Gerardo Sandate Castillo

Expediente 504/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
504/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
28/06/2023

Partes del expediente

  • Gerardo Sandate Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Ejecutoria. Visto lo de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia que sobreseyó en el presente juicio, motivo por el cual lo conducente en el caso es, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación. Valoración documental. Este expediente es destruible, una vez cumplidos tres años de que se emite el presente acuerdo, de conformidad con el artículo 20 del precitado acuerdo general. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Incidente. No existe. Expediente electrónico. En el entendido que el secretario de la adscripción certificó que todas las constancias y documentos del expediente físico se encuentran digitalizados e incorporados al expediente electrónico. Anotaciones y archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL****************************************En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las diez horas con cuarenta minutos del nueve de junio de dos mil veintitrés, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión del licenciado Jesús Omar López Coronado, secretario que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el Secretario da cuenta al Juez con las constancias obrantes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial y sus anexos, el informe justificado rendido por la autoridad responsable, así como el pedimento de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con el cual ofreció la prueba instrumental de actuaciones y la prueba presuncional en su doble aspecto; asimismo, con las constancias que remitió la autoridad responsable, en cumplimiento al requerimiento de cuatro de mayo del año en curso. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata; por otro lado, no es inadvertido que este juzgado se reservó el emplazamiento de las partes que pudieran tener el carácter de terceros interesados, sin embargo, como se verá más adelante, el sentido la presente resolución no causara ningún perjuicio a terceros que pudiera legitimar su intervención, de ahí que no es necesario su emplazamiento al presente juicio. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta con las pruebas existentes en este juicio. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas antes mencionadas, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que no se formularon alegaciones en este asunto. El Juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho de las partes sobre el particular. Con lo anterior se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual lo conducente ahora es dictar el fallo relativo.VISTOS; y,********************RESULTANDO****************************************PRIMERO. Presentación del juicio de amparo.****************************************Mediante escrito presentado el treinta de marzo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, ********************, por su propio derecho solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra actos del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, los cuales a continuación se trascriben:****************************************".LA OMISIÓN DE ACORDAR CONFORME A DERECHO, LA PROMOCIÓN DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022, EN CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No. ******************** DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 GIRADO POR LA DIRECTORA DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE ESTA CIUDAD, promoción debidamente recibida por la Oficialía de Partes, ese mismo día, dentro del expediente ordinario laboral número ********************."****************************************".LA OMISIÓN DE GIRAR NUEVAMENTE EL OFICIO CORRESPONDIENTE, AL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE ESTA CIUDAD, A FIN DE QUE SE NOS TENGA POR DANDO CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No. ******************** DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 GIRADO POR LA DIRECTORA DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE ESTA CIUDAD."****************************************En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que se vulneró en su perjuicio los derechos humanos contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.********************SEGUNDO. Trámite.********************La demanda de amparo se turnó a este juzgado Federal. Por acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, fue admitida y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 504/2023-V, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado correspondiente y, se ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación adscrito, entre otras cosas.********************Luego, seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede.********************CONSIDERANDO ********************PRIMERO. Competencia. ********************Este Juzgado Primero de Distrito en Torreón, Coahuila, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49 y 61, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues, aunado a que el acto reclamado en este juicio incumbe a la vía indirecta, carece de ejecución por ser de carácter omisivo y, además, la demanda de amparo fue presentada en el lugar en donde este Juzgado de Distrito ejerce la jurisdicción referida.********************Al respecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quinientos de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, que dice así: ********************"COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." ****************************************SEGUNDO. Fijación del acto reclamado.********************Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación del acto reclamado en este juicio.********************Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a través de esta vía.********************Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubro son los siguientes:********************"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511.)********************"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.)********************Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por la quejosa consiste en:********************i. La omisión de acordar la promoción presentada el treinta de noviembre de dos mil veintidós, en los autos del juicio laboral ********************, por la cual se solicita el embargo de la totalidad de un inmueble a nombre de la parte demandada, con motivo de la ejecución del laudo; y ****************************************ii. En vía de consecuencia, la omisión de girar el oficio respectivo para la inscripción del aludido embargo.****************************************Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto.****************************************Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente:****************************************"SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS."****************************************TERCERO. Certeza de los actos reclamados.********************Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable, pues al margen de que los haya negado al rendir su informe justificado, en el caso, tal autoridad realizó diversas manifestaciones con las que se evidencia la existencia de los actos en cuestión.****************************************Certeza que se corrobora con las constancias remitidas por la Junta responsable, relativas al juicio de origen; mismas que por tratarse de documentos públicos, tienen valor probatorio pleno, conforme lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.****************************************Es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena época, bajo el rubro y texto siguientes:****************************************"DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". ****************************************Asimismo, se cita la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en el Tomo XIV, correspondiente al mes de Julio de 1994, página 391, Materia Común, con registro 211004 de rubro y texto:****************************************"ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe."****************************************Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente acreditada la existencia de los actos atacados por la parte quejosa, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional.****************************************CUARTO. Causales de improcedencia del juicio.********************Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas.********************En el caso, este juzgado advierte oficiosamente la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente:****************************************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:****************************************XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.".****************************************El análisis gramatical de tal disposición, permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa.************************************************************En ese sentido, los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental transgredido.************************************************************La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió o a quien se atribuyó el acto de molestia deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto.****************************************Es así, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión.****************************************En el caso, recordemos que la parte quejosa reclama la omisión incurrida por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, al no dictar su escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral ********************, por el cual solicitó el embargo de la totalidad del inmueble a nombre de la parte demandada con motivo de la ejecución de laudo.****************************************Ahora bien, al examinar las constancias que remitió la propia autoridad laboral como apoyo de su informe justificado, aparece que el cinco de enero de dos mil veintitrés, la Junta responsable emitió el auto de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, por el cual acordó el citado escrito y negó la petición de embargo realizada por la parte actora y aquí quejosa, por los motivos señalados en dicho proveído.************************************************************Esa constancia cuenta con valor probatorio pleno, por tratarse de documental pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de este último ordenamiento.************************************************************En esas condiciones, al haberse pronunciado el acuerdo que corresponde a la citada promoción, claro es que la omisión reclamada y sus consecuencias han cesado sus efectos, dado que la parte quejosa podrá continuar con la secuela del procedimiento de ejecución, ya sea impugnado la negativa de embargo o bien solicitando uno nuevo en contra de la parte demandada.****************************************Por tanto, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la transgresión constitucional, lo que, desde luego, actualiza la causal de improcedencia en estudio.******************** ********************Apoya lo expuesto, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo VII, abril de 1998, página 242, que establece lo siguiente:****************************************"CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal".************************************************************En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento de este juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V de la ley de la materia.****************************************Por lo expuesto y fundado, se ********************RESUELVE:********************ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia.********************Notifíquese.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vista la certificación que antecede de la cual se advierte que transcurrió el plazo de tres días, concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por la Administración Local de Recaudación de esta ciudad, sin que lo hiciera; por tanto, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Efectos de la sentencia. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo fueron los siguientes: "1. Desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa, el artículo 54, fracción II, inciso 1), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, cuyo texto fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho y en vigor a partir del uno de enero de dos mil diecinueve. --- 2. Deje insubsistente el pago contenido en el recibo de seis de mayo de dos mil veinte, expedido a nombre de la quejosa con número de referencia ********************. --- 3. En congruencia con lo anteriormente determinado, devuelva a la justiciable las cantidades pagadas en el mencionado recibo, si se tiene en cuenta que la contribuyente fue objeto de subsidio". Impugnación. Inconformes con el fallo constitucional, las autoridades responsables Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, interpusieron recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, con el número de amparo en revisión administrativo ********************, quien confirmó la sentencia impugnada. Requerimiento. Tan pronto fue recibida la ejecutoria, mediante acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. De lo anterior se desprende, que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Análisis de las constancias. En el caso, de las actuaciones que aparecen agregadas al presente sumario, deriva que la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación de esta ciudad, realizó diversos actos para cumplir con la ejecutoria de amparo, a saber: 1. Desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos declarados inconstitucionales, ordenando que no se le apliquen en lo presente y en lo futuro; y, 2. Dejó sin efectos los actos de aplicación contenidos en el recibo de pago ********************, por lo que procedió a la devolución de los pagos relativos a dichos documentos, mediante la elaboración del cheque número ********************, por la cantidad de $********************(********************moneda nacional). Vista con cumplimiento. Con dichas constancias, por acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa. Desahogo de la vista. Sin que la parte hubiese hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Ahora bien, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable desincorporó los preceptos declarados inconstitucionales, razón por cual, procedió a dejar sin efectos el acto de aplicación contenido en el recibo de pago ********************. De ahí que, si la quejosa a la fecha no ha comparecido a recibir el aludido documento, en nada interfiere con el cumplimiento del fallo protector, toda vez que la responsable ha cumplido con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo. Apoya lo expuesto, la tesis III.3o.A.52 A, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXI, mayo de 2005, página 1455, que señala lo siguiente: "DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. CUANDO DERIVA DE UNA SENTENCIA DE AMPARO, BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORME QUE EL QUEJOSO PODRÁ HACER EFECTIVO EL COBRO Y LO ACREDITE CON LAS CONSTANCIAS RELATIVAS PARA QUE AQUÉLLA SE CONSIDERE CUMPLIDA. Si en una ejecutoria de amparo se declara la inconstitucionalidad del artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el ejercicio fiscal de 2003, y en virtud de ello se ordena la devolución del pago del gravamen realizado en forma indebida, el Juez debe tener por cumplida la sentencia de amparo si la responsable le manifiesta que el quejoso podrá hacer efectivo el cobro porque ya fue emitido el cheque; informa el número de registro y control (con el cual se podrá cobrar el pago de lo indebido); notifica todo esto al promovente, y además en autos obran las constancias que acreditan todo lo anterior, ya que sólo bastará que el referido contribuyente comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por concepto del impuesto reclamado". Vista a las partes. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    se notifica por lista al quejoso:Estado de autos. Visto el estado de autos, del cual se advierte que transcurrió el plazo de tres días, concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por el Recaudador de Rentas, con residencia en Lerdo, Durango, por tanto, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Efectos de la sentencia. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: "1. Desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos 13 al 18 y 52, fracciones I y IV, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Durango. 2. Deje insubsistentes los actos de aplicación contenidos en los recibos de pago con números de transacción 2022- 2331678 y 2022-2331635, expedidos el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, a favor del peticionario del amparo José Alberto Pacheco Ordaz, por concepto de las contribuciones reclamadas y, 3. Devuelva a la parte quejosa las cantidades totales que erogó por los tributos señalados en el numeral que antecede, contenidos en los recibos de pago con números de transacción 2022-2331678 y 2022-2331635, expedidos el veinticinco de febrero de dos mil veintidós. En el entendido que las cantidades deberán devolverse debidamente actualizadas, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental transgredido". Ejecutoria. Por auto de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria y se requirió el cumplimiento respectivo. Informe de cumplimiento: Mediante proveído de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, se recibieron los oficios registrados con los números de orden 7689 y 7788 signados por el Recaudador de Rentas, con residencia en Lerdo, Durango, a los cuales acompañó copias certificadas de las constancias relativas al cumplimiento del fallo protector. Pronunciamiento. De lo anterior se desprende, que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Análisis de las constancias. En tal virtud, este juzgado estima que en el caso se cumplieron los anteriores efectos de la ejecutoria de amparo, ya que de las constancias remitidas por la autoridad responsable las cuales gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, aparece que dicha autoridad en fecha trece de febrero del año en curso, realizó la transferencia electrónica bancaria a nombre del quejoso José Alberto Pacheco Ordaz, por la cantidad de $12,888.88 (doce mil ochocientos ochenta y ocho pesos 88/100 moneda nacional) y el catorce de abril de dos mil veintitrés, desincorporó de la esfera jurídica del quejoso los artículos del 13 al 18, 52, fracciones I y IV de la Ley de Hacienda para el Estado de Durango. Vista con cumplimiento. Con lo anterior se dio vista a las partes en proveído de dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Desahogo de la vista. Sin que las partes hubieren hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del análisis de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable informó que en fecha trece de febrero del año en curso, realizó la transferencia electrónica bancaria a nombre del quejoso José Alberto Pacheco Ordaz, por la cantidad de $12,888.88 (doce mil ochocientos ochenta y ocho pesos 88/100 moneda nacional) y el catorce de abril de dos mil veintitrés, desincorporó de la esfera jurídica del quejoso los artículos del 13 al 18, 52, fracciones I y IV de la Ley de Hacienda para el Estado de Durango. Por tanto, la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida. Vista a las partes. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a las partes por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese personalmente a las partes.

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