Gerardo Soto Herrera

Expediente 361/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
361/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
19/08/2016

Partes del expediente

  • Gerardo Soto Herrera

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el término cinco días para que la parte quejosa recurriera el acuerdo de uno de agosto de dos mil dieciséis, en el que se desechó la demanda de amparo ya feneció, sin que se haya interpuesto recurso; por lo que con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    con fundamento en el artículo 26, 27 y 29 de la ley de amparo, hago efectivo el apercibimiento del aviso de dos de agosto de dos mil dieciséis, dejado en el domicilio procesal del quejoso, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de uno de agosto de dos mil dieciséis, por lista y por lista en una página electrónica al QUEJOSO que dice...Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Gerardo Soto Herrera, contra actos de: 1. Presidente Municipal del XXI Ayuntamiento de Ensenada. Ciudad 2. Coordinador Jurídico de la Dirección de Seguridad Pública Municipal del XXI Ayuntamiento de Ensenada. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número 361/2016-I-B. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 ó 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por el quejoso, consistente en: "Reclamo la inconstitucionalidad del acto de prohibirme manifestarme desnudo en un recorrido ciclista en los términos como lo solicite respetuosamente y cumpliendo con todas las disposiciones legales, así como con la debida fundamentación y motivación. Lo anterior, toda vez que considero que manifestarse al desnudo con el objetivo o fin informado debidamente al C. Presidente Municipal del XXI Ayuntamiento de Ensenada no constituye ilícito o falta administrativa alguna, y es por lo que en base a esto recurro, ante Usted C. JUEZ DE DISTRITO, solicitando el Amparo y Protección de la Justicia Federal para el efecto de que se declare la inconstitucionalidad del acto de autoridad que me fuera notificado el día ocho de julio de 2016." Lo anterior, pues a juicio de quien resuelve se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo, 61, de la Ley de Amparo, que señala: "61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la presente consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando solo se aleguen violaciones directas a la constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia [.]". Según se advierte del precepto legal señalado con antelación, cuando se reclamen actos de autoridades no jurisdiccionales, como en la especie, es menester que, previamente al ejercicio de la acción constitucional, se agote el juicio, recurso o medios de defensa procedentes por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que las mismas leyes suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva; y, el acto no carezca de fundamentación. De ahí que, los actos reclamados a la autoridad responsable son impugnables cuando menos a través del juicio respectivo ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Baja California. En efecto, se actualiza la causal de improcedencia de referencia, toda vez que de conformidad con los numerales 2º y 22, fracción I de la Ley del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, en su contra procede juicio ante dicho Tribunal. "ARTICULO 2o.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, tendrá a su cargo dirimir las controversias de carácter administrativo que se susciten entre la Administración Pública del Estado, los Municipios, y Organismos Descentralizados, y los particulares; así como entre el fisco estatal y los fiscos municipales, sobre preferencias en el cobro de créditos fiscales." "ARTICULO 22.- Las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo son competentes para conocer de los juicios que se promuevan en contra de los actos o resoluciones definitivas siguientes: I.- Los de carácter administrativo emanados de las Autoridades Estatales, Municipales o de sus Organismos Descentralizados, cuando éstos actúen como autoridades, que causen agravio a los particulares [.]." De lo anterior, se advierte que antes de entablar el presente juicio, la parte quejosa se encuentra en aptitud legal de promover el juicio contencioso administrativo que establece la Ley del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, en su artículo 2° en directa relación con la fracción I del artículo 22, de la citada Ley, de los actos que por esta vía se duelen, en virtud de que existe la certeza de tal medio de impugnación, según quedó precisado en el párrafo que antecede, previo al juicio de garantías. Apoya lo anterior, la circunstancia de que en relación con la tramitación del juicio administrativo, la Ley en cita, no exige mayores requisitos que los que contempla la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, puesto que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, solo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propias de cada juicio, así, tanto en uno como en otro, la suspensión debe solicitarse por escrito; esta solicitud es oportuna, desde la demanda hasta antes de la sentencia, (en amparo, la ejecutoria, obviamente), en ambos juicios operan la suspensión provisional y la definitiva; asimismo, la medida cautelar procede cuando, de otorgarse no cause perjuicio al interés general, estableciéndose también, en uno y otro, que si la suspensión puede ocasionar daños y perjuicios a alguna de las partes, se exigirá garantía al solicitante en términos y condiciones que son muy semejantes; por lo que respecta al juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que establece el citado ordenamiento, no opera la excepción al principio de definitividad que disponen tanto la fracción IV del artículo 107 de la Ley Suprema como el propio numeral 61, fracción XX de la Ley de Amparo, a saber: que el ordenamiento que rija los medios de defensa ordinarios no exija, para otorgar la suspensión, mayores requisitos que los previstos en la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. En consecuencia, debe agotarse dicho juicio, previo a intentar la vía constitucional, en contra de los actos impugnables ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia XV.4o. J/6, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo XXVI, agosto de dos mil siete, Novena Época, página mil quinientos catorce, registro 171590, que dice: "SUSPENSIÓN CONTRA RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL SISTEMA NORMATIVO QUE LA PREVÉ, NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD PREVIO A INTENTAR LA VÍA CONSTITUCIONAL. Del examen comparativo de los artículos 59 a 62 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, con los artículos 124, 125 y 135 de la Ley de Amparo, se advierte que los requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad no son mayores que los establecidos para suspender el acto reclamado en el juicio de garantías, puesto que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; así, tanto en uno como en otro, la suspensión debe solicitarse por escrito; esta solicitud es oportuna desde la demanda hasta antes de la sentencia (en amparo, la ejecutoria, obviamente); en ambos juicios operan la suspensión provisional y la definitiva; asimismo, la medida cautelar procede cuando, de otorgarse, no cause perjuicio al interés general ni contravenga disposiciones de orden público, estableciéndose también, en uno y otro, que si la suspensión puede ocasionar daños y perjuicios a alguna de las partes, se exigirá garantía al solicitante en términos y condiciones que son muy semejantes; por lo tanto, salvo que se actualice alguna diversa excepción al principio de definitividad, debe agotarse el juicio de nulidad previo a intentar la vía constitucional, en contra de los actos impugnables ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado." Luego, al consistir el acto reclamado en el presente asunto en una determinación de carácter administrativa emitida por una autoridad municipal como lo es el Presidente Municipal del XXI Ayuntamiento de Ensenada, quien actuó como autoridad y que a dicho del quejoso le causa agravios, antes de ocurrir a la vía constitucional, estaba obligada la parte quejosa a agotar los medios ordinarios de defensa legal que prevé la legislación procesal y que se establecieron con antelación y al no hacerlo así, no se cumple con el principio de definitividad, el cual es presupuesto básico para la procedencia del amparo, pues sólo es factible cuando se hayan agotado los recursos o medios de defensa por virtud de los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados como es el caso. Sirve de apoyo la jurisprudencia número VI.2o.C. J/260, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en el Tomo XXIII, Marzo de 2006, página 1816, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, cuyo rubro y tenor es el siguiente: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Asimismo, como la jurisprudencia I.3o.C. J/39, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, página 1214, agosto de 2007, registro 171803, Materia Común, que establece: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad. Así como, la diversa jurisprudencia 447, visible en la página 297, tomo VI, Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." Siendo importante señalar que en el presente asunto no se surte la excepción prevista en la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, que se analiza, consistente en que no existe obligación de agotar el medio ordinario de defensa referido en párrafos anteriores, cuando el acto reclamado carezca de fundamentación. Lo anterior es así, pues la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto; sin embargo, del análisis del contenido del escrito demanda se advierte con claridad que el quejoso no reclama del acto que aquí combate la falta de fundamentación del mismo, por tanto no se actualiza dicha excepción al principio de definitividad. Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 113 en relación con el 61 fracción XX, de la Ley de Amparo en vigor, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por el quejoso, por resultar notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que señala en su escrito; y como autorizados a los profesionistas que señala en el mismo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente.

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