Gerardo Salas Yáñez

Expediente 590/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 27 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
590/2021
Año
2021
Actuaciones
27
Última actuación
16/08/2022

Partes del expediente

  • Gerardo Salas Yáñez
  • Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    "... Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido en exceso el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes legitimadas hayan recurrido el proveído de veinticinco de julio pasado, por el cual sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, ARCHÍVESE el presente como asunto concluido y de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a) del citado ordenamiento, ya que se trata de un asunto que se sobreseyó fuera de audiencia al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el precepto 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente sumario al Centro Archivístico Judicial..."

  2. Principal

    "...Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha fenecido el término concedido a la parte quejosa en proveído de once de julio de dos mil veintidós, para que recogiera los edictos ordenados con el objeto de emplazar a juicio a la parte tercera interesada; por tanto, se provee: Los artículos 5, fracción III; 26, incisos b) y k); 27, fracción III, incisos a) y b) y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 26.- Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: [.] b) La primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable; [.] k) Las resoluciones que a juicio del órgano jurisdiccional lo ameriten; y Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: [.] III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: a) Las notificaciones personales al quejoso se efectuarán por lista. b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] III. El tercero interesado, pudiendo intervenir con ese carácter..." La interpretación sistemática de dichos preceptos, se advierte que la Ley de Amparo establece la forma en que deben ser emplazados a juicio los terceros interesados; a saber, mediante notificación personal, siempre que se conozca o logre investigar su domicilio o por edictos que se publicarán a costa de la parte quejosa, si se ignora aquél. En el último supuesto, el emplazamiento de los terceros interesados está condicionado a que la parte quejosa realice el pago de los edictos respectivos y el incumplimiento a tal obligación, provoca que no pueda llamarse al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica; en consecuencia, tampoco procede ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guardan los terceros interesados en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento constituye un auténtico presupuesto procesal. En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el controvertido constitucional pueden llegar a afectar la esfera jurídica de la parte tercera interesada, debe estimarse que su emplazamiento constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento es atribuible a la parte quejosa, por no haber comparecido al Juzgado por medio de sus autorizados, a recoger los edictos o bien acreditar que carece de recursos económicos para sufragar el pago de su publicación, lo que impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, se torna improcedente, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por no recoger y, por ende, no publicarse los edictos a costa de la parte quejosa, contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional, sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, ya que con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad. No debe olvidarse que en el presente asunto, la orden de emplazar por edictos a la parte tercera interesada, fue en atención a que pese a la ardua investigación realizada, no se conoció su domicilio y la parte quejosa no desahogó diversos requerimientos que se le hicieron a fin de que proporcionara a este juzgado una dirección cierta y actual donde localizar a la parte tercera interesada de mérito. Así, se advierte que la quejosa al no haber comparecido a este juzgado a recoger los edictos ordenados y no aportar elementos que permitan conocer por lo menos de manera indiciaria que carece de recursos para sufragar el costo de aquéllos, se traduce en una falta de interés tanto en la integración de la relación jurídica procesal, como para la continuación del procedimiento de amparo; por tanto, debe sobreseerse el presente asunto. Esto debe ser así, habida cuenta que con independencia de que este órgano jurisdiccional agotó la investigación correspondiente en relación con el domicilio de la parte tercera interesada, era obligación de la parte quejosa, recoger los edictos y efectuar su publicación, tal como lo ordena el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; al no haberlo hecho, es dable sobreseer fuera de audiencia, por falta de interés de la parte quejosa en la prosecución del asunto que se resuelve; además porque así lo dispone expresamente la jurisprudencia, cuya aplicación resulta obligatoria para este Juzgado de Distrito, en términos de lo dispuesto por el numeral 217 de la Ley de Amparo. A esa conclusión se llega, ya que si bien el Juzgador Federal debe ponderar las particularidades del caso, una vez realizada la investigación a que alude el artículo 27, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, de manera que si la parte quejosa comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza (publicación edictos) y lo acredita en autos, el Consejo de la Judicatura Federal, debe realizar la publicación de los edictos respectivos; empero, de las constancias que integran el juicio de amparo que se resuelve no se advierte que la parte quejosa haya acreditado ante este órgano jurisdiccional carecer de recursos para efectuar la publicación de los edictos ordenados, de ahí que este órgano federal no está obligado a realizar la ponderación a que refiere la jurisprudencia 108/2010 antes transcrita. En ese sentido, es pertinente puntualizar que el juzgador debe ponderar los derechos subjetivos públicos que están en juego, ya que por un lado se tiene el derecho de la parte quejosa de acceso a la justicia y, por el otro, el que tienen los terceros interesados a intervenir en todas las etapas del proceso a fin de que subsista el acto reclamado y defender sus derechos. Por ello, se considera que existe imposibilidad para continuar con el procedimiento en el presente juicio de amparo, esto es, celebrar la audiencia constitucional y dictar sentencia, dado que si se actuara de esta manera, se podría irrogar perjuicio a la tercera interesada. Ahora, si bien es cierto existe la jurisprudencia de rubro: EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO, es preciso destacar que dicho criterio jurisprudencial emanó de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados y en materia de amparo directo, en la que se tomó en consideración, que en muchos de esos casos los quejosos ya se encontraban internos en el reclusorio y que por esas condiciones no podían comparecer o tener el dinero para pagar su publicación, en cuyo caso se dijo, debe manifestarlo ante el órgano jurisdiccional y éste deberá ordenar su publicación a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, para que de esta forma, no se impidiera a la parte quejosa el acceso a la justicia, máxime que tratándose de amparo directo estarían impedidos para volver a promoverlo. Circunstancias que no coinciden con las del caso particular, pues aquí se trata de amparo indirecto; además la parte quejosa, no comprobó imposibilidad física o económica alguna para sufragar el pago de la publicación de los edictos, y por la naturaleza de este juicio biinstancial la parte tercera interesada puede ofrecer pruebas. Por todo lo anterior, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, 26, incisos b) y k), 27, fracción III, incisos a) y b) y 5, fracción III, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia constitucional... Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y una vez que cause estado el presente acuerdo, archívese este asunto como concluido. Por todo lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, por tanto, se instruye a la secretaría para que proceda a la cancelación de la misma en la agenda de audiencias respectiva..."

  3. Principal

    LA PRESENTE NOTIFICACIÓN (POR LISTA) SE REALIZA A LA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. "...Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha fenecido el término concedido a la parte quejosa en proveído de once de julio de dos mil veintidós, para que recogiera los edictos ordenados con el objeto de emplazar a juicio a la parte tercera interesada; por tanto, se provee: Los artículos 5, fracción III; 26, incisos b) y k); 27, fracción III, incisos a) y b) y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 26.- Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: [.] b) La primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable; [.] k) Las resoluciones que a juicio del órgano jurisdiccional lo ameriten; y Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: [.] III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: a) Las notificaciones personales al quejoso se efectuarán por lista. b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] III. El tercero interesado, pudiendo intervenir con ese carácter..." La interpretación sistemática de dichos preceptos, se advierte que la Ley de Amparo establece la forma en que deben ser emplazados a juicio los terceros interesados; a saber, mediante notificación personal, siempre que se conozca o logre investigar su domicilio o por edictos que se publicarán a costa de la parte quejosa, si se ignora aquél. En el último supuesto, el emplazamiento de los terceros interesados está condicionado a que la parte quejosa realice el pago de los edictos respectivos y el incumplimiento a tal obligación, provoca que no pueda llamarse al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica; en consecuencia, tampoco procede ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guardan los terceros interesados en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento constituye un auténtico presupuesto procesal. En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el controvertido constitucional pueden llegar a afectar la esfera jurídica de la parte tercera interesada, debe estimarse que su emplazamiento constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento es atribuible a la parte quejosa, por no haber comparecido al Juzgado por medio de sus autorizados, a recoger los edictos o bien acreditar que carece de recursos económicos para sufragar el pago de su publicación, lo que impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, se torna improcedente, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por no recoger y, por ende, no publicarse los edictos a costa de la parte quejosa, contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional, sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, ya que con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad. No debe olvidarse que en el presente asunto, la orden de emplazar por edictos a la parte tercera interesada, fue en atención a que pese a la ardua investigación realizada, no se conoció su domicilio y la parte quejosa no desahogó diversos requerimientos que se le hicieron a fin de que proporcionara a este juzgado una dirección cierta y actual donde localizar a la parte tercera interesada de mérito. Así, se advierte que la quejosa al no haber comparecido a este juzgado a recoger los edictos ordenados y no aportar elementos que permitan conocer por lo menos de manera indiciaria que carece de recursos para sufragar el costo de aquéllos, se traduce en una falta de interés tanto en la integración de la relación jurídica procesal, como para la continuación del procedimiento de amparo; por tanto, debe sobreseerse el presente asunto. Esto debe ser así, habida cuenta que con independencia de que este órgano jurisdiccional agotó la investigación correspondiente en relación con el domicilio de la parte tercera interesada, era obligación de la parte quejosa, recoger los edictos y efectuar su publicación, tal como lo ordena el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; al no haberlo hecho, es dable sobreseer fuera de audiencia, por falta de interés de la parte quejosa en la prosecución del asunto que se resuelve; además porque así lo dispone expresamente la jurisprudencia, cuya aplicación resulta obligatoria para este Juzgado de Distrito, en términos de lo dispuesto por el numeral 217 de la Ley de Amparo. A esa conclusión se llega, ya que si bien el Juzgador Federal debe ponderar las particularidades del caso, una vez realizada la investigación a que alude el artículo 27, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, de manera que si la parte quejosa comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza (publicación edictos) y lo acredita en autos, el Consejo de la Judicatura Federal, debe realizar la publicación de los edictos respectivos; empero, de las constancias que integran el juicio de amparo que se resuelve no se advierte que la parte quejosa haya acreditado ante este órgano jurisdiccional carecer de recursos para efectuar la publicación de los edictos ordenados, de ahí que este órgano federal no está obligado a realizar la ponderación a que refiere la jurisprudencia 108/2010 antes transcrita. En ese sentido, es pertinente puntualizar que el juzgador debe ponderar los derechos subjetivos públicos que están en juego, ya que por un lado se tiene el derecho de la parte quejosa de acceso a la justicia y, por el otro, el que tienen los terceros interesados a intervenir en todas las etapas del proceso a fin de que subsista el acto reclamado y defender sus derechos. Por ello, se considera que existe imposibilidad para continuar con el procedimiento en el presente juicio de amparo, esto es, celebrar la audiencia constitucional y dictar sentencia, dado que si se actuara de esta manera, se podría irrogar perjuicio a la tercera interesada. Ahora, si bien es cierto existe la jurisprudencia de rubro: EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO, es preciso destacar que dicho criterio jurisprudencial emanó de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados y en materia de amparo directo, en la que se tomó en consideración, que en muchos de esos casos los quejosos ya se encontraban internos en el reclusorio y que por esas condiciones no podían comparecer o tener el dinero para pagar su publicación, en cuyo caso se dijo, debe manifestarlo ante el órgano jurisdiccional y éste deberá ordenar su publicación a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, para que de esta forma, no se impidiera a la parte quejosa el acceso a la justicia, máxime que tratándose de amparo directo estarían impedidos para volver a promoverlo. Circunstancias que no coinciden con las del caso particular, pues aquí se trata de amparo indirecto; además la parte quejosa, no comprobó imposibilidad física o económica alguna para sufragar el pago de la publicación de los edictos, y por la naturaleza de este juicio biinstancial la parte tercera interesada puede ofrecer pruebas. Por todo lo anterior, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, 26, incisos b) y k), 27, fracción III, incisos a) y b) y 5, fracción III, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia constitucional... Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y una vez que cause estado el presente acuerdo, archívese este asunto como concluido. Por todo lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, por tanto, se instruye a la secretaría para que proceda a la cancelación de la misma en la agenda de audiencias respectiva..."

  4. Principal

    "...Agréguese a los autos el oficio remitido por el Apoderado Legal de Teléfonos de México, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa, que después de una búsqueda en la base de datos a su cargo, no localizó domicilio donde pueda ser ubicada la tercera interesada... Por tanto, téngasele por cumplido el requerimiento y déjese sin efectos el apercibimiento decretado en autos. Ahora bien, tomando en consideración que se ha agotado la búsqueda oficiosa emprendida por este juzgado de distrito en proveído de veintiocho de enero de dos mil veintidós, con el propósito de localizar un domicilio en donde puedan ser emplazada la tercera interesada... a esta instancia constitucional, sin obtener éxito; por lo que resulta evidente que se han agotado todos los medios para lograr el emplazamiento de la misma, sin obtener éxito. Bajo ese panorama, es imprescindible destacar que el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: I. Cuando obre en autos el domicilio de la persona, o se encuentre señalado uno para recibir notificaciones ubicado en el lugar en que resida el órgano jurisdiccional que conozca del juicio: [.] III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: a) Las notificaciones personales al quejoso se efectuarán por lista. b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. [.]" La citada hipótesis normativa prescribe que si no consta en autos el domicilio de los terceros interesados o de persona extraña al juicio, ni la designación de casa o despacho para recibir notificaciones, el actuario deberá levantar razón en ese sentido y dará cuenta con la misma al titular del órgano de control constitucional, quien tendrá que dictar las medidas pertinentes con el propósito de que se investigue el domicilio. Si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, la primera notificación se hará por edictos a costa del quejoso, en los términos señalados en el artículo 315 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, se ordena emplazar a... por medio de edictos a costa de la parte quejosa, ya que a pesar de la investigación oficiosa ordenada en autos, se desconoce su domicilio. Cabe señalar que los edictos contendrán una relación sucinta de la demanda y se publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el "Diario Oficial" y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República, de conformidad con lo estatuido en el arábigo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a ley de la materia. En dicho edicto también se hará saber a la tercera interesada que deberá apersonarse al presente juicio dentro del término de treinta días, contado del siguiente al de la última publicación, así como que queda a su disposición, en la Secretaría de este juzgado copia de la demanda de amparo. Del mismo modo, en acatamiento a lo ordenado por el invocado artículo, se ordena fijar en los estrados de este órgano de control constitucional una copia íntegra del edicto, por todo el tiempo del emplazamiento. En ese aspecto, con la finalidad de establecer las obligaciones que genera a la parte quejosa el emplazar por edictos a la parte tercera interesada, así como los términos en que se deberá realizar dicho llamamiento a juicio, es necesario señalar que a la orden de emplazar por edictos a los terceros interesados le siguen tres distintos momentos y otras tantas obligaciones a cargo de la parte quejosa, que son: Recoger los edictos; Pagar su publicación; y, Exhibir ésta. De tal suerte que la parte solicitante del amparo debe satisfacer todos y cada uno de esos deberes, pero es evidente que no podrá hacerlo en una sola oportunidad, sino que debe seguir una secuencia lógica que, de suyo, entraña diversos tiempos, ya que primero recoge los edictos; a continuación, los paga; y, por último, espera las publicaciones para poder exhibirlas, para lo cual es menester dejar transcurrir el término legalmente previsto en cuanto al espaciamiento de cada publicación, de conformidad con el imperativo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Concluyendo que no pueda exigirse a la parte quejosa que, en un solo término procesal, cumpla con las tres obligaciones a su cargo, pues podrá recoger y pagar los edictos en un breve plazo, pero las publicaciones sólo podrán exhibirlas hasta que se hayan realizado con la periodicidad legalmente prevista. En ese sentido, con fundamento en el artículo 297, fracción II, de la legislación federal supletoria, requiérase a la parte quejosa para que: a. En el término de tres días recoja los edictos correspondientes para emplazar al nombrado tercero interesado. b. Dentro de otro plazo de veinte días, que se computará a partir del día siguiente al que se entreguen los edictos, acredite haber realizado las gestiones necesarias para su publicación; y, c. Respecto a la obligación de exhibir las publicaciones, se acordará lo conducente hasta en tanto se colmen los dos requisitos anteriores y transcurra la periodicidad legalmente prevista para ello. Lo anterior, en el entendido que, para tales efectos se deberá atender al sistema de citas, previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento de que, de no ser observado en el orden y dentro de los plazos legalmente establecidos, y atendiendo a las particularidades del asunto en concreto, se acordará lo procedente. En la inteligencia que de incumplir dentro de los plazos que al efecto se le conceden, se sobreseerá el presente juicio biinstancial. Hágase del conocimiento a la parte quejosa que en caso de no contar con los recursos económicos para sufragar los gastos de publicación de los edictos, deberá acreditarlo con las constancias correspondientes, para estar en condiciones de acordar lo que en derecho corresponda..."

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