Gerardo Torres Gallardo
Expediente 1057/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1057/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Gerardo Torres Gallardo
Actuaciones
- Principal
I. Causa estado. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido el auto en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, con relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales. Como el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. II. Valoración del expediente. Este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años, por encontrarse en alguno de los supuestos a que se refieren las fracciones I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, X del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, dado que carece de relevancia documental y no encuentra en las hipótesis contempladas en los numerales 15, 17 y 18 del citado Acuerdo General, por lo que en términos del artículo 9 del referido Acuerdo General, resguárdese en este órgano jurisdiccional por el referido plazo, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De acuerdo al numeral 34 del propio Acuerdo General, en la carátula del expediente insértese la leyenda "Destruible" mediante uso de sello. Notifíquese.
- Principal
I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por derecho propio, contra actos del Titular del Juzgado Segundo en Materia Familiar de Control y Enjuiciamiento en Materia Penal Especializado en Niñas, Niños y Adolescentes. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 1057/2023. 1.-Desechamiento Del análisis del ocurso de cuenta, se advierte que es improcedente y, por tanto, debe desecharse. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia P./J. 128/2001, cuyo rubro y texto establecen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA' PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMAND" Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista de la juzgadora y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. a. Demanda extemporánea. Bajo ese contexto, debe desecharse por notoriamente improcedente la demanda de amparo en estudio ya que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 17 y 18 de la Ley de Amparo, toda vez que la presentación de la demanda excede el plazo establecido por la invocada ley y, por tanto, debe presumirse consentido tácitamente el acto reclamado. A fin de sustentar la afirmación anterior, es menester observar el contenido de dichos numerales, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Los preceptos legales transcritos, establecen las reglas para la presentación de la demanda de amparo, respecto a la oportunidad en que debe promoverse. Así, el párrafo primero del artículo 17 referido, precisa, como regla general, que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, contado a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación a la parte quejosa del acto o resolución que se reclama, pero atendiendo siempre a la ley que rija aquel acto; o bien, al día siguiente en que la parte peticionaria de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, en su caso, al día siguiente en que el promovente se hubiese ostentado sabedor de los actos refutados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del transcrito precepto legal 17, prevé las excepciones a la regla general, esto es: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. En el caso, el acto reclamado no está dentro de los supuestos de excepción que establece el numeral citado, por ende, la parte quejosa contaba con el plazo de quince días para instar el juicio constitucional, de acuerdo a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo. Ahora, de la interpretación armónica de todos los artículos invocados, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendidos estos, como aquellos contra los que no se promueva el juicio dentro del plazo de quince días Lapso que el dispositivo 18 de la citada legislación, prevé que se contabiliza de la siguiente forma: I. A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; II. A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento se haya ostentado sabedor del acto que reclama o de su ejecución; o, III. A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Es aplicable al caso, la jurisprudencia XXI.2º.P.A.J/32, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de dos mil diez, página mil novecientos treinta y uno, materia común, registro 165582, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA)" Destacan estas formas para computar el plazo de quince días, dentro del cual ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente presentada, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí, dado que de la primera, se deriva la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad en virtud de la que, en fecha precisa, se hace saber al agraviado el acto reclamado, esto es, mediante una notificación practicada de manera legal y por ende, válida para efectos del aludido cómputo, mientras no se demuestre su nulidad o ilegalidad. La segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve la certeza de que éste tuvo conocimiento, en determinada fecha de los actos reclamados; empero, ese conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de amparo conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado, es decir, de manera integral, según lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia con número de registro 917538, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO.- El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones" La tercer forma contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo, se contará desde el día siguiente al que "se ostente sabedor del acto reclamado o, de su ejecución", lo que implica una aceptación del quejoso a través de la cual manifiesta que conoce el acto reclamado; conducta que entraña una confesión expresa que evidencia la fecha de conocimiento. Cuando el quejoso se manifiesta sabedor en determinada fecha de los actos reclamados, no es necesario que además, se exija que conoció en forma plena, directa y completa, toda vez que ello se evidencia de ese reconocimiento, de tal manera que basta con que, con pleno conocimiento de lo que expresa, se ostente enterado del acto reclamado en determinada fecha, sin que medie coacción ni violencia de tal hecho, para que el juzgador de amparo contabilice el plazo para la presentación de la demanda a partir de esa manifestación. Precisadas las características esenciales de las tres hipótesis previstas en el artículo 18 de la Ley de Amparo, debe señalarse que las mismas no guardan un orden de preferencia; sino que la intención del legislador fue establecer que para la promoción del juicio de amparo comenzará a computarse a partir del día siguiente al en que se verifica cualquiera de los tres supuestos establecidos en el invocado numeral. Ahora, en el caso, el acto que se reclama encuadra en la primera hipótesis para computar el plazo de quince días, ya que la parte quejosa quedó notificada del auto de vinculación que reclama el día en el que se celebró la audiencia respectiva. Esto es así, puesto que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: "El auto de vinculación a proceso de fecha siete de julio de dos mil veintitrés, emitido en la causa penal ***". De lo anterior se sigue que el peticionario de la tutela federal quedó notificado de tal resolución que en esta vía combate, el siete de julio de este año, ya que se encontraba presente en la audiencia en donde se emitió el auto de vinculación que mediante esta vía controvierte. En ese sentido, el numeral 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone: "Artículo 82. Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: a) En Audiencia; b) Por alguno de los medios tecnológicos señalados por el interesado o su representante legal; c) En las instalaciones del Órgano jurisdiccional, o d) En el domicilio que éste establezca para tal efecto. Las realizadas en domicilio se harán de conformidad con las reglas siguientes: 1) El notificador deberá cerciorarse de que se trata del domicilio señalado. Acto seguido, se requerirá la presencia del interesado o su representante legal. Una vez que cualquiera de ellos se haya identificado, le entregará copia del auto o la resolución que deba notificarse y recabará su firma, asentando los datos del documento oficial con el que se identifique. Asimismo, se deberán asentar en el acta de notificación, los datos de identificación del servidor público que la practique; 2) De no encontrarse el interesado o su representante legal en la primera notificación, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio, y 3) En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia que se practique; II. Lista, Estrado o Boletín Judicial según corresponda, y III. Por edictos, cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, en cuyo caso se publicará por una sola ocasión en el medio de publicación oficial de la Federación o de las Entidades federativas y en un periódico de circulación nacional, los cuales deberán contener un resumen de la resolución que deba notificarse. Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación". De conformidad con el artículo transcrito, se entenderán notificadas de manera personal las resoluciones emitidas en las audiencias, las cuales surtirán sus efectos al día siguiente en que fueron practicadas. Por ello, el cómputo de los quince días para la promoción del presente juicio debe computarse a partir del once de julio de dos mil veintitrés y feneció el treinta y uno de ese mismo mes y año, sin contar los días inhábiles conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación Por consiguiente, si la demanda de amparo se presentó con fecha cuatro de agosto de dos mil veintitrés en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, según consta del sello estampado en la propia demanda, es evidente que transcurrieron en exceso los quince días para su promoción y, por tanto, resulta extemporánea. En mérito de lo expuesto, el acto reclamado se presume consentido tácitamente, de conformidad con el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Lo anterior actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia en estudio, pues como lo consideró el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar el numeral 21 de la Ley de Amparo abrogada, el cual no se opone a los artículos 17 y 18 de la Ley vigente, la esencia de esa disposición "se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de garantías, el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que tal fecha constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. En las relatadas consideraciones, con fundamento en el arábigo 113 de la ley en consulta, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejoso: ***. a. Domicilio. El señalado en la propia demanda. b. Autorizados. Se tiene como autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado ***, al contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones al licenciado ***, ya que por lo que a él respecta, no se encuentra acreditado el carácter de abogado, sin perjuicio de que pueda acreditarlo con posterioridad. c. Proporciona número telefónico y correo electrónico. Se le tiene proporcionado correo electrónico y número telefónico de contacto. d. Acceso al expediente electrónico. Como lo solicita, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 21, 35 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza el acceso al expediente con el usuario ***". V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VI. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. VII. Digitalización e incorporación de constancias físicas al expediente electrónico. En términos del artículo 263, fracciones II y V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, los documentos recibidos físicamente deberán ser digitalizados e incorporados al expediente electrónico mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) por la persona funcionaria pública a la que sea encomendada esa labor; en el entendido que las constancias físicas deberán coincidir con las integradas al expediente electrónico. Notifíquese personalmente.
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