Gerardo Serrano García
Expediente 893/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 893/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Gerardo Serrano García
- Procuraduría General de Justicia de Ecatepec, Estado de México
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de diciembre de dos mil veinte. Oficio. Téngase por recibido el oficio del Secretario adscrito al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, por medio del cual informa que acepta la competencia planteada por este órgano jurisdiccional y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Gerardo Serrano García, contra actos de la Procuraduría General de Justicia de Ecatepec, Estado de México y otra autoridad, la cual registro con bajo el sumario 1083/2020-III; de lo cual se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Destrucción. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible, por ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo octavo, artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General citado. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo presentada por Gerardo Serrano García, por propio derecho, contra actos de la Procuraduría General de Justicia de Ecatepec, Estado de México y otra autoridad. Registro de la demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 893/2020, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Ahora, vista la demanda de amparo promovida por Gerardo Serrano García, por propio derecho, se advierte que reclama lo siguiente: a) LA PROBABLE ORDEN DE APREHENSIÓN Y/O DETENCIÓN ORDENADA EN CONTRA DEL SUSCRITO DE LA CUAL YO NO HE TENIDO CONOCIMIENTO. b) DERIVADO DEL ACTO DE AUTORIDAD ANTES SEÑALADO, DE IGUAL FORMA RECLAMO DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES LA PRIVACIÓN ILEGAL DE MI LIBERTAD PERSONAL, ASÍ COMO, MI PROBABLE APREHENSIÓN Y/O DE MI DETENCIÓN ILEGAL, QUE PRETENDEN ORDENAR LA RESPONSABLE, TODA VEZ QUE POR DICHOS DE MIS VECINOS HAN VENIDO PERSONAS QUE SE OSTENTAN COMO POLICÍAS DE INVESTIGACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, BUSCÁNDOME Y PREGUNTANDO POR MI NOMBRE, LO ANTERIOR SIN CUMPLIR LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. Ahora, en los antecedentes rendidos bajo protesta de decir verdad, señala que en diversas ocasiones ha sido buscado en su domicilio el cual se encuentra ubicado en Calle Manuel Ávila Camacho Manzana 41, Lote 2, Colonia Darío Martínez Palacios, Primera Sección Código Postal 56619, Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, de lo cual, se tiene que el acto reclamado se ha tratado de ejecutar fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, por lo que no es posible conocer del asunto al advertirse que sé es incompetente por razón de territorio. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del análisis del citado numeral se desprenden tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que a saber son: La primera regla, se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto que es de aquellos que después de su emisión por su índole requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. La segunda regla constituye un matiz, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de distrito, a que se ha hecho alusión, en el párrafo anterior, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones, que hayan prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. En el último párrafo del precepto en comento se establece la última regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido esa resolución. En este caso, basta que quede debidamente evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclame (mismo que no requiere de ejecución material) radica dentro de este ámbito territorial de jurisdicción del juez federal, para que este sea el que naturalmente conozca del juicio de amparo. Ahora, como ha quedado precisado en líneas precedentes, tratándose de actos reclamados que requieran de ejecución material, el juez de distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; hipótesis que en el caso que se analiza se surte; de ahí deriva la incompetencia de esta autoridad jurisdiccional, dado que dentro del territorio en que ejerce jurisdicción se desprende que no tendrá ejecución el acto reclamado. En el asunto en análisis, de la lectura integral de la demanda de amparo presentada por Gerardo Serrano García, por propio derecho, se desprende que señala en síntesis como acto reclamado la presunta orden de aprehensión y/o detención girada en su contra, advirtiéndose del capítulo de antecedentes rendidos bajo protesta de decir verdad, que dicha orden se trató de ejecutar en su domicilio ubicado en Calle Manuel Ávila Camacho Manzana 41, Lote 2, Colonia Darío Martínez Palacios, Primera Sección Código Postal 56619, Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, por personas que se ostentaron como policías de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Por lo tanto, atento a la naturaleza del acto que reclama, y a las propias manifestaciones del quejoso, se advierte que la presunta orden de aprehensión que señala como acto reclamado, se pretendió ejecutar en su domicilio, el cual se ubica fuera de la jurisdicción de este órgano; por tanto, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso. Por ello, es evidente que se actualiza el supuesto jurídico que previene el artículo 37, primer párrafo de la Ley de Amparo por lo que este Juzgado Federal se declara legalmente incompetente para conocer de dicha demanda de amparo, en cuanto a que la competencia se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno. Bajo ese orden de ideas, debe estimarse que de la interpretación armónica del artículo 37 de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se colige que es competente para conocer del presente juicio, el juez de distrito en cuya jurisdicción se deba ejecutarse el acto reclamado. En tales condiciones, se ordena remitir la demanda de amparo al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común correspondiente, solicitando atentamente al juzgado federal que, de no tener inconveniente alguno, informe si acepta o no la competencia declinada, conforme con lo dispuesto en el artículo 48 de la ley de la materia; asimismo, acuse el recibo de estilo. No es óbice advertir, que los actos que por esta vía reclama el quejoso son atribuidos a la Procuraduría General de Justicia de Ecatepec, Estado de México y Jefatura de la Policía Ministerial de Ecatepec, Estado de México, sin embargo, como ya se precisó la ejecución de la orden de aprehensión y/o detención que constituye el acto reclamado se realizará en el domicilio del quejoso, el cual se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. Fórmese cuadernillo de antecedentes para los efectos legales a que haya lugar. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el que señala en su escrito de demanda, lo anterior, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal, por tanto, requiérasele para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, señale un domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional, apercibido que de no hacerlo así, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se realizarán por medio de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo. Por otro lado, con relación a los correos electrónicos que proporciona el quejoso en su escrito de demanda, hugo_bernal75@yahoo.com.mx y bisc_63@hotmail.com como medio alternativo de notificación, debe señalarse que si bien, el correó electrónico no es una de las formas de notificación de conformidad con lo señalado en el artículo 26 de la Ley de Amparo, atendiendo al estado de emergencia sanitaria por causa mayor de la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2(COVID- 19), y conforme al Acuerdo 8/2020 del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a efecto de resguardar la integridad y salud del personal adscrito a éste órgano jurisdiccional y de las partes, realícese por única ocasión la notificación del contenido del presente acuerdo a través de los correos electrónicos señalados por el promovente, por lo tanto se comisiona al actuario judicial adscrito a efecto de que realice las gestiones correspondientes, confirmado de recibido dicha notificación. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, para que se lleven a cabo las diligencias encomendadas en el presente asunto. Autorizados. Por cuanto hace a los profesionistas y personas que hace referencia en su demanda, ténganse por autorizadas para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a los profesionistas que refiere en su ocurso, hasta en tanto, acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). Ahora, de conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En ese orden de ideas, en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, a efecto de resguardar la integridad de los servidores públicos que realicen las notificaciones derivadas del presente acuerdo, se les autoriza para que prioritariamente éstas se hagan a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese, a través de los correos hugo_bernal75@yahoo.com.mx y bisc_63@hotmail.com.
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