Gerardo Torres Quevedo

Expediente 492/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 21 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
492/2016
Año
2016
Actuaciones
21
Última actuación
23/11/2016

Partes del expediente

  • Gerardo Torres Quevedo
  • Lic. Herausil Maesher Silva Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis. Vistos los presentes autos y advirtiéndose de los mismos que la parte quejosa quedó notificada de lo determinado en proveído de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, en el cual se declaró la imposibilidad legal de cumplir la sentencia de amparo, sin que al efecto hubiera interpuesto el recurso de inconformidad dentro del término de quince días a que se contrae el primer párrafo del artículo 202, de la Ley de Amparo vigente; en tal virtud, es de estimarse que consintieron tácitamente el proveído de que se trata. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo, del acuerdo citado; es susceptible de depuración; en su oportunidad, deberá conservarse en el archivo de valor jurídico la demanda y la sentencia respectivas; Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en los puntos décimo y décimo primero del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, advirtiéndose de los mismos, que ya se dictó interlocutoria en este incidente, asimismo que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece; en tal virtud, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. En atención a lo anterior, y al advertirse que se concedió la medida cautelar a la parte quejosa, con fundamento en lo establecido en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido, este juzgador estima que carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado, por lo que: Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria. Respecto al original, en su oportunidad, consérvese en el archivo de valor jurídico la demanda de amparo, así como la resolución relativa al otorgamiento de la medida cautelar, y procédase a su digitalización. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Finalmente, se hace constar que en el presente expediente no se promovió incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, ni se promovió recurso alguno. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis . Visto el estado que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que el artículo 86 de la Ley de Amparo, establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Gerardo Torres Quevedo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 2° de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte glósese los oficios suscritos por las autoridades responsables mediante el cual informan que con fecha once de octubre del año que transcurre, el quejoso Gerardo Torres Quevedo, egresó del Centro Federal de Readapatación Social número 13 "CPS-OAXACA", al haber compurgado en su totalidad la pena de prisión impuesta por el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez. En virtud de lo anterior, al haber egresado el agraviado de ese Centro Federal por los motivos expuestos, se advierte, existe imposibilidad real y jurídica para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Tiene aplicación en lo conducente, la tesis III/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo XVII, Febrero de 2003, visible a página 216 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración; máxime que conforme a la ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera, y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla." En ese sentido, este órgano jurisdiccional declara que existe imposibilidad legal para cumplir con la sentencia de amparo. Finalmente, toda vez que en párrafos que antecede se tuvo a las responsables informando el egreso del quejoso Gerardo Torres Quevedo, con fundamento en el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, se ordena notificarle por lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado, el presente proveído y las subsecuentes notificaciones que surjan en este juicio de amparo, aún las de carácter personal, hasta en tanto designe domicilio para ello. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 492/2016; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. GERARDO TORRES QUEVEDO, por su propio derecho, mediante escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Directora General y Titular del Área Médica, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "C.P.S.", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, que hizo consistir en: la falta de atención médica, que estima violatorio de sus derechos fundamentales contenidos en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Mediante proveído de treinta de marzo de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de que se trata, solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, dio la intervención que legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo con el resultado del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo disponen los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 5°, 35, 107, 124 y relativos de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. La directora General y el Titular del Área Médica, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "C.P.S.", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, no rindieron su informe justificado, no obstante haber quedado legalmente notificados de su petición, como se desprende de la constancia respectiva; en ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, de la Ley de Amparo, surge en su contra la presunción de certeza del acto que se les reclama. TERCERO. Suplidos en su deficiencia los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se estiman fundados, tomando en consideración que el agraviado se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Para demostrar lo anterior, conviene transcribir lo dispuesto por el artículo 4 Constitucional, el cual en lo que interesa dispone: "Artículo 4º. (.) Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución." El análisis del precepto constitucional transcrito permite advertir el derecho fundamental que toda persona tiene a que su salud sea protegida y la obligación del Estado de definir las bases y modalidades para lograr el acceso a los servicios de salud en las diferentes instancias. Sobre el tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; así como que la protección de ese derecho incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella, para alcanzar el más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social, en congruencia con los instrumentos internacionales firmados por México sobre este derecho. Tal criterio se encuentra contenido en las tesis LXV/2008 y XXIII/2013, consultables en las páginas 457 del Tomo XXVIII, julio de 2008, y 626 del Libro XVI, Tomo I, enero de 2013, Novena y Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que respectivamente señalan: "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 'Protocolo de San Salvador', según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no solo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud." "DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD. IMPONE DEBERES TANTO A LOS PODERES PÚBLICOS COMO A LOS PARTICULARES QUE SE DEDICAN AL ÁMBITO DE LA SALUD. El derecho a la salud consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone deberes complejos a todos los poderes públicos dentro del Estado, desde el legislador y la administración, hospitales públicos y su personal médico, hasta los tribunales; pero también a los particulares, tales como los médicos, hospitales privados, empleadores y administradores de fondos de pensiones y jubilaciones. En consecuencia, del análisis del contenido y estructura del derecho fundamental a la salud, se desprende que éste es vinculante no sólo frente a los órganos del Estado, sino que adicionalmente, posee eficacia jurídica en ciertas relaciones entre particulares. Por ello, en los asuntos de su conocimiento, los tribunales deben atender a la influencia de los valores que subyacen en el derecho a la salud, fungiendo como un vínculo entre la Constitución y los particulares al momento en que resuelven un caso concreto. Así las cosas, en virtud de la fuerza normativa de la Constitución, no resulta compatible concebir que los hospitales privados y su personal médico son regidos únicamente bajo figuras de derecho privado, en especial cuando estos sujetos obran en aras a la protección de la salud de las personas. En efecto, en virtud de la complejidad de los sistemas jurídicos en la actualidad, y de la estrecha relación entre sus componentes normativos, es claro que existen numerosos ámbitos en los cuales no se puede hacer una división clara y tajante entre derecho público y privado. Lo anterior se actualiza en el ámbito de los hospitales privados y su personal médico, ya que su actuar tiene repercusiones en la protección de la salud de los pacientes. En conclusión, no puede negarse que el objetivo consistente en proteger el derecho a la salud de los pacientes es un fin público, pues excede el mero interés de los particulares al ser una meta inherente del Estado mexicano." De lo que se sigue, que el derecho fundamental a la salud no pierde su eficacia por el hecho de que una persona se encuentre privada de su libertad, pues aun de ser condenada por la comisión de un delito, continúa gozando de esa prerrogativa por ser una garantía inherente a la persona. En el caso que se analiza, la obligación constitucional en materia de salud a cargo de la autoridad penitenciaria, se encuentra regulada en el Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, en cuyo capítulo VIII se establece: ".DE LOS SERVICIOS MÉDICOS Artículo 49. Los servicios médicos del Centro Federal tendrán por objeto velar por la salud física y mental de los internos. El Titular del Área de Servicios Médicos realizará campañas permanentes para la prevención y erradicación de enfermedades y la planificación familiar, y proporcionará a los internos la atención necesaria. El Área de Servicios Médicos deberá contar, al menos, con los insumos del cuadro básico de medicamentos de la Secretaría de Salud. Artículo 50. La atención médica de los internos se realizará en las instalaciones del Centro Federal por personal dependiente del Área de Servicios Médicos. Sólo en casos extraordinarios en que por su gravedad así lo requieran, previo dictamen del Área de Servicios Médicos del Centro Federal, podrá autorizar por escrito: I. El acceso de médicos de instituciones públicas del sector salud a las instalaciones del Centro Federal para que brinden atención médica a los internos. Esta autorización podrá otorgarla el Director General bajo su más estricta responsabilidad, o II. El traslado de internos a instituciones públicas del sector salud para su atención médica. Esta autorización únicamente podrá otorgarla el Comisionado o el Coordinador General en su ausencia. El Director General deberá notificar de inmediato al Coordinador General los casos a que se refiere la fracción I de este artículo. Tratándose de procesados, también deberá informar por escrito a la autoridad judicial que tenga a su cargo el proceso. Artículo 51. El Comisionado celebrará convenios con instituciones públicas del sector salud para los casos a que se refiere el artículo anterior, así como para el desarrollo de acciones y de programas específicos. Artículo 52. El traslado de un interno a una institución pública del sector salud, así como su custodia durante su internamiento en ésta, se realizará bajo la más estricta responsabilidad del Director General, quien para tal efecto podrá solicitar el apoyo de las fuerzas de seguridad pública. Artículo 53. La intervención de médicos particulares sólo procederá en casos graves cuando las instituciones públicas del sector salud con las que se haya celebrado convenio, manifiesten su incapacidad para otorgar el servicio. Para ello, se requerirá de la autorización por escrito del Director General previo dictamen del Área de Servicios Médicos, quien deberá informar de inmediato al Coordinador General. Los gastos y honorarios derivados de la intervención correrán a cargo del interno y la responsabilidad profesional corresponderá al médico particular. Artículo 54. Cuando del diagnóstico del Área de Servicios Médicos, se desprenda la necesidad de aplicar medidas terapéuticas que impliquen riesgo para la vida o la integridad física del interno, se requerirá de su consentimiento por escrito, salvo en casos de emergencia y aquéllos en que el interno atente contra su integridad. Si el interno no se encuentra en condiciones de otorgar su consentimiento, éste podrá suplirse con el de su cónyuge, ascendiente, descendiente o de la persona previamente designada por él y, en su ausencia, por el Director General, previa consulta con el Coordinador General. Artículo 55. Los internos que padezcan enfermedades infectocontagiosas estarán sujetos a medidas de prevención de contagio y deberán estar alojados en lugar aparte al de los demás internos, donde recibirán el tratamiento adecuado en la medida de las posibilidades del Centro Federal." De las porciones normativas transcritas se advierte que los servicios médicos de los Centros Federales de Readaptación Social tienen la obligación de velar por la salud física y mental de los internos, a quienes les proporcionarán la atención médica necesaria dentro de sus instalaciones; para lo cual, el Comisionado, es decir, el Titular de Prevención y Readaptación Social, debe celebrar convenios con instituciones públicas del sector salud para que acudan a dichos centros a brindar los servicios médicos que no estén en aptitud de proporcionar con los recursos humanos o materiales con los que cuenten; inclusive, cuando el caso así lo exija, pueden autorizar el traslado de un interno a un centro de salud para su atención. De lo que se sigue que el derecho a la salud de los reclusos no se limita al diagnóstico de una enfermedad o padecimiento sino al acceso al tratamiento respectivo, desde luego, cuando el Estado esté en aptitud de proporcionarlo de acuerdo con los recursos que disponga. Ahora bien, una vez que se ha expuesto la obligación de la autoridad carcelaria de proporcionar atención médica a la población penitenciaria; en la especie, se evidencia que las responsables, pues de autos no se desprende lo contrario, han omitido proporcionar al aquí quejoso GERARDO TORRES QUEVEDO, la atención médica correspondiente, en especial, respecto de la hepatitis "C", que refiere padecer. En tal virtud, se estima que las autoridades responsables han incumplido con su obligación de preservar y restablecer el derecho a la salud del inconforme, al no proporcionarle la atención médica correspondiente, con la finalidad de determinar el tratamiento respectivo a sus padecimientos, en especial, el de hepatitis "C"; omisión que constituye una violación a su derecho fundamental consagrado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que debe ser reparada, circunstancia que se corrobora con la situación de haber sido omisas en rendir su informe justificado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 574 del Tomo II, diciembre de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SALUD, DERECHO A LA. LA AUTORIDAD DEL RAMO NO PUEDE NEGARSE A PROPORCIONAR TRATAMIENTO A UN PROCESADO. Si conforme a lo establecido por el artículo 4o. de la Constitución General de la República, toda persona tiene derecho a la protección de su salud y acceso a los servicios correspondientes, el quejoso tiene tal derecho, lo que se traduce en recibir el tratamiento requerido. Luego, con el hecho de que el secretario de Salud del Estado de Tlaxcala, no proporcione la atención médica a un procesado y niegue su traslado a un hospital especializado, es inconcuso que viola esa garantía individual consagrada en el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución General de la República. En ese contexto, lo procedente es conceder el amparo solicitado por el quejoso GERARDO TORRES QUEVEDO, para el efecto que la Directora General y Titular del Área Médica, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "C.P.S.", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las gestiones necesarias para que de inmediato se le proporcione la atención médica respectiva, así como el tratamiento adecuado a sus padecimientos, en especial, al de hepatitis "C". Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1º, fracción I, 2º, 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a GERARDO TORRES QUEVEDO, contra el acto reclamado a la Directora General y Titular del Área Médica, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "C.P.S.", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, consistente en la falta de atención médica, para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE.

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