Gerardo Soto Burciaga
Expediente 1221/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 31 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1221/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 04/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Gerardo Soto Burciaga
- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
- GERARDO SOTO BURCIAGA y Otros.
- Alejandra Yareli Flores Diaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; cuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto se tiene por recibido el oficio con anexo signado por el Actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, mediante el cual, informa el contenido del auto de tres de los actuales, dictado en el recurso de queja ****, formado con motivo del medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa contra el acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa. Archivo y anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que la Superioridad declaró que dicho medio de impugnación quedó sin materia. Archivo de expediente. Se levanta la reserva decretada en autos, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. No se tramitó incidente de suspensión. Destino del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales"; en concordancia con el capítulo 7, apartado 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ya que si bien se sobreseyó fuera de audiencia en el presente sumario constitucional, de autos se desprende que se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados; por tanto, se determina que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN. Depuración del expediente. Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, depúrese el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. Resolución a Disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto que sobreseyó fuera de audiencia constitucional estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del lapso establecido en la ley, el auto de veintinueve de julio de dos mil veintidós, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 81 fracción I, inciso d) de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Se ordena remitir recurso de queja. Por otra parte de la consulta de los presentes autos, se desprende que mediante proveídos de cuatro y ocho de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo a la Subdirectora Jurídica de Servicios de Salud Morelos, en representación del Director General de Servicios de Salud Morelos, y a la Directora Contenciosa de la Oficina del Abogado General de la Secretaría de Salud en representación del Titular de la Secretaría de Salud, interponiendo recursos de queja, contra el auto del veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa. Asimismo, se desprende que a la fecha en que se actúa dichos medios de impugnación no se encuentran debidamente integrados; no obstante, toda vez que la materia de dicha queja lo constituye la medida cautelar concedida a la impetrante a efecto de que las autoridades responsables dentro del ámbito de sus respectivas facultades legales llevaran a cabo las acciones necesarias para que se aplicara a la menor quejosa las dosis correspondientes de la vacuna preventiva contra COVID-19 Pfizer-BioNTech, misma que ya han cumplido con su objetivo y se estima que ha dejado de surtir sus efectos con motivo de la presente determinación. Por tanto, a efecto de evitar mayores dilaciones en el procedimiento, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena remitir a la brevedad posible el aludido medio impugnativo al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, a fin de que esté en condiciones de emitir el pronunciamiento que en derecho proceda. Se reserva archivo. En mérito de lo anterior, se reserva el archivo del presente sumario constitucional, hasta en tanto la superioridad determine lo correspondiente respecto del recurso de queja interpuesto en autos. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; dos de agosto de dos mil veintidós. Agréguese únicamente para que obre como corresponda la razón actuarial efectuada por el actuario adscrito a este juzgado, de veintinueve de julio del año en curso, en la que hace constar los motivos por los que no le fue posible notificar a la parte quejosa ***** y otra, en representación de la menor de iniciales X.G.S.F., el proveído de veintinueve del mismo mes y año, por las consideraciones que expone en la misma; sin mayor acuerdo, toda vez que mediante auto de uno de los corrientes, se ordenó realizar las subsecuentes notificaciones por lista. Cúmplase.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; uno de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, de la razón levantada por la actuario adscrito a este juzgado, de veintiocho de julio del año en curso, en la que hace constar los motivos por los que no le fue posible notificar a la parte quejosa ***** y otra, en representación de la menor de iniciales X.G.S.F., el proveído de veintisiete del mismo mes y año, por las consideraciones que expone en la misma. En tal virtud, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, practíquese la notificación de referencia, así como la del auto de veintinueve siguiente y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista que se publique en los estrados de este tribunal; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Cuernavaca, Morelos; veintisiete de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado que rinde la autoridad responsable: Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Morelos. Informe en el que niega la existencia del acto reclamado. Vista. Con el contenido de dicho informe, dése vista a las partes para que se impongan del contenido del mismo. Relaciónense en la audiencia constitucional. Haciéndose la precisión que la parte quejosa en caso de considerar necesario imponerse de los autos, deberá programar una cita para la consulta del expediente y obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal; ello, con base al nuevo esquema de trabajo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, podrán proporcionar algún correo electrónico, para que en caso de así manifestarlo expresamente, se les de vista con el informe justificado respectivo. Delegados y domicilio. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y designando delegados. Por otra parte, hace del conocimiento que se señalaron las nueve horas con treinta minutos del once de agosto de dos mil veintidós, a fin de que se aplique la primera dosis de la vacuna Pfizer a la menor quejosa. En mérito de lo anterior, solicita que por conducto de este juzgado se le cite para que la fecha antes indicada, acuda a la célula de vacunación de la Unidad de Medicina Familiar número 20, ubicada en Boulevard Juárez número 18, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos, resaltando que previo a la vacunación correspondiente tanto los padres o tutor y los infantes deberán firmar un consentimiento informado. Se comisiona al personal de actuaría. Por tanto, con copia de la misiva de cuenta, notifíquese la presente determinación de forma personal a la parte quejosa, a fin de que tenga conocimiento pleno de lo informado por la oficiante, en el entendido que se deberá hacer del conocimiento del impetrante de amparo que el día de la cita correspondiente deberá acudir a la Unidad de Medicina Familiar número 20, con los siguientes documentos: Clave Única del Registro de Población de los menores y su tutor. Copia simple del auto en el que se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados. Nota médica signada por el médico tratante de los infantes en el que se precise el estado de salud e historial clínico de los menores quejosos, con el señalamiento de que son aptos para recibir la vacuna Pfizer-BioNtech, contra el virus SARS-COV-2. Copia simple de una identificación oficial del tutor. Una vez que se encuentre efectuada la notificación correspondiente a la parte quejosa, mediante atento oficio que derive del presente proveído, remítase copia simple de dicha diligencia al Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Morelos, para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Cuernavaca, Morelos; veintinueve de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del acta de nacimiento que obra, se advierte que la menor directa quejosa cuenta con la edad de quince años, actualmente, asimismo, que por auto de veintisiete de los corrientes se tuvo al Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Morelos, rindiendo su informe justificado, en el que negó el acto reclamado y fijó fecha para la aplicación de la primera dosis de la vacuna Pfizer a la menor quejosa. Sobreseimiento fuera de audiencia. De lo anterior, se estima que en el presente juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 61- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Al respecto, cabe puntualizar que por cesación de los efectos del acto reclamado debe entenderse no sólo la circunstancia de que las autoridades responsables deroguen o revoquen tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, desaparezcan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a.-J. 59-99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Asimismo, la jurisprudencia número 415, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En este caso, la menor quejosa -por conducto de su representante-, se duele en esencia de la omisión de integrar al grupo etario de quince años de edad en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV-2 para la prevención de COVID-19 en México; y, como consecuencia, la omisión a ser vacunada con el biológico autorizado. Antes de patentizar la causal de improcedencia, debe decirse que es del dominio público que, el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus SARS-CoV2 y la enfermedad COVID-19 deben calificarse como una pandemia y realizó un llamamiento a los países para que adoptaran medidas urgentes y agresivas. Esta enfermedad es motivo de preocupación mundial y ha sido declarada una emergencia de salud pública de importancia internacional. Además, se ha propagado rápidamente y tiene consecuencias directas para la salud, pero también sociales y económicas. Con motivo de esta enfermedad, la Organización Panamericana de la Salud ha declarado como prioridades salvar vidas, proteger a los trabajadores de salud y aplanar la curva epidemiológica para extender en el tiempo la propagación de la enfermedad, a fin de evitar que se sobrecarguen los servicios de salud y se pierdan vidas por falta de los cuidados que se necesitan. Esto significa que existe una preocupación internacional por la propagación de la enfermedad causada por el virus SARS COV2 (COVID-19), de tal manera que se han establecido diversas medidas de prevención y control de la epidemia, de donde se destaca la creación de las vacunas por parte de diversos laboratorios de reconocimiento internacional, tendentes a controlar dicha pandemia mundial. Parte de las medidas de control para enfrentar la COVID- 19, se encuentra la aplicación de una vacuna efectiva contra esta enfermedad y disminuir su impacto en la salud, la economía y la sociedad; sin embargo, la creación, aprobación, adquisición y aplicación de la vacuna no ha sido un tema en absoluto sencillo a nivel mundial, pues cada uno de esos rubros ha representado de manera individual retos y complejidades a los cuales los diferentes gobiernos se han tenido que enfrentar hasta la fecha, entre ellos, México. Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), destaca la importancia de la cooperación internacional para lograr la inmunización contra el COVID- 19 del diez por ciento (10%) de la población de cada País para septiembre de dos mil veintiuno, como propuso la ONU desde que se autorizaron las inmunizaciones, el organismo mundial en conjunto con su agencia sanitaria especializada presentó una Estrategia Global de Vacunación, cuya meta es alcanzar al cuarenta por ciento (40%) de las poblaciones nacionales para fin del año dos mil veintiuno y al setenta por ciento (70%) para junio del presente año. Es así que, de acuerdo a la información visible en el portal oficial de internet Inició la campaña de vacunación contra el Covid-19 en Estados Unidos (france24.com), información que representa un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, invocado con antelación, según la tesis aislada I.3o.C.35 K (10a.) de rubro: PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Se destaca que, desde la segunda quincena de diciembre de dos mil veinte, en los Estados Unidos de América comenzaron las labores de vacunación contra el COVID-19, para tres millones de ciudadanos en su primera dosis. Entre tanto, Canadá adelantó la recepción de un lote del antídoto que espera empezar a aplicar por las mismas fechas, esto es, Estados Unidos fue el primer país en esta parte del mundo, junto a Canadá, en recibir lotes de la vacuna desarrollada por los laboratorios Pfizer y BioNTech. Mientras tanto, en México, como en diversos países de tercer mundo, su aplicación es un tema sumamente complejo, en la medida en que ello depende de distintos factores como su aprobación clínica, la existencia de distintas vacunas seguras y eficaces capaces de responder a la demanda nacional, así como el mecanismo de adquisición implementado. Concretamente, a partir del veinticuatro de marzo de dos mil veinte, en que se adoptaron las medidas mínimas sanitarias para proteger a la población mexicana del COVID- 19, hasta la fecha han ocurrido una serie de eventos que han potencializado el aludido virus, sin que se tenga noticia de cuándo se 'aplane', el incremento semanal de casos en menores de edad de esta capital ha aumentado, pues la variante Delta y demás variantes y la falta de vacunación son dos factores de riesgo. En relación a ello, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno y tres de marzo de dos mil veintidós, autorizó la aplicación de la vacuna Pfizer-BioNT, para menores de entre 5 y 17 (cinco y diecisiete) años, tal y como se puede advertir del listado de biológicos aprobados, publicado en su página de internet https:--www.gob.mx-Cofepris-acciones-yprogramas/vacunas-covid19-autorizadas. Estas autorizaciones de uso de emergencia certifican que el biológico cumple los requisitos de calidad, seguridad y eficacia necesarios para su aplicación a personas de 5 años en adelante. La vacuna Pfizer-BioNTech es la primera en ser autorizada por la autoridad sanitaria del gobierno federal para su aplicación en infantes. Corolario a lo anterior debe decirse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca del derecho a la protección de la salud tutelado por el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo que el derecho a la salud no se limita a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo, es decir, se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físicopsicológica. En esa tesitura, el derecho a la salud es un derecho inclusivo, que no sólo abarca la atención de salud oportuna u apropiada, sino también los principales factores determinantes de la salud, como el acceso a los servicios de salud que debe proporcionar el Estado. De tal manera que, tomando en cuenta que la aplicación de la vacuna que contrarreste la intensidad del virus SARSCoV2 (COVID-19), es para la menor de quince años de edad, cuyo nombre se omite en atención a los puntos 9 y 10, capítulo III, de las Reglas de Actuaciones Generales contenidas en el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niños, niñas y adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se debe tener en cuenta que el artículo 4º Constitucional, en lo conducente, establece: En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. En armonía con lo anterior, el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por el Estado Mexicano y publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno) dispone, en lo conducente, lo siguiente: Artículo 24. 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. 2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:[.] b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud; [.]" En concordancia con lo anterior, el artículo 50, fracción IX, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dispone lo siguiente: Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de: IX. Fomentar y ejecutar los programas de vacunación y el control de la niñez y adolescencia sana para vigilar su crecimiento y desarrollo en forma periódica; Los Sistemas Nacional y estatales de Salud deberán garantizar el pleno cumplimiento del derecho a la salud atendiendo al derecho de prioridad, al interés superior de la niñez, la igualdad sustantiva y la no discriminación, así como establecer Acciones afirmativas a favor de niñas, niños y adolescentes. [.]. Los anteriores normativos son contundentes en privilegiar, por mandato Constitucional, el principio de interés superior del menor en materia de salud, el cual es eje rector en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Acorde con dicho principio, el Gobierno Federal y Estatal están obligados a proteger y salvaguardar primordialmente los derechos de salud de los menores y más en un estado de emergencia sanitaria, como el que se presenta en la actualidad con el virus SARSCoV2 (COVID- 19), pues las variantes y la falta de vacunación son dos factores de riesgo, que exponen a la población infantil de nuestro país, lo cual debe ser una prioridad en los planes de política pública contenidos en cualquier ordenamiento legal. Además es conveniente precisar que en términos del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna, como lo es el derecho a la salud contenido en el invocado artículo 4º de la Ley Fundamental, lo que implica que la política pública en materia de salud contenida en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS CoV- 2 para la prevención de la COVID-19 en México, debe proteger de igual manera a los menores de edad, al encontrarse en igual riesgo que un adulto, de contraer el virus de COVID-19. En esa circunstancia, si bien, la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARSCoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, versión 9.0, de veinticinco de enero de dos mil veintidós, publicada en la página de internet oficial www.coronavirus.gob.mx, que constituye el documento rector que contiene las directrices bajo las cuales México desplegará sus acciones en lo relativo a la aplicación de las vacunas contra la COVID-19, se advierte - en lo que aquí interesa- que el apartado PRIORIZACIÓN DE POBLACIÓN A VACUNAR contempla un apartado relativo a Personas menores de edad, en el que establece que las personas menores de edad de 15 a 17 (quince a diecisiete) años sin comorbilidad deben ser vacunados, pero manteniendo una prioridad de vacunar a todo menor de 12 a 17 (doce a diecisiete) años que presente alguna comorbilidad, lo cierto es que la política pública que implica una decisión que ha asumido el Estado mexicano, en lo relativo a la vacunación de la población para prevenir y atemperar los efectos de la enfermedad COVID-19, a partir del diseño y ejecución de una estrategia conformada por reglas determinadas, pasos a seguir, así como parámetros y temporalidades que observar, a fin de tutelar el cuidado y preservación de su población frente a la situación de emergencia que se vive a nivel mundial con motivo de la epidemia en comento. En ese sentido, constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, la declaración realizada el veintiséis de abril de dos mil veintidós, por el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud (Hugo López Gatell Ramírez), respecto a que a partir del veintiocho de abril de dos mil veintidós, se abriría el registro para vacunar a niños a partir de los doce años, con o sin comorbilidades, en todo el país a través del sitio en internet mivacuna.salud.gob.mx; lo anterior se ha anunciado por distintos medios de comunicación. De igual forma, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Morelos, en su cuenta oficial de twitter (@SSM_Morelos), publicó un comunicado oficial, el doce de mayo pasado, en el que da a conocer que ya se puede realizar el pre-registro de las personas de doce año o más, para obtener la vacuna contra el virus SARS-COV-2 para la prevención de COVID-19, como se ilustra a continuación: Circunstancia que puede ser corroborada a través del portal electrónico oficial https:--mivacuna.salud.gob.mx-index.php habilitado por la Secretaría de Salud, para realizar el registro de personas candidatas a recibir la aludida vacuna, Información que representa un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, invocado con antelación, según la tesis aislada I.3o.C.35 K (10a.) de rubro y texto: PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. En el mismo tenor, en diversos medios de comunicación de esta Entidad Federativa, se difundieron notas en las que Marco Antonio Cantú Cuevas, Secretario de Salud del Gobierno del Estado y Raúl Anaya Rojas, Delegado de Bienestar en Morelos, informaron que la próxima semana iniciaría la vacunación en el Estado de Morelos, de las personas entre doce y catorce años de edad. Ello demuestra que efectivamente es posible realizar el pre-registro de personas que deseen vacunarse, menores de edad entre 12 y 17 (doce y diecisiete) años de edad. Por lo que, a partir de esa fecha se activó un registro para ese grupo de menores de edad y posteriormente se irán abriendo las unidades de vacunación en todo el País para que reciban las dosis correspondientes. Sobre esa tesitura, si se toma en consideración que la directa quejosa, a la presente fecha, cuenta con quince años de edad (de acuerdo con lo manifestado en la demanda de amparo por su progenitores y que se corrobora con el acta de nacimiento que anexó a aquella). Es evidente que ya se encuentra dentro del parámetro de edad establecido por la política nacional de vacunación para el acceso a la vacuna contra covid-19; lo que constituye el acto reclamado esencial del presente juicio de amparo. Lo cual implica que las autoridades responsables a la fecha han efectuado las gestiones para incluir en el esquema vacunación a los menores de entre 12 y 17 (doce y diecisiete) años sin comorbilidades, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, y dotarlos de la posibilidad de que les sea aplicada dicha vacuna a efecto de evitar el contagio y la propagación de citado virus protegiendo la vida y supervivencia de la directa quejosa menor de edad. Por lo que, la parte quejosa deberá realizar los pasos que se establecen en dicha página y que más adelante se expondrán, a fin de realizar el trámite correspondiente; y en atención a lo expuesto deberán de estar informados de los comunicados que emitan las autoridades locales de su entidad y municipalidad, así como, de aquellos que emita la Secretaría de Salud del Estado de Morelos o la Secretaría de Salud (federal) para las fechas y módulos de aplicación de la vacuna BioNtech Pfizer, contra el virus SARS- CoV-2 para la Covid-19, en el municipio que radique, para que, previo registro, le sea aplicada la segunda dosis del multicitado biológico que requiere, en el caso de que aún no se haya aplicado. Con dicho anuncio, se cambia la estrategia de vacunación del Gobierno Federal, pues tal eventualidad permite establecer que, si bien, la parte quejosa señaló como acto reclamado una conducta negativa (por omisión) y que hasta este momento la menor quejosa ha sido vacunada con una de dos de vacuna; lo cierto es que ya se han programado, por parte del Gobierno Federal y la Secretaría de Salud, la aplicación de vacunas en personas menores de edad de entre 12 y 17 (doce y diecisiete) años, lo que implica incluir en la política nacional de vacunación a los adolescentes de este grupo de edad, con o sin comorbilidades, en todo el País; sector de la población a la que pertenece el menor peticionario del amparo, lo cual se acredita en términos del acta de nacimiento. Por ende, se estima que si bien la omisión reclamada existe, lo cierto es que ya han cambiado las circunstancias fácticas imperantes al momento de promover el presente juicio de amparo, porque en la actualidad ya se ha incluido a los niños de entre doce y diecisiete años, en la política nacional de vacunación, lo que indudablemente actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues aun cuando subsistiese el acto reclamado, esto es, la falta de vacunación del menor quejoso, lo cierto es que ha dejado de surtir efectos, al ser incluidos en el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID- 19, lo que aconteció al haberse publicado que a partir del jueves veintiocho de abril de dos mil veintidós, se abrió el pre- registro para vacunar a niños de 12 a 17 (doce a diecisiete) años, con o sin comorbilidades, en todo el país a través del sitio en internet mivacuna.salud.gob.mx. En este orden de ideas, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Amparo; y conforme a lo establecido en párrafos precedentes, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional que estaba señalada para las TRECE HORAS DEL NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Apoya a la anterior determinación, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003,5 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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