Gerardo Silva Bandala
Expediente 876/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 876/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 13/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Gerardo Silva Bandala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a trece de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa omitió desahogar la vista otorgada en proveído de nueve de septiembre de dos mil veintidós, a pesar de haber sido legalmente notificada de dicho acuerdo. Por tanto, este órgano de control constitucional se encuentra obligado a determinar si la ejecutoria está o no cumplida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, por lo que, con base en los elementos existentes en el expediente y con los aportados por la autoridad señalada como responsable, se procede a analizar sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Lo anterior además, en observancia a la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del tres de marzo del año dos mil, con número de registro digital 192174, visible en la página 243 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que literalmente reza: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Ahora, en la resolución dictada por este juzgado el tres de agosto de dos mil veintidós, en su único punto resolutivo, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Gerardo Silva Bandala, para el efecto de que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, realizara lo siguiente: Deje insubsistente el acuerdo de cuatro de julio de dos mil veintidós, únicamente en la parte en la que señaló las nueve horas con treinta minutos del ocho de noviembre de dos mil veintidós, para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora a cargo de Ayde Juiet Ixta Romero y Giovanni Jaimes Sánchez, dentro del juicio laboral 01/213/19-III, promovido por Gerardo Silva Bandala y, señale nuevo día y hora para que el desahogo de la prueba referida, ajustándose a los términos establecidos en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, dentro del término genérico de los diez días o, de ser el caso, previa fundamentación y motivación, dentro del plazo de excepción de treinta días, debiendo notificarlo a las partes y a los testigos de referencia de manera oportuna, tomando todas las medidas necesarias en materia de higiene derivadas de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, para que se lleve a cabo su desahogo las citadas audiencias. La sentencia que antecede, causó ejecutoria el veintidós de agosto de dos mil veintidós, por lo que en esa fecha se requirió su cumplimiento. Con motivo de dicho requerimiento, mediante oficios recibidos por este órgano jurisdiccional el veintiséis de agosto y ocho de septiembre de dos mil veintidós, la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, remitió copia certificada de lo siguiente: Acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, por el que dejó sin efectos la fecha señalada en auto de cuatro de julio de dos mil veintidós, y fijó las ocho horas con treinta minutos del seis de septiembre del año en curso, para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora a cargo de Ayde Juiet Ixta Romero y Giovanni Jaimes Sánchez. Notificaciones realizadas a las partes, del acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Acuerdo de seis de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual, ante la incomparecencia de los testigos, señaló las ocho horas con treinta minutos del diecinueve de septiembre del año en curso, para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora a cargo de Ayde Juiet Ixta Romero y Giovanni Jaimes Sánchez. Los documentos mencionados tienen valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se declara cumplida ejecutoria de amparo Bajo esa tesitura, atento al estudio íntegro efectuado a las constancias de referencia, es dable concluir que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, toda vez que, en atención al efecto de la concesión del amparo, la autoridad mediante acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, dejó sin efectos la fecha señalada en auto de cuatro de julio de dos mil veintidós, y fijó las ocho horas con treinta minutos del seis de septiembre del año en curso, para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora a cargo de Ayde Juiet Ixta Romero y Giovanni Jaimes Sánchez; en dicha fecha y ante la incomparecencia de los testigos, señaló las ocho horas con treinta minutos del diecinueve de septiembre del año en curso, para el desahogo de la referida prueba; por tanto, es dable concluir que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, este juzgado de Distrito tiene por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Estudio de exceso y defecto Asimismo, cabe precisar que existe defecto en la ejecución siempre que la autoridad responsable se abstenga de realizar todos los actos necesarios para que la sentencia que concedió el amparo resulte íntegramente cumplida; por el contrario, hay exceso en la ejecución cuando la responsable, además de efectuar todos los actos conducentes para lograr que las cosas queden restituidas al estado que guardaban antes de la violación, ejecute u ordene otros actos a que no la obliga la sentencia de amparo, y que no son tampoco efecto inmediato de lo decidido en dicha sentencia. De ahí se puntualiza que no existe exceso o defecto en el cumplimiento dado por la autoridad responsable, en virtud de que cumplió íntegramente con la concesión de amparo. Se ordena archivo En ese contexto, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este juzgado de Distrito, con conocimiento de las partes, archívese el presente expediente, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que se concedió la protección constitucional en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de depuración, debiéndose conservar la demanda, sentencia y demás constancias que se estimen pertinentes. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Asimismo se precisa que este expediente no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 3 del capítulo primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en mención, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a nueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio firmado por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual remite copia certificada de lo siguiente: Acuerdo de seis de septiembre de dos mil veintidós, por el que se fijaron las ocho horas con treinta minutos del diecinueve de septiembre del año en curso, para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora a cargo de ******************** y ******************** Por tanto, con copia del oficio y anexo de cuenta, de conformidad con el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, manifieste lo que a su derecho corresponda; con el apercibimiento que de no realizarlo, este órgano jurisdiccional con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, en el momento procesal oportuno acordará lo que legalmente proceda. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa con copia del oficio y anexo de cuenta.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio firmado por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual remite copia certificada de lo siguiente: Acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, por el que dejó sin efectos la fecha señalada en auto de cuatro de julio de dos mil veintidós, y fijó las ocho horas con treinta minutos del seis de septiembre del año en curso, para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora a cargo de Ayde Juiet Ixta Romero y Giovanni Jaimes Sánchez. Notificaciones realizadas a las partes, del acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Ahora bien, con fundamento en el numeral 192 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase a Yuridia Ibarra Rojas, en su carácter de Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que el siete de septiembre del año en curso, remita copia certificada de: Constancia de desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora a cargo de Ayde Juiet Ixta Romero y Giovanni Jaimes Sánchez. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se le impondrá como medida de apremio una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto en observancia a lo establecido por el diverso numeral 258 de la Ley de Amparo en vigor. Lo anterior, con independencia que en su caso, se ordene la apertura del incidente de inejecución de sentencia respectivo, por lo que, los autos originales del asunto en que se actúa, serán remitidos al Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito competente para su substanciación, y éste a su vez, los envíe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda, por lo que, con exactitud, deberá cumplir el fallo protector, ya que en caso contrario, se hará efectiva la medida de apremio aludida. En ese contexto, hágase del conocimiento a las citadas autoridades, que el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, establece que se impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, a la autoridad que dolosamente incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir. Así también, conforme al artículo 193 de la ley que nos ocupa, se les hace saber que seguirá teniendo responsabilidad aunque dejen su respectivo cargo. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintidós de agosto de dos mil veintidós. Estado procesal Visto el estado que guardan los autos, y específicamente de la certificación con que se da cuenta, se advierte que a la fecha ya transcurrió el término de diez días, a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la resolución dictada en estos autos, en la que, se resolvió: "ÚNICO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a GERARDO SILVA BANDALA, contra el acto reclamado y la autoridad responsable precisada en el considerando segundo; por las razones y fundamentos expuestos en el considerando sexto y para los efectos precisados en el último considerando de este fallo." Causa ejecutoria Se declara que la resolución dictada el tres de agosto de dos mil veintidós, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Requerimiento de cumplimiento de ejecutoria de amparo Ahora bien, con fundamento en el numeral 192, de la Ley de Amparo en vigor, requiérase a Yuridia Ibarra Rojas, Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que dentro del término de tres días, contado a partir del momento al en que reciba el oficio correspondiente de este acuerdo, cumpla con la ejecutoria de amparo, esto es, realice lo siguiente: Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedora a una medida de apremio consistente en una multa por la cantidad equivalente a CIEN Unidades de Medida y Actualización, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192 y 258, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento a la citada autoridad, que el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, establece que se impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, a la autoridad que dolosamente incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir. Así también, conforme al artículo 193 de la ley que nos ocupa, se le hace saber que seguirá teniendo responsabilidad aunque deje su respectivo cargo. Notifíquese.
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