita el oficio directamente al responsable de la fuente de trabajo, aun cuando la diligencia deba practicarse en un distrito judicial distinto de aquel en el que se sigue el juicio, siempre y cuando se encuentre dentro del territorio del Estado. Si se trata del primer supuesto, el juez de distrito competente será el del lugar en que dicho exhorto se ejecute, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene un papel destacado, lo cierto es que la autoridad exhortada se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición, es quien enfrenta directamente al particular afectado. En el segundo caso, sólo interviene una autoridad -la que giró el citado oficio-, quien reúne tanto el carácter de ordenadora como de ejecutora, pues sólo se prevale de la gestión del gobernado en su carácter de auxiliar en la administración de justicia, por lo que será juez competente aquel en cuya jurisdicción reside la referida autoridad. Y en cuanto al último supuesto, también es la propia autoridad ordenadora quien asumirá el carácter de autoridad ejecutora, de ahí que será igualmente competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el juez de la causa. De igual manera, se invoca la tesis con datos y texto siguiente: Época: Novena Época Registro: 200781 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo I, Junio de 1995 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 13/95 Página: 107 COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCION ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades. Al respecto, también resulta aplicable la tesis visible en la página 90, tomo 205-216, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "COMPETENCIA. ARTICULO 36, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO. Con la reforma al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo por decreto de 30 de diciembre de 1983, vigente a partir del 16 de marzo de 1984, se establece que cuando sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de garantías, lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; que si éste ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente, y que, cuando la resolución reclamada no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que la hubiera emitido. El texto vigente del mencionado precepto legal no concibe ya la hipótesis de la resolución que con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse, por lo que aun en ese caso resulta aplicable el párrafo primero del numeral en comento." En ese sentido, toda vez que el expediente del que emanan los actos reclamados ***** se tramita ante el Juzgado Séptimo de lo Familiar de la Ciudad de México, lugar donde se está ejecutando el acto reclamado, en términos de lo dispuesto en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional DECLARA CARECER DE COMPETENCIA LEGAL para conocer de la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y el acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado, se declara legalmente carente de competencia por razón de territorio para conocer de la presente demanda de garantías, y por ende, se ordena remitirla al Juzgado de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno, por considerar que es el competente para conocerla, solicitándole el acuse de recibo de estilo correspondiente y comunique la determinación asumida al respecto. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. NOTIFICACIÓN PERSONAL En virtud de la resolución adoptada, se considera innecesario ordenar la notificación personal del presente acuerdo a la parte quejosa, dado que este juzgado consideró carecer de competencia legal para el conocimiento del asunto y, en consecuencia, corresponderá al juez que se considera competente efectuar el respectivo pronunciamiento por ser el facultado para resolver lo que en derecho proceda sobre la demanda. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES De conformidad con el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en esta ciudad. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS A ******, se le tiene como autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y a las diversas personas en términos restringidos, en atención a la certificación de cuenta. INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO Por otra parte, se invita al quejoso y al resto de las partes a que proponga diversos medios de contacto, que pueden ser, número telefónicos, correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que intervengan en el proceso, para los efectos señalados en el párrafo que antecede. Ello, sin perjuicio del usuario señalado para oír y recibir notificaciones. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, en términos de lo ordenado en el artículo 28 del Acuerdo General multicitado, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". En ese orden, deberán cumplir con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con los diversos Acuerdos Generales 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. ATENCIÓN DE MEDIDAS DE HIGIENE EN DILIGENCIAS ACTUARIALES Se conmina a los actuarios a que las diligencias que se ordenen en este sumario las realicen atendiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF que realizan notificaciones. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21, último párrafo, de la ley de la materia, se habilita a los fedatarios de la adscripción para que, de ser necesario, realicen las diligencias que se ordenen en este sumario, aún en días y horas inhábiles, a fin de no dilatar su tramitación. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. ACCESO A LA INFORMACIÓN En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Notifíquese.

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