Gerardo Santos Payran
Expediente 440/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 440/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Gerardo Santos Payran
- Todas las Partes
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, treinta de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede de la que advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de cuatro de junio de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. ADELA MARQUEZ HERNANDEZ 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.34.31.32.39.32.38.33.37.38 10/12/22 11:23:32 Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de protección de derechos fundamentales y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el treinta de junio de dos mil veinticuatro. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales implementadas en el 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo general 21/2020, del ADELA MARQUEZ HERNANDEZ 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.34.31.32.39.32.38.33.37.38 10/12/22 11:23:32 Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese por lista..
- Principal
Vista la demanda que promueve Gerardo Santos Payran; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese bajo el juicio de amparo 440/2021. DESECHAMIENTO Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la ley de Amparo se desecha de plano la demanda, al advertirse, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, párrafo primero, de la ley invocada, pues el quejoso consintió tácitamente el acto reclamado, al presentar la demanda de amparo de manera extemporánea. Tal precepto legal prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. A su vez, los artículos 17, párrafo primero, y 18 de la ley de la materia, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:.". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De lo anterior se desprende que es improcedente el juicio de amparo cuando la demanda no se promueve dentro del término de quince días, contados éstos a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación a la parte quejosa del acto que reclame o tenga conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, por lo que el cómputo de dicho término depende, básicamente, de la forma en que el quejoso se haya impuesto del acto reclamado y de su naturaleza; lo cual puede verificarse de tres maneras distintas: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido el quejoso conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o bien, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor. Estas tres hipótesis, a su vez, requieren para su actualización de determinados requisitos. Por cuanto hace a la primera de ellas, es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama y, con base en la fecha en que se realice tal notificación y surta sus efectos, comenzará a contarse el término general de quince días. Tratándose de las otras dos hipótesis que se desprenden del artículo 18 de la Ley de Amparo, su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos y, por ende, no requieren de manera indispensable un acto de notificación, sino más bien una serie de datos que se obtengan, ya sea del expediente o de la demanda de amparo. Las anteriores reglas operan siempre que no se actualice alguno de los supuestos de excepción, a saber: Se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, pues el plazo para promover la demanda será de treinta días; Se controvierta la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, ya que dicho plazo será de ocho años; Los actos tengan o puedan privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, caso en el cual el plazo será de siete años; o, Cuando el acto implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; también, por la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales, supuesto en el que la demanda se podrá presentar en cualquier tiempo. Ahora, es necesario precisar que la actualización de alguna de las tres hipótesis legales que se desprenden del referido artículo 18 de la Ley de Amparo, puede acontecer de manera indistinta, de tal modo que el orden dado por el legislador a dichas hipótesis no implica que una deba estudiarse prioritariamente antes que las otras, sino más bien, el juzgador debe optar por la que en el caso se actualice y conlleve a una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente y oficioso; máxime si se toma en consideración que entre cada una de las hipótesis normativas en comento, el legislador estableció la conjunción "o", que no indica otra cosa más que la alternancia entre las diferentes hipótesis enunciadas... Así, el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda amparo, previsto en el artículo 17, párrafo primero, de la ley de la materia, transcurrió a partir del día siguiente día hábil al cuatro de mayo de dos mil veinte, fecha en la que se ostentó sabedor del acto reclamado, consistente en la orden de presentación o aprehensión, librada en su contra y su ejecución. En este tenor, el plazo de quince días para presentar el amparo transcurrió del seis al veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, descontándose los días ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de mayo de dos mil veintiuno, por haber sido sábados, domingos, así como el cinco de mayo del mismo año, por considerarse inhábil. Luego, si la demanda se recibió hasta el dos de junio del presente año, es evidente que el acto reclamado fue consentido tácitamente por la parte quejosa, dada la extemporaneidad de la presentación de la demanda, al no promoverse dentro del plazo previsto en la ley de la materia. Consecuentemente, con motivo de la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con fundamento en el 113 ídem, se decreta el desechamiento de plano de la demanda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en el proemio de su demanda y como autorizados con las facultades amplias previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo a José Alberto Lara García, Ernesto Javier Libreros Cobos y Luis Antonio Barragán Cobos, por encontrarse facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho mediante el registro de su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; y por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas restantes que menciona, por así haberlo solicitado expresamente.
- Principal
Vista la demanda que promueve Gerardo Santos Payran; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese bajo el juicio de amparo 440/2021. DESECHAMIENTO Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la ley de Amparo se desecha de plano la demanda, al advertirse, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, párrafo primero, de la ley invocada, pues el quejoso consintió tácitamente el acto reclamado, al presentar la demanda de amparo de manera extemporánea. Tal precepto legal prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. A su vez, los artículos 17, párrafo primero, y 18 de la ley de la materia, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:.". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De lo anterior se desprende que es improcedente el juicio de amparo cuando la demanda no se promueve dentro del término de quince días, contados éstos a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación a la parte quejosa del acto que reclame o tenga conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, por lo que el cómputo de dicho término depende, básicamente, de la forma en que el quejoso se haya impuesto del acto reclamado y de su naturaleza; lo cual puede verificarse de tres maneras distintas: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido el quejoso conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o bien, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor. Estas tres hipótesis, a su vez, requieren para su actualización de determinados requisitos. Por cuanto hace a la primera de ellas, es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama y, con base en la fecha en que se realice tal notificación y surta sus efectos, comenzará a contarse el término general de quince días. Tratándose de las otras dos hipótesis que se desprenden del artículo 18 de la Ley de Amparo, su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos y, por ende, no requieren de manera indispensable un acto de notificación, sino más bien una serie de datos que se obtengan, ya sea del expediente o de la demanda de amparo. Las anteriores reglas operan siempre que no se actualice alguno de los supuestos de excepción, a saber: Se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, pues el plazo para promover la demanda será de treinta días; Se controvierta la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, ya que dicho plazo será de ocho años; Los actos tengan o puedan privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, caso en el cual el plazo será de siete años; o, Cuando el acto implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; también, por la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales, supuesto en el que la demanda se podrá presentar en cualquier tiempo. Ahora, es necesario precisar que la actualización de alguna de las tres hipótesis legales que se desprenden del referido artículo 18 de la Ley de Amparo, puede acontecer de manera indistinta, de tal modo que el orden dado por el legislador a dichas hipótesis no implica que una deba estudiarse prioritariamente antes que las otras, sino más bien, el juzgador debe optar por la que en el caso se actualice y conlleve a una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente y oficioso; máxime si se toma en consideración que entre cada una de las hipótesis normativas en comento, el legislador estableció la conjunción "o", que no indica otra cosa más que la alternancia entre las diferentes hipótesis enunciadas... Así, el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda amparo, previsto en el artículo 17, párrafo primero, de la ley de la materia, transcurrió a partir del día siguiente día hábil al cuatro de mayo de dos mil veinte, fecha en la que se ostentó sabedor del acto reclamado, consistente en la orden de presentación o aprehensión, librada en su contra y su ejecución. En este tenor, el plazo de quince días para presentar el amparo transcurrió del seis al veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, descontándose los días ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de mayo de dos mil veintiuno, por haber sido sábados, domingos, así como el cinco de mayo del mismo año, por considerarse inhábil. Luego, si la demanda se recibió hasta el dos de junio del presente año, es evidente que el acto reclamado fue consentido tácitamente por la parte quejosa, dada la extemporaneidad de la presentación de la demanda, al no promoverse dentro del plazo previsto en la ley de la materia. Consecuentemente, con motivo de la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con fundamento en el 113 ídem, se decreta el desechamiento de plano de la demanda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en el proemio de su demanda y como autorizados con las facultades amplias previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo a José Alberto Lara García, Ernesto Javier Libreros Cobos y Luis Antonio Barragán Cobos, por encontrarse facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho mediante el registro de su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; y por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas restantes que menciona, por así haberlo solicitado expresamente.
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