Gerardo Uribe López
Expediente 710/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 710/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Gerardo Uribe López
- Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Acapulco
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio 159-II-A, firmado por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala de la Independencia; mediante el cual acusa recibo del diverso 12362/2020, con el que se le remitió la demanda de amparo promovida por Gerardo Uribe López, por su propio derecho, e informa que ese Juzgado de Distrito asume la competencia planteada por este Órgano de Control Constitucional y se avoca a su conocimiento; consecuentemente, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y archívese este expediente como asunto concluido....Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Gerardo Uribe López, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Iguala, Guerrero, y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16, 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 60 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, fórmese el expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 710/2020- III. En principio, resulta preciso destacar que las cuestiones de competencia son de orden público, previo, especial y oficioso pronunciamiento, por imperativo del artículo 16 Constitucional. Ahora bien, de un estudio efectuado a la demanda que nos ocupa, se advierte que el quejoso acude a este órgano de justicia federal a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Iguala, Guerrero, y otras autoridades, de quienes reclama la anotación preventiva que aparece en el folio de derechos reales 53103, bajo el cual se encuentra registrado el inmueble ubicado en calle Enrique C. Rebsamen, s/n, fracción, denominado Llano del Perote, del Municipio de Buena Vista de Cuellar, el cual refiere es de su propiedad, a través del cual se materializó un embargo derivado de un juicio laboral. Ahora bien, la competencia constitucional de los Jueces de Distrito está prevista en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada en el numeral 37 de la Ley de Amparo, los cuales establecen: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)" Este precepto es claro al establecer que el juicio de amparo se promoverá ante el juez de distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, destacando que para efectos de su tramitación, entre otros requisitos, se limitará al informe de la autoridad señalada como responsable; por ende, siendo ésta la intención del legislador, no puede quedar abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier juez de distrito para efectos de que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. Por lo que, este Juzgado de Distrito considera que carece de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, por las razones que enseguida se exponen: Para arribar a tal determinación es necesario tener en consideración lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: LEY DE AMPARO: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trata de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del análisis del precepto 37 se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación en el orden siguiente: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en el lugar en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y se siga ejecutando en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por lo cual, en principio, debe calificarse el acto reclamado a fin de establecer si posee ejecución material o bien, si se trata de un acto que tenga efectos meramente declarativos. En caso de que el acto reclamado conlleve una ejecución material, se deben analizar las características de ésta. El análisis de la ejecución se debe llevar a cabo vinculando los efectos de los actos reclamados con la garantía constitucional que se encuentre en juego, es decir, se deben ponderar las consecuencias directas que produce el acto, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. De lo anterior, se advierte que el lugar de ejecución del acto impugnado juega un papel preponderante para determinar la competencia por territorio de los jueces; empero, no obstante esa singular relevancia, también debe atenderse a la naturaleza jurídica de los referidos actos, pues existen casos en los que se impugnan actos dictados en un juicio o procedimiento que se tramita en el ámbito de competencia de un determinado Juez de Distrito, pero que puede tener diversas consecuencias legales en otras circunscripciones territoriales, supuesto en el que debe analizarse cuál es la materia sobre la que versará el juicio de amparo, es decir, debe verificarse cuál es el acto principal atrayente y, fundamentalmente, quién es la parte que ejerce la acción de garantías. De la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama la anotación preventiva que aparece en el folio de derechos reales 53103, bajo el cual se encuentra registrado el inmueble ubicado en calle Enrique C. Rebsamen, s/n, fracción, denominado Llano del Perote, del Municipio de Buena Vista de Cuellar, el cual refiere es de su propiedad, a través del cual se materializó un embargo derivado de un juicio laboral. Al respecto, conforme al Acuerdo General 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se obtiene que corresponde a los Juzgados de Distrito en el Estado, con domicilio en Iguala, ejercer jurisdicción territorial en el municipio de Buena Vista de Cuellar, Guerrero. En ese sentido, si el quejoso reclama la anotación preventiva que aparece en el folio de derechos reales 53103, bajo el cual se encuentra registrado el inmueble ubicado en calle Enrique C. Rebsamen, s/n, fracción, denominado Llano del Perote, del Municipio de Buena Vista de Cuellar, el cual refiere es de su propiedad, a través del cual se materializó un embargo derivado de un juicio laboral, es incuestionable que el acto combatido se ejecutó en el Municipio de Buena Vista de Cuellar, Guerrero, es decir, fuera de la jurisdicción de este Juzgado Federal. En tales circunstancias, la competencia para conocer del presente juicio de amparo se surte a favor de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Iguala, Guerrero. Resulta aplicable por analogía la tesis integrada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil doscientos noventa y nueve, del Tomo XIV, agosto de dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. En las anotadas condiciones, de conformidad con el considerando Sexto y el artículo 21 del Acuerdo General 14/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, así como la designación, supervisión y responsabilidades de los servidores públicos que las integren; remítase la demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Iguala, Guerrero, a efecto de que se hagan las anotaciones correspondientes y lo turne al Juez de Distrito en Turno en el Estado, con domicilio en la localidad mencionada, a fin de que en términos de lo dispuesto por el artículo 48 de la citada ley, resuelva dentro de cuarenta y ocho horas, si acepta o no el conocimiento del asunto. Fórmese cuaderno de antecedentes, que deberá integrarse con copia certificada de la demanda de garantías, debiendo además realizarse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, para los efectos legales y estadísticos a que haya lugar. Por otro lado, se tiene como autorizado en términos de la primera parte del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados en Derecho Juan Carlos Juárez González, cuya cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y las demás personas únicamente para oírlas e imponerse de los autos, toda vez que no cumplen con ese requisito. Ahora bien, dado que el quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Enrique C. Rebsamen, s/n, fracción, denominado Llano del Perote, del Municipio de Buena Vista de Cuellar; con fundamento en el artículo 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 158, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el diverso 26, fracción I, inciso a) de la ley de la materia, gírese atento exhorto vía electrónica, mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al Juez de Distrito en Turno en el Estado, residente en Iguala, Guerrero, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda, notifique el presente auto al peticionario de amparo, y lo requiera para que en el momento de practicar ese acto procesal o en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que les surta efectos la notificación, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se practicarán por lista de conformidad con el precepto 29 de la ley de la materia, toda vez que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley de Amparo, en su fracción I y los numerales 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la propia Ley, es un requisito previo e indispensable para poder efectuar notificaciones personales, que se señale domicilio en el lugar de residencia del órgano jurisdiccional al que se acude. Sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, ello en atención a que el Sistema Electrónico de Seguimiento de Expediente, expide un documento con motivo de dicha remisión digital, que por mayoría de razón se equipara a un acuse físico semejante al plasmado por el oficial de partes de los órganos judiciales al recibir una promoción u oficio físico, lo que se robustece con el contenido de los artículos 4 y 7 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de abril de dos mil diecisiete, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, de aplicación analógica a la presente situación. Asimismo, hágase saber al juez exhortado que de ser necesario, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, habilite días y horas inhábiles para realizar las diligencias necesarias. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo del dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como lo establecido en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva.
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