Gerardo Salinas Rodríguez

Expediente 2476/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 20 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2476/2018
Año
2018
Actuaciones
20
Última actuación
25/03/2019

Partes del expediente

  • Gerardo Salinas Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicha sentencia que SOBRESEE ha causado ejecutoria, para todos los fines legales correspondientes. En tales condiciones, archívese el presente asunto como totalmente concluido y glósese el original del incidente de suspensión. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción II de Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que únicamente se sobreseyó. Asimismo, se hace saber a las partes que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, en el apoyo en la fracción III del Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, pues es en el caso se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva. De conformidad con lo dispuesto en la fracción III del punto Vigésimo del Acuerdo referido, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser DESTRUIDO, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto Vigésimo cuarto del Acuerdo normativo. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Glósese copia autorizada del presente proveído al cuaderno incidental para los efectos legales conducentes Finalmente, devuélvanse al Juez de lo Civil de Zacatlán, Puebla, las copias certificadas que remitió para justificar su informe, con las que se formó el anexo I. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa María de Lourdes Carmona Hernández, visto su contenido, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a René Pineda Santibáñez en su carácter de Director del Registro Público de la Propiedad del Estado de Puebla, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído dé total cumplimiento a lo ordenado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, dentro del recurso de inconformidad 35/2018, a saber: "cumpla en sus términos con el segundo lineamiento dado en la ejecutoria de amparo, para lo cual deberá demostrar que ha analizado la legalidad de la inscripción de nueve de enero de dos mil quince, tomando en cuenta, a efecto de pronunciarse sobre la motivación del acto impugnado en sede administrativa, que existen constancias que revelan la inexistencia en la Oficina Registral del oficio 4928, absteniéndose de ordenar la reposición de esa constancia registral y de presumir su existencia a través del folio electrónico real inmobiliario 066832-1." Por otra parte, se advierte que la autoridad responsable Director del Registro Público de la Propiedad del Estado de Puebla giró oficio al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Puebla a fin de que formulara una nueva determinación con base a la resolución que emitió el catorce de febrero de dos mil diecinueve (foja 583); en consecuencia, requiérase al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio en comento para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que quede debidamente notificado del presente auto, se sirva informar a este órgano jurisdiccional, respecto al cumplimiento que en el ámbito de sus facultades debe dar a fin de cumplir con el fallo protector dictado en este juicio, debiendo remitir copia certificada de las constancias que lo acrediten. Asimismo, en términos del tercer párrafo del citado 192 de la ley de la materia, se requiere al Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, en su carácter de superior jerárquico, para que obligue a sus subordinados a cumplir con la sentencia en los términos establecidos Se apercibe a las mencionadas autoridades responsables, que de no dar cumplimiento a lo anterior, se harán acreedoras, cada uno, a una multa de cien a mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 192, 237 y 258 de la Ley de Amparo, y primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el propio diario el diez de enero de dos mil diecinueve; y se ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en turno, para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se les hace del conocimiento tanto a la responsable como al superior jerárquico que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no las exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. Asimismo, se les comunica que en caso de que llegaran a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero, y 269 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. Incorpórese al expediente el escrito signado por Alberto Mendoza Torres, en su carácter de autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo por la parte quejosa moral denominada: "PROMOTORA DE CULTURA Y SERVICIO SOCIAL", ASOCIACIÓN CIVIL, visto su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme su artículo 2°, como lo solicita expídase a su costa copias certificadas de las constancias que indica, en el entendido que deberá comparecer con original y copia de su identificación oficial vigente, dentro del horario comprendido de nueve a doce horas, de lunes a jueves, por así permitirlo las labores de este juzgado. Sin que haya lugar a tener por autorizada a la persona que menciona en su ocurso de cuenta, para recibir las copias que solicita, atento a que el numeral 12 de la Ley de la Materia, establece que el autorizado, no puede delegar dicha facultad a un tercero. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio suscrito por la Juez Sexto de lo Familiar del distrito judicial de Puebla, Puebla, visto su contenido, no ha lugar a tenerle dando cumplimiento al requerimiento efectuado por oficio 6131-DIF, de veintisiete de febrero del año en curso, en atención a que remite la misma información hecha en su similar oficio 536, recibido en este juzgado federal el seis de febrero del año en curso (foja 406), pues en este y en aquél, informa que dentro del expediente 120/2017, no ha comparecido persona alguna, para aceptar el cargo de albacea provisional de la sucesión intestamentaria de la extinta quejosa MARÍA ALBA CASTILLO HERNÁNDEZ, así como que nuevamente nombró a FEDERICO RUIZ GARCÍA (Depositario Judicial del Juzgado Familiar de referencia), como albacea provisional de la sucesión intestamentaria de la extinta quejosa MARÍA ALBA CASTILLO HERNÁNDEZ, ordenando turnar los autos al Diligenciario de su adscripción para que el primero, proteste el cargo conferido o, manifieste lo que en derecho corresponda, apercibiéndole que de no hacerlo se entenderá su negativa a protestar dicho cargo, sin que haya remitido la constancia de notificación, ni copia del acuerdo que haya dictado con posterioridad. En consecuencia, REQUIÉRASE NUEVAMENTE a la JUEZ SEXTO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, PUEBLA, para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, dé debido cumplimiento a lo ordenado mediante oficio 6131-DIF, de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, con el APERCIBIMIENTO que, de no hacerlo o, no manifestar la imposibilidad que tenga para tal efecto, se le impondrá una multa equivalente a ciento veinte unidades de medida y actualización.

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