Gerardo Sotelo Barrera
Expediente 510/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 510/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 23/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Gerardo Sotelo Barrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 510/2019, promovido por Gerardo Sotelo Barrera contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia, del Segundo Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Tetecala de la Reforma Morelos, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el quince de abril de dos mil diecinueve, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Gerardo Sotelo Barrera solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable: Juez Mixto de Primera Instancia, del Segundo Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Tetecala de la Reforma Morelos. Acto reclamado: ".La resolución dictada con fecha cuatro de abril del año en curso 2019 en la audiencia de divorcio incausado. con el número 29/2019 en la que ante la solicitud de divorcio incausado se negó a declarar la disolución del vínculo matrimonial." SEGUNDO. El veintidós de abril de dos mil diecinueve, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 510/2019, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. El dos de mayo del año en curso, se dio vista al quejoso a efecto de señalar como responsable al Juez Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado, en razón a la inexistencia de la autoridad señalada en su demanda de amparo. CUARTO. El siete de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo al quejoso señalando como responsable a la autoridad antes indicada, se requirió su informe justificado y la audiencia constitucional inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable: La resolución de cuatro de abril de dos mil diecinueve, dictada en la audiencia de divorcio incausado, expediente 29/2019. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos atribuidos al Juez Civil de Primera Instancia, del Segundo Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Tetecala de la Reforma Morelos (denominación correcta), pues así lo reconoció en su informe con justificación, lo que se corrobora con diversas constancias que acompañó; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia fundadas. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia, y el suscrito advierte que no se surten los supuestos que en ese sentido dispone el artículo 61, de la Ley de Amparo; situación que se hace constar por ser de orden público, de conformidad con el numeral 62 de la citada normatividad. El artículo 107, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y." Del precepto constitucional transcrito, se desprende que, por regla general, las violaciones cometidas durante el procedimiento (violaciones procesales) que hayan afectado las defensas de la parte quejosa y trascendido al resultado del fallo, las partes que hayan figurado en la controversia de origen deberán hacerlas valer en el amparo directo o principal o adhesivo. Por excepción las partes que figuren en la controversia pueden combatir las violaciones procesales en el juicio, a través del amparo indirecto, cuando las mismas sean de ejecución irreparable (o de imposible reparación), una vez que se hayan agotado los recursos que, en su caso, procedan. En cuanto a la irreparabilidad del acto, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo señala que para efectos del amparo indirecto, son actos de imposible reparación cuando afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; sin embargo, contra dichos actos el quejoso que es parte en el juicio, debe agotar los recursos ordinarios previstos en la ley que rige el acto reclamado, según se desprende del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución. Lo anterior, se corrobora con lo previsto en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de la materia, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; ." Del precepto legal en cita, se aprecia que se refiere a la improcedencia del juicio de amparo, por no agotar el recurso o medio de defensa, cuando se reclaman resoluciones dictadas por "tribunales" judiciales, administrativos o del trabajo -como sucede en el caso concreto-, haciendo hincapié que el término "resolución", no solamente se refiere a una "sentencia", pues enmarca todas aquellas actuaciones que pueda emitir la autoridad responsable, llámense resoluciones, sentencias, acuerdos, proveídos interlocutorias, notificaciones, etcétera. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), por la Primera Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 277/2011, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Por otra parte, el artículo 566 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, dispone: "ARTÍCULO 566.- PROCEDENCIA DE LA REVOCACIÓN. Los autos y proveídos pueden ser revocados por el juez que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, cuando la ley no establezca expresamente la procedencia de otro recurso." Como puede advertirse, el primer párrafo del numeral transcrito que prevé el recurso de revocación en contra de aquellos autos que pronunciados en primera instancia cuando la ley no establezca expresamente la procedencia de otro recurso. Ahora, de los antecedentes que narró la quejosa en su demanda, se trata de un juicio de controversia familiar de divorcio incausado número 29/2019, del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con asiento en Tetecala de la Reforma, Morelos. Señaló que en el desahogo de la audiencia de divorcio, el juez responsable dictó un auto que ante la incomparecencia de las partes, pues únicamente estuvieron presentes sus respectivos abogados, difirió la misma ya que era necesario la presencia física de las partes para exhórtalos a un arreglo conciliatorio, lo cual constituye el acto reclamado. Por tanto, resulta jurídicamente válido afirmar que en contra del auto pronunciado en el juicio familiar constituye un auto intermedio dentro de la controversia familiar, que de acuerdo con el artículo 566 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, puede ser recurrido mediante el recurso de revocación, dado que el citado numeral establece en forma genérica la procedencia del recurso de revocación en contra de todos los autos que no señalen expresamente otro recurso, con la finalidad de revocar, modificar o nulificar la violación alegada. Por identidad de razón, sirve de apoyo la Jurisprudencia 1a./J. 116/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. LAS RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL JUICIO, CONCRETAMENTE ANTES DE LA DECLARACIÓN DE DIVORCIO, SON IMPUGNABLES A TRAVÉS DE LOS RECURSOS DE REVOCACIÓN Y APELACIÓN, SEGÚN LA NATURALEZA DE LA RESOLUCIÓN QUE SE PRETENDA IMPUGNAR (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). De la interpretación de las normas que regulan la disolución del vínculo matrimonial, en relación con el artículo 685 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que fue especialmente creado para regular la procedencia de los recursos en el divorcio sin expresión de causa, se concluye que si bien es cierto que el citado numeral prevé que la resolución que declare la disolución del vínculo matrimonial (dictada en la primera etapa del juicio) es inapelable, sin establecer si las determinaciones intermedias emitidas en el juicio son o no susceptibles de impugnación, también lo es que ello, por sí solo, no conlleva a considerar que sean inimpugnables, porque de la exposición de motivos correspondiente se advierte que aun cuando el legislador consideró que el recurso de apelación no era procedente contra la resolución que decreta el divorcio, ello obedece a que el fin de la reforma fue privilegiar la voluntad del cónyuge que lo solicita; sin embargo, de la indicada exposición no se colige que su intención haya sido hacer inimpugnables las diversas resoluciones que, por ser accesorias a la disolución del vínculo matrimonial, pueden emitirse antes de decretarse el divorcio, pues el artículo 685 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal no lo prohíbe; y si bien no pasa inadvertido que la reforma busca hacer más expedito, dinámico y laxo el procedimiento relativo, esa celeridad no debe interpretarse como una limitación al derecho de las partes de recurrir las determinaciones que estimen contrarias a sus intereses, pues éste sólo puede limitarse cuando la propia ley determine que son irrecurribles. Además, en la exposición de motivos expresamente se estableció que la reforma debía entenderse sin menoscabo de los derechos que consagra la ley, de manera que si acorde con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es "Ley Suprema de la Unión", y de él deriva que el Estado Mexicano se comprometió a desarrollar la oportunidad del recurso judicial a fin de garantizar que toda persona, que estime que sus derechos o libertades hayan sido violados, pueda tener acceso a un recurso efectivo, se sigue que al introducir esa reforma, la intención del legislador no fue dejar a las partes sin defensa contra las determinaciones intermedias emitidas en la primera etapa, pues esa interpretación es acorde con los artículos 14 y 17 de la Constitución General de la República, ya que favorece el derecho de acceso completo a la justicia, otorgando al gobernado una oportuna y adecuada defensa. En ese tenor, aunque en el juicio de divorcio existe la posibilidad de que se dicte sentencia en la que se determine la disolución del vínculo matrimonial y al mismo tiempo se resuelvan las cuestiones inherentes a la disolución del mismo, lo que ocurre cuando las partes se ponen de acuerdo sobre el contenido del convenio a que se refiere el artículo 267 del Código Civil para el Distrito Federal, y que es irrecurrible, no se puede desconocer que también está latente la posibilidad de que los contendientes no lleguen a un acuerdo sobre la totalidad de los puntos contenidos en ese convenio; hipótesis ésta en la que si bien el juzgador deberá dictar un auto definitivo en el que determine el divorcio, lo cierto es que el procedimiento, que es uno solo, deberá continuar conforme a las reglas de la vía incidental, a fin de resolver todo lo conducente a las cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial en la sentencia respectiva, misma que en términos de lo dispuesto en el artículo 685 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal es recurrible, y lo es a través del recurso de apelación previsto en el numeral 691 del propio ordenamiento, en razón de que los juicios de divorcio tienen una cuantía indeterminada; en consecuencia, como tal situación depende de la postura que asuman las partes en el procedimiento, se concluye que como la sentencia dictada en el juicio de divorcio después de que éste ha sido decretado, sí admite en su contra el recurso de apelación, entonces la causa en este tipo de juicio sí es apelable y, en consecuencia, las resoluciones dictadas durante el desarrollo del juicio, concretamente antes de la declaración de divorcio, también son recurribles a través de los recursos de revocación o apelación, dependiendo de la naturaleza de la determinación que se pretenda impugnar. Así de conformidad con los artículos 684, 685 y 691 del código procesal mencionado, el recurso de revocación será procedente si la resolución que se pretende combatir sólo es de trámite (decreto); en cambio, si se trata de un auto o sentencia interlocutoria, el recurso procedente será el de apelación." Así como en la ejecutoria emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, al resolver la queja 59/2019, relacionada 166/2019 del índice de esta autoridad. Sin que opere ninguna excepción al principio de definitividad, ni se actualiza alguna de las hipótesis de excepción establecidas en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, no se encuentran vinculados derechos de menores de edad, y la parte quejosa no es persona extraña al procedimiento, ya que es parte actora. En las relatadas consideraciones, lo procedente es sobreseer el juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a once de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, en virtud de que el ocho de julio de dos mil diecinueve, se tuvo por legalmente emplazado a la parte tercero interesada Ma. de la Luz Gómez Cabrera, por tanto, a la fecha no ha transcurrido el término de ocho días previos a la celebración de la audiencia constitucional con que cuenta a fin de imponerse sobre el contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy, y en su lugar, se fijan nuevamente para su celebración, las DIEZ HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. NOTIFÍQUESE. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a ocho de julio de dos mil diecinueve. Vista la razón Secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales conducentes, el oficio signado por el Juez Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Morelos, por medio del cual, remite constancias de emplazamiento practicadas a la parte tercero interesada Ma. De la Luz Gómez Cabrera; atento a su contenido, se tiene por satisfecho el requerimiento formulado en autos y por hecha la comunicación que refiere, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien y toda vez que se han llevado a cabo las formalidades esenciales para realizar el emplazamiento a la parte tercero interesado, atento a lo anterior, con fundamento en lo previsto por el artículo 27 de la Ley de Amparo vigente y por las razones expuestas en las constancias de emplazamiento signadas por la Autoridad Responsable; se tiene por legalmente emplazado a la presente contienda constitucional a la parte tercero interesada Ma. De la Luz Gómez Cabrera; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte se tiene por recibido el escrito de la parte tercero interesada Ma. De la Luz Gómez Cabrera, por medio del cual, se apersona al presente juicio de amparo, realiza diversas manifestaciones, señala domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones y autoriza a diversas personas. Al respecto, en términos de lo dispuesto por el dispositivo 5° fracción III inciso b), de la Ley de la materia, se tiene por apersonado con el carácter de tercero interesado, así mismo, téngase por señalado para el efecto de oír y recibir notificaciones el domicilio que indica y para los términos que precisa a las personas que refiere. Finalmente, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo ténganse por formuladas las manifestaciones en vía de alegatos, los que podrán ser tomados en consideración en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, en virtud de que este Juzgado Federal se encuentra realizando las diligencias necesarias con la finalidad de emplazar al presente juicio de amparo, a la parte tercero interesada Ma. De la Luz Gómez Cabrera; lo anterior, con la finalidad de no dejar en estado de indefensión a esa parte y manifieste lo que conforme a su derecho corresponda. En consecuencia, para dar margen a lo anterior se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL ONCE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la misma. NOTIFÍQUESE.
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