Gerardo Sóstenes Rodríguez Martínez endosatario en procuración
Expediente 883/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 883/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Gerardo Sóstenes Rodríguez Martínez endosatario en procuración
- Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala
Actuaciones
- Principal
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa Gerardo Sóstenes Rodríguez Martínez, quien se ostenta en su carácter de endosatario en procuración de Alma Sánchez Ramírez, el contenido del proveído de quince de octubre de dos mil dieciocho...Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de veintiséis de septiembre dos mil dieciocho (fojas 45 a 54), en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Gerardo Sóstenes Rodríguez Martínez, quien se ostenta en su carácter de endosatario en procuración de Alma Sánchez Ramírez; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Destruible. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Carece de relevancia histórica documental. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Devuelve expediente. Finalmente, devuélvase a la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, el expediente ******************** del índice del Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y el toca civil de apelación ******************** de su índice, que remitió al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante oficio 432-III, solicitándose el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Librado Antonio Gómez Morales, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho: Apizaco, Tlaxcala, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Tribunal Colegiado declina competencia. Visto el juicio de amparo directo 509/2018, remitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, promovido por Gerardo Sóstenes Rodríguez Martínez, quien se ostenta en su carácter de endosatario en procuración de Alma Sánchez Ramírez, contra actos de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala; mediante el cual remite: el expediente 32/2018 del índice del Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc; y, el toca civil de apelación 150/2018-III-A del índice de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, dado que mediante determinación de siete de septiembre de dos mil dieciocho, se declaró legalmente incompetente para conocer del acto consistente en el auto de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, dictado en el toca civil de apelación 150/2018, y declinó la competencia a favor del Juez de Distrito en Turno en el Estado de Tlaxcala, la cual por razón de turno correspondió a este Juzgado. Con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este Juzgado acepta la competencia y se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese recibo de estilo, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 883/2018-IV. Se desecha demanda de amparo. Vista la demanda de amparo que promueve Gerardo Sóstenes Rodríguez Martínez, quien se ostenta en su carácter de endosatario en procuración de Alma Sánchez Ramírez, contra actos de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, de quien reclama el auto de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, dictado en el toca civil de apelación 150/2018, del índice del Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. En virtud de lo anterior, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo, autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora el siguiente criterio: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." (No. Registro: 186,605, Tesis aislada, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, Julio de 2002, Tesis: 2ª. LXXI/2002, Página: 448.) Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el siguiente criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido."(Novena Época, Registro: 196923, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, Enero de 1998, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 9/98, Página: 898.) Además, con la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, octubre de 2001, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa."(Novena Época, Registro: 188643, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, Octubre de 2001, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 128/2001, Página: 803.) En ese orden de ideas, respecto del acto reclamado el auto de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, dictado en el toca civil de apelación 150/2018, del índice del Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo. El numeral que la regula dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". El artículo en cita establece el "principio de definitividad", consistente en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, por tanto, previo a su presentación debe agotarse la jurisdicción ordinaria. La actualización de esta hipótesis de improcedencia requiere: Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa que pueda tener por efecto revocar, modificar o anular el acto reclamado. De la Constitución Federal, la Ley de Amparo, y criterios jurisprudenciales, se advierten las siguientes excepciones al principio de definitividad: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. La renuncia de recursos en los casos y bajo las condiciones permitidas por la ley. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 277/2011, estableció lo siguiente: El juicio constitucional es extraordinario, por tanto, su procedencia y tramitación están regidas por reglas especiales y principios fundamentales que lo constituyen como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la aplicación de las prevenciones constitucionales, por medio de una controversia equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Una de esas reglas torales que estructuran al juicio de amparo, es el denominado principio de definitividad, que establece que dicho juicio sólo es procedente contra actos definitivos, esto es, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; consecuentemente, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia de la acción constitucional de amparo, consiste en que antes de acudir a esta instancia, deben agotarse los recursos previstos en la legislación ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Por este motivo, independientemente del reconocimiento de la existencia de actos cuya ejecución tiene efectos irreparables, respecto de los cuales procede, excepcionalmente, su inmediato análisis constitucional, se requiere que previamente a incoar el juicio de amparo, sea agotado el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto, cuyo efecto sea la modificación, revocación o anulación de éste. De una estricta interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b) constitucional, en relación con el numeral 73, fracción XIII de la Ley de Amparo, abrogado, (ahora 61, fracción XVIII), se advierte que, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, respecto de actos dictados dentro de juicio que impliquen una ejecución cuyos efectos sean irreparables, por regla general, antes de instar el juicio constitucional, el quejoso tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, contemple la ley que rige el acto para impugnarlo, con la finalidad de lograr su modificación, revocación o nulidad. La observancia del citado presupuesto de procedencia del juicio de amparo obliga a descartar las interpretaciones arbitrarias ambiguas, ya que esto puede generar una serie de excepciones ajenas a las establecidas legalmente y contrarias al carácter excepcional del medio extraordinario de defensa que representa. En ese contexto, la irreparabilidad del acto reclamado en el juicio de amparo no altera de forma alguna las exigencias de procedencia señaladas; en consecuencia, el órgano constitucional está obligado a verificar que la parte quejosa haya cumplido con el principio de definitividad, al agotar el medio de defensa ordinario a su alcance, en el caso de que la ley que rige el acto lo prevea, y que tenga la finalidad mencionada de modificar, revocar o anular el mismo. Por ello, se estima que, al ser de estricta interpretación las leyes que establecen excepciones, como regla general, en contra de actos de ejecución irreparable es obligatorio agotar los recursos ordinarios. Así, no es suficiente para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto que se combata un acto de imposible reparación, sino que debe constatarse que la parte solicitante de la protección constitucional haya agotado el recurso o medio ordinario de defensa que, de ser el caso, esté previsto por la ley que rige el acto y que tenga como finalidad su modificación, anulación o revocación. Este criterio fue sintetizado en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 44/2012, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, página 729, de rubro: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL." De acuerdo con lo expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del inconforme consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios (lato sensu) tendentes a revocar o modificar los actos que estime lesivos. Ahora, el acto reclamado lo constituye el proveído de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, dictado en el toca civil de apelación 150/2018, del índice del Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en la que se desechó el recurso de apelación interpuesto en contra del auto de treinta de enero de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 32/2018, del índice del Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, por el que se desechó la demanda de juicio ejecutivo mercantil promovida por el quejoso Gerardo Sóstenes Rodríguez Martínez, quien se ostenta en su carácter de endosatario en procuración de Alma Sánchez Ramírez. Lo anterior es así, puesto que los artículos 1,334 y 1,335 del Código de Comercio, (reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre del año dos mil trece) aplicable al asunto, contra el auto reclamado procede el recurso de reposición, como se transcribe: "Art. 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. Art. 1,335. Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso." En ese sentido, es incuestionable que en términos de los artículos 1,334 y 1,335 del Código de Comercio, (reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre del año dos mil trece), la parte quejosa estaba obligada a agotar, previo al juicio de amparo, el recurso de reposición a que aluden los citados numerales, a través del cual puede modificarse o revocarse el acto que pretende combatir, para así cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Sustenta a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 45/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Junio de 2005, Materia Civil, del siguiente rubro y texto: "REPOSICIÓN. ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE DESECHA LA APELACIÓN EN UN JUICIO MERCANTIL Y DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación literal del artículo 1334 del Código de Comercio se advierte que procede el recurso de reposición contra cualquier decreto o auto dictado por los tribunales superiores, aun de los que serían apelables si se tratara de primera instancia. Ahora bien, si la ley es clara al determinar la procedencia de un medio de impugnación contra determinado tipo de resoluciones judiciales, no se puede hacer una interpretación en contrario, por lo que, contra la resolución del tribunal de alzada que desecha o declara inadmisible una apelación en materia mercantil sí procede el recurso de reposición. Ello es así porque el citado numeral establece en forma genérica la procedencia de la reposición en contra de todos los autos y los decretos dictados en segunda instancia, sin excluir expresamente aquellos que resuelvan sobre la no admisión del recurso de apelación, de manera que debe agotarse este medio ordinario de defensa antes de acudir al juicio de amparo." Sin que sea obstáculo a lo anterior, las excepciones previstas por la causal de improcedencia en mención, pues no nos encontramos ante un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o que esté prohibido por el artículo 22 de la Constitución General de la República; ni actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad de la parte impetrante o que se trate de persona extraña al procedimiento de origen, ni se trata de tercer extraña al juicio o auto de vinculación a proceso. Dado lo anterior, es inconcuso que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, razón por la cual debe desecharse la demanda de amparo promovido por la parte quejosa. En virtud de todo lo anterior, es claro que se actualizan de manera notoria y manifiesta las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XIV y XVIII, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la misma ley, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Gerardo Sóstenes Rodríguez Martínez, quien se ostenta en su carácter de endosatario en procuración de Alma Sánchez Ramírez. Domicilio para oír y recibir notificaciones, y autorizados. Por otro lado, en términos del artículo 12 de la ley de la materia se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en su escrito de demanda, y se tiene como autorizado en términos amplios del citado numeral a Engelbert Rodríguez Martínez, quien cuenta con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Juan José Pérez Flores, por no contar con dicho registro. Se reserva devolución de expedientes. Por otra parte, una vez que cause estado el presente auto, devuélvanse el expediente 32/2018 del índice del Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc; y, el toca civil de apelación 150/2018-III-A del índice de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a la autoridad correspondiente, por lo que a efecto de tener un mejor manejo del presente expediente fórmese dos tomos por separado. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Supresión de datos personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Librado Antonio Gómez Morales, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
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