Gerardo Sánchez Flores
Expediente 676/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 676/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/06/2019
Partes del expediente
- Gerardo Sánchez Flores
Actuaciones
- Principal
VII) Toluca, Estado de México; catorce de junio de dos mil diecinueve. Vista de la certificación precedente, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el auto de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha quedado firme. Por otra parte, vista la cuenta precedente y del estado que guarda el presente expediente, del cual se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, en sentido contrario, se declara procedente remitir el presente expediente al archivo de este Juzgado de Distrito, en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, tomando en consideración que en esta fecha causó estado el auto de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, por el cual se desechó la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto referido, pues el mismo establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con mas de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos asuntos en los que se haya dictado una acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido." En el entendido que no existen documentos originales de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, el presente sumario no es de relevancia documental, pues no encuadra en ninguno de los supuestos a que hace referencia el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo general Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. Radicación. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Gerardo Sánchez Flores, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Litigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con residencia en Metepec. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 676/2019-VII. Causa de improcedencia. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causas previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, de conformidad con el numeral 62 del ordenamiento en cita, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en estudio. Lo anterior, se robustece con la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese sentido, es importante precisar que la parte agraviada, señala como acto reclamado: "a).- De las Autoridades señaladas en los incisos A) y B) Reclamo La negativa de efectuar los trámites necesarios y poder obtener la Autorización de datos conservados de las líneas telefónicas 72-29-80-55-07 y 72-26-74-81-97 de los días 28, 29 y 30 de noviembre del año 2018. b).- De la Autoridad señalada en el inciso C) La Negativa de entregar constancia para acreditar la preexistencia y la falta posterior de diez carpetas de investigación que DICE la victima RAUL AMAURI VELAZQUEZ JAIMES. Le robaron, Así como si la LIC. NAYELI LIZBETH ENCAMPIRA HERNANDEZ. Tenía la autorización para entregar dichas carpetas de investigación, el oficio con que fueron entregadas copia del libro donde consta dicha entrega y el acta en que conste dicho robo." Expuesto lo anterior, en términos de lo previsto en los artículos 61, fracción XX, y 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia. Tal consideración se expone, pues de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, al respecto, se toma como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes; situaciones que en el caso a estudio acontecen, por las razones siguientes. Por haberse interpretado disposición de similar contenido, es aplicable la tesis I.4o.A.269 A, publicada en la página 1008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO PROCEDE POR MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA. En términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista; de no ser así, procede admitir y tramitar la demanda y dar oportunidad a las partes para que rindan los elementos de convicción relacionados con aquélla. Por otra parte, el Juez de Distrito, al recibir el escrito de demanda debe tomar en cuenta que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso proporciona hechos y datos a través de los cuales especifica por qué estima que los actos reclamados resultan infractores de sus garantías individuales y atendiendo a que la función esencial del juzgador federal es vigilar el cumplimiento de éstas, debe otorgar credibilidad a las manifestaciones hechas valer en el escrito de demanda." Así las cosas, una vez analizada el acto en concreto, se obtiene que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues en la demanda se reclaman las determinaciones en la etapa de investigación sin haberse agotado el recurso ordinario previsto para tal efecto. Ahora, el precepto legal de referencia establece que el juicio de amparo es improcedente: "XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. (.)" El precepto legal transcrito prevé la improcedencia del juicio por incumplimiento al principio de definitividad del acto reclamado. El juicio de amparo es un medio excepcional de defensa, al cual sólo puede acudirse cuando se han agotado todos los recursos ordinarios idóneos, previstos en la ley del acto reclamado para modificarlo, revocarlo o anularlo, caso contrario, la demanda pretendida será improcedente. En esto estriba el principio de definitividad rector del juicio en análisis, que lo hace procedente solo respecto de actos definitivos, esto es, aquellos no susceptibles de modificación o de revocación por recurso ordinario o medio de defensa alguno, principio consagrado en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el cual puedan ser modificadas o reformadas, ya sea que la violación se cometa en ellos o cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del agraviado y trascienda al resultado del fallo. La esencia de este principio resalta por sí misma, pues procura que la acción constitucional sea la vía última en el derecho interno, a través de la cual se busque la anulación de actos de autoridad. Entonces, si lo pretendido por los agraviados pueden obtenerlo mediante la interposición de recursos ordinarios, deben agotarlos de manera previa a la promoción del juicio de amparo, pues con ello se busca impedir la utilización innecesaria del proceso constitucional o la confusión en el orden del uso de los medios de impugnación establecidos para los procedimientos ordinarios y, en muchos de los casos, se produzcan resoluciones contradictorias, de ahí la importancia del principio de definitividad invocado. En efecto, el acto reclamado debe ser definitivo, es decir, antes de la promoción de la demanda de amparo la parte quejosa debe agotar en tiempo y forma el medio de defensa ordinario procedente, a través del cual sea factible modificar o revocar el acto reclamado, pues de lo contrario, la acción constitucional resultará improcedente al inobservarse el principio de definitividad. Así pues, de la intelección del precepto legal sustento de esta determinación, se derivan como elementos constitutivos de la causa de improcedencia en comento, los siguientes: a) El acto reclamado emane de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Contra dicho acto proceda algún recurso o medio de defensa legal, a través del cual el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. c) Ese recurso o medio de defensa pueda interponerse dentro del procedimiento en el cual se emitió la actuación reclamada. En esta tesitura, la parte inconforme señaló como autoridades responsables a las siguientes: Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Litigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Fiscal Especializado del Secuestro del Valle de Toluca de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Fiscal Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Genero de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. De quienes reclamó los siguientes actos: "a).- De las Autoridades señaladas en los incisos A) y B) Reclamo La negativa de efectuar los trámites necesarios y poder obtener la Autorización de datos conservados de las líneas telefónicas 72-29-80-55-07 y 72-26-74-81-97 de los días 28, 29 y 30 de noviembre del año 2018. b).- De la Autoridad señalada en el inciso C) La Negativa de entregar constancia para acreditar la preexistencia y la falta posterior de diez carpetas de investigación que DICE la victima RAUL AMAURI VELAZQUEZ JAIMES. Le robaron, Así como si la LIC. NAYELI LIZBETH ENCAMPIRA HERNANDEZ. Tenía la autorización para entregar dichas carpetas de investigación, el oficio con que fueron entregadas copia del libro donde consta dicha entrega y el acta en que conste dicho robo." Dichos actos no tienen el carácter de definitivo, presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo, pues de una correcta y sana interpretación de lo dispuesto en los artículos 216 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se estima que las determinaciones del Ministerio Público deberán ser impugnadas ante el Juez de Control. Lo anterior es así, pues los artículos citados disponen: "Artículo 216. Proposición de actos de investigación Durante la investigación, tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su Defensor, así como la víctima u ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Público." "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De la transcripción anterior, del primer artículo se evidencia que tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su Defensor, así como la víctima u ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos, por lo que el Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes, solicitud que deberá resolverse en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Público. Acto continuo del segundo precepto transcrito se desprende que las determinaciones del Ministerio Público deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. Por tanto, en el presente juicio de amparo se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción XX del artículo 61 de la ley de Amparo, toda vez que antes de acudir a esta instancia constitucional, la parte quejosa debió impugnar las negativas reclamadas ante el Juez de Control. Pues la legislación citada establece que durante la etapa de investigación de un delito como es el caso en concreto, el imputado, puede solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que considera pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; de ahí que si la autoridad ministerial es omisa o se niega a proveer sobre las peticiones del imputado, dicho acto no es privativo de la libertad, sino de molestia, por ello éste tiene derecho a inconformarse ante la autoridad judicial, en términos del artículo 258 del propio código. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.6o.P.123 P (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 2375, de la Gaceta de Gobierno, Octubre de 2018, Libro 59, Tomo III, Decima Época, cuyo rubro y texto establecen: "ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LA OMISIÓN O NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PROVEER SOBRE LAS PETICIONES DEL IMPUTADO O SU DEFENSOR, DEBE AGOTARSE EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que durante la etapa de investigación de un delito, tanto el imputado, cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su defensor, como la víctima u ofendido del delito, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; de ahí que si la autoridad ministerial es omisa o se niega a proveer sobre las peticiones del imputado o su defensor, dicho acto no es privativo de la libertad, sino de molestia, por ello éstos tienen derecho a inconformarse ante la autoridad judicial, en términos del artículo 258 del propio código, que establece que las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, entre otras, pueden impugnarse ante el Juez de Control; por tanto, al no estar en presencia de las excepciones previstas en los incisos a), b) o c), fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, es imperativo para el imputado agotar la vía jurisdiccional ordinaria, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial." Así como la diversa tesis 1a./J. 28/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 943, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Agosto de 2018, Libro 57, Tomo I, Decima Época, cuyo rubro y texto establecen: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia, la demanda promovida por Gerardo Sánchez Flores. Domicilio. En conformidad con el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el indicado en el proemio de la demanda. Autorizados. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo se tiene como autorizados en términos amplios a Juan Antonio Dottor Rojas y Joel Torres Nava por contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y a los restantes únicamente para oír y recibir notificaciones por no contar con el citado registro. Se habilitan días y horas inhábiles. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio de amparo, de igual forma, se faculta al Secretario adscrito a este órgano de control constitucional para que en virtud de sus atribuciones firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Irma Zoraida Campos Navarro que autoriza, firma y da fe.
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